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Después de LUMA

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A mediados del siglo pasado el servicio público puertorriqueño logró la electrificación del archipiélago, al adquirir paulatinamente las empresas privadas de energía, en un esfuerzo enlazado con la construcción de embalses y canales de riego

A mediados del siglo pasado el servicio público puertorriqueño logró la electrificación del archipiélago, al adquirir paulatinamente las empresas privadas de energía, en un esfuerzo enlazado con la construcción de embalses y canales de riego. Así nació nuestra primera corporación pública, la Autoridad de Fuentes Fluviales, luego Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Como conocemos, el desenlace no fue feliz. La politización rojiazul, la burocracia inútil y la incapacidad administrativa alcanzaron tal nivel que llevaron a la quiebra el monopolio de un servicio esencial.

El remedio impuesto por la Junta de Control Fiscal ha resultado peor que la enfermedad. LUMA y sus ejecutivos con salarios de seis cifras han condenado al país a la oscuridad, y mientras deciden si el bendito transformador llega a Santa Isabel por tierra o por mar, se acumulan pérdidas millonarias y angustias incontables. El consenso, sin duda, es que Luma no merece otra oportunidad, y que tampoco queremos revivir los desatinos de la AEE. ¿A dónde dirigirnos entonces?

El representante Denis Márquez y quien suscribe hemos presentado una propuesta de diálogo y racionalidad: la designación por la Asamblea Legislativa de un Comité Especial para la Recuperación del Sistema Energético del Pueblo de Puerto Rico. En este, personas conocedoras del tema energético, de administración pública y de derecho iniciarán el diseño de una nueva corporación pública que opere en atención a la necesidad de transición a renovables, que responda al principio del mérito en el empleo público y que esté sujeta a una rigurosa rendición de cuentas. Proponemos que colaboren docentes del sistema UPR especializados en energía, representantes del interés público en la AEE, organizaciones comunitarias dedicadas a asuntos energéticos y de crisis climática, economistas, administradores y representación de los trabajadores con conocimiento de la infraestructura eléctrica del país.

Hacemos este llamado a la Decimonovena Asamblea Legislativa que concluirá sus funciones en medio de una crisis energética que —salvo la experiencia inmediata luego del Huracán María— no tiene precedente en Puerto Rico, y que por lo tanto, tiene una responsabilidad única con el futuro. El servicio público logró hace un siglo lo que la privatización impuesta por la Junta de Control no ha logrado recuperar. Es momento de emprender otro rumbo.

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