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El PIP impugnaría la constitucionalidad de la ley que regularía el plebiscito criollo, criticada también por Victoria Ciudadana

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Juan Dalmau dice que su partido consideraría un boicot, mientras que Ana Irma Rivera Lassén prevé “acciones conjuntas”

Juan Dalmau y Ana Irma Rivera Lassén –en la foto durante el Desfile Puertorriqueño de Nueva York– coinciden en cuestionar el potencial plebiscito criollo. (Daniel Delgado)

Washington D.C. – Si el gobernador Pedro Pierluisi decide ordenar un plebiscito criollo para noviembre próximo, por medio de la Ley 165 de 2020, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) se propone impugnar la constitucionalidad del estatuto y consideraría boicotear la contienda, según su candidato a gobernador y secretario general, Juan Dalmau.

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Mientras, la coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y candidata a comisionada residente en Washington, la senadoraAna Irma Rivera Lassén, descartó que dicha ley –que en su título dice que busca “implementar la petición de estadidad” del plebiscito de 2020– pueda servir para reglamentar “un proceso no solamente informado, sino participativo y vinculante”.

Dalmau expresó que, si Pierluisi decide hacer la convocatoria, denunciarán en los tribunales que la ley es inconstitucional por delegarle al gobernador de Puerto Rico el poder de decidir las definiciones de las alternativas de status de un plebiscito, pero, además, por proponer que nombre –sin el consentimiento del Senado– los miembros de una “Comisión de Igualdad” que defendería la estadidad con un presupuesto anual de $1.25 millones anuales.

Toda la legislación se redactó con el propósito de avanzar la estadidad, como respuesta al referéndum de noviembre de 2020, en el que esa fórmula de status obtuvo el 52.5% de los votos.

“Combatiríamos en todos los foros esa ley y las acciones mediante órdenes ejecutivas que emita el gobernador por virtud de esa ley”, planteó Dalmau, quien hace tándem con Rivera Lassén como parte de la Alianza formada entre ambos partidos, de cara a las elecciones del 5 de noviembre.“Estamos ante una decisión antidemocrática”: Victoria Ciudadana analiza estrategias tras fallo del Supremo

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Ana Irma Rivera Lassén, coordinadora general del MVC, repudió la determinación que descalificó a cuatro de sus candidatos a la Legislatura.

Rivera Lassén, quien fue presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, expuso que, “como estamos en alianza, posiblemente, haríamos algún tipo de acciones en conjunto”.

Dalmau fue entrevistado el lunes, en Nueva York. Rivera Lassén habló con El Nuevo Día el martes vía telefónica.

Por un lado, Dalmau –abogado y exsenador– sostuvo que es una delegación inconstitucional dejar en manos del gobernador, como permite la Ley 165 de 2020, decidir las alternativas de status de un plebiscito, sus definiciones y la fecha de la consulta.

También, afirmó que permitir al gobernador nombrar a los miembros de una nueva “Comisión de Igualdad”, que tendría $5 millones de presupuesto para todo el próximo cuatrienio, sin el consentimiento del Senado, sería otorgarle “poderes plenipotenciarios” al jefe del Ejecutivo.

Dalmau indicó que no se hace de muchas ilusiones con la opción judicial, ante la clara mayoría de jueces (6-2) nombrados por gobiernos del Partido Nuevo Progresista (PNP). Por ello, anticipó que tendrán la opción de utilizar la denuncia política en contra de la consulta y, en ese sentido, consideró que una posibilidad es llamar a un boicot de la votación.

“La determinación la tomaríamos más adelante, pero te puedo anticipar que boicotearla es uno de los elementos importantes, porque se trataría de otra pantomima plebiscitaria más, con un costo de millones de dólares y sin consecuencia real. Si se activa esa orden ejecutiva, se trataría de una patraña que nada tiene que ver con un proceso de autodeterminación, sino de un partido (PNP) impulsando su propia definición bajo unos resultados que ni el Congreso le ha dado validez… para engañar a los estadistas a que salgan a votar por algo que no tiene consecuencias”, expresó Dalmau.

A Rivera Lassén –cuyo partido favorece una Asamblea Constitucional de Status y reúne a personas que promueven la descolonización, pero incluye soberanistas, independentistas y estadistas–, le preocupa que Pierluisi quiera utilizar la vista pública del martes próximo, en el subcomité de Tierras Públicas, Bosques y Minería, que estudiará los dos proyectos de ley radicados en el Senado estadounidense (3231 y 2944), como trampolín para el plebiscito criollo.¿Qué haría una candidata independentista como comisionada residente? Ana Irma Rivera Lassén contesta

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“La gente en Puerto Rico tiene derecho a saber”, expresó la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana en “Torres Gotay Entrevista”.

Ninguno de los dos proyectos avanzará. Pero, el 3231 es similar al 8393 aprobado en diciembre de 2022 al concluir la pasada sesión del Congreso y propone un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la independencia y la soberanía en libre asociación.

La Ley 165 de 2020, sin embargo, establece como su primer propósito “hacer valer la petición de la estadidad por la mayoría absoluta de los electores (52.5%) en el plebiscito de 3 de noviembre” de ese año. Además, busca fortalecer el concepto de la “Comisión de Igualdad” que estableció el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares durante el pasado cuatrienio.

En este cuatrienio, en vez de utilizar la Ley 165 de 2020 para reorganizar la “Comisión de Igualdad”, Pierluisi optó por la Ley 167 de ese mismo año –también aprobada por el PNP tras perder el control de la Legislatura–, que permitió elegir a seis delegados de la estadidad asignados a cabildear en el Congreso. Cuatro de esos funcionarios aún ocupan sus puestos, que expiran al terminar 2024.

Esta semana, la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York) –que ayudó a negociar el proyecto 8393, similar al actual 2757, aprobado en diciembre de 2022 en la Cámara baja federal y que Pierluisi utilizará de modelo– declaró que, ante la experiencia de seis consultas criollas previas sobre el status político de Puerto Rico, sería “un grave error” promover más de lo mismo.

Pierluisi, sin embargo, defendió el potencial plebiscito criollo y dijo que “el único error que está ocurriendo al presente es la falta de acción del Congreso para resolver el problema del status político de Puerto Rico perpetuando un status que nos limita como ciudadanos americanos”.

La estadidad jíbara

Por otro lado, Dalmau estimó que el interés del candidato oficial del PNP a comisionado residente en Washington, el senador William Villafañe, en un Puerto Rico estado 51 con el español como idioma del gobierno, las escuelas públicas y los tribunales, y un Comité Olímpico independiente al de Estados Unidos “va a chocar con la pared de que la identidad y la nacionalidad puertorriqueña hacen del proyecto de anexión uno no viable”.

“Puedo comprender por qué un estadista en Puerto Rico defiende su identidad nacional puertorriqueña, porque son puertorriqueños. Pero es un tema adverso en los Estados Unidos. Siempre que se traen en las vistas públicas hay choques”, recordó Dalmau.

Durante el fin de semana, Rivera Lassén manifestó que las expresiones de Villafañe reafirman por qué cualquier proceso de status debe precisar las implicaciones en temas como el idioma y el olimpismo.

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ACERCA DEL AUTOR

JOSÉ A. DELGADOjose.delgado@gfrmedia.com

Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17…Leer más

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