La Junta de Control Fiscal (JCF) ha impuesto una política de reducción de partidas fiscales para la Universidad de Puerto Rico que opera actualmente con un recorte de aproximadamente 42.3% en la asignación de fondos correspondiente a la Fórmula UPR (Ley 2-1966). Esto representa una reducción acumulada de $1,900 millones desde que se implementó el primer plan fiscal.
RAFAEL SANTIAGO MEDINA El Post Antillano
(San Juan, 11:00 a.m.) La Junta de Control Fiscal (JCF) ha impuesto una política de reducción de partidas fiscales para la Universidad de Puerto Rico que opera actualmente con un recorte de aproximadamente 42.3% en la asignación de fondos correspondiente a la Fórmula UPR (Ley 2-1966). Esto representa una reducción acumulada de $1,900 millones desde que se implementó el primer plan fiscal.
Esta restricción fiscal a la UPR obedece a que en su mentalidad financista la educación es vista como un gasto, no como una inversión que debe ser parte de un plan integral para el desarrollo económico de Puerto Rico, que no existe en estos momentos.
Tal plan de ajuste fiscal y de restricciones en la administración contable de la economía y sus concomitantes enfoques de achicamiento del gobierno, privatizando los desempeños del Estado en áreas económicas esenciales paralelas al desenvolvimiento de la empresa privada, lo que ha ocasionado es la polarización con crecimientos en la renta del gran capital y empobrecimiento del pueblo, manifestado en un paulatino decrecimiento de su poder adquisitivo y deterioro en la calidad de vida.
La docencia es un bien, considerado como una inversión y no un gasto, que siempre acompañó a las estrategias de los planes económicos de Puerto Rico en el pasado . Para ello, la UPR fue esencial, con lo cual se hizo posible el desarrollo y modernización de la nación puertorriqueña durante parte de la segunda mitad del siglo 20.
No puede haber planes de desarrollo económico para un país sin pensar en la docencia como parte de esa estrategia económica. El sistema educativo es esencial para la economía. Máxime en desempeños económicos que requieren el uso de la tecnología para hacerse competitivos en la globalización y entrelazamientos de la economía mundial.
Ciertamente, la JSF ha sido notoriamente responsiva a los intereses financieros de los bonistas de Wall Street y de muy poca utilidad para la creación de un nuevo paradigma económico que encamine a Puerto Rico hacia el futuro.
Sin el fortalecimiento de la docencia se trunca cualquier plan trazado para el crecimiento y desarrollo económico de un país, y Puerto Rico, obviamente, no es la excepción. Esa miopía visionaria de la JCF es la que la ha descalificado como entidad económicamente rectora.
Ya no es aquella mano barata con muy poca preparación académica para la industria del pasado lo que se demanda al presente, sino una fuerza laboral con preparación y conocimiento de los adelantos tecnológicos y científicos lo que Puerto Rico necesita para establecer un nuevo y apropiado paradigma económico ajustado a los tiempos. La robotización de la industria se está encargando de las labores mediante funciones manales repetitivas o de fuerza bruta en la línea de producción para las cuales se requería de los trabajadores una inteligencia mínima y poca preparación académica. La fuerza laboral del presente es aquella que maneja esa robótica industrial y comercial, su digitalización e inteligencia económica para su desempeño óptimo.
Mediante fríos cálculos contables dirigidos únicamente para imponer una presupuestación fiscal balanceada en el gobierno sin más, no saldrá jamás Puerto Rico del atolladero en el que está, a causa de un modelo económico obsoleto que necesita ser sustituido por un nuevo paradigma para su economía.