En este momento, cuando son cuatro los funcionarios electos para presionar por la estadidad en el Congreso, las dos restantes delegadas, Zoraida Buxó y Melinda Romero Donnelly, no han presentado sus informes ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG)
jueves, 7 de septiembre de 2023 – 11:40 p.m.
Por José A. Delgado El Nuevo Día
Washington D. C. – Roberto Lefranc Fortuño, uno de los cuatro delegados por la estadidad que quedan activos, tuvo ingresos en 2022 por $239,768, según el resumen del informe financiero que presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).
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El exgobernador Ricardo Rosselló Nevares -el único de los cabilderos que no recibe salario y reembolsos del gobierno de Puerto Rico- reportó ese año haber ganado $176,500 en la empresa privada.
Lefranc Fortuño -quien suele obtener más reembolsos de gastos y estar más visible en Washington D.C. que sus colegas- y Rosselló Nevares fueron los dos cabilderos por la estadidad que más ingresos obtuvieron el pasado año, de acuerdo con los datos divulgados por la OEG. Ambos fueron electos para cabildear ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
En 2021, los ingresos de Lefranc Fortuño sumaron $134,708 y los de Rosselló Nevares totalizaron $168,400, según la OEG.
Tanto la exsecretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Zoraida Buxó, como la exsenadora Melinda Romero Donnelly, electas para presionar por la estadidad ante el Senado, no han presentado sus informes de ingresos de 2022, en momentos en que impugnan el poder de la OEG para requerirles esos datos.
Por ley, la OEG solo publica un resumen del informe financiero de los miembros del Ejecutivo y los delegados por la estadidad, que tienen asignados un salario anual de $90,000 y hasta $30,000 en reembolsos por gastos relacionados con su trabajo.
Cuando fue electo por nominación directa al puesto de cabildero por la estadidad, Rosselló Nevares anunció que no cobraría el salario ni reclamaría reembolsos, pues prefería seguir trabajando, al mismo tiempo, en la empresa privada.
Contrario a lo que ocurre por ley con los senadores y representantes de Puerto Rico, los delegados por la estadidad -que eran seis antes de la destitución de Elizabeth Torres y la renuncia, por razones de salud, de la exalcaldesa de Ponce María “Mayita” Meléndez- no tienen límites de ingresos, según las normas aprobadas, en 2021, por la administración de Pedro Pierluisi, que ha defendido la continuidad de ese grupo de funcionarios electos.
Por segunda ocasión en el cuatrienio, un proyecto de ley, esta vez del representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, busca derogar la Ley 167 de 2020, que creó este grupo de funcionarios pro estadidad y le han costado al erario más de $1 millón.
La medida fue aprobada en comisión, con los votos en contra de los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP). Se anticipa que, de avalarse, será vetada por el gobernador.
El resumen del informe financiero de Lefranc Fortuno indica que obtuvo ingresos por $112,515 por salarios y compensaciones, en aparente referencia a los pagos hechos por la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), por sus gestiones como delegado congresional, y $127,253, de un “negocio propio”.
El exasambleísta municipal de Guaynabo reiteró a este medio que, además de su tarea como cabildero por la estadidad, trabaja con la compañía de planificación de bodas de su abuela Viviane Fortuño.
Al cerrar el 2022, Lefranc Fortuño tenía cuentas bancarias y dinero en efectivo que alcanzaban los $54,142. No poseía propiedades inmuebles y deudas hipotecarias, pero, en el renglón de vehículos y deudas u obligaciones, informó $57,500.
En el resumen de su informe, Rosselló Nevares dio a conocer activos por $1.34 millones, incluidos una propiedad y deuda hipotecaria de $1.2 millones, $76,000 en inversiones o deudas u obligaciones y $19,416 en cuentas bancarias.
Rosselló Nevares -quien ha tenido su oficina en el número 1775 de Tysons Boulevard, Suite 5, en la localidad de McLean, en Virginia- afirmó, ante un tribunal en San Juan, que reside en Washington D.C., aunque compró, en 2020, una casa en Vienna, también en Virginia, localidad en la que también viven sus padres. Ante la corte, cuando se impugnó su elección, reclamó como domicilio la casa de sus suegros en San Juan.
La Ley 167 de 2020 exige a los delegados por la estadidad residir en Puerto Rico o Washington D.C. Rosselló Nevares renunció a la gobernación el 2 de agosto de 2019, en medio de multitudinarias protestas por los casos de corrupción y un chat en el que, junto a sus principales asesores, se burló de amplios sectores de Puerto Rico.
Por su parte, la exalcaldesa Meléndez reportó ante la OEG haber tenido ingresos y compensaciones, en 2022, que sumaron $129,552. Reportó activos por $605,620.
Torres, quien ha apelado la decisión de un juez de primera instancia que aprobó su destitución tras ser imputada de incumplir con sus funciones, registró ingresos por $92,368 en 2022, con activos que alcanzaron los $34,943. No consignó propiedades hipotecarias.
En su informe de 2021 -la mitad del cual los cabilderos por la estadidad estaban en funciones-, Zoraida Buxó informó $211,767 en ingresos, con activos de $1.9 millones. La exsenadora Romero Donnelly tuvo $115,114 en ingresos ese año, con $23,328 en activos.