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El proyecto de la tala de árboles de Luma: emergencia nacional

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Hace unos días, la prensa nos informó sobre dos malas noticias. La primera fue el proyecto de la tala de árboles que la compañía Luma Energy pretende realizar dizque para resolver el problema de la interferencia de la vegetación con las líneas de transmisión y distribución de la energía eléctrica

Juan Camacho Ambientalista El Vocero

Hace unos días, la prensa nos informó sobre dos malas noticias. La primera fue el proyecto de la tala de árboles que la compañía Luma Energy pretende realizar dizque para resolver el problema de la interferencia de la vegetación con las líneas de transmisión y distribución de la energía eléctrica. Este proyecto consiste en la tala masiva de árboles a todo lo largo del País, cubriendo una extensión de sobre 16,000 millas lineales. Comenzaría en febrero de 2024 y terminaría en el 2026.

La segunda mala noticia fue que dicho proyecto cuenta con el aval preliminar del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la agencia que tiene el deber ministerial y constitucional de velar por la conservación del ambiente.

La triste realidad es que ya no nos asombramos con noticias como estas. El Ejecutivo, la Legislatura y unos jefes de agencias claves, le dieron apoyo y luz verde a la entrada de Luma y a todo el proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). De esa manera, Luma ha adquirido tanto poder que se atreve a proponer la ejecución de un plan de crimen ambiental como este, que lejos de resolver un problema, causaría otros peores y de más difícil manejo.

Pero más allá de la prepotencia de Luma, el propósito fundamental es el tumbe de $1,2000 millones que FEMA tiene disponible para esa tarea, los cuales tumbarían en dos años, aunque impermeabilicen el País, llenen los ríos y represas de sedimentos y añadan más calor a las altas temperaturas ya existentes.

Por otro lado, aun cuando las decisiones del DRNA no dejan de asombrarnos, es inconcebible y hasta inconstitucional que esta agencia respalde un crimen como ese. Una agencia que no ha podido siquiera iniciar un proceso de mitigación para sustituir al menos la mitad de los árboles que los huracanes Irma y María echaron al suelo, y que tampoco ha podido asumir el liderato para la siembra de 500,000 árboles en cinco años que establece la ley (33) de cambio climático de julio de 2019, no tiene “standing” para apoyar y auspiciar esa tala masiva que promueve Luma.

Para resolver el problema de la interferencia de la vegetación con las líneas de transmisión y distribución de energía no hay que inventar la rueda, ni mucho menos crear una crisis ambiental. Basta con repetir el proceso sistemático y continuo de poda y desganche que realizaban las brigadas especializadas de la AEE. Basta con estudiar y entender que somos una isla caribeña-tropical.

Pero como el propósito de este proyecto es tumbar $1,200 millones (en dos años), no les importa el resultado final, porque los de esa empresa no son de aquí… y saben que les queda poco tiempo en la Isla…

En dos años (el tiempo de duración del proyecto) la vegetación afectada no crecerá por la sencilla razón que no sería podada ni desganchada -como lo hacía la AEE- sino totalmente talada, deforestada y “volada”.

Por último, las expresiones del presidente de Luma, nos parecieron, no solamente prepotentes, sino burlonas, cínicas y arrogantes: “No es limpiar, no es un tema de que harás un poco de poda aquí o allá. Es que, si hay un árbol debajo de las líneas, te lo vuelas…”.

Es cierto que siempre ha existido interferencia entre la vegetación y las líneas que trasmiten y distribuyen la energía eléctrica, pero no podemos destruir el País para resolver ese pequeño problema. Sería como quemar la casa para sacar a un ratón.

Juan Camacho es portavoz del grupo ambiental de base comunitaria Toabajeños en Defensa del Ambiente.

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