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EL ATAQUE AL CONGRESO Y SU SIGNIFICADO PARA LA LUCHA DE INDEPENDENCIA

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Tenía razón Don Pedro Albizu Campos cuando decía, al referirse a esta mujer y a sus compañeros de jornada apenas transcurridos dos días desde el ataque al Congreso de Estados Unidos, que juntos habían “avisado a los Estados Unidos…que el deber los obliga a respetar la independencia de todas las naciones; a respetar la independencia de Puerto Rico, y que los puertorriqueños harán respetar ese derecho sagrado de la Patria.”

Alejandro Torres Rivera 

28 de febrero de 2024

Buenas noches a todas las personas que nos acompañan esta noche. Nos convoca el 70 Aniversario de la gesta epopéyica de varios patriotas puertorriqueños, dirigidos por una mujer, en el ataque armado al Congreso de los Estados Unidos para recordarle al mundo la sujeción colonial de Puerto Rico a dicho país.

Nos reseña Ramón Medina Ramírez en su obra El Movimiento Libertador en la Historia de Puerto Rico, que en un cable fechado en Washington el día 2 de marzo de 1954, se indica que en la cartera de esa mujer que penetró dentro de las gradas del Congreso de Estados Unidos el día anterior a proclamar ante el poder invasor la libertad e independencia para el pueblo puertorriqueño, fue ocupada una nota. El parte se refería a nuestra Dolores Lebrón Soto, conocida en la historia patria como Lolita Lebrón. El manuscrito localizado en su cartera leía de la siguiente manera:

“Me hago responsable de todo. Ante Dios y el mundo mi sangre clama por la independencia de Puerto Rico. Mi vida doy por la libertad de mi Patria…”

Mediante este acto de desprendimiento político y personal, Lolita asumía total responsabilidad por los actos protagonizados junto a sus compañeros Rafael Cancel Miranda, Irvin Flores Rodríguez y Andrés Figueroa Cordero, en una de las más atrevidas acciones del nacionalismo puertorriqueño. Al igual que la llevada a cabo el 1 de noviembre de 1950 por Oscar Collazo y Griselio Torresola frente a la Casa Blair en el contexto de la insurrección nacionalista de 1950, las acciones del 1ro. de marzo de 1954 atestiguaron ante el pueblo estadounidense y ante la comunidad internacional el caso colonial de Puerto Rico.

Ese mensaje, libre de toda vacilación, dejaba claro el precio que estaba dispuesto a pagar el patriotismo puertorriqueño por su libertad. Es esa experiencia del siglo XX la que en pleno siglo XXI debe permanecer presente en el recuerdo de nuestros opresores y en la memoria histórica de nuestro pueblo.

Pero Lolita es además otro símbolo en nuestra historia. Es no sólo la mujer puertorriqueña que por mayor número de años permaneció encarcelada en prisiones estadounidenses como consecuencia de sus acciones en favor de la independencia de Puerto Rico; sino que su sacrificio y el de otras mujeres que también han padecido cárcel y represión, ha sido también fuente de inspiración para otras revolucionarias en diversos países.

Tenía razón Don Pedro Albizu Campos cuando decía, al referirse a esta mujer y a sus compañeros de jornada apenas transcurridos dos días desde el ataque al Congreso de Estados Unidos, que juntos habían “avisado a los Estados Unidos…que el deber los obliga a respetar la independencia de todas las naciones; a respetar la independencia de Puerto Rico, y que los puertorriqueños harán respetar ese derecho sagrado de la Patria.”

Pretender, sin embargo, explicar el significado y la vigencia histórica del ataque al Congreso de los Estados Unidos el día 1ro. de marzo de 1954 por los combatientes nacionalistas, impone sobre nuestros hombros una gran responsabilidad. Se trata de someter a una reflexión histórica un acto político de guerra del cual, durante mucho tiempo, hemos tenido la noción de que se trata de un témpano de hielo que sólo manifiesta ante nuestros sentidos una pequeña parte.

También a su vez es la historia de un proceso en el cual decenas de hombres y mujeres comprometieron sus esfuerzos y sus vidas, asumiendo entonces riesgos que por muchos años les obligó a mantener una prudente discreción en torno a sus niveles de participación en dichos sucesos.

Pero la responsabilidad que recae sobre nuestros hombros es aún mayor si tomamos en consideración el hecho de que cuando nos remitimos al concepto vigencia, lo hacemos en el convencimiento de lo que dicha palabra significa para los que consideramos como algo actual y no del pasado, es decir, la necesidad de nuestro pueblo de organizarse para ejercer su derecho a la libertad e independencia utilizando todos los medios a su alcance.

Por eso hablar de Lolita Lebrón y de sus compañeros en el ataque al Congreso de los Estados Unidos, es hablar del derecho del pueblo puertorriqueño, y en particular de sus sectores desposeídos, a valerse de todos los métodos de lucha que históricamente se han reservado los pueblos coloniales en la ruta hacia su verdadera autodeterminación. De ahí que reconocemos como un principio correcto, sin descartar otros métodos de lucha, la expresión marxista de que la violencia revolucionaria y como parte de ella la lucha armada, es la partera de la historia. Esta expresión de Marx coincide también con la afirmación albizuista que nos señala que la lucha armada y la violencia revolucionaria en los pueblos coloniales, es el principio de las nacionalidades.

La síntesis de estos principios es la misma que inspiró el accionar político de Filiberto Ojeda Ríos, a quien siempre recordaremos como uno de los grandes luchadores antiimperialistas de nuestro tiempo.

Para Albizu Campos, tan temprano como la década de 1930, era ya una verdad indiscutible aquello que Franz Fanon describiría a la altura de los años sesenta al afirmar que, «la descolonización es siempre un fenómeno violento.»

Para aproximarnos a un entendimiento teórico de la concepción de lucha armada articulada por el nacionalismo puertorriqueño, forzosamente tenemos que recurrir a examinar su participación organizada en el accionar político-militar a partir del año 1935.

A raíz de los sucesos que desembocan ese año en el asesinato a mansalva por parte de la Policía de Puerto Rico de cuatro nacionalistas en Río Piedras, en los cuales otro nacionalista quedará gravemente herido, se planteó para el nacionalismo la necesidad de preparar el camino de la lucha armada. Sin descuidar el desarrollo y fortalecimiento de una organización que tuviera la capacidad de articular aquellas luchas cívicas necesarias para el adelanto de la independencia, para el Partido Nacionalista resultaba además necesario, el desarrollo de una estructura organizativa de carácter militar que permitiera a un movimiento libertador antiimperialista asumir las tareas militares que dicha lucha demandaba.

La concepción de «guerra, guerra, guerra contra los yanquis» lanzada como consigna por el Partido Nacionalista a raíz de la Masacre de Río Piedras, lejos de ser un llamado retórico, era una declaración real de guerra que el nacionalismo asumía frente al poder imperialista de los Estados Unidos en Puerto Rico. Dicha concepción, ya a la altura del 23 de febrero de 1936, tomaba cuerpo en el ajusticiamiento llevado a cabo por los nacionalistas Hiram Rosado y Elías Beauchamp del Coronel Elisha Francis Riggs, entonces Jefe de la Policía de Puerto Rico; así como en el inicio del reclutamiento para organizar el Cuerpo de Cadetes de la República como Ejército Libertador.

La respuesta del gobierno norteamericano al desafío nacionalista condujo al encarcelamiento y enjuiciamiento de su liderato. Luego de un segundo juicio ante la Corte Federal, tras la falta de un veredicto condenatorio durante un primer proceso, el liderato del Partido Nacionalista fue condenado a largas penas de cárcel por conspiración sediciosa para derrocar el Gobierno de Estados Unidos.

Las condenas recibieron una reacción inmediata de parte del nacionalismo cuando al día siguiente del traslado de Albizu Campos y sus compañeros a la prisión federal de Atlanta, el auto en que viajaba el Juez Cooper, quien les sentenciara, fuera tiroteado a la altura del Puente Dos Hermanos en la entrada a la Isleta de San Juan por un comando nacionalista.

A partir de este momento el Gobierno norteamericano desataría en el país una intensa campaña represiva la cual tendría su más significativo momento el 21 de marzo de 1937 cuando ocurre en Ponce en la Masacre del Domingo de Ramos. Nos dice Ramón Medina Ramírez en su libro citado que 22 personas perderían la vida y más de 250 resultarían heridas.

En los años que transcurrirían durante el destierro de Albizu Campos y el liderato sentenciado, el Partido Nacionalista concentró su actividad en la gestión organizativa y en la búsqueda de solidaridad internacional de parte de las repúblicas latinoamericanas con la independencia de Puerto Rico. Igualmente, desarrollaría una campaña en oposición al servicio militar obligatorio impuesto a los puertorriqueños desde 1917, esta vez dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial.

Fue durante este período que el Gobierno de los Estados Unidos desarrolló una estrategia dirigida a debilitar el apoyo a la independencia en Puerto Rico.

Nos dice Juan Antonio Corretjer que en septiembre de 1939 el gobierno de los Estados Unidos hizo acercamientos con Albizu Campos en la prisión de Atlanta. Para ello el Departamento de Estado se valió de un enviado de origen puertorriqueño de nombre Pedro Capó. El emisario le ofreció a Albizu Campos su libertad y el respaldo del gobierno de los Estados Unidos al Partido Nacionalista como fuerza política electoral dirigente bajo una autonomía tan amplia que sería equivalente «a una independencia sin bandera.»  A cambio de esto, el Partido Nacionalista presentaría su renuncia al reclamo de la independencia y podría fin a su enfrentamiento al poder imperialista de Estados Unidos en Puerto Rico.

El rechazo por parte de Albizu Campos de tal ofrecimiento colocó en la mira de los Estados Unidos la opción de Luis Muñoz Marín y su Partido Popular Democrático fundado en 1938. Este partido, en su origen, agrupaba tanto a independentistas como autonomistas. Fue a través del PPD y dentro del marco de una estrategia timoneada por la Inteligencia Naval de la Marina de Guerra estadounidense, como se desarrollaría el movimiento político del gobierno de los Estados Unidos para legitimar un nuevo modelo de estatus colonial en Puerto Rico.

Extinguida su condena, Albizu Campos y sus compañeros regresan a Puerto Rico el 15 de diciembre de 1947 para darse a la tarea conspirativa iniciada diez años antes. Su llegada a Puerto Rico, sin embargo, se produce dentro de un contexto diferente. Terminada la Segunda Guerra Mundial, ya el imperialismo había echado a caminar en Puerto Rico sus planes con su nueva carta de presentación: Luis Muñoz Marín.

Para entonces existía un nuevo orden mundial producto de los cambios en la correlación de fuerzas surgida entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en el periodo de posguerra; se desarrollaba un amplio movimiento en el desarrollo de las luchas descolonizadoras en Asia y África y se articulaban nuevos movimientos sociales en América Latina. La respuesta represiva por parte de los Estados Unidos se imponía a escala global. Puerto Rico no fue la excepción.

La aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos en el año 1950 de la Ley 600; su apoyo por una parte mayoritaria de los participantes en el referéndum convocado para su aceptación o rechazo;  y sus implicaciones en la reformulación del modelo colonial en Puerto Rico; le plantearon al nacionalismo la necesidad de incrementar sus esfuerzos  organizativos si era que pretendía abortar dicho proceso. La constante persecución y hostigamiento de parte del gobierno de los Estados Unidos y las autoridades coloniales de Puerto Rico sobre los nacionalistas les cerraba aún más el cerco sobre dicha organización. Lo anterior contribuyó a que se precipitaran los planes organizativos para llevar a cabo previo a las elecciones de 1952 un nuevo levantamiento armado a aquel efectuado el 30 de octubre de 1950.

Es dentro de los nuevos planes para el desarrollo insurreccional que el nacionalismo incorporó nuevamente en el arsenal teórico de la lucha de liberación nacional puertorriqueña, tal como ocurrió el 1 de noviembre de 1950 cuando un comando nacionalista integrado por Oscar Collazo y Griselio Torresola ataca la Casa Blair, residencia provisional del Presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, llevar las acciones de guerra a la retaguardia del enemigo. El propósito de las acciones en los Estados Unidos sería captar la atención de la comunidad internacional al caso colonial de Puerto Rico y  evidenciar, a la vez, el hecho de que no se trataba de una lucha entre puertorriqueños.

A partir de la acción armada de 1950, la represión se volcó contra el Partido Nacionalista y muchos independentistas fuera de dicha organización. Decenas de sus dirigentes nacionales y locales al igual que múltiples combatientes fueron encarcelados. Mientras el Partido Popular asumía las riendas de la represión en el país, los Estados Unidos avanzaban resueltamente en el diseño y creación de lo que vendría a llamarse el «estado libre asociado.» Sin embargo, mientras el nacionalismo era estigmatizado y los participantes directamente en la Revolución de 1950 extinguían largas condenas, en silencio, el Partido Nacionalista comenzaba a rearticularse para continuar adelante su proyecto histórico.

Es importante compartir con ustedes una reflexión particular. Muchos de nosotros, aún a la altura de los años setenta y ochenta, partíamos del supuesto de que las estructuras organizativas y operativas del Partido Nacionalista luego de 1950, habían quedado virtualmente desmanteladas. Más aún, el ataque al Congreso en el 1ro. de marzo de 1954 al igual que los sucesos del año 1950, lo veíamos como una acción desvinculada de una lucha de masas. De ahí que en no pocas ocasiones, dentro de los debates teóricos de entonces, escucháramos planteamientos dirigidos a caracterizar dichos actos como acciones «espontaneístas», «desvinculadas de una lucha de masas», «actos de terrorismo individual», etc.

El celo y discreción con el cual múltiples compañeros y compañeras nacionalistas resistieron la tentación de entrar en la polémica en torno a dichos sucesos aportando información distinta a dichas interpretaciones, encuentran su explicación en el funcionamiento político y la compartimentación en dicha organización.

Durante el año 1988 me tocó el honor como abogado de llevar un recurso legal ante el Tribunal de Primera Instancia en Puerto Rico a nombre del historiador Pedro Aponte y de la heroína nacionalista, Doña Isabel Rosado. Mediante este recurso requerimos del Gobierno de Puerto Rico, en particular su Departamento de Justicia y la Administración de Corrección, la entrega de toda la documentación en su poder incautada o generada como consecuencia de los procesos judiciales llevados a cabo contra el Partido Nacionalista y sus dirigentes. Era nuestro reclamo la entrega y traslado  de los documentos al Archivo Histórico de Puerto Rico y los objetos, al Instituto de Cultura Puertorriqueña. Para los demandantes era una manera de rescatar parte de una historia escamoteada a las generaciones actuales como parte de la conspiración del silencio con la que el gobierno pretenía despojarnos de nuestro pasado de lucha. Habiéndose dictado Sentencia por el Tribunal en favor del pedido de los demandantes, decenas de cajas conteniendo evidencia y documentación relacionada con las incautaciones y los procesos judiciales fueron entregados, pasando a ser preservados en el Archivo Histórico de Puerto Rico. Objetos tales como armas incautadas y utilizadas como evidencia, una vez inutilizadas debían pasar al Instituto de Cultura Puertorriqueña para eventualmente ocupar su destino en museos.

Entre los cientos o miles de documentos entregados se tuvo acceso a dos importantes informes de un total de tres, donde se recogen los resúmenes de  los testimonios prestados a la Policía de Puerto Rico por el traidor Gonzalo Lebrón Sotomayor, hermano menor de Lolita Lebrón. Gonzalo Lebrón Sotomayor fue el Delegado del Partido Nacionalista en la ciudad de Chicago. Lolita formaba parte de la dirección del Partido Nacionalista en la ciudad de Nueva York.

Gonzalo formó parte de la estructura conspirativa dirigida por el liderato nacionalista que no se encontraba encarcelado tras los sucesos de 1950. Bajo nacionalistas que permanecían en libertad luego de la insurrección de 1950 se encontraba la responsabilidad de organizar un segundo levantamiento armado, programado para ser llevado a cabo en 1952 en Puerto Rico. De sus relatos surge que los planes iniciales para el nuevo levantamiento armado más adelante fueron modificados. La planificación incluía la realización de acciones político-militares contra objetivos dentro de Estados Unidos.

Fue gracias a la férrea disciplina de la militancia nacionalista y a su silencio, como pudimos percatarnos en tales informes la manera en que el nacionalismo supo proteger la identidad de múltiples combatientes a los cuales el enemigo no logró tener acceso. Más aún, tal discreción fue el elemento garantizador de la continuidad del trabajo conspirativo y clandestino en aquel momento. Para aquellos héroes anónimos que quizás no comprendimos completamente durante nuestra juventud, nuestra más seria excusa y nuestra mayor admiración.

Los dos Informes a los que hemos hecho referencia, redactados durante los días 22 de noviembre de 1954 y 2 de diciembre de 1954 por el entonces Jefe de la Policía, Salvador T. Roig, fueron enviados con carácter confidencial a Luis Muñoz Marín. Basados en el testimonio de este traidor y delator, surgen elementos importantes para comprender el alcance de las acciones del nacionalismo.

Relatan los informes que originalmente desde el año 1949, el liderato nacionalista venía planificando una revolución que se llevaría a cabo en Puerto Rico durante el año 1952, precisamente antes de las elecciones. En la planificación se contemplaba la participación de nacionalistas residentes en los Estados Unidos en las acciones que se habrían de llevar a cabo en Puerto Rico. Para ello se estructuró un plan de traslado de efectivos y armamento. Indican los informes que los sucesos acaecidos durante los días que precedieron al 30 de octubre de 1950, cuando la Policía intervino con nacionalistas en distintas partes del país y llevó a cabo allanamientos de residencias y locales ocupando armamento y artefactos explosivos, llevaron a la dirección nacionalista a impartir las órdenes de atacar precipitadamente, adelantando la fecha del levantamiento armado.

Surge además de dichos documentos, que habiendo sido arrestado el liderato nacionalista y extinguiendo largas sentencias de cárcel, algunos de sus miembros, clandestinamente afiliados del Partido Nacionalista que no fungían públicamente como miembros de dicha organización, pero que a su vez mantenían comunicación continua con Albizu Campos, bajo sus instrucciones, procedieron a reorganizar las estructuras políticas y militares del Partido Nacionalista. Como parte de sus labores gestionaron, además, recursos económicos y el armamento necesario para llevar adelante los planes.  Dentro de éstos las Juntas Nacionalistas de Nueva York y Chicago jugaban un papel importante procurando la adquisición de armas de fuego y fondos económicos; realizando trabajo internacional en la ONU; preparando combatientes para participar en las acciones que habrían de llevarse a cabo en Puerto Rico; y elaborando planes de acción concretos para el desarrollo de acciones armadas contra centros de poder de Estados Unidos sobre Puerto Rico, tales como el Pentágono, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Casa Blanca; y otras acciones análogas.

Se informa además en dichos documentos, la existencia de un Jefe Militar, que afortunadamente no logra identificarse por el delator, bajo cuya responsabilidad estaba el desarrollo de los planes insurreccionales en Puerto Rico.

Los informes revelan también cómo se analizaron algunos de los errores cometidos durante el levantamiento de 1950 por los nacionalistas, así como las expectativas de la incorporación de un nutrido número de nacionalistas militantes del Partido Independentista Puertorriqueño, como también detalles específicos del plan de insurreccional a llevarse a cabo.

Dentro de los objetivos insurreccionales que fueron analizados en el contexto de la nueva insurrección, se encontraban los siguientes:

(a) iniciar acciones de distracción pegándole fuego a los cañaverales y estaciones de gasolina cercanos a las entradas y salidas de los pueblos donde se atacaría en los días previos al levantamiento para atraer allí las labores de los bomberos y policías;

(b) la toma de rehenes entre funcionarios claves del Gobierno;

(c) un plan de repliegue hacia las áreas montañosas en caso de una contraofensiva del gobierno para desde allí continuar desarrollando la lucha armada;

(d) el trabajo de coordinación con las repúblicas latinoamericanas amigas de la independencia de Puerto Rico para obtener el reconocimiento de los insurgentes;

(e) la realización de juicios por traición a los principales implicados en la represión al nacionalismo que incluían el ajusticiamiento;

(f) el ataque a las bases militares de Estados Unidos en Puerto Rico;

(g) el ataque al Presidio y otras cárceles donde hubiera nacionalistas encarcelados;

(h) el ataque a instalaciones donde pudieran recuperarse armamento;

(i) la sincronización de la hora de ataque adecuada a los cuarteles policíacos; y

(j) la adquisición de medios logísticos tales como armamento, explosivos, radio-comunicadores, etc.

Surge de tales informes que si bien la insurrección no se llevó a cabo en el año 1952, durante el año siguiente se dio seguimiento a dichos planes. La variante examinada entonces fue la de prestarle un mayor énfasis al desarrollo de «un plan de ataque a posiciones importantes en Estados Unidos.»

Para entonces Albizu Campos se encontraba muy afectado de salud como consecuencia de la exposición a la radiación a cual se le había sometido mientras permanecía encarcelado. Si moría en prisión, la orden impartida por la Dirección Nacional del Partido Nacionalista era llevar a cabo múltiples acciones armadas en represalia contra el Gobierno de Puerto Rico y particularmente dentro de Estados Unidos.

El temor de que Albizu Campos falleciera en prisión junto a la presión internacional ejercida sobre el Gobierno de Estados Unidos, llevaron a Muñoz Marín a indultar a Albizu Campos el 30 de septiembre de 1953.  Inmediatamente Don Pedro es excarcelado, se pronuncia en el sentido de que «nadie, amparado por la fuerza, pueda impedir el ejercicio de soberanía y libre determinación de un pueblo, porque ello sería una burla a la historia.»

En efecto, la burla histórica se encontraba en camino.  El día 27 de noviembre de 1953 el Gobierno de los Estados Unidos con la complicidad del Gobierno de Puerto Rico, consigue de la Asamblea General de la ONU la aprobación de la Resolución 748 (VIII). Mediante ésta Puerto Rico quedaba excluido del listado de territorios coloniales sobre los cuales las potencias administradoras, en nuestro caso los Estados Unidos, tenía que rendir cuentas a la Asamblea General de la ONU.

Ante este cuadro, Albizu Campos modificó los planes originalmente trazados para que desde Estados Unidos la Juntas Nacionalistas allí organizadas enviaran combatientes nacionalistas a Puerto Rico. En su lugar impartió órdenes específicas a las Juntas Nacionalistas de Nueva York y Chicago para que utilizaran los recursos disponibles para llevar a cabo acciones político-militares contra blancos en los Estados Unidos.

De dichos informes surgen elementos que indican que entre la Junta de Nueva York y la de Chicago, principalmente a nivel de su dirección, habían surgido discrepancias. La primera se manifestaba partidaria de que se acataran las órdenes impartidas y se procediera de conformidad a éstas a desarrollar acciones contra objetivos dentro de Estados Unidos; la segunda, bajo la influencia del delator Lebrón Sotomayor, objetaba, obstaculizaba y saboteaba dichas órdenes.

En octubre de 1953 se transmite por parte de la Dirección Nacional del Partido Nacionalista, personalmente y por escrito, instrucciones a las Juntas de Nueva York y Chicago. Las mismas consistían en cesar el envío de nacionalistas a Puerto Rico y dar inicio al desarrollo de acciones en Estados Unidos. Las instrucciones fueron claras y tajantes. A partir de estas, sin embargo, el traidor Gonzalo Lebrón Sotomayor se dedicó a descarrilar las órdenes impartidas por Albizu Campos.

Hacia febrero de 1954 Lolita Lebrón, quien según declara su hermano a la Policía de Puerto Rico había sido nombrada Delegada General del Partido Nacionalista en Estados Unidos, viajó desde Nueva York a Chicago. Allí le impartió personalmente las órdenes comunicadas desde Puerto Rico regresando a Nueva York. Según cita el traidor, su hermana le indicó que “las órdenes que tenía del partido eran terminantes.”

Días antes del ataque Rafael Cancel Miranda hizo un recorrido exploratorio del lugar donde unos días más tarde se llevaría a cabo el operativo con el propósito de conocer el terreno, identificar rutas, examinar la localización del lugar desde donde se llevaría a cabo la acción, así como otros pormenores propios de una tarea de esa naturaleza.

El día 1ro. de marzo de 1954, en el mismo lugar donde reside la soberanía de nuestro pueblo en virtud del Tratado de París de 1898, se escucharía la voz indoblegable de nuestro pueblo, expresada a través de la pólvora de la libertad regada por las armas de nuestros patriotas en el Congreso Norteamericano.

Si alguna duda teníamos de la importancia y corrección del mensaje llevado en esa ocasión al Congreso, la respuesta nos la daría uno de los Comités fundamentales creados por la propia Organización de las Naciones Unidas, el Comité de Descolonización, cuando en el año 1978 demandaba del Gobierno de los Estados Unidos la excarcelación incondicional de los presos nacionalistas en cárceles norteamericanas.

El ejemplo que nos legara Lolita y sus compañeros en el ataque al Congreso de los Estados Unidos sigue siendo hoy, como fue ayer y continuará siendo mañana, el rocío refrescante que en la bruma mañanera nos da el aliento necesario para continuar la lucha libertaria y emancipadora del pueblo puertorriqueño.

Muchas gracias.

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