i la Policía de Puerto Rico (PPR) no es capaz de investigar las querellas de violencia de género contra sus miembros, poco se puede esperar de su respuesta a los casos fuera de la uniformada
Por candida-cotto Claridad
Si la Policía de Puerto Rico (PPR) no es capaz de investigar las querellas de violencia de género contra sus miembros, poco se puede esperar de su respuesta a los casos fuera de la uniformada.
La denuncia de que la Policía no investiga los casos en que sus miembros atentan contra sus parejas y de que son muy pocos los casos radicados que terminan en convicción está sustentada en dos informes. Uno es el octavo informe del monitor federal de la Reforma de la Policía, que cubre de octubre de 2022 a marzo de 2023, y el otro, un informe de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes, presentado el 23 de mayo del 2023.
El informe del monitor federal, sometido el pasado mes de junio, indica que durante el periodo examinado, de 31 investigaciones en los que estaban envueltos miembros de la Policía, 31 eran casos de violencia doméstica, por infracción a la Ley 54. El informe señala que la Policía no le sometió a la Oficina del Monitor información sobre los casos de agresión sexual en los que estuvieron implicados miembros del cuerpo policiaco, por lo que no se pudo evaluar si la Policía de Puerto Rico documenta el uso de un método de respuesta informado sobre trauma, si proporciona de manera sistemática a las víctimas los recursos disponibles de apoyo o seguridad o si realiza un seguimiento oportuno de la víctima, como exige la ley.
El informe recoge que durante el mismo periodo en que se produjo hubo varios sucesos e incidentes de gran repercusión que renovaron la atención a los casos de violencia doméstica y agresión sexual, en particular, los que afectan a los miembros de la Policía. Según el monitor, se revisaron 63 expedientes de investigación de violencia doméstica y se descubrió que la PPR no sigue de manera sistemática su política relativa a la incautación de las armas de los agentes y la remisión del empleado al Programa de Ayuda al Empleado. “El Programa de Ayuda al Empleado esta diseñado para ayudar a los empleados del Negociado de la Policía de Puerto Rico y su familia inmediata. Ofreciendo servicios de terapia psicológica, los cuales ayudan a prevenir, identificar en etapas tempranas y resolver problemas asociados a asuntos laborales o personales. Estos problemas pueden estar relacionados con aspectos psicológicos, emocionales, sociales o de conducta entre otros” descripción que aparece en la pagina oficia de la Policía
El 6 de marzo, dice el informe, las partes se reunieron para debatir la elaboración de un plan de ejecución centrado en el cumplimiento por parte de la Policía de las disposiciones de las investigaciones administrativas sobre agresión sexual y violencia doméstica en las que esté implicado personal de la PPR.
Los señalamientos reseñados se encuentran en el capítulo 3 del informe del monitor, “Igualdad de protección y no discriminación”. Hay que traer a la atención que recientemente, el juez del tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, Francisco Besosa, quien supervisa el acuerdo del Gobierno de Puerto Rico y el de Estados Unidos para la reforma de la PPR, le pidió recomendaciones al Gobierno para cambios constructivos tangibles y advirtió que de no recibirlos realizaría cambios profundos debido a la lentitud e incapacidad demostrada por la Policía para cumplir con el acuerdo. Por su parte, el Departamento de Seguridad Pública, por medio de su secretario, Alexis Torres Ríos, reaccionó a la advertencia del Juez diciendo que no realizarían ningún cambio a la reforma.
El informe de la Comisión de la Mujer es producto de la RC 659, que ordenó una investigación sobre los protocolos existentes para atender los casos de violencia de género, las querellas presentadas contra los miembros, los recursos designados y por qué no se esclarecen las querellas. En fin, en la práctica, los mismos ángulos que el monitor federal.
En el caso del informe de la Comisión de la Mujer, la información solicitada al Departamento de Justicia (DJ) reveló que de enero de 2017 hasta el 2 de noviembre de 2022, de un total de 371 casos de las 13 áreas policiacas, 242 casos fueron consultados y no radicados, es decir el 65 % de los casos no fueron radicados. El área policiaca con el mayor número de casos es el municipio de Arecibo, con 33, y el de menos, Aibonito. En la lista suministrada por el DJ incluso hay querellas en las que se repiten nombres de agentes.
La Comisión además señala que hay diferencia entre los números de querellas que ofrece la Policía y el DJ y las que presenta el monitor federal. En el caso del monitor federal, en el 2017 recoge que las querellas contra miembros de la Policía por violencia doméstica fueron 99 y en el 2018, 87. Los números de la Policía y Justicia son de 77 querellas para el 2017 y 85 para el 2018.
Consultada sobre ambos informes y sobre la conducta de la Policía, la coordinadora del Observatorio de Equidad de Género, doctora Irma Lugo Nazario, expuso que en enero del 2022, la Policía, bajo el comité PARES, estuvo participando de manera activa en el desarrollo de un protocolo de investigación para las víctima de violencia basado en el protocolo latinoamericano de investigación sobre violencia
de feminicidios. Esta censuró el que la Policía se investigue a sí misma cuando tiene una denuncia de violencia doméstica de una pareja que también es policía o de una pareja no es policía. Además, cuestionó la atención a las querellas de fuera del cuerpo. Sobre esto último narró sobre un hecho reciente de una mujer que acudió a un cuartel en Santurce a presentar una querella por violencia doméstica, y la retén, una mujer policía, le dijo que no le podía tomar la querella porque no tenía patrullas en ese momento.“El trabajo tiene que ir en dos vías: hacia fuera por el servicio que tienes que dar a la sociedad, pero hacia dentro con tu personal”.
La coordinadora del Observatorio de Género, reclamó que el Comité PARES, hizo cosas que no se ven, pero que están disponibles. El comité fue eliminado en agosto del 2022 y en su lugar se nombró a un Oficial de Cumplimiento para dar seguimiento al trabajo de PARES. Lugo Nazario reconoció que una sola persona no tiene esa capacidad si primero no tiene los recursos de evaluar lo que se está implementando y si está siendo efectivo.
Por otra parte, la directora ejecutiva de la Coordinadora Paz para la Mujer (CPM), Vilma González Castro, reaccionó a los recientes casos de muerte por violencia de género: “¿Cuántas mujeres tienen que morir para que nosotras ganemos la atención y entendamos que tenemos un problema que es serio y que requiere medidas drásticas y urgentes para poder atenderlo?” Esta hizo referencia a que aun con las declaraciones de estado de emergencia que se han hecho en los últimos años y otras acciones, hasta el momento todavía no logramos detener la violencia de género del país.
La primera orden ejecutiva de este cuatrienio fue emitida en enero de 2021, la cual se supone estuviera vigente hasta junio del 2022. Luego, el gobernador, Pedro R. Pierluisi, extendió el estado de emergencia hasta junio de este año y la volvió a extender hasta el 31 de diciembre de 2023.
González Castro subrayó que es importante fortalecer todas las instrumentalidades que dan protección a las víctimas; es decir, que el Gobierno —Policía y tribunales— hagan lo que les corresponde. Indicó que las organizaciones que están luchando día a día para sobrevivir, no son suficientes para atender la demanda. Expuso como ejemplo que durante el fin de semana en que han ocurrido feminicidios las organizaciones han recibido cientos de llamadas de mujeres buscando ayuda. Pero las organizaciones no tienen suficientes recursos.
Ante una nueva orden ejecutiva (OE 2023-023) emitida por el gobernador el 5 de septiembre, que dispone la creación de un llamado Plan Integral de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia, la directora ejecutiva de la Coordinadora de Paz para la Mujer señaló que crear otra comisión de violencia e incluir la violencia de género en ella le parece una medida terrible. Subrayó que es necesario atender la violencia de género por separado, con una perspectiva de género.
González Castro reconoció como uno de los grandes fracasos del comité PARES el que por parte del Gobierno no se haya cumplido con el compromiso de trabajar con la perspectiva de género después de todo el trabajo que se hizo en esa dirección. “Si nosotros no trabajamos con la perspectiva de género, con la prevención, con el problema desde la raíz, vamos a estar siempre respondiendo con alarmas. Los feminicidios íntimos están casi al mismo nivel de lo que terminamos el año pasado. Tenemos que ser responsables. El Gobierno tiene que ser responsable con este tema; no es creando comisiones para las gradas o para desviar la atención. Tenemos que atender este problema seriamente”.