Skip to content

La Junta de Supervisión Fiscal truqueó con los números del Plan de Ajuste de la AEE, alegan los bonistas

Spread the love

Los expertos contratados por GoldenTree Asset Management y Assured Guaranty, entre otros objetores, aseguran que el organismo creado por la ley federal Promesa adoptó modelos y estimados que se alejan de los estándares de la industria

Un retahíla de pancartas en repudio al Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica cuelgan en la verja del tribunal federal en Hato Rey. (GFR Media)

Joanisabel González

Por Joanisabel González

Editora de Negociosjoanisabel.gonzalez@gfrmedia.com

Los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (PDA-AEE) que se oponen al plan de pagos que ha propuesto la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), aprovecharon su turno en las vistas de confirmación que se llevan a cabo en el tribunal federal en Hato Rey para tirar por la borda, los datos y proyecciones que utilizó el organismo a la hora de establecer el cargo legado y estimar cuánto se podría pagar a los acreedores.

RELACIONADAS

NEGOCIOS

Advierten que el cargo legado agudizará la pobreza energética en los hogares de Puerto Rico

Por Joanisabel González

NEGOCIOS

Los bonistas de Puerto Rico tienen mayores protecciones, según el asesor financiero de la Junta Fiscal

Por Joanisabel González

NEGOCIOS

Incierto el efecto de las pensiones en la factura de la luz

Por Joanisabel González

En el séptimo día de la audiencia de confirmación del PDA-AEE, el grupo organizado de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE) encabezado por GoldenTree Asset Management, así como la aseguradora Assured Guaranty, presentó como evidencia las declaraciones de cuatro de sus seis testigos, quienes en síntesis y por diversas razones, tiran por tierra la propuesta de la JSF que busca recortar el 75% de las obligaciones de la corporación pública.

Hasta hace unas semanas, parte de las declaraciones de los testigos estuvieron parcialmente selladas a petición de los acreedores objetores del PDA-AEE, en acuerdo con los bonistas que pactaron con la JSF (entiéndase el Grupo Mayoritario de Bonistas de la AEE) y por disposición de la magistrada Judith Dein. Durante los pasados siete años, Dein ha asistido a la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain en el proceso de quiebra de Puerto Rico bajo el Título III de Promesa.

Dein acompaña a la jueza Swain en el proceso judicial que será decisivo para el futuro del sistema eléctrico -y a su vez, de la economía de Puerto Rico- y que ha entrado en su segunda semana. Preliminarmente, las vistas de confirmación del PDA-AEE deben concluir el próximo 19 de marzo.

Desde este martes, los bonistas opositores al PDA-AEE han procurado convencer a Swain de que el plan que se alega sacaría a la AEE de la quiebra no obra en los mejores intereses de los acreedores, según requiere Promesa. Para ello, los bonistas apoyan sus objeciones en el trabajo de seis peritos: Maureen M. Chakraborty, Sebastian Edwards, Michael W. Yackira, Susan F. Tierney, Thomas S. Terry y Robert Grien.

Edwards, un profesor de Economía de Negocios en la Escuela Graduada de Administración Anderson en la Universidad de Los Ángeles, California, fue el primero en sentarse en la banca de los testigos y su contrainterrogatio por parte de los abogados del gobierno y la JSF dominaron toda la mañana y buena parte del tarde en el séptimo día del juicio en torno a la quiebra de la AEE.

La economía no va tan mal como se alega

Según Edwards, las proyecciones de la JSF en torno al Producto Bruto de Puerto Rico, que a su vez, se utilizaron para estimar cuál será la demanda de electricidad en Puerto Rico por las siguientes tres décadas, se alejan de los modelos económicos que se utilizan para considerar asuntos como el establecimiento de tarifas para servicios públicos.

En consecuencia, las proyecciones erradas del organismo, reza la declaración de Edwards, resultan en “un declive pesimista e irrealista” que no se justifica.

En su declaración de refutación, por ejemplo, Edwards discrepa, por un lado, de otros economistas que fungen como testigos en el caso. Arremete, por ejemplo, contra el análisis de Andrew Wolfe, economista de la JSF y del economista José Alameda, quien analizó el PDA-AEE a pedidos del Sistema de Retiro de la AEE (SRAEE).

Alameda planteó durante su testimonio que el cargo legado incluido el PDA-AEE, unido a otros factores que ya pesan sobre la economía de la isla, entre ellos, la caída en la población, asestará un golpe a la economía local y le colocará en “una espiral a la baja”.

Según Alameda, el cargo legado, junto con otros factores como el ajuste que se hará para pagar las pensiones de la AEE y el costo del combustible elevarán la tarifa de electricidad en Puerto Rico en sobre 30 centavos el kilovatio hora (kwh) a partir del 2025.

Pero de acuerdo con Edwards, el análisis de Alameda es errado por varias razones, entre ellas, porque el trabajo ignora la mejoría en la actividad económica de Puerto Rico en tiempo reciente.

En ese sentido, de acuerdo con Edwards, ni siquiera las cifras oficiales justifican los datos utilizados por la JSF.

“La JSF se ingenió un modelo de proyección económica (EOM, en inglés) para producir una perspectiva irrazonablemente pesimista”, reza la declaración de Edwards en la que se indica que “intencionalmente”, la JSF dejó fuera la mejora que ha visto Puerto Rico desde el año 2018 hasta el año 2022.

El economista destaca, por ejemplo, que mientras la JSF alega que la economía de Puerto Rico, medida por el producto bruto se contraerá en el futuro previsible, cosa que no tendría comparable con ciclos de contracción económica históricos como la Gran Depresión o durante la pandemia del Covid-19, la Junta de Planificación de Puerto Rico (JP) ha concluido lo opuesto.

Para ello, Edwards insertó en su análisis una gráfica preparada por la Junta de Planificación y que la administración de Pedro Pierluisi ha utilizado en varias instancias y foro, incluyendo en foros dirigidos a inversionistas y sesiones con las casas acreditadoras que antes evaluaban el crédito de la isla. Según la JP, en promedio, la economía local crecerá un promedio de 1.7% por la siguiente década.

En sus estimados, Edwards -utilizando el Modelo de Crecimiento Solow- tiende a ser más conservador que el gobierno de Puerto Rico, pero con todo, asegura que la economía de Puerto Rico crecerá en promedio 0.5% en los próximos años.

Si en lugar de utilizar un cuadro fatalista, la JSF hubiera utilizado las previsiones de la JP, el dinero disponible que tendría la AEE para pagar a los acreedores iría de unos $2,640 millones a unos $3,478 millones, lo que supondría un alza de 42%. Y si la JSF hubiera utilizardo las proyecciones de Edwards, el alza habría sido de un 41%, es decir, de unos $2,640 millones a poco más de $2,800 millones.

Gastos inflados

Tras el testimonio de Edwards, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), en la voz de la abogada Elizabeth McKeen, socia de O’Melveny Myers, y la JSF, en la voz del también socio de Proskauer Rose, Michael T. Mervis, contrainterrogaron a Michael Yackira, un exprincipal oficial ejecutivo de NV Energy, una compañía eléctrica en Las Vegas, Nevada y de Florida Power & Light Company, otra compañía eléctrica en ese estado.

El análisis de Yackira, quien lleva más de 30 años trabajando en el sector eléctrico estadounidense, se centra en los estimados de gastos que utilizó la JSF en el PDA-AEE.

Grosso modo, mientras en el plan fiscal 2023 de la AEE, la JSF proyecta que la demanda de electricidad se reducirá en aproximadamente 60% durante la vida del PDA-AEE, en apenas un año, el ente fiscal aumentó en 12% sus proyecciones de gastos para la corporación pública elevándolos a sobre $91,000 millones hasta el año 2050.

Se trata de un ajuste que no guarda lógica con las prácticas de la industria, según Yackira.

De acuerdo con el ejecutivo, la JSF no ajustó sus proyecciones de gasto para reflejar los ahorros que ya aportan los operadores LUMA Energy y Genera PR y que en este año fiscal, ya suman unos $80 millones en lo que va de año fiscal.

Según Yackira, entre el año fiscal en curso y el 2025, Genera PR espera ahorrar unos $29.5 millones y hasta $196.5 millones en un plazo de cinco años. Mientras, LUMA ha indicado que, para este año, habrá alcanzado unos $110 millones en ahorros.

A preguntas de Mervis, Yackira se cuidó de aseverar que los cambios hechos por la JSF a su modelo económico (que a su vez, recortaron a la mitad, el dinero disponible para los acreedores de la AEE) fueron fruto de la mala fe. También rechazó que sus recomendaciones para conseguir ahorros adicionales en las operaciones de la AEE fueran una invitación a incumplir con las normas del Negociado de Energía de Puerto Rico en torno a las inversiones capitales que necesita el sistema eléctrico.

Sin embargo, cuando Mervis preguntó al testigo si su reclamo respondía a que sus clientes –los bonistas objetores- interesan que los abonados de la AEE paguen menos en su factura eléctrica, este indicó que su análisis era un llamado a operar la corporación pública de manera eficiente. Y aceptó, casi al instante, que una mejoría en las operaciones de la AEE se traduciría en más dinero para los bonistas.

Tras aceptar los testimonios, sin contrainterrogatorio, de Thomas S. Terry y Robert C. Grien, también asesores de los bonistas objetores, cerca de las cinco de la tarde, comenzó el contrainterrogatorio de Susan Tierney, cuyo testimonio continuará el miércoles.

TAGS

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICABONISTAS DE LA AEEJUNTA DE SUPERVISIÓN FISCALLAURA TAYLOR SWAINTÍTULO III

ACERCA DEL AUTOR

JOANISABEL GONZÁLEZjoanisabel.gonzalez@gfrmedia.com

Periodista puertorriqueña con más de dos décadas de experiencia en la cobertura de la comunidad empresarial de Puerto Rico y la economía de la isla. Luego de trabajar en el semanario de…Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *