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Aprobada la ley de amnistía en el Congreso de España

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Se pasa del espíritu de venganza al espíritu de reconciliación, convivencia democrática y búsqueda de acuerdo políticos en beneficio de la población

Foto: congreso.es

JUAN MORENO REDONDO

Este jueves el pleno del Congreso ha aprobado por  mayoría absoluta la proposición de la Ley de orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, conocida popularmente como Ley de Amnistía, por lo que tras esta aprobación por parte del Congreso la ley será remitida al Senado, que probablemente en el plazo de dos meses devolverá la ley al Congreso, rechazándola, por lo que será finalmente el Congreso el que de la aprobación final de la ley a finales de mayo de este año.

No ha habido sorpresas y el conjunto de Grupos que apoyaron la toma en consideración de la ley han vuelto a aprobar el dictamen final elevado por la Comisión de Justicia, incluido el voto del diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos, lo que supone una clara victoria del bloque democrático en un trabajo colectivo que durante meses ha hecho posible llegar a este punto final en el que los errores del pasado, tanto en Cataluña como en el España, sean dejados de lado, pasando del espíritu de venganza al espíritu de reconciliación, convivencia democrática y búsqueda de acuerdo políticos en beneficio de la población.

Durante estos meses de tramitación de la ley se han ido incorporando diferentes cambios para facilitar el acuerdo, más aún cuando desde el partido judicial se han ido poniendo constantes trabas procesales como, por ejemplo, con la fantasmagórica imputación de terrorismo contra Puigdemont y otros responsables políticos. En la redacción final, tanto el terrorismo como la traición siguen apareciendo en la ley como delitos no amnistiables en determinados supuestos, algo que Junts rechazaba de plano hasta el momento. Tras los pasos dados por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y el Tribunal Supremo, que decidió abrir una causa por terrorismo contra Carles Puigdemont en el caso Tsunami Democràtic, la solución plasmada en la enmienda registrada consiste en eliminar las referencias al ordenamiento jurídico español para hacerlo, directamente, al europeo y al internacional

Enmiendas sobre terrorismo, traición y malversación

En concreto, la enmienda sobre terrorismo dice, “Los actos que, por su finalidad, puedan ser calificados como terrorismo, según la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y, a su vez, hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos”, texto final en el desaparece, por tanto, cualquier alusión al Código Penal español. Esta era una de las líneas rojas de ERC y Junts, que consideran que es la manera de amnistiar a los implicados en el caso de los Comités de Defensa de la República (CDR) y de Tsunami Democràtic, incluido a Puigdemont, posición que también venía siendo apoyada por el Grupo Parlamentario de SUMAR, presión que finalmente ha servido para que el PSOE haya acabado aceptando este cambio.

Algo parecido ocurre con la excepción por delito de traición, que mantiene encausados a varios líderes independentistas en la conocida “trama rusa” del procés. En las modificaciones pactadas, y a diferencia de la redacción inicial, se especifica que esos actos tienen que haberse producido como “una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España”. Es decir, incluye un componente de “uso de la fuerza” como requisito para la exclusión de la amnistía. Algo que, en opinión de todos los grupos que han negociado la ley, en ningún momento se produjo en el caso de los implicados en esa parte del procés.

Respecto a la malversación, otro tipo penal que forma parte de las excepciones a la amnistía, los grupos han pactado hacer una distinción entre los comportamientos punibles. En la redacción final se especifica que serán amnistiados “los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos”, siempre y cuando “no haya existido propósito de enriquecimiento, así como cualquier otro acto tipificado como delito que tuviere idéntica finalidad”.

Además, otra de las enmiendas pactadas amplía el período de alcance de la amnistía al 1 de noviembre del 2011, cuando hasta ahora estaba fijado en enero de 2012. Esta modificación está relacionada con una derivada de la macro investigación que realizó el Tribunal de Cuentas sobre los gastos del procés entre los años 2011 y 2017. Ese asunto mantuvo investigado al exconseller de Presidencia Francesc Homs por varias subvenciones que concedió hace más de una década en su etapa en la Generalitat. La causa ha sido archivada dos veces, pero la Fiscalía volvió a recurrir el pasado julio para que el dirigente independentista vaya a juicio, por lo que la mejor forma de evitar nuevos escollos a futuro era incluirla ya en la ley.

Apuesta por la convivencia

Ha sido un camino tortuoso, complejo y a veces al borde de la ruptura, pero finalmente se ha alcanzado un acuerdo que beneficiaria la convivencia. Pese a los cálculos e intereses partidistas de la derecha y la extrema derecha, que ha llevado el debate acerca de la ley de amnistía para el denominado procés a un clima de confrontación y crispación que no favorece en nada la reflexión y el imprescindible dialogo político y social para abordar una reforma de este calado. El punto más álgido de esta tensión, hasta el momento, han sido las jornadas que durante el mes de noviembre se vivieron junto a la sede socialista de Ferraz en un movimiento de carácter fascista que no dudó en hacer uso de la violencia para aumentar la crispación.  Y se movilizó también, por supuesto, la vocería mediática que acompaña habitualmente a la derecha. Pasamos de la «España de los balcones» de otoño de 2017, en la que por primera vez que la derecha española vestía sus balcones de rojigualdas sin que la selección nacional de fútbol hubiese logrado alguna victoria, al “noviembre nacional”, y todo, supuestamente, a cuenta del lawfare y la amnistía, aunque en realidad se escondía su incapacidad para asumir los democráticos resultados del 23J.

Una vez quede aprobada la norma de forma definitiva en el Congreso en el mes de mayo, tras la oposición del Senado, se abrirá un nuevo capitulo en la historia de esta ley, en este caso el de la aplicación por parte de los tribunales y las trabas que probablemente el partido judicial pondrá a la efectiva y extensiva aplicación de la ley. Pero el principal objetivo político ya habrá sido cumplido.

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