(Transcripción de la Columna de Karina Batthyány
en InfoCLACSO – 19 de octubre 2022)
-Hemos llegado a 120 programas con luces y sombras, porque muchas de las temáticas se tienen que reiterar, ya que son muy vigentes en algunos casos por la dificultad en el acceso de derechos muy básicos y en otros con lógicas de recordar fechas muy importantes que tuvieron que ver con la llegada de derechos muy fundamentales. ¿Por ahí vas a ir en el día de hoy?
-Sí, efectivamente. Un tema que ya hemos abordado en InfoCLACSO -en otras de las 120 columnas- que se refiere a los derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué hoy abordaré este tema? Por dos motivos:
El primero es que el 28 de septiembre, es decir, pocos días atrás, se conmemoró otro día por la Despenalización del Aborto. Recordemos que la mencionada fecha se celebra desde 1990 por la cual fue justamente en el X Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe donde se decidió colocar el 28 de septiembre como Día Por la Despenalización del Aborto. Un día que está marcado por la acción a nivel internacional y por la movilización a lo largo y ancho del mundo, de una Marea Verde que reivindica y reclama el derecho al aborto seguro, libre, legal y gratuito. Además, en esta semana se cumplieron diez años de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Uruguay.
La lucha por los derechos reproductivos está creciendo en América Latina, pero todavía está lejos de conseguir ser una realidad en clave regional. Hoy la situación regional, a pesar de los avances que ha habido en el último año con los casos de Argentina y Colombia, todavía podemos decir que es de prohibición, mucha restricción y poca despenalización del aborto en América Latina y el Caribe.
Este es un tema clave, porque estamos hablando del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que cada persona, en definitiva, debe tener la capacidad y la posibilidad de tomar decisiones libres e informadas sobre su vida reproductiva y su sexualidad en las distintas dimensiones.
El 28 de septiembre sirve para recordarles a los gobiernos latinoamericanos que seis mil mujeres se mueren al año debido a complicaciones de abortos clandestinos en nuestra región. La cifra anual de abortos que se practican en países como Brasil, Colombia (ante de la aprobación de la Ley), México, Perú y República Dominicana, asciende a 2.8 millones y en toda la región la suma llega a más de cuatro millones.
Cada día se realizan 55 mil abortos inseguros en el mundo, 95 por ciento en países en vías de desarrollo, a su vez son responsables de una de cada ocho muertes maternas en el mundo.
A nivel mundial, por cada siete nacimientos se lleva a cabo un aborto inseguro. Se calcula que el aborto en forma clandestina y en condiciones inseguras, es la causa de una de cada tres muertes maternas en nuestra región latinoamericana y de aproximadamente 800 mil hospitalizaciones por año como consecuencia de esa práctica insegura e ilegal de los abortos.
Justamente cada 28 de septiembre sirve como un día para reclamar principalmente desde nosotras, las feministas y el Movimiento Feminista, de manera más amplia el acceso de servicios de aborto seguro, libre y gratuito, lo cual podría prevenir entre el 20 y 25 por ciento del medio millón de muertes maternas que anualmente ocurren en los países en vías de desarrollo.
Hoy, el aborto en América Latina y el Caribe solamente es legal o está despenalizado en Colombia, Argentina, México, Uruguay, Cuba, Las Guayanas y Puerto Rico. A su vez, está prohibido sin excepciones, es decir, absolutamente prohibida la interrupción del embarazo, en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana.
Esta situación de restricción y prohibición, si miramos la población en edad reproductiva de mujeres latinoamericanas, aproximadamente un 95% viven en países donde el aborto no está permitido y se estima que entre cinco mil y diez mil mujeres pierden la vida al año en un aborto clandestino en nuestra región.
Además, hay algunos casos que destacan por su gravedad, como el caso de El Salvador que enjuicia de una manera agresiva y brutal a las mujeres acusadas aborto. Hay mujeres presas en El Salvador por haber abortado y cumplen en algunos casos sentencias de hasta 40 años de cárcel. Estos castigos recaen generalmente de manera mayoritaria sobre mujeres pobres y jóvenes, y víctimas de violación. En El Salvador también se castiga al personal médico que haya participado o asistido en un aborto.
En algunos de los países más restrictivos en materia de aborto, como El Salvador, Honduras y Haití, la prohibición de interrumpir el embarazo bajo cualquier supuesto, es decir, interrumpirlo no importa cuál sea la condición, convive con altos índices de violencia sexual contra las mujeres, y las penas por aborto duplican, en muchos de los casos, las penas por violación. Eso es absolutamente indicador de la gravedad de este fenómeno.
Sabemos muy bien que el aborto esté prohibido o penalizado no significa que no exista, las mujeres que desean interrumpir un embarazo lo hacen; en los casos en que el aborto no se pueda realizar de manera segura, las mujeres ponen en riesgo su salud, su libertad. Por supuesto que el impacto es diferencial. Estas situaciones las impactan de manera diferencial según la raza, educación, nivel de ingresos, las etnias, entre otras razones, convirtiéndose en una expresión más de la desigualdad.
Además, no nos olvidemos la importancia que tiene el auge del evangelismo en América Latina y el Caribe y su conquista en determinados espacios de poder, justamente trabajan para impedir que esta agenda vinculada a los derechos sexuales y reproductivos avance en términos de los derechos de las mujeres en sentido más amplio.
Hoy, traigo por dos razones el tema de los derechos sexuales y reproductivos:
Una razón, por la fecha del 28 de septiembre.
La otra es porque en esta semana en Uruguay se cumplieron 10 años de la promulgación de la ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de la puesta en marcha de los servicios legales de aborto en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. En 2012 se logró este avance, fue pionero Uruguay junto con Cuba, Guyana y Puerto Rico, en el caso de América Latina, en modificar las leyes y permitir legalizar esta práctica de aborto y, por supuesto, dejar entonces las prácticas inseguras y clandestinas que existían hasta ese momento.
Fue una señal muy fuerte en términos de que se podía cambiar las leyes, las tradiciones en términos de países y asegurar las condiciones para la libertad de decisión y la autonomía reproductiva de las mujeres en el caso concreto de Uruguay. Obviamente, lo que se estaba planteando en ese entonces era el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. El principal objetivo era evitar las consecuencias gravísimas e intolerables de la morbilidad y mortalidad de las mujeres por los abortos ilegales e inseguros.
Se cumplieron 10 años en Uruguay, desde entonces 10 mil abortos legales se ha producido por año, lo que equivale decir que 1000 mil mujeres no estuvieron solas al momento de transitar esta práctica y que pudieron realizarla de manera segura, legal y sin poner en riesgo su vida.
Claro, quedan pendientes por supuesto en Uruguay como en el resto de la región o en el resto de los países que tiene legalizada esta práctica: seguir difundiendo la existencia de estos servicios, extender el acceso a las mujeres migrantes, garantizar el acceso en los centros de salud con objetores de conciencias y erradicar en el caso de Uruguay el delito definitivamente del Código Penal, porque sigue allí presente, aunque por supuesto no se aplica.
En definitiva, lo que estamos hablando es: Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Tiene que ser la consigna en toda América latina y el Caribe de la mano de los feminismos latinoamericanos y caribeños y la ampliación también de la agenda de derechos.
Porque estamos hablando de avanzar desde nuestra región hacia sociedades más democráticas, más justas, donde las mujeres deciden sobre sus cuerpos y proyectos de vida, donde estas decisiones son respetadas y donde los estados generan las condiciones para garantizar el ejercicio de estos derechos. En definitiva, de eso estamos hablando siempre, estamos recordando y planteando todos los 28 de septiembre y, en el caso concreto de Uruguay, a diez años de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
-Qué importancia tienen los lazos entre los movimientos feministas en diferentes partes de nuestra América. ¿Cómo entiendes que funciona esa interacción de los diversos y diferentes movimientos feministas que hay en nuestra región al momento de poder generar más derechos?
-Yo me animo a decir que el Movimiento Feminista es el movimiento social más importante hoy en América Latina y el Caribe. No es solo una afirmación, sino hay muchos elementos para constatar, entre otros, en términos del avance en distintos países de la agenda de los derechos sexuales y reproductivos en países como Argentina y Colombia (casos recientes). Pero también en otros temas como la violencia basada en género y más recientemente con el fuerte impulso a toda la temática del cuidado y de las políticas de cuidados. Sin dudas, se trata de una articulación, de un movimiento social presente en los distintos países y donde estos acuerdos en términos de agenda son muy claros. Y no son solamente acuerdos a nivel general, sino que se observan en las calles de América Latina y el Caribe: recordemos toda la expresión de lo que fue y es la Marea Verde en Argentina que se extendió en toda la región y las expresiones también en distintos países como Colombia, Chile, entre otros, que hemos recorrido desde el InfoCLACSO.