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La decisión del Supremo sobre Trump: ¿cuál república?

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Con Trump y lo que él representa, las instituciones no pueden invocar sus valores porque los principales, un estado de derecho y la igualdad ante la ley, han desaparecido, escribe Roberto Alejandro-Rivera

Con Trump y lo que él representa, las instituciones no pueden invocar sus valores porque los principales, un estado de derecho y la igualdad ante la ley, han desaparecido. (Jacquelyn Martin)

1.

Por Roberto Alejandro

En la madrugada del 3 de noviembre de 2020, horas después de las elecciones, el presidente de Estados Unidos declaró su victoria y pidió que cesara el conteo de votos. Millones de votos faltaban por tabular, pero eso no importaba. El candidato (Trump) y magistrado (el presidente) se fusionaron en la figura herética del golpismo. Con esa acción, el entonces presidente, aliados en el Congreso y en varios estados (Arizona, Georgia, Wisconsin) iniciaron un golpe de estado y entraron en un estado de excepción. Actuaron bajo otra “legalidad”, impuesta desde la excepción, contra la Constitución y uno de los principios rectores de la república: el sufragio libre como criterio de validación. La conspiración provocó sangre el 6 de enero de 2021.

2.

El estado de excepción continuó para un sector considerable del electorado, el Congreso y el Partido Republicano. Los fallos institucionales fueron gravísimos. En el Congreso, todos los remedios legales fracasaron: la investigación de la Cámara sobre el 6 de enero y el intento de impeachment. La misma noche de la insurrección, la mayoría republicana en la Cámara aplaudió la sedición y se negó a certificar la victoria de Biden. Luego fue el secretario de Justicia, Merrick Garland, quien tardó cerca de un año en nombrar un fiscal especial, seguido por los tribunales que actuaron con ese ritmo lento con que se atiende una algarabía entre motociclistas blancos y sureños. Dos tribunales, uno estatal y uno federal, sí cumplieron la ley. El Tribunal Supremo de Colorado excluyó a Trump de la papeleta estatal en su contienda primarista para la presidencia. Un tribunal federal repudió la comedia trumpista sobre la inmunidad. Pero el Tribunal Supremo mostró su farsa en ambos casos. Anuló el veredicto estatal y atrasó por cuatro meses su decisión sobre el fallo federal. En su magnitud y magnicidio, la decisión de los custodios del texto constitucional significó que la mayoría derechista no quiere juicio este año para su candidato. Que los crímenes alegados se diriman en las urnas, no en los tribunales.

En otras palabras: el intento de golpe de estado fracasó, pero el estado de excepción triunfó. El golpista es el nominado del partido anticonstitucional y merodea sin juicio. Toda la prensa lo normalizó y legitimó. El Tribunal Supremo se unió a la conspiración. El debate presidencial culminó la normalización.

3.

En 1788, en la Convención en Virginia para ratificar la Constitución federal, Patrick Henry atacó fuertemente la nueva presidencia por ser, según él, un camino directo hacia la tiranía. Un individuo al mando de un ejército, con las milicias estatales subordinadas al gobierno central, muy pronto proclamaría su reinado y dinastía. Tan pronto se vea acusado, dijo Henry, buscará el trono. Con igual hostilidad, James Monroe criticó el sistema que permite a los estados elegir al presidente en la Cámara en caso de un impase en el Colegio Electoral. Eso convertirá a los pequeños estados, más en número, pero con menos población, en dueños de la presidencia. El presidente –imaginaba Monroe—representará a los estados y a la población minoritaria responsable por su elección y no a la totalidad del electorado.

El pronóstico de Henry se cumplió, literalmente, el 6 de enero de 2021. Trump y su partida sediciosa demandaron lealtad al individuo, la definición de tiraníano a normas ni a elecciones. El 1ro de julio de 2024, el Tribunal Supremo confirmó judicialmente las palabras de Henry. Con su decisión, dicha corte afirmó su lealtad al golpe de estado, convirtió al presidente en monarca y propuso la teoría, graciosísima, que si un presidente conspira contra la Constitución y lo hace con miembros de la rama ejecutiva, goza entonces de inmunidad. Fue la decisión Dred Scott, parte 2.

Si el golpista hubiese sido miembro de una minoría racial, pobre o socialista, estaría en presidio desde enero del 2021. Como es blanco, billonario, y defensor de los ricos, esas tres grandes ventajas lo inmunizan contra la ley.

El escenario de Monroe está en el horizonte si no hay claridad en el Colegio Electoral y quedara en manos de la Cámara con mayoría republicana, pero no representando la mayoría de la nación, escoger al presidente.

4.

Lo hemos dicho otras veces. La república norteamericana, siempre una aspiración, nació con un lado muerto: la esclavitud y la oligarquía sureña. Esa morbosidad se construyó como parte intrínseca de la Constitución y a ser combatida por principios que orientaron el proyecto constitucional y la Guerra Independentista. En toda su historia, siempre quedaba el consuelo de alegar que los pilares de la república eran contrarios al racismo institucional. Los recursos internos trataban como aberración cualquier realidad que los negara. Lo aberrante, se decía, era externo.

Ya no. Con Trump y lo que él representa, las instituciones no pueden invocar sus valores porque los principales, un estado de derecho y la igualdad ante la ley, han desaparecido. La legalidad se devora a sí misma y deviene en parodia. Lo aberrante, dijo la alta corte, está inscrito en el orden constitucional. Con su normalización, aprobada por su partido, la prensa mainstream y los “supremos”, ya Trump triunfó. Si prevalece en noviembre, decretará un auto perdón y conmutará las sentencias de los sediciosos. La Corte MAGA dirá que tales acciones son “actos oficiales” y, por lo tanto, legales. El intento golpista nunca ocurrió. MAGA ha desembocado en su puerto: cinco Mr. Magoos en el tribunal nacional inventaron una rendija de protección para el golpista blanco que ocupó la más alta posición de la república. America, the beautiful.

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ACERCA DEL AUTOR

ROBERTO ALEJANDRO

Profesor de Teoría Política Universidad de Massachusetts – Amherst

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