Raúl Grijalva, Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio Cortez y Ritchie Torres firman la petición
viernes, 21 de julio de 2023 – 3:40 a.m.
Por José A. Delgado El Nuevo Día
Washington D.C. – Los congresistas demócratas Raúl Grijalva, Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio Cortez y Ritchie Torres pidieron formalmente ayer, jueves, a la Oficina de Contraloría General (GAO, en inglés) examinar el impacto de la antigua ley 22 sobre la economía de Puerto Rico y los ingresos del gobierno federal.
En una carta al director de la GAO, Gene Dodaro, los cuatro legisladores federales solicitaron conocer a cuánto ascendieron previamente las contribuciones federales sobre ingresos de las personas y empresas que se mudaron a Puerto Rico para beneficiarse de la ley 60 de 2019, que incluye el antiguo estatuto 22 y que es centro de una investigación del Servicio de Rentas Internas federal (IRS, por sus siglas en inglés).
“¿Cuál fue el ingreso tributable federal de estas personas y empresas durante los cinco años previos a su relocalización en Puerto Rico? ¿Cuánto contribuyeron estas personas y empresas a su estado de residencia antes mudarse a Puerto Rico?”, preguntaron.
También, reclamaron conocer cuáles han sido los “efectos cuantificables” de los beneficios contributivos del estatuto a la economía de Puerto Rico, incluidos los impactos en “los mercados de la energía y la vivienda”.
La carta fue enviada por Grijalva como líder de la minoría demócrata del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, que tiene jurisdicción primaria sobre los asuntos de Puerto Rico. Velázquez y Ocasio Cortez –como Torres, boricuas de distritos representativos de Nueva York– son parte de esa comisión.
El IRS reveló que investiga a cerca de un centenar de millonarios que reclamaron ilegalmente residencia en Puerto Rico, con el objetivo de obtener privilegios contributivos. Según el IRS, muchas de esas personas serán objeto de una pesquisa criminal.
Bajo la antigua ley 22, ahora parte de la Ley 60 de 2019, el gobierno de la isla otorga una exención total del pago de impuestos sobre ciertos ingresos pasivos a personas que no vivieron en Puerto Rico entre 1997 y 2012, y que decidan mudarse a la isla por, al menos, 183 días al año.
Una vez se relocaliza en Puerto Rico, el inversionista residente está libre del pago de impuestos sobre dividendos, intereses y ciertas ganancias de capital en los negocios que realice en la isla, aunque estará sujeto al pago de impuestos por ingresos generados en Puerto Rico, por concepto de salarios o inversiones específicas en la isla e, incluso, ante el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).
Grijalva y Velázquez habían adelantado a El Nuevo Día que solicitarían un análisis de la GAO sobre el impacto de esos beneficios.
En su carta, los cuatro congresistas demócratas solicitaron conocer en qué medida las personas y empresas estadounidenses se reubican en Puerto Rico para reclamar beneficios contributivos bajo la ley 60, dónde residían antes y cuál es el grado de supervisión que el IRS y el Departamento de Hacienda de Puerto Rico ejercen sobre ellos.
“Además de permitir que estas personas y empresas eviten los impuestos locales, el status territorial de Puerto Rico también exime de impuestos federales a sus ingresos provenientes de Puerto Rico. Esto da como resultado beneficios fiscales que los estadounidenses no podrían obtener en ningún otro lugar del mundo”, subrayaron los congresistas.
Para los legisladores federales, estas exenciones de impuestos “contrastan desfavorablemente con el trato que reciben los puertorriqueños desde hace mucho tiempo y la mayoría de los residentes individuales y corporativos del territorio”.
“Además, la atracción de personas adineradas a la isla puede tener un impacto negativo en los puertorriqueños locales. Según el Informe de gastos tributarios de Puerto Rico para el año fiscal 2023, Puerto Rico perdió alrededor de $2,220 millones en ingresos relacionados con la Ley 22 entre 2017 y 2023. Solo en 2023, se espera que Puerto Rico pierda $342 millones proyectados debido a las dádivas fiscales. Además de las pérdidas significativas en los ingresos fiscales de Puerto Rico, la demanda de viviendas puede verse sesgada por la afluencia de personas adineradas que deben comprar residencias en la isla para calificar para la desgravación fiscal”, afirmaron.
Los congresistas expresan, además, preocupación por que los beneficiarios de la antigua ley 22 puedan “desplazar a los empresarios puertorriqueños y obligar a las empresas locales a competir por los recursos, incluidos el talento, los clientes y la infraestructura”.
El miércoles, el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, requirió a la administración de Pedro Pierluisi que precise el grado de intervención y colaboración que ha tenido con el IRS en la investigación contributiva y criminal contra beneficiarios de la antigua ley 22.
A su juicio, el impacto de una mala fiscalización del programa “sería sumamente adverso al promover una narrativa destructiva ante el Congreso de los Estados Unidos similar a la que en la década de los noventa provocó la eliminación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas”.