La agencia solicitó obtener la custodia provisional de la menor durante una vista virtual ante la jueza superior Sonya Nieves Cordero
Por Nydia Bauzá El Nuevo Día
La jueza superior Sonya Nieves Cordero denegó, esta noche, una solicitud del Departamento de la Familia, mediante la cual la agencia buscaba obtener la custodia provisional de Nazareth, la niña de 2 años que removió el pasado miércoles del hogar de la madre, Lisha Ramón Mejías, en las parcelas El Polvorín, en Cayey.
“Me la dieron, me dieron a mi hija”, exclamó con una sonrisa la madre de la menor, luego que concluyera una vista a las 8:15 p.m. en la Comandancia de Caguas.
Ramón Mejías indicó que, esta misma noche, la agencia le entregará a la niña en Cayey. Sin embargo, la joven aclaró que, como parte del protocolo, la menor, que se encuentra en un hogar temporero, tendrá que ser revisada en un hospital.
“Lo primero que voy a hacer es abrazar a mi hija, amamantarla, y darle todo mi amor”, indicó.
“Tan pronto pueda, voy a lactarla, porque ya mis senos lo sienten”, expresó la joven, quien elogió el trabajo de su abogado, Ramón Rivera Grau, quien la acompañaba a su salida de la comandancia.
“Es el mejor abogado que luchó, y que hizo todo lo posible porque fuera así (la determinación de devolverle la niña a la madre)”, apuntaló.
Además, la joven dijo que el proceso de remoción de su hija fue “injusto”.
“No siguieron el procedimiento, la orden de protección era hacia Miguel, no para la nena”, sostuvo Ramón Mejías.
Por otro lado, el licenciado Rivera Grau manifestó que nunca hubo alegaciones de maltrato ni de la madre, ni del padre, hacia su hija.
“No había nada que sostuviera la medida más drástica, que es la remoción de un menor”, indicó el letrado.
Por su parte, en declaraciones escritas, el Departamento de la Familia indicó que respetarán y acatarán la decisión judicial, “pero también estamos obligados a agotar todos los recursos disponibles para garantizar la protección de la menor”.
“Mientras, tal y como ordenó la Hon. Jueza Sonya Nieves Cordero, continuamos haciendo todos los esfuerzos para lograr una apertura de mamá y papá para recibir servicios que la fortalezcan, para que pueda garantizar la seguridad y bienestar de la menor”, indicó la dependencia.
“Como hemos sostenido antes, nuestra finalidad es que la menor esté sana y segura, y siempre que los padres estén capacitados para garantizarlo, daremos la ayuda y el apoyo necesarios para que, al final del proceso, pueda continuar en su núcleo familiar”, agregó.
En la vista, que comenzó a las 4:00 p.m., el Departamento de la Familia llevó como testigos a dos trabajadoras sociales que intervinieron en el caso.
En la misma, la jueza escuchó de forma virtual a las partes. La madre y el padre de la niña, Miguel Torres comparecieron a la Comandancia al igual que el DF, parte peticionaria, representado por la abogada, María del Pilar Guzmán.
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La vista de naturaleza civil estaba citada para la 1:00 de la tarde, pero no fue hasta pasadas las 5:00 de la tarde, que dio inicio, a puertas cerradas, como otros procesos en los que se ventilan asuntos de custodia de menores.
A las 7:00 de la noche, trascendió que Ramón Rivera Grau, abogado de la madre de la menor, contrainterrogaba a la trabajadora social que investigó el caso.Play Video
Habla abogado de Lisha Ramón Mejías luego de que Familia le removió a su hija
El licenciado consideró que la menor de dos años “no estaba en ningún riesgo inminente” en el hogar de su madre comerciante en Cayey.
Vecinos se unieron ayer, jueves, a Ramón Mejías en la carretera PR-1, en Cayey, luego que la joven madre de 21 años denunció en las redes sociales de su negocio Organic que el DF le había removido a su hija. En el lugar, Ramón Mejías vende jugos naturales a diario como parte de su sustento económico, cargando a su pequeña en una mochila en el pecho.
El Departamento de la Familia alega que removió a la menor porque sus padres no cumplieron con una orden de protección por un incidente de Ley 54 que, aparentemente, no llegó a corte.
Mientras transcurría la protesta en Cayey, la administradora de la Administración de Familias y Niños, Glenda Gerena, dijo que la agencia tiene la custodia de emergencia de la niña por un período de 72 horas.
El caso se remonta a un incidente de violencia intrafamiliar entre la pareja el pasado 19 de diciembre, por el cual Torres obtuvo una orden de protección en contra de Ramón Mejías, al amparo de la Ley 54, para la Intervención contra la Violencia Doméstica. En ese momento, el tribunal le dio la custodia provisional de la nena al padre y le quitó a la madre las relaciones materno filiales hasta que se viera el caso en enero.
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El 23 de diciembre, el padre de la menor desistió de continuar con la orden de protección y ya antes le había regresado la niña a la madre. Este jueves 29 de diciembre, a pedido del peticionario, la jueza municipal de Caguas, Evyanne Mártir Hernández, ordenó el archivo de la orden de protección.
En medio de las diferencias entre la pareja, el DF acudió el miércoles al tribunal con una solicitud de custodia de emergencia y esa noche removió a la niña del hogar de la madre bajo el argumento de que ambos padres habrían violado una orden de protección con la entrega de la niña a la mamá estando vigente el recurso legal.
Hoy, el DF acudió nuevamente al tribunal con una solicitud de custodia provisional de la menor ya que la custodia de emergencia que le fue concedida a la agencia se extiende un período de 72 horas que vence mañana, sábado.
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El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, se presentó a la Comandancia de Caguas para “apoyar” a Ramón Mejías y en horas de la noche se mantenía en el lugar.”
“Considero que Lisha es una joven trabajadora, una madre que ha cumplido sus responsabilidades con su hija. Basta con ver las publicaciones que ha hecho en las redes sociales sobre ella y su pequeña que denotan un grado de madurez extraordinario en el proceso de crianza, aun a su corta edad”, opinó Ortiz Velázquez.
“Estamos esperanzados en que esta noche esa pareja, tanto Miguel como ella, puedan tener a Nazareth en su hogar”, agregó el alcalde popular.
Temprano en la tarde, Rivera Graudijo que no había tenido acceso a la investigación que condujo Familia sobre el caso y que ya no hay una orden de protección al amparo de la Ley 54 en contra de su clienta, debido a que la jueza municipal de Caguas Evyanne Mártir Hernández ordenó su archivo ayer. Rivera Grau sostuvo que Torres, el peticionario, desistió de la orden de protección el pasado 23 de diciembre.
“El Departamento de la Familia tiene unas prerrogativas dentro de su investigación a la que yo no he tenido acceso por el momento, todavía es un proceso confidencial”, dijo Rivera Grau a este medio.
El letrado indicó que Familia “tendrá que pedir los remedios al tribunal y presentar la evidencia de que la remoción de la menor fue conforme a la Ley 246, que a nuestro juicio no estaban los elementos para el proceso”.
Rivera Grau dijo que la madre de 21 años no está imputada de algún delito. “No existe ningún tipo de orden de protección vigente, aquí hubo una investigación que surgió a raíz de una orden de protección y lo que hubo en su momento fue una orden ex parte que fue desistida por la propia parte peticionaria”, sostuvo el abogado.Play Video
¿Por qué removieron a niña del hogar de una madre comerciante? Lo que dijo Familia
La agencia asumió la custodia de emergencia de una menor de 2 años y la sacó del hogar de su mamá Lisha Ramón Mejías, de 21 años.
Legisladora pide aclarar lo ocurrido
Previo a la determinación de la jueza esta noche, la senadora por el distrito de Arecibo, Elizabeth Rosa Vélez, quien es trabajadora social, se sumó hoy a las críticas por el manejo del caso y le hizo un llamado de sensibilidad a Familia al momento de manejar estos referidos.
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También hizo un llamado al gobernador Pedro Pierluisi a que convierta en ley la Resolución Conjunta del Senado 190 que ordena establecer un plan de emergencia para atender la crisis de abuso y maltrato de menores en Puerto Rico en 60 días y que está pendiente en su despacho en La Fortaleza. Según el portal de la Oficina de Servicios Legislativo, la medida fue firmada por los presidentes de Cámara y Senado, el pasado 18 de noviembre y el pasado 14 de diciembre fue recibida en Fortaleza.
“Una vez más el Departamento de la Familia ocupa la atención pública debido a la forma y manera en que manejan los referidos que llegan a la agencia. Hoy, es una familia con una menor de dos años de edad que fue removida bajo circunstancias cuestionables y que ponen en entredicho si en efecto el caso se trabaja de forma objetiva y en beneficio de la menor de edad”, denunció Rosa Vélez, del Partido Popular Democrático.
“Como trabajadora social conozco la complejidad y los múltiples factores que ocurren en los hogares por lo cual cada caso se tiene que trabajar de forma particular y debe atenderse con la urgencia así como la seriedad que ameritan siempre velando y salvaguardando el beneficio de ese niño o niña”, sostuvo la legisladora.
Según Rosa Vélez la agencia responsable en velar y preservar la familia carece de credibilidad ante la ciudadanía y recordó que la agencia reconoció que ha fallado en atender unos 10 mil referidos.
“Admitir que el departamento tiene sobre 10 mil referidos de maltrato o abuso sin atender es alarmante, preocupante e inexplicable. A esto se suman casos discutidos en la palestra pública que incluyen una menor de tres meses que la madre dejó en la casa del padre en Santurce y ahora este caso. Se trata de la vida de seres humanos, en particular de menores de edad que son removidos de sus hogares para llevarlos a hogares sustitutos. Es un asunto delicado y serio por esto mi llamado a la sensibilidad en el manejo de cada caso”, sostuvo la senadora.
Dijo que la RCS 190 ordena establecer un plan de emergencia para atender la crisis de abuso y maltrato de menores en Puerto Rico en 60 días a los departamentos de la Familia, Educación y Salud, así como la Administración de Salud Mental y Contra la Adicción y la Policía de Puerto Rico.
“Estoy esperanzada en que el gobernador acogerá la resolución y la convertirá en Ley. Con ello las agencias tendrían que establecer un plan de emergencia para combatir el abuso contra menores. Esto redundaría en salvaguardar, proteger y garantizar los derechos de los menores”, explicó Rosa Vélez.
“El personal del Departamento de la Familia debe aclarar lo ocurrido en el caso de la familia de Cayey, para despejar cualquier duda que pueda surgir sobre la forma en cómo manejaron este caso particular. Además, deben proveer las herramientas necesarias a la familia para atender la situación. Para esto deben ser sensibles y empáticos”, expresó.