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Aseguran gobierno quiere amedrentar manifestaciones en favor del medioambiente

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Se expresan las seis personas que enfrentan cargos criminales por su participación en la manifestación del 9 de julio en la propiedad de los suegros de la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, D.C., Jenniffer González, en la Reserva Natural La Parguera

En la foto Sheila Mejías Luciano, Pedro Amengual Gutiérrez y Imalay Arroyo Surita. >Pedro Menéndez / EL VOCEROPedro Menéndez / EL VOCERO

Pedro Menéndez Sanabria, EL VOCERO

MAYAGÜEZ – Las seis personas que enfrentan cargos criminales por su participación en la manifestación del 9 de julio en la propiedad de los suegros de la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, D.C., Jenniffer González, en la Reserva Natural La Parguera, en Lajas, aseguraron ayer que el gobierno quiere amedrentar cualquier protesta a favor del medioambiente.

“Esto es una demostración de poder. Se les ve la costura ya que cada vez que llegamos aquí al tribunal hay un despliegue como si fuéramos personas peligrosas, con alguaciles y todo un ‘show’. Igual pasó en la vista de regla 6 cuando la jueza (María del Pilar Vázquez) pidió que nos esposaran porque supuestamente la estábamos provocando con nuestra postura física”, denunció a EL VOCERO, Imalay Arroyo Surita, acusada de golpear a un guardia, destrucción de propiedad y violación a la Ley de Armas.

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Otra de las acusadas, Iona Fournier Gómez, -imputada de resistir el arresto y golpear al guardia de seguridad de la residencia- cuestionó que la magistrada les impusiera cerca de medio millón de dólares en fianza mientras que a un guardia de seguridad imputado de cometer actos lascivos a una menor solo le ordenó una de $30,000.

“No quiero restar mérito a la rama judicial, pero hay que reconocer que la falta inicial vino desde el propio sistema al no acatar en La Parguera una orden federal desde 1978, por lo que todo proceso que ocurra a la larga no va a tener consecuencias y va a ser revocado por el tribunal federal”, reclamó, por su parte, Sheila Mejías Luciano, quien enfrenta cargos por violaciones al Artículo 245 -empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública-, el artículo 274 y Artículo 284 de conspiración, amenazas o atentados contra funcionarios del sistema de justicia o sus familiares.

Mejías Luciano, quien fue representada en sala por el licenciado Gabriel Olivieri, insistió en que durante la manifestación “no hubo una comisión de delito” ya que no se trataba de un área privada, pues donde ubica la propiedad es parte de la zona de dominio público al tratarse de un manglar.

“Evidentemente el sistema quiere hacer ver que ellos tienen el poder y el control tratando de minimizar la gesta que se está haciendo. Ya en Bahía de Jobos (en Salinas) ya se obtuvo frutos de la lucha y hay casos federales y en Rincón (condominio Sol y Playa) se ordenó sacar la piscina. En La Parguera va a pasar lo mismo y todas esas 112 casas van para el piso y ese hábitat quedará restaurado. El pueblo de Puerto Rico tiene que entender que la lucha vale la pena”, agregó.

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Junto a las tres féminas, también enfrentan cargos Francheska Vélez Ramírez, Pedro Amengual Gutiérrez y Juan Edil Rodríguez González.

El licenciado Olivieri explicó que el Ministerio Público anunció que contará con entre 17 a 18 testigos para la vista preliminar del caso, pautada para 16 al 23 de octubre, mientras que el 19 de septiembre se llevará a cabo una vista de estado de los procesos.

“Las reglas le permiten a la fiscalía presentar los testigos que ellos quieran, pero es cuando hay casos de asesinato cuando nosotros los abogados generalmente vemos que hay muchos testigos”, concluyó.

Esto no es un caso de asesinato, pero al parecer hay mucho interés del Ministerio Público y por eso incluyeron a todos los policías que estuvieron el 9 de julio allá en el área de La Parguera”, abundó el abogado.

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