Durante el día de ayer, 9 de febrero, se va a estar celebrando la continuación de la vista por la demanda de desahucio en contra de nuestra compañera, Shariana Ferrer-Núñez. Este proceso se ha extendido por cerca de cuatro meses, y de manera simultánea, a lo que fue el intento de radicación de cargos por la misma situación: la limpieza, rescate y mantenimiento de Casa Cole durante el mes de septiembre.
Durante el día de ayer, 9 de febrero, se va a estar celebrando la continuación de la vista por la demanda de desahucio en contra de nuestra compañera, Shariana Ferrer-Núñez. Este proceso se ha extendido por cerca de cuatro meses, y de manera simultánea, a lo que fue el intento de radicación de cargos por la misma situación: la limpieza, rescate y mantenimiento de Casa Cole durante el mes de septiembre.
Casa Cole, como le hemos nombrado, es un edificio ubicado en la calle Robles en el casco urbano de Río Piedras que estuvo abandonado en todos los sentidos por más de diez años. Sus alegados dueños aparecieron a reclamar “propiedad” luego de que se llevaran a cabo los trabajos de limpieza de la propiedad. Así, después de haber estado ausentes por más de diez años, sin dar mantenimiento a la propiedad, sin cuidar la estructura después de los Huracanes Irma, María y Fiona, ni tras los terremotos, debiendo, por supuesto, contribuciones al gobierno, es que entonces vienen a aparecer.
Las maneras en las que quienes dicen ser las dueñas de Casa Cole han decidido manejar la situación han sido violentas, utilizando las estructuras del Estado para criminalizarnos y castigarnos por hacer lo que el sentido común nos dicta a quienes sí tenemos sentido de responsabilidad y compromiso con las comunidades que habitamos.
Todavía, para quienes enarbolan la bandera de “propiedad privada” para perseguir y criminalizar, les quedan por contestar las siguientes preguntas: ¿Qué se supone que haga una comunidad que está enfrentando un problema de salud, cuando quien es responsable se niega a atenderlo? ¿Cuán justo es que se enriquezcan de un trabajo hecho por personas que sí vivimos en la comunidad, sin responder por los gastos, riesgos y trabajo que ello ha supuesto? ¿Cuán justo es pretender criminalizar a quienes asumieron las responsabilidades que ellxs no han asumido?
En momentos en los que la discusión sobre el abandono y el desplazamiento de nuestras tierras y comunidades está más vigente que nunca, nosotras denunciamos una vez más la persecución y criminalización hacia nuestra organización con intentos de radicación de cargos, vigilancia constante y con demandas bajo el pretexto de garantizar derechos a quienes poseen propiedad privada. En momentos en que en Río Piedras se está gestando el desplazamiento de quienes vivimos y trabajamos en ese espacio, con el pretexto de una supuesta “rehabilitación”, nosotras RESISTIREMOS Y LUCHAREMOS.
A pesar de sus intentos por callarnos y desmovilizarnos, seguimos diciendo con más fuerza que antes ¡No pasarán!