Buenos días. Mientras la legislatura hizo su intento por pasar por encima del veto del gobernador a la legislación que impone un salario mínimo escalonado para los empleados públicos, la Junta de Control Fiscal evaluará hoy viernes la llamada Reforma al Servicio Público que implica una revisión del Plan de Clasificación y Retribución del gobierno.
La razón del gobernador para imponer el veto al proyecto es que el Plan de Clasificación y Retribución mejorará las escalas retributivas de los empleados. Hasta ahí todo parece lógico. Lo que no dicen las noticias, ni el gobernador y tampoco los legisladores es que desde la Ley 7 de 2009 los convenios fueron congelados y luego recibieron recortes a beneficios económicos y de condiciones de trabajo.
Las leyes especiales aprobadas en 2017 limitaron aún más los convenios y al presente no hay mucho margen de negociación. En resumen, la negociación colectiva como derecho constitucional y estatutario ha quedado trunca e inefectiva. Los trabajadores del servicio público están perdiendo su derecho a negociar su salario y están en riesgo de perder su puesto de trabajo, tareas y otras condiciones de empleo ya que el Plan de Clasificación tiene que ver con las tareas y ubicación del puesto.
A dos meses de hacer efectivo dicho Plan el mismo no se discute con los sindicatos ni con los trabajadores. Hay una brecha mayor entre los puestos unionados y no unionados. No hay ajuste por el costo de vida. En fin, es un Plan arbitrario e unilateral, y sobre todo patronal.
Seguiremos abundando sobre este tema.
Luis Pedraza Leduc
Cámara hará su intento
- El Nuevo Día
- 11 Oct 2022
- LEYSA CARO GONZÁLEZ leysa.caro@gfrmedia.com Twitter: @Leysa0320
Rafael Hernández, presidente de la Cámara de Representantes
El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández , anticipó ayer que este cuerpo legislativo intentará ir hoy, martes, por encima del veto del gobernador Pedro Pierluisi al Proyecto del Senado 563 que aumenta de forma escalonada el salario base de los servidores públicos hasta elevarlo a $10.50 por hora para el 2024.
“El Senado ya fue por encima del veto con 18 votos de las cinco delegaciones. Ahora, le toca a la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara demostrar si está del lado de los trabajadores, votando para sobrepasar el veto”, subrayó Hernández. La Cámara necesita 34 votos para ir por encima del veto del gobernador, para lo que requiere el aval de cuatro miembros de la delegación del PNP que ha sostenido -como colectivo que no prestará ni un solo voto para ir en contra de Pierluisi.
“La posición de la delegación de PNP es no ir por encima del veto del gobernador, pero eso tiene una justificación y es que, cuando uno mira el Plan de Clasificación y Retribución, uno puede ver a simple vista que los empleados públicos salen mucho mejor que con este proyecto”, indicó el portavoz alterno de la delegación de la Palma en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló.
“Lamentablemente, vemos al presidente de la Cámara jugando a la politiquería, engañando a los servidores públicos con la retórica de decir quién está al lado de quién en este proceso”, agregó Rodríguez Aguiló. El pasado 13 de septiembre, justo un día después que el Senado fuera por encima del veto del gobernador gracias al voto determinante del penepé William Villafañe, la Cámara había anticipado que haría lo propio, pero la votación nunca se llevó a cabo luego que no se consiguieran los 34 votos mínimos.
“Por la única razón que a los servidores públicos no se les ha aumentado el salario mínimo es por la inconsistencia de los representantes del PNP, quienes primero favorecieron el proyecto, pero ahora siguen las instrucciones de La Fortaleza y se oponen a hacerles justicia salarial a los empleados gubernamentales”, indicó el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara, Domingo Torres.
El Proyecto del Senado 563 -que crea la Ley de Salario Mínimo de Empleados Públicos del Estado Libre Asociado- establecía el salario base en $8.50 con un aumento escalonado hasta llegar a $10.50 en el 2024. El año pasado, el gobernador elevó a $8.50 el salario por hora. Sin embargo, la medida excluyó a los funcionarios públicos. Tras la determinación del Senado, Pierluisi les solicitó a los representantes que “respeten” la decisión que había tomado e insistió en que su administración trabaja en la revisión del Plan de Clasificación y Retribución en todas las agencias públicas y en “la gran mayoría” de las corporaciones públicas.
El Proyecto del Senado 563, contrario al plan uniforme, impactaría a los empleados de las corporaciones públicas y de las entidades fuera de la jurisdicción de Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), entre ellas el Departamento de Educación, elemento que ha sido uno de los argumentos esbozados a favor de la medida por el senador Juan Zaragoza, quien evaluó la pieza como presidente de la Comisión de Hacienda.
“En información preliminar remitida por las agencias, alrededor de un cinco por ciento de los empleados gubernamentales devenga un sueldo inferior a $8.50 la hora, por lo cual emplazamos a los representantes del PNP para que voten a favor de hacerles justicia salarial a miles de servidores públicos”, dijo, por su parte, el vicepresidente de la comisión cameral que atendió esta medida, José Rivera Madera.