Buenos días. La jueza Laura Taylor Swain confirmó la semana pasada el Plan de Ajuste de la Autoridad de Carreteras y Transportación (PDA-ACT), una reestructuración que más allá del recorte monetario a la deuda pública obligará a reorganizar el funcionamiento de la corporación pública, dará paso a 30 años de aumentos consecutivos en los peajes según la inflación y allanará el camino para transferir todas las autopistas de Puerto Rico a operadores privados.
Mientras este hecho ocurrió, los intentos por levantar una propuesta alterna a este asunto nunca progresaron. El impacto regresivo sobre los precios y el bolsillo del consumidor será grave. Toda la mercancía en Puerto Rico se transporta por carreteras lo cual encarece la entrega de estos. Por otra parte, estaremos entregando a manos privadas una obra pública y un ingreso, pagado por nosotros, para ser ganancias privadas.
Creo que todavía estamos a tiempo, pero urge entender cómo defender todos los servicios públicos porque todo tiene que ver con todo.
Luis Pedraza Leduc
Aval judicial de Swain al Plan de Ajuste
La jueza a cargo de la quiebra de Puerto Rico confirma la sexta reestructuración de la deuda pública y otras obligaciones bajo la ley federal Promesa
- El Nuevo Día
- 13 Oct 2022
- JOANISABEL GONZÁLEZ joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com Twitter: @jgonzalezpr
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El Plan de Ajuste de la Autoridad de Carreteras y Transportación entrará en vigor en 90 días.
La jueza Laura Taylor Swain confirmó ayer el Plan de Ajuste de la Autoridad de Carreteras y Transportación (PDA-ACT), una reestructuración que -más allá del recorte monetario a la deuda pública obligará a reorganizar el funcionamiento de la corporación pública, dará paso a 30 años de aumentos consecutivos en los peajes según la inflación y allanará el camino para transferir todas las autopistas de Puerto Rico a operadores privados.
En este caso, se trata del cuarto Plan de Ajuste (PDA-ACT) que la jueza de distrito federal -a cargo del proceso de quiebra, desde hace cinco años, del territorio estadounidense- aprueba bajo el Título III de Promesa y el sexto, considerando las reestructuraciones voluntarias del desaparecido Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Autoridad del Distrito de Convenciones (ADC) bajo el Título VI del estatuto federal.
Tras conocer la decisión, en una declaración escrita, La Fortaleza aseguró que se trata de otro paso “para recuperar el buen crédito del gobierno de Puerto Rico”. Según la Oficina del Gobernador, las obligaciones de la ACT, entiéndase la deuda por concepto de bonos como lo adeudado a suplidores o contratistas- se reducirán en 80% como resultado del PDA-ACT recién confirmado. “Con la orden de confirmación del (PDA-ACT), ahora la ACT mejora su situación financiera, dejando atrás la incertidumbre fiscal para poder promover nuevas inversiones en nuestra infraestructura vial en beneficio de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Vamos a continuar administrando responsablemente las finanzas de nuestras entidades públicas para asegurar un futuro de progreso y desarrollo económico sostenible para Puerto Rico”, se indicó.
“La confirmación del (PDA-ACT) es un paso importante para que Puerto Rico pueda dar fin a su proceso de quiebra al amparo de Promesa y logre la estabilidad y el crecimiento económico a largo plazo”, estableció, por su parte, en otra declaración escrita, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Swain emitió la orden de confirmación ayer al tiempo que las negociaciones para reestructurar las obligaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que también conllevará nuevos cargos en la factura de electricidad, entran en una nueva etapa luego del impasse que se produjo el mes pasado.
¿QUÉ PROVEE EL PLAN DE AJUSTE?
Según la orden de Swain, con el PDA-ACT se producirá una nueva escritura de deuda cuando se trate de los bonos de la corporación pública. Entre otras cosas, los bonos reestructurados de la ACT o cualquier deuda futura solo será pagadera de los peajes que servirán de colateral. La deuda por concepto de bonos se considerará asegurada y se pagará primero que otras obligaciones de la ACT, incluyendo el préstamo de $314 millones que el gobierno central daría a la corporación pública para continuar sus operaciones.
Una vez el PDA-ACT entre en vigor, terminará para siempre la posibilidad de que el gobierno central pueda sacar dinero (“claw back”) de la corporación pública y dirigirlo al Fondo General. En dólares y centavos, el PDA-ACT reduciría unos $6,400 millones en obligaciones. De esa cifra, unos $4,200 millones corresponden a bonos o deuda pública.
Algunos bonistas, como aquellos con acreencias relacionadas con el puente Teodoro Moscoso, recibirán la totalidad de lo que prestaron a la ACT, pero otros acreedores como los suplidores recibirían unos 10 centavos de dólar. El PDA-ACT entrará en vigor 90 días después de que la JSF y el gobierno cumplan con ciertas condiciones, entre ellas certificar un nuevo plan fiscal para la dependencia. Cuando eso pase, el gobierno pagará a los acreedores con una combinación de nuevos bonos, efectivo y un Instrumento de Valor Contingente (CVI). De igual forma, el PDA-ACT contempla pagar unos $125 millones a quienes participaron de las negociaciones y al menos otros $20 millones a distribuirse entre bonistas.
De igual forma, como parte del acuerdo, las aseguradoras Assured Guaranty y National Public Finance Guarantee recibirán $39.3 millones y $19.3 millones en efectivo, respectivamente. En tanto, a los acreedores no asegurados que se le adeudan unos $256 millones recibirán unos $48 millones como recuperación, que se pagarán a razón de $24 millones en dos años.