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Los casos insulares: ¿racismo o imperialismo?

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Jueces racistas e imperialistas diseñaron un régimen territorial que sobrevive todavía, escribe Carlos Gorrín Peralta

En la fachada principal de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington se lee que «todos los hombres son iguales ante la ley» (The Associated Press)

CARLOS I. GORRÍN PERALTA

En abril varios congresistas reclamaron que el Attorney General de Estados Unidos repudiara los casos insulares de principios de siglo XX por ser racistas y no tener lugar en el derecho de ese país. Exigieron que el Departamento de Justicia no invoque más la doctrina de esos casos al litigar asuntos de Puerto Rico y otros territorios.

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Los congresistas respondían en año electoral ante sus electores hispanos al reclamo de ciertos grupos que promueven la revocación judicial de los casos insulares, por ser racistas. Un asistente del Attorney General contestó la carta. Indicó que “el lenguaje y lógica racista de los casos no tiene lugar en nuestro derecho”, que son “irreconciliables con principios fundacionales americanos” y que no descansarán en dicha “retórica racista”. Nada dice de que la Corte Suprema revoque los casos insulares.

Sin duda alguna, los jueces que emitieron esas decisiones entre 1901 y 1922 eran racistas irredentos. Recién habían decidido que no era inconstitucional la segregación racial. El racismo había caracterizado la historia de ese país desde antes de su independencia, primero con la esclavitud de personas africanas, luego con la segregación racial y la negación de derechos de la gente afrodescendiente. Ese racismo ha estado recobrando fuerza recientemente.

Los casos insulares trataban sobre qué hacer con Puerto Rico y los otros territorios conquistados en 1898, escribe Carlos Gorrín Peralta
Los casos insulares trataban sobre qué hacer con Puerto Rico y los otros territorios conquistados en 1898, escribe Carlos Gorrín Peralta (Patrick Semansky)

Los casos insulares trataban sobre qué hacer con Puerto Rico y los otros territorios conquistados en 1898. Antes habían tenido territorios desde fines del siglo XVIII. La política territorial había consistido de extender las fronteras del país hacia el oeste mediante compra o conquista militar. Los territorios anexados entonces serían parte de la nación, los poblarían y explotarían económicamente, establecerían gobiernos territoriales y eventualmente los admitirían como estados. Los trece estados originales ahora son 50.

En 1898 ocurrió algo distinto. No se buscaba extender la frontera, sino adelantar intereses económicos y estratégico-militares en el Caribe, donde ya planeaban el canal en Panamá, y al otro lado del Océano Pacífico para competir por el mercado asiático. Habría que manejar las nuevas posesiones bajo otra política territorial.

Se desató un intenso debate. Algunos opinaban que podían adquirir nuevas tierras para explotarlas imperialmente sin que fueran parte de Estados Unidos ni destinados a ser estados. Para otros no era correcto gobernar poblaciones que no fueran parte del país, pero las nuevas poblaciones eran razas inferiores incapaces de ser parte de la nación. Los primeros eran imperialistas; los segundos eran racistas.

El Congreso optó por lo primero. Con fundamentos construidos por académicos de Harvard y Yale, al aprobar la ley orgánica (Foraker) para Puerto Rico, en 1900, delegaron el control total del país al presidente e impusieron una tarifa solo a mercancías importadas de Puerto Rico. Como no era parte de la nación, no le aplicaba la disposición constitucional que ordena uniformidad tributaria. Para validar la tarifa, la Corte Suprema aceptó que Puerto Rico no es parte de los Estados Unidos, distinguiendo entre “territorios incorporados” y “no incorporados”. Aunque el Congreso ejercía poderes plenarios sobre todos, en los no incorporados el Congreso podría determinar qué disposiciones constitucionales aplican.

Al decidir esto, los jueces racistas de entonces usaron retórica que hoy día no se atreverían a emplear, pero realmente lo que decidieron fue validar la nueva política territorial ordenada por el Congreso para atender nuevas pretensiones de explotación de otras tierras con fines económicos, militares y geopolíticos. Además de racistas, eran imperialistas, y por eso es realmente que diseñaron un régimen territorial que sobrevive todavía. De todos modos, cabría preguntarse si debe la Corte Suprema revocar esos casos, pero eso provoca una larga lista de interrogantes que habría que considerar en otra ocasión.

El reclamo de los congresistas y la respuesta del asistente del attorney general se limitan a la despreciable retórica racista de los casos insulares, pero dejan intacta la verdadera doctrina de esos casos, que pretende justificar constitucionalmente que Estados Unidos mantenga todavía un régimen colonial en nuestro país, y que violenten nuestro derecho a la libre determinación, para que podamos salir de nuestra situación colonial, determinar nuestro futuro sistema político y encaminarnos en libertad hacia nuestro propio desarrollo económico, social y cultural.

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ACERCA DEL AUTOR

CARLOS I. GORRÍN PERALTA

Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Interamericana

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