El gobierno recalcó que no se opone al préstamo de $6 millones, pero cuestionó nuevamente los términos y condiciones propuestos

lunes, 28 de agosto de 2023 – 6:11 p.m.

Por José Orlando Delgado Rivera El Nuevo Día

El juez de quiebras Enrique Lamoutte Inclán accedió al pedido del grupo hospitalario HIMA San Pablo y ordenó un proceso de mediación entre el conglomerado y las entidades que objetaron el financiamiento de $6 millones denegado por el tribunal la semana pasada.

RELACIONADOS:

HIMA San Pablo advierte al tribunal que crisis de liquidez provocaría el despido de 3,500 empleados

A la venta todos los activos de HIMA San Pablo

Tribunal deniega financiamiento de emergencia que pedía HIMA San Pablo

La mediación se llevará a cabo este próximo miércoles, 30 de agosto, en el Tribunal federal de Quiebras, localizado en Viejo San Juan, y se producirá ante la jueza María de los Ángeles González.

Deberán comparecer los representantes legales de HIMA y Island Healthcare LLC -la entidad que proveería el financiamiento-, así como el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) y el Síndico de Estados Unidos en Puerto Rico.

Estas últimas tres entidades fueron las que objetaron el financiamiento. En el caso de CRIM y Aafaf, levantaron objeciones por las protecciones que recibiría Island Healthcare en relación al resto de acreedores. Además, reclamaron que no había garantía de que los hospitales siguieran operando a largo plazo con el financiamiento, ya que solo mantendría la operación a flote por unas seis semanas.

Island Healthcare, parte de la firma de inversiones Silver Point Capital, es uno de los acreedores asegurados del caso, luego de que en marzo del año pasado adquirió toda la deuda de primer gravamen de la empresa. Al denegar el financiamiento, el juez estableció que HIMA no logró demostrar que el gravamen preferente del CRIM era protegido con la propuesta. También, señaló que el tribunal carecía de información financiera para tomar una determinación afirmativa.

Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de Aafaf, reaccionó diciendo que el “gobierno sigue disponible para entablar una conversación con las partes con interés, incluso, a través del proceso de mediación solicitado al tribunal, y así explorar alternativas que atiendan las preocupaciones presentadas en la objeción limitada del gobierno”.

Recordó que Aafaf expresó su apoyo a que HIMA tuviera un préstamo, pero que entendió que algunos de los términos y condiciones del financiamiento presentado “son impropios e irracionales”.

“La autoridad, además, expresó claramente que no se opone a que HIMA obtenga el financiamiento que necesita, siempre y cuando se modifiquen los términos y condiciones identificados en la objeción presentada ante el tribunal”, recalcó el también secretario de Estado en unas declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día.

Alcalde de Bayamón rechaza planteamientos de HIMA

Por su parte, el alcalde de Bayamón y miembro de la Junta de Gobierno del CRIM, Ramón Luis Rivera Cruz, rechazó los planteamientos de HIMA al solicitar la mediación.

De acuerdo con una moción urgente presentada el pasado sábado, el conglomerado señaló que las partes que objetaron el financiamiento “no han proporcionado a los deudores comentarios constructivos” sobre el préstamo.

Rivera Cruz indicó que HIMA está en comunicación con su ayuntamiento y otras entidades gubernamentales desde al menos 2022.

En ese entonces, relató, el conglomerado buscaba un financiamiento de $25 millones por parte de Silver Point, al tiempo que el CRIM ponderó perdonar la deuda de $11.5 millones que el grupo arrastra con la entidad.

La condición, dijo, era presentar un plan de trabajo y comprometerse a continuar operando los hospitales por cinco años.

“Los representantes de Silver Point lo que nos dijeron fue lo siguiente: que un plan de trabajo le podía tomar de cinco a seis meses, que era mucho tiempo, y que la petición de cinco años era muy onerosa y podía afectar su inversión. Ante esos planteamientos, levantamos bandera”, contó Rivera Cruz.

“Nosotros intentamos por todos los medios y buscamos alternativas, pero ellos (HIMA) pretendían que nosotros (CRIM) elimináramos todas las deudas. Cuando uno mira eso, a quien único puede beneficiar es a una sola persona, a la persona que tenga la mayor cantidad de deuda, porque quedan limpias las demás deudas y con poco dinero te quedaste con una propiedad que cuesta mucho dinero”, denunció el alcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Rivera Cruz agregó que su impresión es que la crisis financiera de HIMA siempre iba camino a una liquidación, pero dijo que habrá que esperar que ocurre durante los próximos días. De lo que sí está seguro es que el gobierno no es el responsable.

“Decir que es por culpa del gobierno no es razonable, porque es una empresa privada, no es una empresa pública y las empresas privadas tienen una administración. Si usted sabe manejar los gastos con prudencia, controla los mismos, usted no debe tener problemas”, apuntó.

HIMA solicitó la mediación, ya que necesita el financiamiento de emergencia para subsanar la crisis de liquidez “aguda” que enfrenta, la cual podría redundar en el cierre de los hospitales y, por consiguiente, el despido de sus 3,500 empleados.

“Esta crisis de liquidez aguda resultará pronto en la pérdida de 3,500 puestos de trabajo (incluidos médicos y otro personal sanitario), 1,200 camas de hospital y servicios sanitarios esenciales, además de la pérdida de valor. Todo esto podría evitarse si se pone el financiamiento DIP a disposición de los deudores (HIMA)”, reza la moción sometida por el conglomerado.

“Los deudores (HIMA) están en riesgo inminente. Si bien han hecho grandes esfuerzos para poder pagar las primas de seguro de negligencia y responsabilidad personal, la nómina y las operaciones requieren capital adicional para mantener los hospitales en funcionamiento”, agregó la moción.

La crisis de liquidez que enfrenta HIMA se produce al margen de la autorización del uso de un colateral en efectivo, que emitió la semana pasada el juez Lamoutte Inclán, con el objetivo de que el hospital se mantuviera operando.

HIMA se acogió al Capítulo 11 de la Ley federal de Quiebras, tras acumular deudas por $400 millones.