El proceder del Comité de Energía y Recursos Naturales, que desde hace una década no convoca a una audiencia sobre la condición política de la isla, pone en perspectiva lo lejos que ha estado avanzar en la búsqueda de una solución al dilema colonial
sábado, 29 de julio de 2023 – 11:40 p.m.
Por José A. Delgado El Nuevo Día
Washington D.C. – A pesar de muchos millones de dólares en cabildeo, dos plebiscitos criollos adicionales, proyectos de ley y la aprobación reciente de una legislación en la Cámara de Representantes, desde hace una década el Senado de Estados Unidos ni siquiera convoca a una audiencia centrada en elstatus político de Puerto Rico.
Este martes, se cumplen 10 años de la más reciente vista pública del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado dedicada al debate de status, lo que debe poner en perspectiva lo lejos que ha estado avanzar en la búsqueda de una solución al dilema colonial de la isla.
En aquella ocasión, el 1 de agosto de 2013, el Comité –entonces bajo la presidencia del demócrata Ron Wyden (Oregón), quien ha respaldado la propuesta de estadidad– examinó los resultados del plebiscito criollo de 2012 y la propuesta del entonces presidente Barack Obama, que fue aprobada para ayudar a financiar, con $2.5 millones, un plebiscito en Puerto Rico en el que el Departamento de Justicia federal pudiera determinar si las definiciones de status cumplen con las normas constitucionales, legales y de política pública de Estados Unidos.
Aunque en la Cámara baja había un proyecto a favor de un referéndum federal estadidad sí o no, en el Senado no fue hasta febrero de 2014 que el demócrata Martin Heinrich (Nuevo México) –proponente de la estadidad y aliado del entonces comisionado residente en Washington y hoy gobernador Pedro Pierluisi– presentó una medida similar, que como es tradición nunca avanzó.
Antes de la audiencia de 2013, en este siglo, solo ha habido otra sesión del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado centrada en dar una mirada al debate sobre el futuro político de Puerto Rico: una vista pública, el 6 de noviembre de 2006, en la que se pasó revista al primer informe del grupo de trabajo de la Casa Blanca de George W. Bush sobre el status de la isla, que recomendaba acabar con la relación territorial o colonial vigente.
Pese a que la Cámara baja ha aprobado en cuatro ocasiones –1990, 1998, 2010 y 2022– legislación dirigida a regular un plebiscito de status en Puerto Rico, ninguna medida con ese propósito ha salido de comisión en el Senado. Lo más lejos que ha llegado el Senado fue aprobar, en 1998, una resolución en favor de la libre determinación de Puerto Rico, como respuesta al proyecto 856 del congresista republicano Don Young ratificado en la Cámara baja por un solo voto en marzo de ese año.
Para el senador demócrata Robert Menéndez (Nueva Jersey), es evidente que, en los últimos tres años, el freno para cualquier discusión comienza con el senador demócrata Joe Manchin (Virginia Occidental), quien, como presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, ha insistido en que cualquier propuesta de estadidad debe ir primero a un referéndum nacional en Estados Unidos. Pero reconoce que hay una objeción general en el Senado a enfrentarse a un debate que muchos de sus colegas ven como “un problema, en vez de una oportunidad”.
“En este momento, el senador Manchin no tiene interés en este tema. Al contrario, quiere evitarlo. Como presidente del Comité, tiene el control de la agenda”, dijo Menéndez, en entrevista con El Nuevo Día.
“
La segunda cosa es que (hay senadores) que están contentos de mantener el status de Puerto Rico como está, que no miran a Puerto Rico de la forma positiva que yo lo veo.”ROBERT MENÉNDEZ, SENADOR DEMÓCRATA
Antes de Manchin, la republicana Lisa Murkowski (Alaska) presidió el Comité de 2015 a 2020. Murkowski ha expresado consecuentemente que los plebiscitos más recientes no han reflejado suficiente consenso para generar un proceso de status en el Senado.
Cuando Wyden y Murkowski –entonces líder de la minoría republicana– cerraron la audiencia de 2013, coincidieron en que el plebiscito criollo de 2012 envió un mensaje a favor de terminar la relación territorial, pero no en torno a la dirección que los puertorriqueños de la isla quieren tomar.
Afirmaron que hubo interpretaciones diferentes y confusión en torno a la segunda pregunta de aquella consulta, en la que el 61% de los que fueron a las urnas respaldaron la estadidad, pero cuyo porcentaje quedó en cerca del 44% de tomarse en cuenta las 500,000 papeletas que se dejaron en blanco después de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) proponerlo.
Adicional al proyecto de Heinrich de 2014, otros cuatro han sido presentados con la idea de reglamentar un proceso de plebiscito sobre el status político de Puerto Rico, después de aquella sesión de una década del Comité de Energía y Recursos Naturales.
Sin embargo, las más recientes vistas públicas del Comité sobre Puerto Rico –tres en los últimos cinco años– han sido para examinar la situación del sistema eléctrico y pasar revista a los asuntos generales de los territorios, sin buscar retomar el debate sobre el futuro político de la isla.
“Creo que es una combinación de factores, incluyendo el tiempo limitado con todos los temas que existen. Pero realmente no lo he pensado” con detenimiento, dijo a El Nuevo Día el senador republicano Marco Rubio (Florida) –quien desde 2018 ha advertido que no hay ambiente en el Senado para avanzar un proyecto de ley proestadidad–, cuando se le preguntó sobre falta de vistas públicas en torno al status.
Para el senador demócrata Richard Blumenthal (Connecticut), “la principal explicación es que mis conciudadanos en Puerto Rico no tienen representación con derecho al voto”.
Tras el referéndum de 2020, en el que la estadidad obtuvo el 52.5% de los votos, Blumenthal dijo que estaba listo para respaldar un proyecto proestadidad. Pero, para agosto de 2021, consideró que era necesaria otra votación. Todavía, dijo hace unos días a este diario, mantiene el apoyo a una nueva consulta y no pierde la esperanza de que se retome el debate.
Sin querer pasar juicio sobre la falta de interés en el tema, el senador republicano Ron Johnson (Wisconsin) reafirmó su rechazo a la idea de ofrecerle la estadidad a Puerto Rico. “Eso significaría dos nuevos senadores demócratas”, sostuvo, al aludir a una percepción que tienen un alto número de republicanos.
El proyecto proestadidad de la pasada sesión del Congreso que se presentó en el Senado, también de Heinrich, solo obtuvo el respaldo de otros cinco demócratas: Wyden, Alex Padilla (California), Brian Schatz (Hawái), Jack Reed (Rhode Island) y Sheldon Whitehouse (Rhode Island). Ni un solo republicano lo favoreció.
Dedican su tiempo a cosas que pueden convertir en ley. Claramente, no hay 60 senadores con ideas afines a este asunto.”JEFFREY FARROW, EX COPRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA CASA BLANCA SOBRE PUERTO RICO
El líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), ha dicho que jamás dará paso a un proyecto proestadidad para Puerto Rico o Washington D.C., pues considera que eso “es parte de la agenda socialista demócrata”.
Mientras, 9 demócratas y dos republicanos respaldaron en la pasada sesión el proyecto 865 del senador Menéndez que impulsó una Convención de Status y un referéndum entre alternativas no territoriales.
Jeffrey Farrow, quien fue director ejecutivo del Subcomité de Asuntos Insulares de la Cámara baja, copresidente del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca de Bill Clinton sobre Puerto Rico y en los últimos años ha sido cabildero de grupos estadistas, sostuvo que es claro que no hay 60 senadores dispuestos a resolver el status político de Puerto Rico.
“Dedican tiempo a cosas que pueden convertir en ley”, con el agravante de que no hay consenso en Puerto Rico sobre cómo ir hacia delante, dijo Farrow, quien ha asesorado a los grupos Puerto Rico Statehood Council (PRSC) y Puerto Rico Equality Forum (PREF) –que dejó de funcionar–, los cuales han destinado alrededor de $15.2 millones al cabildeo proestadidad, al menos, desde el plebiscito de 2012.
En Washington, los gobiernos delPartido Nuevo Progresista (PNP) y el PPD han invertido muchos millones más en cabildeo solo en la última década.
Farrow sostuvo que propuestas de Estado Libre Asociado (ELA) como las que presentó hace unos días el presidente del Senado, José Luis Dalmau – que se asemeja a las que han sido rechazadas por las últimas tres décadas-, abonan a la confusión que genera el debate de status.
Otros proyectos de status
Ha habido otras medidas relacionadas con el status político que han sido convertidas en ley en las últimas siete décadas. No obstante, ninguna ha tenido el propósito de que el Congreso –la fuente de poder sobre Puerto Rico– ofreciera alternativas formales sobre el status a los residentes de la isla.
Dos de esas medidas han sido ofertas para incentivar un plebiscito criollo en la isla, con apoyo financiero condicionado a que el Ejecutivo federal supervisara las definiciones de status. En 2000, el Congreso aprobó una asignación de $2.5 millones impulsada por el entonces presidente Clinton para ayudar a financiar una consulta de status, con la condición de que la Casa Blanca pasara juicio sobre las alternativas de status. El dinero no se reclamó por la administración de Sila María Calderón durante el año de vigencia de la iniciativa, y regresó al Tesoro federal.
En 2014, como parte del presupuesto, se incluyó otro lenguaje para asignar $2.5 millones que ayudaran a financiar un referéndum, a cambio –esta vez– de que el Departamento de Justicia federal revisara la constitucionalidad y legalidad de las alternativas. Ninguno de los dos plebiscitos del pasado cuatrienio –2017 y 2020– llegó a utilizar ese lenguaje, que sigue vigente.
La otra medida –que hundió a la isla en su relación colonial– fue la ley Promesa, que en junio de 2016 impuso una junta que controla las finanzas del gobierno electo y creó un sistema judicial de bancarrota territorial.
Evalúan nuevo proyecto
Tras reunirse con cinco senadores demócratas la semana pasada, el gobernador Pierluisi indicó que intenta que el senador Menéndez sea el principal autor de un proyecto como el 2757 que está pendiente en la Cámara baja, es similar al 8393 que ese cuerpo legislativo aprobó en diciembre pasado y propone un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la independencia, la soberanía en libre asociación y la estadidad.
“Lo estoy estudiando, veremos a ver cuando regresemos a sesión (en septiembre). Estoy mirando todos los elementos y puntos de vista. Por eso, estoy tomando mi tiempo”, dijo Menéndez.
Menéndez agregó que percibe un sentir en “la gran mayoría” de Puerto Rico a favor de resolver finalmente el dilema político, al indicar que está claro que la estadidad y la independencia representarían una solución final. Los que aspiran a un Estado Libre Asociado “mejorado” tendrían que presentar una definición, para ver si eso es posible, afirmó.
“Estoy listo para votar en favor de la decisión de los puertorriqueños en cualquier plebiscito legítimo. No sé si mi posición existe en cualquier otro miembro (del Senado). Cuando llegue el momento de votar (en el Senado), quiero ver cómo votan amigos republicanos que dicen que favorecen la estadidad”, agregó Menéndez.
Sin embargo, afirmó que es irreal pensar que puede adelantar una legislación sobre el futuro político sin un proceso de audiencias en el Senado. Técnicamente, se puede querer incorporar la convocatoria a un plebiscito como enmienda a otro proyecto. Pero, para un tema como definir el futuro político de Puerto Rico, sostuvo Menéndez, “eso no va a pasar”.