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La Casa Blanca ante la justicia

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Lo de Trump no tiene precedente. Con el inicio del juicio contra él en Nueva York, se convierte en el primer expresidente en enfrentar cargos criminales. No obstante, la historia de la presidencia no ha estado exenta de los vaivenes de la justicia, escribe Rafael Cox Alomar

Con el inicio del juicio en Nueva York, Donald Trump se convierte en el primer expresidente en enfrentar cargos criminales (Archivo/ EFE/EPA/SARAH YENESEL) (SARAH YENESEL)

RAFAEL COX ALOMAR

Poco antes de su duelo final con el diabólico profesor Moriarty en las alturas de las cataratas de Reichenbach (en el corazón de los Alpes suizos), Sherlock Holmes le advirtió a su inseparable doctor Watson que Moriarty era el “Napoleón del crimen” y que como una tarántula había urdido una pecaminosa telaraña a través de la cual confundir y atracar. (Véase Conan Doyle, “El Problema Final” (1893)).

Así mismo está Donald Trump, tejiendo enredaderas por todas partes, pero, distinto a Moriarty, cada vez más cerca de la Casa Blanca.

Lo de Trump no tiene precedente. Con el inicio del juicio contra él en Nueva York, se convierte en el primer expresidente en enfrentar cargos criminales. No obstante, la historia de la presidencia no ha estado exenta de los vaivenes de la justicia.

El lunes se depositó una ofrenda floral en la tumba de Kennedy en el Cementerio Nacional de Arlington, Texas. (AP)
Al presidente John F. Kennedy lo demandó en 1962 Hugh Bailey de Mississippi a quien el todavía candidato prestó su carro y chofer durante la Convención Demócrata de 1960 en Los Ángeles. Bailey alegó que Kennedy era vicariamente responsable por los daños que sufrió cuando el carro que el presidente le había proporcionado chocó con otros vehículos. Kennedy transigió el caso por $17,500, escribe Rafael Cox Alomar

El primer roce con la justicia se dio en 1807 durante el segundo (y último) mandato de Thomas Jefferson, a raíz del juicio por traición contra Aaron Burr (quien había sido vicepresidente durante el primer término de Jefferson). La defensa de Burr (a través de un subpoena duces tecum) le requirió al presidente la producción de una serie de documentos alegadamente exculpatorios. Jefferson se negó a cumplir con el requerimiento invocando privilegio ejecutivo y solamente entregó parte de lo solicitado.

La Casa Blanca volvió a chocar con la justicia en tiempos de Ulises Grant, el más aguerrido de todos los generales que sirvieron bajo Abraham Lincoln, pero un pésimo presidente que se dejó robar en sus propias narices. Cuando en 1876 un gran jurado federal acusó de corrupción al general Orville Babcock (su secretario personal en Casa Blanca), Grant se empeñó en ofrecer testimonio a favor de su amigo. Acorralado por su propio gabinete que se opuso a su decisión, Grant desistió de presentarse al juicio y ofreció testimonio por escrito.

En 1904, la corte de apelaciones de Nueva York desestimó una demanda civil por despido injustificado que un expolicía de la Ciudad de Nueva York había interpuesto en 1896 contra Theodore Roosevelt, cuando este era el jefe de la Policía de la ciudad. Al momento de la desestimación, Roosevelt ya llevaba 3 años en la presidencia.

Algo parecido ocurrió con Harry Truman, quien fue demandado por Roy DeVault en 1944 (meses antes de llegar a la presidencia) por decisiones que tomó en 1931 cuando era juez en Missouri. El Tribunal Supremo de Missouri desestimó la demanda en 1946 siendo Truman presidente.

Al presidente John F. Kennedy lo demandó en 1962 Hugh Bailey de Mississippi a quien el todavía candidato prestó su carro y chofer durante la Convención Demócrata de 1960 en Los Ángeles. Bailey alegó que Kennedy era vicariamente responsable por los daños que sufrió cuando el carro que el presidente le había proporcionado chocó con otros vehículos. Kennedy transigió el caso por $17,500.

Lo de Richard Nixon fue el acabose (hasta que llegó Trump). En 1974, el Tribunal Supremo le obligó a entregar al fiscal independiente las grabaciones de 164 conversaciones que sostuvo en la oficina ovalada. Y aunque en marzo de ese mismo año un gran jurado federal lo tachó de conspirador, Nixon jamás fue acusado. Ya fuera de la Casa Blanca en 1982, Ernest Fitzgerald (un exfuncionario de la Fuerza Aérea) lo demandó por despido injustificado. El Tribunal Supremo desestimó la demanda porque al presidente le asiste inmunidad absoluta cuando actúa conforme sus funciones constitucionales (como lo es la destitución de funcionarios de la Rama Ejecutiva).

Bill Clinton lo demandó por la vía civil Paula Jones en 1994, alegando que el presidente la había acosado sexualmente en 1991, antes de llegar a la Casa Blanca. Clinton, invocando el principio de la separación de poderes, solicitó la posposición del juicio hasta finalizar su segundo mandato. El Tribunal Supremo desestimó su pedido. Clinton transigió el caso por $850,000.

Lo de Trump es distinto a todo lo anterior. En juego está no solamente la libertad del expresidente sino la credibilidad del ordenamiento jurídico norteamericano que tanto ha presumido de emular aquella máxima de John Adams que decía que lo de ellos era un gobierno de leyes y no de hombres.

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