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Las candidaturas de agua: ¿comunistas y antiamericanas?

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De forma transparente, y sin intención de defraudar, el PIP y el MVC le están comunicando al electorado los detalles de su estrategia política y su táctica electoral, escribe Rafael Cox Alomar


RAFAEL COX ALOMAR El Nuevo Día

(Publicado originalmente en El Nuevo Día, la dirección de ese diaario se sintió obligada a explicar: “Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados”.)

Instalado nuevamente en la presidencia de Francia, el general Charles De Gaulle designó en 1959 ministro de Cultura al intelectual francés André Malroux. Eran tiempos de gran incertidumbre para Francia, acorralada por la guerra de independencia de Argelia. En medio de la vorágine ideológica que vino después, Malroux sentenció: “Qué época tan extraña, dirán de la nuestra los historiadores del futuro, donde la derecha no era la derecha, la izquierda no era la izquierda, y el centro no estaba en el medio”.

La cortante observación de Malroux me vino a la mente tan pronto leí la solicitud de investigación (plagada de errores ortográficos y jurídicos) que el pasado 8 de enero se presentó en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para impugnar la legalidad de las candidaturas a la gobernación y a la comisaría residente del Movimiento Víctoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), respectivamente. Quizás lo que más me llamó la atención fue que el distinguido jurista que suscribió la solicitud de investigación fue de los que junto a Roberto Sánchez Vilella, en la jornada de 1968, empuñó las banderas del liberalismo y anti-caudillismo al son de aquel pronunciamiento que tan profundamente caló en la consciencia democrática de los puertorriqueños: “Que el pueblo decida”. Es evidente que para los opositores de la Alianza hoy resulta inconveniente que “el pueblo decida.”

¿Y de dónde se sacan que las candidaturas del PIP y MVC son ilegales?

De la opinión disidente (y por consiguiente minoritaria) de un juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Calcador v. Ramírez, 121 D.P.R. 491 (1988).

¿Qué pasó en ese caso?

Que el Supremo despachó con una resolución de un párrafo (que no creó precedente alguno) el recurso de descalificación que se había radicado contra Rosa Ramírez (candidata del PNP a representante por el Distrito 3 de San Juan).

¿Y por qué lo despachó?

Porque no encontró simulación o fraude; resolviendo que debía ser el “electorado quien juzgue la buena fe e intenciones de la candidata.” 121 D.P.R. 491, 492.

¿El PIP y el MVC están cometiendo fraude?

No.

¿Y por qué?

Porque de forma transparente, y sin intención de defraudar, le están comunicando al electorado los detalles de su estrategia política y su táctica electoral.

¿Y es correcto lo que aduce la solicitud de investigación que el Supremo en Sánchez y Colón v. ELA, 134 D.P.R. 445 (1993) y Granados Navedo v. Rodríguez Estrada, 127 D.P.R. 1 (1990) cita con aprobación la opinión disidente de Calcador?

No.

Quien único citó la opinión disidente de Calcador en Sánchez y Granados Navedo fue el mismo juez que la escribió, quien también disintió en estos últimos dos casos.

A la CEE también llegó una carta (suscrita por otro jurista) acusando al PIP y al MVC de “conspirar.” El nivel de paranoia del suscribiente fue tal que denunció que “el movimiento de la conspiración” había puesto su bandera en el Puente Teodoro Moscoso, confundiendo la bandera del “Junte Boricua” (que es un proyecto especial de GFR Media) con la (inexistente) bandera de la Alianza y trayendo a la memoria lo más siniestro del macartismo.

¿Y si las candidaturas de agua son tan antiamericanas por qué Lyndon Johnson (1960), Lloyd Bentsen (1988), Joe Liberman (2000) y Joe Biden (2008) aspiraron simultáneamente al Senado y a la vicepresidencia de los Estados Unidos? ¿Eran candidatos de agua? ¿Conspiraron? ¿Engañaron? ¿Violaron la Decimocuarta Enmienda? Obviamente no.

El burdo intento de judicializar un asunto que es eminentemente político es otra tramoya para mantener al pueblo encadenado al cadáver insepulto del bipartidismo. Es algo así como lo que hicieron Stalin, Mao y Castro en la Unión Soviética, China y Cuba en donde las Constituciones de 1936, 1954 y 1976 (respectivamente) les reconocían a los ciudadanos la libertad de palabra, asociación y prensa siempre y cuando fuera para adelantar los fines de la dictadura comunista. Algo parecido ocurre aquí — donde se puede participar de la política siempre y cuando sea para servir los intereses del bipartidismo.

Ahí el tranque. ¿Y quién está en mejor posición para resolver este tranque? ¿El pueblo o un grupúsculo de jueces, políticos y abogados?

El pueblo en las urnas.

Ya lo dijo Roberto Sánchez Vilella: “Que el pueblo decida”.

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ACERCA DEL AUTOR

RAFAEL COX ALOMAR

Abogado y Profesor de Derecho

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