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Luis Pedraza Leduc: De cómo nos gobierna una clase social poderosa por encima de las «instituciones democráticas»

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Una clase social poderosa económicamente que controla las estructuras de poder en el imperio. La presidencia, el congreso y el Tribunal Supremo son uno solo a la hora de proteger sus intereses de clase

La decisión afirma la condición colonial de Puerto Rico, resuelta consistentemente por el Tribunal desde los llamados casos insulares hasta hoy. En ese sentido, el Congreso que aprobó e impuso PROMESA está en sintonía con el Tribunal que a su vez es nombrado por los miembros de ese Congreso.

Buenos días. El 11 de mayo pasado el Tribunal Supremo de EEUU revocó dos decisiones favorables al Centro de Periodismo Investigativo en su reclamo para que la Junta de Control Fiscal entregue documentos. El Supremo sostiene que la JCF tiene inmunidad soberana lo que implica que no puede ser demandada para exigir entregue información.

En la noticia que compartimos el Centro discute el impacto negativo de la decisión en torno al derecho del pueblo de obtener información sobre los actos de la Junta. La decisión afirma la condición colonial de Puerto Rico, resuelta consistentemente por el Tribunal desde los llamados casos insulares hasta hoy. En ese sentido, el Congreso que aprobó e impuso PROMESA está en sintonía con el Tribunal que a su vez es nombrado por los miembros de ese Congreso.

Creo que lo que resulta significativo es el instrumento utilizado, inmunidad soberana, para que el pueblo no pueda conocer información sobre cómo se manejan nuestras finanzas, quienes, y a qué costo toman las decisiones, cómo se benefician los bonistas, inversionistas, consultores, abogados que si tienen acceso a mucha de la información que hoy se niega.

Es decir, el asunto va más allá de la deuda, los planes de pago, las finanzas y estadísticas. Aquí se protege la información que revelaría quién o quiénes poseen el poder político y económico en el negocio de la deuda. Hace semanas se destapó el escándalo del juez Thomas quien recibe invitaciones para disfrutar vacaciones, viajes y otros placeres de un potencial litigante ante el Tribunal Supremo.

De eso se trata, una clase social poderosa económicamente que controla las estructuras de poder en el imperio. La presidencia, el congreso y el Tribunal Supremo son uno solo a la hora de proteger sus intereses de clase. ¿Quién lo duda?

Luis Pedraza Leduc

Supremo federal pisotea el derecho de acceso a la información de los puertorriqueños

por  Centro de Periodismo Investigativo | Publicado: 11 de mayo 2023 a las 02:05 PM

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Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Foto por Katie Harbath via Visualhunt

En el caso del Centro de Periodismo Investigativo contra la Junta de Control Fiscal, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió hoy una decisión que parte de la premisa de que la Junta posee inmunidad soberana en una controversia donde se decide el derecho puertorriqueño de acceso a la información pública. 

“La Junta no quiere darnos los documentos públicos y el Tribunal Supremo federal hoy les permite esto. Es una opinión judicial muy débil, porque su argumento principal y neurálgico es asumir que la Junta tiene inmunidad, sin entrar en los méritos de si realmente tiene esa protección. Las consecuencias que tiene esta decisión del Tribunal Supremo son perversas para el pueblo de Puerto Rico”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.

La decisión del Tribunal Supremo federal tiene el efecto de darle el poder a la Junta de no tener que responder al derecho fundamental que tienen los ciudadanos en Puerto Rico a conocer lo que ocurre en su gobierno. Esto es algo sin precedentes hasta para el Gobierno de los Estados Unidos. Esta decisión solo aplica a la Junta y no al Gobierno de Puerto Rico ni a ninguna de sus dependencias, que siguen sujetas al derecho constitucional de acceso a la información que reconoció el Tribunal Supremo de Puerto Rico hace más de 40 años.   

El equipo legal del CPI está evaluando las implicaciones y posibles alternativas de respuesta ante esta decisión.

“Rechazamos de la manera más enérgica posible que el Tribunal Supremo federal haya tomado una decisión que pisotea los derechos de los puertorriqueños. Estamos ante otro capítulo más de la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos, esta vez, con el resultado de obstaculizar la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas en nuestro País”, añadió Carla Minet.

Por su parte, el cofundador del CPI y director del Programa de Transparencia, Oscar Serrano, manifestó: “Dentro de la trayectoria de la Ley PROMESA, esta decisión es una prueba más de la intención de Estados Unidos de validar y defender el carácter colonial de Puerto Rico y a la Junta, sin distinción de partido político. La Ley PROMESA fue un acto de demócratas y republicanos, y esta decisión es una decisión de jueces republicanos y demócratas, con la participación de la única jueza puertorriqueña en el Tribunal Supremo”.

El CPI demandó a la Junta en el 2017 para lograr acceso a varias categorías de información pública, incluyendo sus comunicaciones con el Gobierno de Puerto Rico y el de los Estados Unidos, contratos suscritos, minutas e informes financieros sometidos o recibidos por los miembros de la JSF, entre otros.

Luego de que el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico y el Tribunal para el Primer Circuito decidieran a favor del CPI, la Junta acudió al Tribunal Supremo federal, que aceptó ver el caso. 

La Junta argumenta que, como parte del Gobierno de Puerto Rico, disfruta de “inmunidad soberana”, lo que le permite no someterse al derecho de acceso a la información en Puerto Rico. Este concepto legal confiere a los estados, el Gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos de otros países la capacidad de evitar que sus ciudadanos los demanden en sus cortes o que sean demandados en cortes extranjeras, excepto cuando es renunciada. Esto último ocurre a menudo cuando se hacen leyes que permiten que los ciudadanos demanden al gobierno por ciertos temas. 

El derecho de acceso a la información es un área en la que el Gobierno de Puerto Rico ha renunciado a su inmunidad, por lo que los ciudadanos pueden demandar al Gobierno para solicitar documentos públicos.

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