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Luis Pedraza Leduc: Claves para entender el momento político

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El enemigo de clase nos da la clave: tenemos que elaborar nuestras propuestas compartidas (combinando las exigencias de distintas luchas) y un lenguaje común; tenemos que coordinar nuestras luchas y tenemos que construir los partidos que puedan ser su vehículo político

por Rafael Bernabe Riefkohl

Durante la recién terminada campaña primarista, dos intervenciones sorprendieron a muchas personas. Eduardo Bhatia, expresidente del Senado y líder histórico del PPD, habló muy elogiosamente del gobernador PNP Pedro Pierluisi, como una persona “moderada” que había dado gran estabilidad económica al país. Por otro lado, describió a Jennifer González como una líder “populista” e insinuó que en las primarias los electores del PNP debían favorecer al primero contra la segunda.[1] Por otra parte, Luis Fortuño, exgobernador y líder histórico del PNP, declaró que hay candidatos del PNP por los cuales no votaría, a la vez que indicó que la candidata de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, merecía apoyo, dado su compromiso con la empresa privada.[2] Lejos de ser insignificantes, estas intervenciones son síntomas de lo que está ocurriendo en la política puertorriqueña. Para entenderlo tenemos que ver el panorama más amplio.

Luego del fin del control político del PPD entre 1944 y 1968, las clases poseedoras en Puerto Rico han confiado la defensa de sus intereses a dos partidos políticos: el PPD y el PNP. Desde la década del 1990, esas clases y sus partidos han abrazado la agenda neoliberal que incluye, entre otras políticas, la privatización, la reducción del empleo público, el ataque a las organizaciones sindicales y el debilitamiento de los derechos laborales. A pesar de las resistencias, no hay duda de que esta agenda ha logrado imponerse ampliamente. Recordemos que a partir de la década de 1990 en Puerto Rico se privatizó la Telefónica, el sistema de salud, la administración de rutas de la AMA, de autopistas, del aeropuerto internacional, de las lanchas de Cataño, Vieques y Culebra, de la transmisión, distribución y generación de electricidad y, más recientemente, los muelles de turismo. La transición a la energía renovable se ha entregado a empresas privadas. Desde 2014, se paralizó la negociación colectiva en el sector público. En 2017 se aprobó una contrarreforma laboral que arrebató importantes derechos a los trabajadores. El empleo público se redujo a la mitad entre 2008 y 2023, de 275,448 a 158,526 empleos totales (una caída de 42%) o de 218,540 a 106,457 empleos de carrera (una caída de 51%) El empleo en el gobierno central se ha reducido a 13% del empleo total.[3] Tanto Fortuño como Bhatia contribuyeron significativamente a la realización de esta agenda, desde la ley 7 del primero hasta la privatización de la energía impulsada por el segundo.

Pero este éxito en la imposición de la agenda neoliberal ha chocado con un problema: a partir de 2006, la economía de Puerto Rico entró en una depresión que se prolongó hasta el 2021. No hay que detallar sus consecuencias. Ni el PNP ni el PPD tuvieron respuesta ante esa crisis. Ese hecho se tradujo en el apoyo electoral decreciente de esos partidos, elección tras elección. Ricky Rosselló fue electo con 42% de los votos emitidos y no pudo completar su término, como resultado del rechazo y descontento que se manifestaron en movilizaciones de gran magnitud y persistencia. Pierluisi ganó con 33% de los votos emitidos y acaba de ser derrotado en las primarias recién celebradas. La caída del apoyo electoral del PPD es aún más dramática. En fin: si bien han servido bien a las clases poseedoras, tanto el PNP como el PPD exhiben un creciente desprestigio ante sectores cada vez más amplios de la población.

La otra cara de ese desprestigio ha sido el fortalecimiento electoral en 2020 de dos fuerzas, el MVC y el PIP, que impulsan una agenda opuesta a las políticas neoliberales reinantes. Parte de esa agenda ya se ha traducido en proyectos de ley presentados por estos partidos, como, por ejemplo: una reforma laboral que devuelva importantes derechos a la clase trabajadora (licencias de vacaciones y enfermedad, protección y compensaciones por despido, elegibilidad para bono de Navidad, pago de horas extras, etc.); aumento del salario mínimo y futuros ajustes según aumente el costo de vida; plan piloto de reducción de la semana laboral sin reducción de salario; límite al número de camas asignadas a un enfermero en los hospitales; pasos hacia el establecimiento de un seguro de salud universal; promoción y protección del ejercicio del derecho a la organización sindical; legitimación activa ambiental (standing para querellarse ante violaciones de ley o reglamento ambientales) para toda persona; reconocimiento de personalidad jurídica de bosques y el carso (que facilite su protección); moratoria a nuevas construcciones en la zona costera y la revocación de las disposiciones de las leyes 20 y 22 (ahora parte de la ley 60); aumento de la carga contributiva a las más grandes empresas.

Ambos procesos, el creciente desprestigio del PNP y PPD y la fuerza electoral exhibida en 2020 por el MVC y el PIP preocupan seriamente a los más alertas sectores de las clases poseedoras. Su reacción ha sido rápida y enérgica. Veamos tres ejemplos.

En el terreno de las ideas y la formulación de políticas se han organizado o fortalecido think tanks como el Instituto de Libertad Económica (ILE) y CRECE (liderada por Luis Fortuño), vinculados formal o informalmente a la red de organismos parecidos en muchos países. Su objetivo es promover por todos los medios el fundamentalismo de mercado y combatir cualquier medida que interfiera con la libertad patronal o las ganancias de la minoría poseedora. Según los dogmas de esta corriente, las decisiones por agentes privados y la competencia en el mercado es la mejor manera de organizar la actividad económica. Por tanto, según esta posición, cualquier problema (desempleo, pobreza, falta de vivienda, crisis económica o fiscal) es resultado de algún obstáculo que “distorsiona” el funcionamiento óptimo del mercado. La solución, por lo mismo, es remover ese obstáculo, es decir: no menos, sino “más mercado”. El mayor obstáculo, según esta posición, es la intervención del estado en la economía (a través de leyes laborales, reglamentaciones, impuestos a las ganancias, creación de empresas públicas, etc.), aunque las organizaciones obreras son otro obstáculo importante. En fechas recientes, además del socialismo, estos sectores han centrado sus ataques en lo que describen como la amenaza o los peligros del “populismo”. Esta descripción de cualquier enemigo como populista tiene un significado más profundo: es síntoma del carácter antidemocrático de este fundamentalismo de mercado.

Recordemos que, para estos discípulos de Hayek y Friedman, el mercado es el mecanismo insuperable para procesar información y tomar decisiones económicas. Pero el mercado cumple esa función castigando severamente a los menos eficientes. Por eso, existe la tentación de que la gente intente “corregir” el mercado (a través de legislación laboral o social), y de que los funcionarios electos, deseosos de obtener los votos para retener sus puestos, cedan a esas exigencias o políticas “populistas”. La democracia, para estos adoradores del mercado, es un riesgo: siempre trae el peligro del pacto populista entre electores y funcionarios electos. Por eso el populismo se ha convertido en el nuevo cuco que aparece por todos lados. Y este cuco está presente, no solo en fuerzas como el MVC y el PIP, sino que también se refiere a los políticos del PNP y el PPD que no exhiban suficiente compromiso con imponer la agenda neoliberal, por miedo al rechazo de los electores.

Por eso, según la doctrina neoliberal, es preferible que los organismos de política económica, monetaria o fiscal estén desvinculados de los cuerpos electos y fuera de todo control democrático. Deben poder imponer la disciplina del mercado sin rendir cuentas a nadie. Por eso también se simpatiza con organismos no electos, como la Junta de Control Fiscal (JCF), que pueden imponer políticas de austeridad, de privatización, de rediseño de agencias, sin tener que preocuparse por el sentir de la gente o el electorado. No es coincidencia que un ideólogo del neoliberalismo criollo, el economista Gustavo Vélez, haya sido uno de los primeros promotores de la imposición de una junta no electa y que haya sido uno de sus más destacados defensores desde su creación.

A falta de organismos no electos, como la JCF, esta orientación solicita y aplaude líderes políticos que actúen “sin miedo” al electorado. De nuevo, es típica la expresión de Vélez cuando tuitea con añoranza: “Quizás algún día tendremos nuestro propio Lee Kuan Yew (Singapur) o @JMilei (Argentina) que venga con voluntad y sin miedo a perder votos, y priorice en reformas económicas valientes y radicales”.

En segundo lugar y además de los think tanks, los sectores patronales han reaccionado al desprestigio del PPD y el PNP, y al fortalecimiento del MVC y el PIP, con la fundación del súper pac “Democracia es prosperidad”. Su objetivo, como han dicho sus fundadores, es combatir las “legislaciones populistas que han aumentado exponencialmente los costos de hacer negocios en Puerto Rico”.[4] Que en español quiere decir: combatir cualquier legislación social, laboral o ambiental que afecte nuestras ganancias. Basta ver algunos de los donantes a este gran fondo de campaña: B. Fernández y Hnos., Bella Group, Ballester Hermanos, Pueblo Inc., Econo, Coca Cola Puerto Rico Bottlers, Supermercados Selectos, International Restaurant Services, Grupo V. Suárez, Medalla Distributors, Unión de Mayoristas, etc. Cuando hablan de “libertad económica” están hablando de su libertad económica. Querían “libertad” para seguir pagando $7.25 la hora. Quieren “libertad” para despedir a trabajadores sin compensación (lo que en Estados Unidos llaman “employment at will”), para construir sobre tierra agrícola y en zonas ambientalmente sensibles, es decir, libertad para maltratar la gente y el ambiente. No es raro entonces que sus primeros ataques se enfilaron contra Rosa Seguí, una candidata del MVC. Eso se intensificará según se acerquen las elecciones.

Por último, cabe mencionar la ofensiva legal que pretende sacar cinco candidatos nacionales del MVC de la papeleta. El líder de esta gestión ha sido el abogado y columnista Iván Rivera. Sus columnas revelan los motivos que inspiran el pleito contra el MVC, que nada tiene que ver con preocupaciones sobre algún detalle de la ley electoral. Según Rivera, algunos líderes del PNP y el PPD, cediendo a la tentación populista y para ganar votos, “han hecho causa común y coro a los grupos populistas de izquierda y uniones”. Los “socialistas disfrazados de progresistas” con la ayuda de aliados en el PPD y PNP han “erigido un intervencionismo de estado sobre la libertad de mercado y las libertades individuales en general, que ha terminado siendo una camisa de fuerza para el desarrollo económico”. Ante este socialismo que ha ido avanzando silenciosamente, disfrazándose de “progresismo”, Rivera convoca a que los electores del PNP y PPD se aseguren de que sus candidatos en 2024 sean personas comprometidas con “la libertad económica y el libre mercado” para que así puedan enfrentar a “los socialistas y ramas anexas”.[5] Por supuesto, Rivera no se limita a llamar a los electores a que voten contra los candidatos populistas. También hace lo que puede con su pleito por sacar a los populistas de la papeleta de manera tal que los electores ni siquiera tengan oportunidad de votar por ellos.

Aquí podemos aterrizar en los comentarios que mencionamos al principio. Vemos como el elogio de Bhatia a Pierluisi y el rechazo de su contrincante (y ahora candidata a la gobernación) como populista forma parte del mismo panorama. Ahora, la presión caerá sobre la candidata para asegurarse que también abrace la bandera de la “libertad económica” y renuncie a toda inclinación populista. En algunos de sus discursos, empezando por el anuncio de su candidatura, ya resuena la palabra clave y slogan de la campaña patronal, la cacareada “libertad económica”.

Por otro lado, también cobran sentido los comentarios de Fortuño. No está de más recordar que Fortuño es el tipo de político que Gustavo Vélez tanto añora: en 2009 vino “con voluntad y sin miedo a perder votos” a imponer a la ley 7 y la “medicina amarga”, sin importar las consecuencias electorales, que provocaron su derrota en 2012. Ahora Fortuño no está dispuesto a apoyar a candidatos del PNP que, cediendo a la tentación populista, no están dispuestos a imponer la “medicina amarga” con la decisión requerida.

Por lo mismo, está dispuesto a apoyar a Joanne Rodríguez Veve, pues ella sí ha abrazado sin reparo la agenda neoliberal y patronal. Sobre esto, hay que destacar la posición elaborada por el vicepresidente de Proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera. Según Frontera, el bipartidismo PNP y PPD está en crisis. Pero ese bipartidismo, según él, encarna la tradición de reformas estatistas y populistas, que se inician con el Nuevo Trato. El MVC lejos de ser una ruptura con eso, sería su continuidad. La verdadera alternativa de “libertad económica” se encuentra en Proyecto Dignidad.[6] En otras palabras, Frontera dice a nuestras clases poseedoras: el bipartidismo PNP y PPD está en crisis. Pero Proyecto Dignidad está dispuesto y listo a asumir la defensa de sus intereses, ante esa crisis del bipartidismo y la amenaza del populismo MVC y PIP.

Hasta ahora, las clases poseedoras siguen prefiriendo el PNP y el PPD a cualquier otra alternativa. Sin embargo, esto puede cambiar con rapidez, si la crisis del PNP y el PPD se acelera y profundiza. En ese caso, un sector de esas clases podría trasladar su apoyo a Proyecto Dignidad. Ese es el significado y advertencia que contiene el comentario de Fortuño, uno de los representantes más consistentes de esas clases: el puente hacia Proyecto Dignidad está construido, aunque aún no se haya decidido transitarlo.

Vemos entonces un panorama que incluye: la acción de los think tanks; la ofensiva en defensa de la “libertad económica”; la denuncia del populismo y de la amenaza del MVC y PIP; la exigencia dirigida también al interior del PNP y del PPD de ruptura con el populismo; la formación del súper pac patronal; el elogio por un líder PPD a un gobernador PNP contra su contrincante, tildada de populista; el elogio por un líder PNP a una candidata de Proyecto Dignidad a la vez que critica a los populistas de su propio partido; la acción legal para sacar a cinco candidatos del MVC de la papeleta. Se trata, en fin, de la activación y de un realineamiento de fuerzas, fluido e inestable, pero que tiene un eje muy claro: defender en todos los espacios y por todos los medios posibles los privilegios y ganancias de las clases poseedoras ante cualquier proyecto de democracia o justicia económica y social. Y, nótese como, en este empeño, se dan la mano estadistas, estado-libristas e independentistas.

En otras palabras, ante el desprestigio de sus partidos, los de arriba no se quedan de brazos cruzados. Al contrario, han creado think tanks; lanzado su ofensiva de ideas engañosas pero atractivas (“libertad económica”); inventado villanos a los cuales achacar los problemas sociales (el populismo); organizado súper pacs para apoyar a sus candidatos y atacar a los demás; ido a los tribunales para esgrimir el lawfare contra sus oponentes y han fomentado apoyos mutuos por encima de líneas partidistas. Ya han logrado que la prensa dé por dato comprobado los estudios realizados por fundaciones de derecha como el American Enterprise Institute, el Cato Institute, la Heritage Foundation, entre otras.

Los de arriba se organizan. Entonces ¿qué haremos las y los de abajo? ¿Qué haremos los sindicatos, los grupos ambientales, de mujeres, estudiantiles y universitarios, comunitarios, LGBTTQ, etc.? En la actualidad, existen muchas organizaciones, pero la matrícula de muchas de ellas (las sindicales, por ejemplo) está desmotivada y desmovilizada. Existen muchas iniciativas, pero están fragmentadas. Hay grandes simpatías por la alianza del MVC y el PIP, pero no se traduce en mayor compromiso para asegurar su victoria. El enemigo de clase nos da la clave: tenemos que elaborar nuestras propuestas compartidas (combinando las exigencias de distintas luchas) y un lenguaje común; tenemos que coordinar nuestras luchas y tenemos que construir los partidos que puedan ser su vehículo político. Mientras sigamos encontrando razones para no pasar de la lamentación a la acción; de la fragmentación y la división a la coordinación y unidad; y del rechazo del PNP y PPD a la construcción de una alternativa política—mientras no aprendamos del enemigo, ese enemigo seguirá venciendo e imponiéndose.

Notas:

[1] “Eduardo Bhatia dice que Pierluisi le ha brindado ‘estabilidad’ a Puerto Rico y llama ‘populista’ a Jennifer González”, @JugandoPelotaPR, 31 mayo 2024 (la entrevista se transmitió por Notiuno).

[2] Efraín Montalbán Ríos, “Luis Fortuño: ‘Hay gente en mi partido por la que no podría votar’”, Nuevo Día, 28 mayo 2024.

[3] Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, “Estadísticas de puestos ocupados en el gobierno de Puerto Rico. Junio 2023”, 17 agosto 2023; “Tabla 1”, Departamento del Trabajo, Empleo asalariado no agrícola, 18 agosto 2023.

[4] Oscar J. Serrano, “Súper Pac de empresarios elige más de la mitad de candidatos en su papeleta”, Noticel, 3 junio 2024.

[5] Iván Rivera, «El acecho de la izquierda en Puerto Rico”, El Vocero, 11 septiembre 2023.

[6] Juan Manuel Frontera, «Después del bipartidismo, ¿qué?”, Metro, 17 agosto 2023.

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Rafael Bernabe es senador por el Movimiento Victoria Ciudadana.

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