El pasado 30 de agosto de 2023, la Junta de Relaciones del Trabajo del gobierno de Puerto Rico emitió una orden histórica para la Universidad de Puerto Rico, su docencia y la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. El cuerpo mandató una elección sindical que evalúe si la APPU se convertirá en representante exclusivo de la docencia de ese centro docente y les represente en un proceso de negociación colectiva.
PUNTO DE VISTA
Por Ángel Rodríguez Rivera El Nuevo Día
El pasado 30 de agosto de 2023, la Junta de Relaciones del Trabajo del gobierno de Puerto Rico emitió una orden histórica para la Universidad de Puerto Rico, su docencia y la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. El cuerpo mandató una elección sindical que evalúe si la APPU se convertirá en representante exclusivo de la docencia de ese centro docente y les represente en un proceso de negociación colectiva.
Es una decisión que se cocina desde hace más de 60 años. Desde su fundación en el 1961, la APPU se ha planteado la necesidad y justeza de la docencia tener derecho a negociar colectivamente sus condiciones de trabajo. Ese proceso que comienza en su fundación tuvo su primer turno al bate en los años 90. En aquel momento el Tribunal Supremo de Puerto Rico tomó la decisión de no permitir ese ejercicio democrático. En el año 2015, bajo la presidencia del Profesor Miguel Hernández, se retomó el interés y se sometió ante la Junta de Relaciones del Trabajo una nueva petición de elección sindical. Luego de años de inercia en el proceso, en el 2021, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que la UPR es patrono bajo la ley 130, la petición de la APPU se reactivó y el resultado es que se deben celebrar elecciones sindicales docentes. El profesorado de la institución se acerca al camino andado por miles de docentes en universidades públicas en Estados Unidos y América Latina.
Esta decisión tiene una importancia dual. Por un lado, esto implica la posibilidad de que la docencia tenga la capacidad de incidir en los procesos laborales que le atañen. El cuerpo docente de la UPR ha visto como, de manera acelerada, sus condiciones de trabajo empeoran.
La negociación colectiva les permitiría incidir sobre asuntos cotidianos que le competen. La eliminación de plazas y no renovación de la plantilla docente son asuntos por discutir. También los son la cantidad de estudiantes por sesión de estudio. De la misma manera, se deben considerar la apertura de plazas docentes para la UPR. La docencia desplazada ya casi alcanza la mitad de todo ese cuerpo en la institución. Más importante aún, la negociación colectiva docente incide en cómo se dividen los recursos limitados que se allegan a la UPR. La docencia dejaría de ser ente sin agencia en el proceso de la definición de prioridades universitarias
Sin embrago, existe otro elemento de importancia fundamental en la decisión de la Junta de Relaciones del Trabajo. La clase trabajadora y los sectores laborales en Puerto Rico han estado pasando momentos sumamente difíciles por mucho tiempo. El advenimiento del régimen neoliberal y sus concepciones político-sociales han traído una ofensiva patronal y gubernamental que han socavado los derechos laborales de la clase trabajadora en Puerto Rico. Se eliminan beneficios, se privatizan agencias, se reducen salarios y se coartan las posibilidades y de trabajadoras de elegir sus representantes sindicales. El experimento neoliberal precede a la Junta de Control Fiscal, pero se magnificó y agudizó con la llegada de esta. La elección sindical de la docencia de la UPR representa un golpe ideológico a ese experimento. Representa la posibilidad de más de 3500 trabajadoras y trabajadores de la educación universitaria organizarse y dar las batallas en contra de la continua eliminación de derechos y avance de intereses económicos poderosos. Es una victoria histórica para la docencia y para la lucha de clase trabajadora organizada en Puerto Rico.