Intentan que el Alto Foro certifique y resuelva la controversia electoral por entender que se trata de un asunto urgente que se desprende de la Constitución de Puerto Rico
El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) decidieron apelar la decisión de poner fin a la controversia sobre si en Puerto Rico se debe seguir prohibiendo las candidaturas coaligadas mediante una solicitud de certificación intrajurisdiccional ante el Tribunal Supremo.
Dicho recurso legal permite elevar inmediatamente ante la consideración del Alto Foro estatal asuntos pendientes en tribunales inferiores que requieren una solución urgente.
“El recurso de epígrafe trae a la atención de este Tribunal una controversia novel, relativa a si los referidos artículos, tan ajenos a la extensa y rica tradición en nuestra jurisdicción, infringen las garantías del derecho al voto, la libertad de asociación, la libertad de palabra, la prohibición del discrimen por ideas políticas en violación de la igual protección de las leyes, y el derecho de los partidos políticos de entrar a dichos acuerdos, que garantizan la Constitución de Puerto Rico”, reza la solicitud de 32 páginas presentada en la tarde de ayer, lunes.
“El razonamiento de las recurridas y del TPI, parte de una premisa errada. Si bien la Constitución de Puerto Rico delega en la Asamblea Legislativa la función de aprobar leyes que reglamenten todo lo relativo al proceso electoral, dicha delegación no puede impedir lo que ha hecho en múltiples ocasiones este Tribunal, al rechazar planteamientos de cuestión política y ejercer su jurisdicción, esto es, delimitar los contornos constitucionales para el ejercicio de poderes legislativos y evitar que se infrinjan derechos fundamentales como los aquí invocados”, añada el escrito.
Dalmau anticipaba fallo sobre candidaturas coaligadas
El pasado 16 de junio, el juez Raúl A. Candelario López, del Tribunal de Primera Instancia en San Juan desestimó la demanda presentada por el PIP y MVC sobre este asunto, por entender que la controversia se trataba de una cuestión política que las cortes de Puerto Rico no pueden resolver.
“Luego de examinar detenidamente la totalidad del expediente y de estudiar el derecho aplicable, este Tribunal concluye que no es necesario efectuar una vista en su fondo para resolver la controversia ante nuestra consideración, ya que no existe la necesidad de recibir prueba alguna, pues la controversia planteada es una de estricto derecho”, expresó el togado en su sentencia de 25 páginas.
A través del pedido que el Supremo local tiene ante su consideración, el PIP y el MVC buscan que dicha sentencia quede revocada.
“En mérito de los fundamentos esbozados en el presente escrito, se solicita a este Honorable Tribunal que tenga a bien expedir este auto de certificación intrajurisdiccional y, luego del proceso de rigor, revoque la sentencia dictada por el TPI en el caso de autos y conceda los remedios solicitados por la parte demandante, aquí peticionaria”, piden ambas colectividades a través de sus abogados.
EL VOCERO intentó contactar a los líderes del MVC y del PIP, pero al cierre de este escrito no fue posible obtener respuestas.
La prohibición de alianzas electorales ha estado en vigor desde el 2011 y ha sido criticada por constituir una limitación a la democracia. Por esa razón, la demanda busca que se declaren inconstitucionales los artículos 6.1 y 7.9 del Código Electoral de Puerto Rico, los cuales no permiten estas uniones.
Los abogados que representan al MVC son Pérez Santini, así como José Lamas Rivera, Jorge Farinacci Fernós, María de Lourdes Guzmán, Roberto Maldonado Nieves, Alejandro Torres Rivera y Yanira Reyes Gil. Por otro lado, al PIP lo representan los licenciados Carlos Gorrín Peralta, Arturo Hernández González y Juan Mercado.
Las partes demandadas son el Estado Libre Asociado, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), su presidente Francisco Rosado Colomer, así como los comisionados electorales Vanessa Santo Domingo, del Partido Nuevo Progresista (PNP); Ramón Torres Cruz, del Partido Popular Democrático (PPD) y Nelson Rosario, del Proyecto Dignidad (PD).
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