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Junta fiscal impone su autoridad al amparo del Supremo federal

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Analizan casos tras reciente decisión sobre la Reforma Laboral

Pedro Menéndez Sanabria, EL VOCERO

Para el abogado versado en temas de quiebras, Rolando Emanuelli Jiménez, el Tribunal Supremo de Estados Unidos únicamente ha acogido casos que involucran determinaciones de la Junta de Control Fiscal (JCF) cuando los intereses de ese ente federal están en peligro.

Para el letrado, este patrón volvió a quedar evidenciado el pasado lunes cuando el máximo foro judicial de la nación norteamericana rechazó intervenir en una determinación del Primer Circuito de Apelaciones de Boston que confirmó la invalidez de los cambios a las leyes laborales implementados con la Ley 41 del 2022 que previamente había sido declarada nula por la jueza Laura Taylor Swain.

“El Supremo solo interviene cuando es para proteger los intereses de la junta fiscal, como fue en el caso del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) o el cuestionamiento de la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta por parte de la Utier (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego)”, comentó el abogado a EL VOCERO.

Emanuelli Jiménez sostuvo que la junta fiscal tiene un récord prácticamente perfecto en los tribunales cuando alguna entidad local radica recursos en su contra, como fue el caso del CPI, en el cual el Supremo acogió la teoría de que el ente federal goza de “inmunidad soberana” a la hora de dejar sin efecto una determinación del Primer Circuito Apelativo que los obligaba a brindar acceso a varias categorías de información pública, incluyendo comunicaciones, contratos, minutas, informes financieros, entre otros.

El abogado también utilizó a manera de ejemplo sobre la impunidad de la JCF en los tribunales federales un recurso presentado por la Hermandad de Empleados del Fondo del Seguro del Estado y la Unión de Médicos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

“En el caso de estas uniones, donde también se cuestionó la constitucionalidad de la Ley Promesa a base de que es antidemocrática, la jueza (Swain) resolvió que no había ‘standing’ de parte de los obreros, es decir, que no podían quejarse ante el tribunal federal de que sus derechos democráticos lo hubieran violado. Entonces, ¿quién queda que tiene ‘standing’? El Gobierno y la Legislatura, la junta elimina sus leyes, pero estos nunca han querido cuestionar la legitimidad de Promesa”, explicó.

En ese sentido, Emanuelli Jiménez sostuvo que el historial de la jueza Swain en los casos bajo el Título III de la Ley Promesa, el tribunal ha concedido “el 99.9 de las cosas que pide la junta, incluyendo en términos de la confirmación de planes de ajuste (de la deuda), independientemente de todos los fallos, errores y consecuencias”.

Una segunda forma de vetar medidas

Emanuelli Jiménez teorizó que el motivo por el cual el gobierno no ha cuestionado ante los tribunales de Estados Unidos la constitucionalidad de Promesa es que la junta fiscal se ha convertido en una segunda forma de vetar medidas.

“El asunto medular aquí con la reforma laboral fue que no se hizo el trabajo que se tenía que hacer. El gobierno tiene que justificar cada una de las leyes que se firman al probar que no tienen impacto negativo en el plan fiscal. Aquí con esta reforma laboral, que tenía un apoyo público, no se envió con esa información y murió en manos de la junta. De esa manera el gobernador no ejerció su poder de veto constitucional y se ahorró el desfavor público y al final la medida no se implementó”, explicó.

El experto en temas de quiebra lamentó que el gobierno gastó miles de dólares para apelar la anulación de la reforma laboral y luego elevar el caso ante el Supremo cuando se trató de un asunto “totalmente inmeritorio” y el caso “estaba muerto desde el inicio porque no había manera de excusar la irresponsabilidad del gobierno”.

“Además, ellos tienen que saber que el Supremo federal no va a entrar a pequeñeces de si esta coma o este punto va a cambiar la interpretación de la Ley Promesa. Estas son realmente nimiedades que al Supremo no le interesan y esto fue un esfuerzo más bien politiquero”, opinó.

Insisten en validez y méritos del recurso

Por su lado, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar J. Marrero Díaz se reafirmó en la importancia de elevar hasta el máximo foro la defensa por parte del Ejecutivo de la Ley 41 de reforma laboral.

“Aunque es decepcionante que el Tribunal Supremo de Estados Unidos haya rechazado atender el recurso presentado por el gobierno de Puerto Rico, particularmente cuando la Aafaf se reafirma en la validez y méritos de los asuntos allí planteados, no nos sorprende el proceder de la corte reconociendo que, como cuestión de derecho, el Tribunal Supremo no estaba obligado a atender el recurso”, indicó el también secretario del Departamento de Estado, a través de declaraciones escritas.

Marrero Díaz confirmó que, al presente, no existen cuestionamientos adicionales sobre determinaciones de la JCF ante el Tribunal Supremo, sin embargo, afirmó que el Ejecutivo seguirá defendiendo “el poder de estado del gobierno electo dentro de nuestra desafortunada realidad colonial, según las circunstancias lo ameriten”.

Entretanto, el funcionario se hizo eco del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia al señalar que “existen varios proyectos ante la consideración de la Asamblea Legislativa para atender parte de las enmiendas impulsadas por la Reforma Laboral del 2022, cuyo fin último es extender derechos a la clase trabajadora en el sector privado”.

“Los esfuerzos del Gobernador Pierluisi y su administración en defensa de los trabajadores han quedado evidenciados con los aumentos al salario mínimo, actualización de las escalas salariales a los empleados públicos, y el impulso de iniciativas tales como Puerto Rico está Faja’o”, insistió Marrero Díaz.

Se defiende la junta fiscal

En cambio, la JCF acogió la determinación del Supremo federal de sostener la opinión del circuito apelativo.

Sobre los motivos para haber solicitado a la jueza Swain la anulación de la reforma, la junta fiscal señaló que la implementación de los cambios a las leyes laborales impulsados por la Ley 41 “hubieran disuadido nuevas inversiones”.

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