María de Lourdes Santiago y Denis Márquez recomiendan al Departamento de Justicia que investigue un supuesto plan para expropiar y vender inmuebles que involucra a los ayuntamientos, una empresa de bienes raíces y un bufete legal

jueves, 30 de marzo de 2023 – 11:40 p.m.

Por Manuel Guillama Capella El Nuevo Día

Los legisladores pipiolos María de Lourdes Santiago y Denis Márquez refirieron el jueves al Departamento de Justicia una denuncia en torno a un presunto esquema que abarca a 22 municipios, una empresa de bienes raíces y un bufete legal, vinculados al manejo de las declaraciones de estorbos públicos y los trámites de expropiación.

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A partir del examen de expedientes judiciales y otros registros públicos, los legisladores sostuvieron que los 22 ayuntamientos han delegado a la empresa Universal Properties Realty Government Services LLC las facultades de identificar propiedades que puedan ser consideradas estorbos públicos, generar los expedientes dirigidos a realizar las declaraciones correspondientes, hacer inspecciones, notificar a las partes afectadas y proceder con los trámites legales para las expropiaciones.

Los municipios señalados por la senadora Santiago y el representante Márquez, en el referido, son: Humacao, Cidra, Canóvanas, Arroyo, Arecibo, Juncos, Patillas, Toa Alta, Guayanilla, Loíza, Santa Isabel, Las Piedras, Aibonito, San Germán, Ponce, Dorado, Guayama, Luquillo, Río Grande, Caguas, Guánica y Morovis. En el caso de Caguas, además del contrato otorgado a Universal Properties, también mantiene un acuerdo con el bufete Francis y Gueits que le asigna funciones similares.

De los 22 pueblos, 15 son dirigidos por alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) y siete, del Partido Nuevo Progresista (PNP). Los contratos de Cidra, Canóvanas y Humacao fueron cancelados en este cuatrienio, mientras el de Arecibo se canceló en 2020, según se desprende del referido.

“Además de la comisión de delitos y de fallas severas en el manejo de fondos públicos, hay que plantearse cómo la privatización de estos procesos, en lugar de contribuir al grave problema que vemos en todo el país, de casas sin gente y gente sin casa, se ha convertido en una oportunidad comercial que solo añade a las sombras sobre las administraciones municipales”, sostuvo Santiago. Universal Properties se inscribió el 16 de febrero de 2018 “con el único fin de prestar servicios para y en beneficios de los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico llevando a cabo todo aquel negocio permitido por las leyes”, y seis días después había suscrito su primer contrato, con el Municipio de Guayanilla.

El Departamento de Justicia confirmó el jueves en la tarde que se había recibido el referido. “Se va a evaluar como todo tipo de queja, querella, denuncia o referido que se reciba”, indicó la portavoz Joan Hernández.

Este diario intentó comunicarse con Universal Properties, pero al llamar al teléfono que se provee en los edictos de municipios que utilizan sus servicios, se recibía un mensaje, en inglés, que indicaba: “el usuario que está intentando contactar no se encuentra disponible”. El registro de corporaciones identifica a Andrés R. Reyes Vélez como agente residente de la entidad, a Reyes Vélez y Alix A. Pulido Rey como personas autorizadas y a José A. Deyá como administrador.

La senadora subrayó que, tras una expropiación forzosa, los municipios pueden recurrir al mecanismo de subasta pública o completar una venta directa a un postor interesado. En el segundo escenario, el precio debe fijarse conforme al valor de tasación. Sin embargo, a la cantidad que recibirá el titular expropiado se le deducen los gastos en que haya incurrido el municipio –lo que puede incluir los pagos o comisiones de las entidades contratadas–, así como cualquier deuda por contribuciones sobre la propiedad inmueble.

Santiago agregó que, del análisis realizado de documentos públicos, surge que Universal Properties suele facturar cantidades que exceden los $20,000 por cada propiedad que es declarada estorbo público y expropiada. Asimismo, puntualizó que la empresa tiende a someter facturas “idénticas” a los municipios, independientemente de las características de la propiedad intervenida.

En el referido –que también se enviaría a la Oficina del Contralor, la Asociación y Federación de Alcaldes, la Junta de Corredores de Bienes Raíces y las comisiones legislativas con jurisdicción– Santiago y Márquez aludieron a una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de expropiación que el Municipio de Las Piedras, a través de Universal Properties, llevó contra una ciudadana. De acuerdo con el referido, varias alegaciones de la demanda –como que la casa carecía de ventanas, puertas o verja– eran falsas, al tiempo que se comprobó que la propiedad no mantenía deudas y que su valor ascendía a $33,000, y no a los $2,000 que alegó el ayuntamiento. El referido destaca que, en ese caso, Universal Properties exigió un reembolso de $20,567.25 como gastos administrativos, incluyendo $343.75 por concepto de una certificación del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) que cuesta menos de $5.

El director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua, corroboró que las certificaciones de título y deuda cuestan una fracción de lo que la empresa solicitó en ese caso.

“Nos llama la atención que una certificación del CRIM, que tiene un costo a un ciudadano privado de $2.50, y a un municipio le resulta gratis, vimos en facturas que estaban cobrando $350. Llamamos la atención de que se deben revisar detalladamente todas estas facturas, pues son números que no son correctos”, indicó Paniagua en entrevista con este diario.

Específicamente, Santiago y Márquez consideran que, en los trámites de declaración de estorbos públicos y expropiación, se pudieran estar configurando al menos cuatro delitos: fraude, falsificación ideológica, apropiación ilegal y apropiación ilegal agravada. De acuerdo con los líderes pipiolos, Universal Properties, con la anuencia de los municipios, ha requerido y cobrado dinero a cambio de vender propiedades con el conocimiento de que no son expropiables, pues, por ejemplo, pertenecen al Departamento de la Vivienda y no figuraban en el inventario de estorbos públicos.

Los legisladores también aludieron a demandas en las que titulares han reclamado que no han sido notificados adecuadamente del proceso en su contra, como un propietario que alegó que Universal Properties se comunicó mediante un mensaje a su cuenta de Facebook. Mientras, mencionaron un caso sobre una propiedad de Caguas perteneciente al Banco Popular, sobre la cual Francis & Gueits alegadamente inició el trámite para declarar estorbo público sin notificación alguna y a pesar de que se encontraba en buenas condiciones.

El alcalde cagüeño, William Miranda Torres, ni algún otro funcionario municipal estuvo el jueves disponible para explicar en entrevista, por ejemplo, por qué el ayuntamiento mantiene contratadas simultáneamente a Universal Properties y el bufete Francis & Gueits para llevar a cabo funciones similares, según se desprende de los respectivos pactos. “La controversia que se plantea se encuentra bajo la consideración de la Rama Judicial. Se trata de disposiciones legales de recién aprobación que no cuentan con jurisprudencia interpretativa. Corresponde a dicha rama determinar el proceder en estos casos”, expresó por escrito Jaime Plaza Velázquez, director de Permisos del municipio.

Santiago reconoció que, de momento, no cuentan con un estimado de las propiedades que se han declarado estorbos públicos o expropiado en procesos tramitados por Universal o Francis & Gueits. “Son cientos, pero no tenemos un número exacto”, dijo la legisladora.

Publicó inventario sin autorización

En conversación con El Nuevo Día, la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, señaló que canceló el contrato de Universal Properties, en agosto de 2021, tras discrepancias con la empresa.

“Tiraron una lista (de estorbos públicos) sin que el municipio diera una autorización. Segundo, estábamos planteando que tenían que pagar la contribución cuando el bien (se vendía) a un tercero. (Universal Properties) no estuvieron de acuerdo, y rompimos el contrato. Lo que está planteando María de Lourdes (Santiago) es correcto. En caso de que un tercero se beneficie del estorbo público, la ley establece que el tercero tiene que pagar las deudas y ellos no estuvieron de acuerdo”, dijo la alcaldesa novoprogresista.

Actualmente, dijo Soto, el municipio lidera la rehabilitación de estorbos públicos en el casco urbano a través de fondos federales, al tiempo que cuentan con un acuerdo con el Centro para la Rehabilitación del Hábitat para que trabaje de la mano con comunidades que, por ejemplo, requieran ser relocalizadas.

Por su lado, el alcalde de Las Piedras, Mickey López, aseguró que, en su municipio, Universal Properties cobra una comisión producto exclusivamente de las ventas de propiedades expropiadas. En su caso, dijo que el ayuntamiento carecía de recursos para tramitar las declaraciones de estorbos públicos y proceder con los trámites judiciales que requiere una expropiación.

“De la forma que está redactada la propuesta y la forma en que hacen el trámite, entendíamos que el proceso iba a ser más ágil. Ellos ponían todo lo que se iba a hacer con los procesos. Al entender que había contratos (de Universal Properties) con otros municipios, entendíamos que la cosa iba a ser más ágil. Ha habido una parte que sí (ha sido más ágil), ha habido otra parte que realmente se ha estancado. En muchos de estos casos, tiene que ver cuando se someten a los tribunales”, indicó el ejecutivo municipal del PNP.

Marianito Ruiz Lozada, director de Planificación de Las Piedras, señaló que “el contrato establece que, cuando se hace una transacción de una propiedad, al municipio le corresponde un porcentaje”. “La parte de ellos, que es donde han invertido en gestiones de abogados, agrimensores, tasadores y un sinfín de cosas, es parte de lo que recuperan en la venta”, dijo.

“Ellos cobran de la venta. El municipio no paga nada en exceso. (La transacción) es un documento que va al tribunal. El que determina que eso está en todo cumplimiento reglamentario es un juez del tribunal”, enfatizó Ruiz Lozada.

Paniagua y el asesor legal del CRIM, Nelson Meléndez, puntualizaron que solo un titular expropiado puede impugnar ante el tribunal los costos administrativos que reclame un municipio, que a su vez se restan de la compensación que recibe.

“En un momento dado, se levantó bandera por parte del CRIM, pero el mismo tribunal nos dijo que nosotros no teníamos ‘standing’ (legitimación activa) a entrar a tratar de impugnar una factura. Quien tendría ‘standing’ era el dueño de la propiedad que se vería afectado en esa instancia”, dijo Meléndez.

La contralora Yesmín Valdivieso también confirmó que, en la tarde del jueves, recibió el referido, que contiene unas 17 páginas, junto a cientos de hojas de anejos. Valdivieso mencionó que la Oficina del Contralor “está ahora empezando las auditorías (municipales) de los últimos dos o tres años”.

“De lo que yo conozco de los municipios, nunca van a tener personal para hacer ese tipo de cosas, y puedo entender que se contrate. Si el contratista está haciendo bien o mal, o haciendo conductas antiéticas, esa parte solo investigando pudiera (determinarse)”, dijo Valdivieso.

“Primero, tenemos una situación seria con el problema de los estorbos públicos. Segundo, debe haber un proceso más ágil. Tercero, ese proceso tiene que ser transparente. Los municipios deben procurar esa transparencia para evitar que terceras personas aleguen que se están violando derechos o alguna ley. Más allá del planteamiento político o filosófico que pueda tener el PIP (Partido Independentista Puertorriqueño) con relación a esto, lo que sugiero es que nos sentemos en la mesa el Legislativo con el Ejecutivo y los municipios, y comenzar a delimitar soluciones”, sostuvo, por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, quien dijo no tener problemas con la externalización de servicios siempre y cuando “lo que cobre (el contratista) sea razonable a base del esfuerzo que están haciendo”.