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Jueza Laura Taylor Swain durante vista de Plan de Ajuste de la AEE: “Sí, se necesita sabiduría para desempeñar este trabajo”

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Durante el segundo día del proceso judicial, comerciantes revelaron que el cargo legado costará miles de dólares a sus operaciones que se pasarán a los consumidores, mientras ciudadanos relataron los infortunios que viven por causa de un servicio eléctrico ineficiente

Ciudadanos y comerciantes llegaron hasta el tribunal de distrito federal en Hato Rey para expresarse en torno a la quiebra de la AEE. (Miguel Bayon)

Joanisabel González

Por Joanisabel González

Editora de Negociosjoanisabel.gonzalez@gfrmedia.com

La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain indicó este martes que tendrá presente las expresiones de los ciudadanos cuando tenga que decidir si confirma o rechaza el Plan de Ajuste propuesto para la Autoridad de Energía Eléctrica (PDA-AEE) al tiempo que admitió que necesitará sabiduría para ejercer sus funciones.

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Haciendo una pausa, como quien mide sus palabras o guarda silencio para evitar que se aprecie algún cambio en la voz, Swain agradeció a la docena de ciudadanos que se dio cita en el tribunal de distrito federal en Hato Rey para expresarse en torno a la quiebra de la AEE, y en especial, a quienes le participaron buenos deseos o indicaron que oran porque tenga el discernimiento necesario a la hora de sopesar los pagos a los bonistas y el efecto que tendrá el PDA-AEE en la vida de los puertorriqueños.

“Sí, se necesita sabiduría para desempeñar este trabajo”, dijo Swain al tiempo que indicó a los abogados en la sala, así como a los integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y a los funcionarios del gobierno de Puerto Rico que esperaba que ellos también hubieran prestado atención a los testimonios de los ciudadanos que participaron del segundo día de las vistas de confirmación del PDA-AEE.

Swain hizo sus expresiones luego de escuchar relatos que se caracterizaron por la molestia y las lágrimas y que salieron de la boca de ciudadanos de todas las procedencias, trabajadores o empresarios, residentes en la zona metropolitana y también en Mayagüez, Aguadilla y Vieques.

Freddyson Martínez Esteves, residente de Aguada, catalogó el PDA-AEE como “una locura”.
Freddyson Martínez Esteves, residente de Aguada, catalogó el PDA-AEE como “una locura”. (Miguel Bayon)

La jueza, quien hace unos dos años, también escuchó a ciudadanos durante el proceso de confirmación del PDA del gobierno central, dedicó la jornada del martes exclusivamente a quienes detallaron cómo viven las consecuencias de un sistema eléctrico deplorable y costoso.

Allí, algunos ciudadanos expresaron su frustración por lo que describen como un patrón de corrupción que ha llevado a pagar deudas que no corresponden y otros -como la vicepresidenta del Centro Unido de Detallistas (CUD), María del Mar Torres- ofrecieron ejemplos de cómo el cargo legado les afectará.

“Se necesitan bombillas para estudiar”, dijo el profesor del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Martínez Cruzado, al relatar a Swain el momento en que un grupo de sus estudiantes fracasó en un examen un día después de que se produjera un apagón en la Sultana del Oeste el día anterior.

Martínez Cruzado indicó a Swain que la pobre calidad del sistema eléctrico es la causa para que, a menudo, se pierdan trabajos de investigación en los laboratorios del RUM, una dinámica que dificulta y terminará haciendo imposible.

“En sus manos está mi futuro, el de mi esposa que está aquí, el de mis hijos y el de miles de trabajadores y pensionados que piensan, cada día, qué pasará”, dijo a la jueza, Waldemar Torres Rodríguez, un exempleado de la AEE que fue desplazado hacia el Departamento de Salud cuando el gobierno dejó la red de transmisión y distribución en manos de LUMA Energy.

“Basta ya”, agregó Torres Rodríguez al indicar que las acciones por parte del gobierno y la JSF en lo que atañe a la AEE son un atropello a trabajadores que solo se dedicaron a cumplir con sus tareas.

“El dinero no nos da”, sostuvo por su parte, Miriam Ana Sobá, una consejera retirada del Departamento de Educación e integrante de la Alianza de Mujeres Viequenses. Sobá aseguró a la jueza que los residentes de la Isla Nena, donde la mitad de la población son personas de 60 años o más, no podrán con el cargo legado que se contempla para pagar a los acreedores de la AEE.

“Este aumento creará un caos, desolación, nos hará más vulnerables al problema de gentrificación”, continuó diciendo la consejera.

Con lo que se ganan aquí una hora pago mi tarjeta de crédito

Los relatos en sala tenían varios denominadores en común. Se trataba de personas a quienes el dinero no les da para vivir, que ya tienen que escoger entre pagar la factura de la luz o medicinas; ciudadanos que reciben un servicio deficiente, pero necesitan de este para mantenerse con vida y empresarios que ya no pueden con la presión de la inflación y los gastos operacionales en sus negocios. Los ponentes aseguraban que la JSF y tampoco el gobierno analizaron cómo el cargo legado, la pieza clave del PDA-AEE afectará la economía o los comercios.

El profesor universitario Edgardo Rodríguez Nieves solicitó a la jueza Laura Taylor Swain rechazar el PDA-AEE luego de indica que "la Junta (de Supervisión Fiscal) que controla nuestras finanzas pretende, con su propuesta, que por 35 años, mi familia esté atrapada y empobrecida, pagando unos costos irracionales y exorbitantes", dijo.
El profesor universitario Edgardo Rodríguez Nieves solicitó a la jueza Laura Taylor Swain rechazar el PDA-AEE luego de indica que «la Junta (de Supervisión Fiscal) que controla nuestras finanzas pretende, con su propuesta, que por 35 años, mi familia esté atrapada y empobrecida, pagando unos costos irracionales y exorbitantes», dijo. (Miguel Bayon)

A coro, la mayor parte de los ponentes dijo a Swain que en lugar de pagar a los bonistas un dinero que no se tiene, se utilicen los ingresos que reciba la AEE para restaurar el sistema eléctrico y dotar a la isla de un servicio confiable.

Swain se mantuvo atenta y parecía procurar no hacer grandes gesticulaciones, mientras escuchaba a los ciudadanos. En alguna ocasión, concedió algo más de tiempo a los 10 minutos que cada ponente tenía. Ese fue el caso del también jubilado Roberto Pérez.

“Cómo le digo a mi nieto que apague el aire acondicionado”, sostuvo Pérez haciendo referencia al joven que le acompañaba en sala y quien es autista.

Una profesora de apellido Gómez comunicó a Swain su frustración. Dijo que ha sobrevivido huracán tras huracán, más allá del terrible huracán María, que costó 3,000 vidas y que ha pagado sus impuestos y ha procurado cumplir siempre, hasta ahora, que su ingreso no le da para pagar la factura de la luz.

Gómez hablaba con Swain como si estuviera en la sala de su casa, pero a la profesora solo le escuchaban los abogados de las partes que endosan el PDA-AEE. También le escuchaban el secretario de Estado, Omar Marrero, el presidente de la JSF, David Skeel, y el directivo del organismo John Nixon, así como algunos funcionarios de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

Sin embargo, este martes, las bancas reservadas para los abogados de los bonistas que objetan el PDA-AEE, quienes argumentan que los puertorriqueños pueden pagar más de lo que ha propuesto la JSF, estaban vacías.

“Con el dinero que estos abogados cobran sentados aquí una hora, yo podría pagar mi tarjeta de crédito, pero tengo que escoger entre pagar medicinas”, dijo la profesora. “Por favor, no confirme este plan de ajuste”, concluyó Gómez.

Un aumento tarifario que terminará en el consumidor

Minutos antes la vicepresidenta del CUD, propietaria de un dispensario de cannabis medicinal, dijo que el cargo legado le costará cuando menos $4,470 adicionales en su factura de electricidad -porque la planta se cultiva en interiores- y encima, se ve obligada a suspender sus operaciones cada vez que se va la luz en su negocio.

Sharon Rodríguez, presidenta de la Asociación de Administradores de Condominios, manifestó que los residentes de complejos de vivienda horizontal estarán atrapados con el cargo legado. Esto, porque los residentes podrán reducir el consumo eléctrico en sus apartamentos para contener el alza tarifaria, pero están obligados a pagar la electricidad de áreas comunes que -por ley- necesitan iluminación las 24 horas.

“Sufrimos un servicio muy deficiente con un alto precio”, dijo por su parte, Ramón Luis Ortiz Erazo, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico.

Ortiz Erazo sostuvo que el cargo legado costará a una gasolinera típica al menos otros $400 al mes o cerca de $5,000 al año.

“Son costos que terminarán pagando los consumidores”, agregó Ortiz Erazo al señalar que además del grupo al que representa al PDA-AEE también se oponen farmacias, laboratorios clínicos, escuelas y universidades, entre otras entidades.

“Confiamos en su sabiduría”, dijo por su parte Freddyson Martínez Esteves, residente de Aguada, quien catalogó el PDA-AEE como “una locura”, al plantear que le resulta incomprensible que la JSF impulse un plan de pagos que concedería a los bonistas derechos que ahora no poseen.

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ACERCA DEL AUTOR

JOANISABEL GONZÁLEZjoanisabel.gonzalez@gfrmedia.com

Periodista puertorriqueña con más de dos décadas de experiencia en la cobertura de la comunidad empresarial de Puerto Rico y la economía de la isla. Luego de trabajar en el semanario de…Leer más

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