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El flagelo de la impunidad

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La sentencia de cárcel a María Milagros Charbonier fue celebrada, entre otras cosas, porque nos dio la sensación de que se hizo justicia, a la que no estamos acostumbrados, escribe Benjamín Torres Gotay

Empleados del DTOP grabaron a Héctor Joaquín Sánchez, ex comisionado electoral del PNP, actual candidato al Senado y entonces empleado de confianza de dicha agencia, contando dinero de recaudaciones políticas, presuntamente en horas laborables y en instalaciones públicas. (Xavier Araujo)

TORRES GOTAY

No fueron pocos los que celebraron el viernes la severa condena de ocho años de cárcel que una jueza federal impuso a María Milagros “Tata” Charbonier Laureano, exrepresentante y ex secretaria general del Partido Nuevo Progresista (PNP), quien, mientras legislaba la moral de Puerto Rico, perpetraba desde su oficina un esquema de saqueo de fondos públicos mediante el cual, como probó en corte la fiscalía, robó más de $100,000.

Entender el júbilo de mucha gente hacia la desgracia que atrajo hacia sí misma, producto de sus actuaciones criminales, la exrepresentante Charbonier Laureano es una de las cosas más fáciles en la vida.

Mucho tiene que ver con el comportamiento público y político que exhibió Charbonier Laureano a lo largo de su carrera, de poco pudor en expresiones públicas y, sobre todo, de persecución y represión de minorías marginadas. Gente a la que Charbonier Laureano señalaba como “inmoral” e “imperfecta” no pudo menos que sentirse reivindicada cuando vieron las innumerables imperfecciones de ella expuestas en un juicio en el que no hubo escasez de detalles harto embarazosos sobre su figura y la de su oficina y su familia.

La segunda razón es mucho más profunda y trasciende por millas al triste personaje de “Tata” Charbonier.

La sentencia bañó a los puertorriqueños en un sentimiento muy agradable al que nos hemos desacostumbrado a golpes en tiempos recientes: la idea de que se hizo justicia. Puerto Rico ha sido, durante las últimas décadas, víctima de toda suerte de crímenes desde el ámbito oficial, por los cuales nadie ha pagado, salvo cuando el gobierno estadounidense ha intervenido.

Desde la década de los 90, decenas de funcionarios públicos han ido a parar con sus huesos a cárceles federales; se pueden contar con los dedos de una mano, y sobrarán dos o tres, los que mientras tanto han corrido igual suerte en el sistema estatal.

Los crímenes se cometen a la vista de todos y nada pasa.

María Milagros "Tata" Charbonier Laureano a su salida del Tribunal federal tras ser sentenciada a cumplir ocho años en prisión.
María Milagros «Tata» Charbonier Laureano a su salida del Tribunal federal tras ser sentenciada a cumplir ocho años en prisión. (Xavier Araújo)

El más notorio fue haber llevado a la bancarrota al gobierno y a varias corporaciones públicas, incluyendo la que tenía la muy vital tarea de generar y distribuir energía eléctrica, cuyo colapso todavía nos duele, y nos atormenta, a diario, con tanto problema causado por los apagones.

Al cometer ese crimen, que tanto nos ha costado, incluyendo, por no decir más, el simulacro de democracia que teníamos, funcionarios en las más altas esferas del gobierno violentaron los márgenes constitucionales de endeudamiento mediante artimañas financieras. Nadie pagó por eso. Es más, nadie ha sido siquiera investigado por eso. Ojalá y algún día podamos cobrar esa deuda, antes de que sea demasiado tarde.

La prensa, ciudadanos privados, comunidades, a veces la oposición, a menudo gente indignada de adentro de las mismas filas de la administración, denuncian las irregularidades. Se pierden los señalamientos en insondables laberintos burocráticos. Casi nunca llega a saberse quién hizo qué. Por supuesto, al final nadie paga.

Estamos viendo en directo en estos días uno de estos casos. El confinado Hermes Ávila Vázquez fue excarcelado irregularmente. A un año de estar libre, se le imputó el asesinato de una mujer en circunstancias casi idénticas al asesinato de otra fémina por el que cumplía 122 años de cárcel. Un caso que debía ser muy sencillo de investigar, pero que, al parecer, involucra a gente muy influyente, se ha perdido en un laberinto de pesquisas, alegaciones y contraalegaciones que no se sabe ahora mismo ni la hora que es.

Nadie debería aguantar la respiración esperando conocer toda la verdad acerca de lo ocurrido con Hermes Ávila Vázquez.

Esta semana, recién concluida, otro caso ha venido a poner a prueba nuestra fe en la ley y la justicia.

Empleados del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) grabaron a Héctor Joaquín Sánchez, ex comisionado electoral del PNP, actual candidato al Senado y entonces empleado de confianza de dicha agencia, contando dinero de recaudaciones políticas, presuntamente en horas laborables y en instalaciones públicas. Son actos con tremendo tufo de ilegalidad.

Los empleados lo denunciaron a la secretaria Eileen Vega. La funcionaria dijo que tomó la denuncia “bien en serio”. Pero solo lo reportó internamente en el DTOP y a la que considera su jefa, la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales.

Ninguna de las dos lo reportó ni al Departamento de Justicia, ni a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), que son las dependencias facultadas para investigar posibles actuaciones criminales de funcionarios. El reglamento del DTOP establece que la secretaria debió referirlo a Justicia.

El caso no llegó a la OEG hasta hace pocom y solo porque lo llevaron los empleados del DTOP viendo que no pasaba nada con Sánchez, quien renunció a la agencia cuando se le confrontó con este feo asunto.

En la OEG, no se puede tener demasiada fe, pues lleva dos años sobando una querella que se le puso a Sanchez en 2022, cuando era subsecretario en el Departamento de Educación, por, presuntamente, intervenir en la selección de maestros a ser premiados para asegurarse de que todos fueran leales al PNP.

Aquí puede haber un delito si bregaron con recaudos de campaña en horas laborables y en instalaciones públicas. Son cuestionables, también, las actuaciones de las secretarias de Transportación y Obras Públicas y de la Gobernación, que no reportaron un posible delito y, por lo visto, trataron de mantenerlo calladito dentro de los inofensivos canales administrativos.Queda grabado: Héctor Joaquín Sánchez vendía taquillas para evento político en el DTOP

Queda grabado: Héctor Joaquín Sánchez vendía taquillas para evento político en el DTOP

El aspirante al Senado por el PNP contaba el dinero en horas laborables. Aquí las pruebas.

Este fin de semana, además, el diario Metro reportó que empleados de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez, una dependencia del Departamento de la Familiadenunciaron que fueron reunidos por el director de la agencia, Roberto Carlos Pagán, para indicarles que estaban obligados a participar en las actividades de campaña del gobernador Pedro Pierluisi.

Estas cosas tan graves ocurren y nadie se inmuta. Nadie ha pedido cuentas a Sánchez, ni a Vega ni a García Bardales. El Departamento de Justicia, esta vez, no tiene pretexto para no actuar. El representante popular Héctor Ferrer, hijo, presentó una querella contra la titular del DTOP.

La gente ya sabe qué esperar de esto: nada. Lo ha visto mil veces y el resultado es el mismo: nada. Las agencias que investigan la corrupción en Puerto Rico son lentas, ineficaces, están terriblemente politizadas y, a menudo, dan la espantosa impresión de que solo actúan cuando se trata de opositores, de lo cual hay más de un ejemplo en la memoria.

No hay palabras que se puedan escribir en esta columna que capturen la inusitada gravedad que tiene la impunidad en el clima social de cualquier sitio. Pero no hace falta encontrar esa palabra. Puerto Rico vive, y sufre, todos los días, sin que nadie tenga que explicárselo, el insufrible flagelo de la impunidad.

MARÍA MILAGROS CHARBONIERCÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICOCORRUPCIÓNCORRUPCIÓN GUBERNAMENTALHÉCTOR JOAQUÍN SÁNCHEZDEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICASOFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL

ACERCA DEL AUTOR

BENJAMÍN TORRES GOTAYbenjamin.torres@gfrmedia.com

Benjamín Torres Gotay es periodista y escritor. Nacido en noviembre de 1968 en Santa Isabel, Puerto Rico, ha ejercido el periodismo desde 1992. Posee un Bachillerato en Periodismo de la Universidad…Leer más

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