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Luis Pedraza Leduc: El deterioro del sistema de salud a partir de su privatización a partir de 1994

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El gobierno de Pedro Roselló, con la anuencia del Partido Popular y otros sectores integrantes de las clases dominantes, iniciaron el deterioro del sistema de salud y nos llevaron al actual callejón de la muerte

Buenos días. El acercamiento a los detalles y cotidianidad de nuestras vidas es uno de los resultados de esa cosa que llamamos redes sociales en el mundo del internet. Así nos enteramos de la salud de nuestros amigos en la red, quienes serían desconocidos para la mayoría de no ser por eso llamado facebook, de polémicas sobre diversos asuntos importantes y otros no importantes. En fin, nos enteramos de más temas de los que podemos manejar.

El tema de la salud es uno de los más visibles, desde las peticiones de orar para que alguien se mejore o porque va a realizarse un procedimiento médico. Aquí no aplica la ley Hipaa, nada es secreto. También nos enteramos de quiénes pasan a otro plano de la misma manera que celebramos los cumpleaños. Hasta ha servido para anunciar a quienes estuvieron compartiendo que uno de estos tiene Covid y amablemente advierte el posible contagio.

En fin, que la salud de una u otra manera es un tema obligado entre los seres humanos ya que tener una buena salud nos permite vivir. Es por ello que tener disponible un recurso médico que le evalúe y diagnostique su condición es vital para una buena salud, para la vida. A partir de ese médico tiene que existir toda una red de laboratorios, farmacias, médicos especialistas, centros de tratamiento, salas de emergencias y hospitales para tratar las condiciones de salud físicas y mentales que nos afectan. En su conjunto, lo anterior es un sistema de salud que si existiera para todos y todas en iguales condiciones le llamaríamos un sistema de salud universal. Los países de más desarrollo cuentan con ello.

Otros países, supuestamente desarrollados, como EEUU, no tienen este sistema universal. Tiene un sistema individualizado que funciona si usted tiene dinero para pagar por su atención médica. De ahí, que la salud se convierte en mercancía y que para poder comprarla usted tiene que tener una tarjeta plástica. El mercado de la salud es organizado por las aseguradoras según sus variables y criterios comerciales de modo que las aseguradoras siempre ganen más cada año.

En Puerto Rico tuvimos un sistema híbrido donde el primer escalón era universal y existía un sistema que distribuía los recursos sobre la base de la salud como derecho, no como mercancía. Este sistema ofreció una sala de emergencia y un centro de evaluación y diagnóstico abierto las 24 horas en cada municipio.

A partir del año 1994 se privatizó todo el sistema de salud y hoy carecemos de esa entrada universal y todo depende del mercado. Hoy Puerto Rico enfrenta la quiebra más grande de una empresa privada, $400 millones, la cual corresponde a un sistema de hospitales. Sus dueños acusan a la aseguradora más grande del país de ser la responsable. Y estos, la aseguradora, reclaman en procesos amañados y en los tribunales el dinero que el hospital les debe a su vez que no le paga al hospital lo correspondiente. Y mientras las empresas privadas que venden procedimientos de salud a los seres humanos que los necesitan para vivir litigan en los tribunales, usted, cualquier amigo en la red y yo, oramos para no enfermarnos.

Compartimos dos artículos, uno que recoge en dólares y centavos la controversia y los detalles procesales de cómo se disputan la culpa la empresa hospitalaria HIMA y la empresa aseguradora Triple S, y la columna de Benjamín Torres Gotay sobre el tema que tituló, “El mercado de la vida”.

La salud es un derecho, no es una mercancía. Debería ser razón para marchar y exigir a los gobernantes garantías para vivir bien, para una vida buena.

Luis Pedraza Leduc

Reafirman orden de cese y desista en el caso de HIMA San Pablo

● El grupo hospitalario sometió ante el tribunal un plan de emergencia para mantener a flote sus operaciones ante la ausencia de suficiente efectivo para cubrir sus gastos

  • El Nuevo Día           19 Aug 2023
  • JOSÉ ORLANDO DELGADO RIVERA joseorlando.delgado@gfrmedia.com

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De acuerdo con el presupuesto sometido, la nómina semanal del grupo hospitalario asciende a $2.4 millones, mientras que los gastos operacionales suman $260,000 en el mismo periodo.

Al tiempo que el sistema de hospitales HIMA San Pablo busca en el Tribunal federal de Quiebras la aprobación de un financiamiento de emergencia para mantener sus operaciones a flote, el comisionado de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), Alexander Adams Vega, confirmó una orden de cese y desista contra la aseguradora Triple-S Salud, uno de los principales acreedores del grupo hospitalario. La determinación se produjo luego de que la aseguradora apeló la orden original de la OCS, que fue emitida el 2 de junio de este año. Dicha orden estableció que Triple-S violentó el artículo 30.050 del Código de Seguros de Puerto Rico y la Regla 73 del Reglamento del Código de Seguros, mediante la creación de “mecanismos operacionales” de proceso de “ajuste” y un proceso de “reconsideración” de la reclamación contrarios a la ley.

Tras atender la apelación de Triple-S, la OCS determinó que la implementación de los “mecanismos operacionales” de “ajuste” y de “reconsideración” tienen el efecto de dilatar y preterir el proceso dispuesto en la ley de Pago Puntual para el pago de reclamaciones de servicios de salud prestados. “La más reciente decisión reafirma la corrección de la acción tomada por el regulador”, afirmó Adams Vega en un comunicado de prensa.

Con esta determinación, la OCS ordenó a Triple-S Salud que cese y desista de aplicar los “mecanismos operacionales” para resolver disputas en cuanto al pago de reclamaciones de sus proveedores de servicios de salud e impuso una multa administrativa de $50,000.

Asimismo, la aseguradora deberá modificar sus procesos para resolver disputas de pago de reclamaciones de proveedores, así como presentar prueba del cumplimiento con la orden administrativa a la OCS en 20 días. De no presentarse un recurso de revisión judicial en el Tribunal de Apelaciones, esta resolución advendrá final y firme, explicó el comisionado de Seguros.

“La OCS continuará realizando estas investigaciones con la responsabilidad y seriedad que ameritan, en el ejercicio pleno de nuestra función como fiscalizador de la industria de seguros, a fin de garantizar el pago oportuno a los proveedores de servicios de salud y el acceso a servicios de salud adecuados a población”, puntualizó Adams Vega.

Este medio intentó obtener una reacción de Triple S, pero hasta el momento de la publicación de esta historia no fue posible.

Al radicar la quiebra esta semana, el presidente de HIMA, Armando Rodríguez, señaló a Triple-S como uno de los responsables de la crisis financiera del grupo hospitalario que suma una deuda de $400 millones. Rodríguez sostuvo que la aseguradora tomó represalias contra HIMA San Pablo al cancelar el contrato en su línea comercial, lo que fue refrendado por los tribunales.

La deuda de Triple-S con HIMA asciende a unos $27 millones, mientras que la desaparecida aseguradora Molina Healthcare le adeuda $25 millones.

“Me quedé sin reserva. Me eliminaron mi liquidez. Por eso es que tengo que ir a buscar la protección del tribunal, porque con las herramientas del tribunal puedo aguantar un poco a los acreedores. Son deudas legítimas, pero en estos momentos tengo un desfase en la forma de operar con la corporación, porque hay dos (entidades) que se quedaron con mi efectivo”, aseveró Rodríguez en entrevista con El Nuevo Día.

MALABARES PARA MANTENER LA OPERACIÓN

El jueves, el licenciado Wigberto Lugo, a cargo del proceso de bancarrota del hospital, radicó una moción para solicitar autorización para el pago de un colateral de unos $6 millones. Durante la primera vista del caso celebrada ayer viernes, sin embargo, HIMA encontró resistencia en dos entidades gubernamentales: el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Reinaldo Paniagua, director ejecutivo del CRIM, defendió la determinación en entrevista con El Nuevo Día, pues resaltó que su deber es proteger los intereses de los municipios que componen la entidad. Aseveró que HIMA recibiría financiamiento por parte de un inversionista extranjero y que pondría en segundo lugar la deuda de $11.5 millones con el CRIM, la cual es preferente en el proceso de quiebra. “Lo que ha acordado HIMA San Pablo con este inversionista no garantiza que el CRIM pueda cobrar sus acreencias, porque pasa los intereses de este fondo extranjero a un primer rango y las del CRIM a un segundo”, estableció.

“El CRIM y los alcaldes solicitaron una garantía a este fondo de inversiones de que se va a mantener la operación como hospital en un tiempo de no menos cinco años, pero nos dijeron que eso no lo pueden garantizar”, reveló.

De acuerdo con Paniagua, la intención de los dueños de HIMA es la venta total de los activos, algo que es contrario a las expresiones anteriores de Rodríguez, quien aseguró que el hospital de Fajardo era el único que estaba a la venta.

Según documentos sometidos ante el tribunal y revisados por este medio, HIMA, al cubrir los gastos operacionales de la primera semana tras la radicación de la quiebra, se quedaría con -$48,000 en su flujo de efectivo.

De acuerdo con el presupuesto sometido, la nómina semanal del grupo hospitalario asciende a $2.4 millones, mientras que los gastos operacionales suman $260,000 en el mismo periodo.

De esta forma, HIMA quedaría en una situación deficitaria a menos que logre el financiamiento de emergencia solicitado.

El plan sometido prevé que HIMA reciba en dos semanas $7.6 millones, cifra que, sin embargo, no daría para cubrir todos los gastos operacionales subsiguientes, quedándose cortos por, al menos, $121,000.

El mercado de la vida

  • El Nuevo Día           20 Aug 2023
  • , benjamin.torres@gfrmedia.com x Twitter.com/TorresGotay Benjamín Torres Gotay Periodista
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“El mercado no está boyante ni floreciente”. Lo dijo, en un artículo publicado ayer en la sección de Negocios de este periódico, el contador público autorizado (CPA) Julio Galíndez. “Mercado”, “boyante” y “floreciente” son palabras que uno asocia regularmente con venta de casas, de prendas, de automóviles, de barcos de lujo, de motoras, incluso de cruceros o de estadías en hoteles y paradores, muchas, muchas otras cosas.

En este caso, el “mercado” al que se refiere el CPA Galíndez es el de los cateterismos, las extirpaciones de vesículas, los sueros a los que se deshidratan, los puntos de sutura a los que se rajan la cabeza, las hospitalizaciones a los que les sale una hernia, a los que no les baja la fiebre o los que no pueden respirar. Se trata, en resumen, del “mercado” de los hospitales, de la salud y, al final, de la vida misma, nada más y nada menos.

De unos cuantos años acá, el país ha atestiguado, con ánimo mayormente frustrado e impotente, el colapso del sistema de salud, si así se le puede llamar a la bola de hilo de intereses económicos y políticos que enreda este sector. Hace unas semanas supimos de medio millón de personas sin una sala de emergencia en su municipio. Ya sabíamos de la escasez de médicos, sobre todo especialistas, el racionamiento de servicios, lo altos deducibles, las denegaciones de referidos, lo abusos de los planes médicos y mil obstáculos más para acceder a servicios rápidos y de calidad, incluso cuando son de vida o muerte.

Esta semana se anunció que el grupo Hima San Pablo, que es el segundo sistema hospitalario más grande de Puerto Rico, pidió la protección de la Ley de Quiebras, abrumado por deudas de $400 millones que con su nivel de ingresos actual dice que no puede satisfacer. El grupo, que el mes pasado despidió a cerca de 300 empleados, atiende unos 319,000 pacientes al año y tiene una red de 720 médicos.

Su quiebra es la más grande que se registra en Puerto Rico, en un negocio de cualquier tipo, durante las últimas décadas.

Un reportaje ayer en la sección de Negocios de este diario dice que el 38% de todos los hospitales en la isla – más de una tercera parte – operaba con pérdidas en el 2019, el doble de los que estaba en ese predicamento diez años antes. Además, analistas sostienen que, si no fuera por los millones de dólares en ayudas que el gobierno de Estados Unidos repartió durante la pandemia, el número de hospitales operando en números rojos sería de un escandaloso 70%.

Se ve, en este cuadro, que la crisis en el sector de salud ha entrado en una nueva y pavorosa fase. Ya no se trata únicamente de médicos y demás personal del sector de salud yéndose a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de trabajo, dejando a la gente con pocas opciones de dónde atenderse y esperando meses por citas y tratamientos de vida o muerte. Si empiezan a caer también hospitales, la cosa se pondrá mucho peor de lo que ya está, con menos salas de urgencia, salas de operaciones, laboratorios, maquinaria para estudios y menos camas para las que necesiten.

No tendría que ser necesario tener que explicar en una columna de un periodista cuán tremendamente grave es que un país fundamentalmente viejo y pobre, muy poco saludable a pesar de los miles de millones que se invierten al año en salud, con altos niveles de condiciones crónicas, estemos siendo golpeados casi semanalmente con distintas noticias relacionadas al colapso, parte por parte, de modelo al que hemos confiado nuestras vidas por tantos años. Pero, desde el gobierno, al que encargamos nuestra vida colectiva, no se ve a nadie inmutándose con esto. No se ve ahora, ni se ha visto antes. En el 1994, el entonces gobernador Pedro Rosselló privatizó el sistema de salud, lo convirtió en un negocio como cualquier otro y casi treinta años después no ha habido ningún gobierno con la voluntad de tomar este indómito toro por los cuernos y poner control en ese degenere de avaricia en que han convertido la salud del pueblo puertorriqueño.

El gobernador Pedro Pierluisi está ocupado en su primaria con la comisionada residente Jenniffer González. El secretario de Salud, Carlos Mellado, está enredado en los problemas internos de la Junta de la Administración de Servicios de Salud (ASES), que maneja el plan de salud del gobierno. En este tema, como en mucho más, se limitan a ofrecer más fondos federales, que, al parecer, caen en un hoyo sin fondo, ya que, mientras más dinero, por lo que se ve, más problemas.

Con la Legislatura, tampoco se ha podido contar, salvo raras excepciones, como la del senador Juan Zaragoza, que esta semana anunció que había logrado fondos para estudiar el costo de un sistema universal de salud, una propuesta de años de las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño y más recientemente de Victoria Ciudadana. Por supuesto que es obligada la pregunta de cómo en un país en el que la población cuenta con cerca de $12,000 millones al año, de distintas fuentes estatales, federales, patronales e individuales para atender su salud, y tanta gente se enferma, puede haber proveedores que no generen lo suficiente para mantener operaciones.

Todas las vueltas que se le dan a este tema terminan en lo mismo: la salud en Puerto Rico es un negocio. En los lugares con mejores sistemas y poblaciones más saludables, es un servicio social que no se dejó, como todo lo demás, al capricho del lucro y el mercado. Esto incluye, como sabemos, al Reino Unido, cuna del capitalismo y también del neoliberalismo. En Puerto Rico, cada actor en el sector de la salud, además de dar servicios, quiere y necesita obtener ganancias, porque así se diseñó el sistema.

Con cada cual velando su parte del bizcocho, para el beneficio de sus dueños y accionistas, el que necesita servicios porque le duele algo suele terminar como la última prioridad. Los planes médicos son los primeros señalados en esto, pero los hospitales que además tienen tiendas, farmacias, cafeterías y algunos hasta restaurantes, tampoco son del todo inocentes de esto.

Puede que por el poderío económico que, a pesar de sus problemas, sigue habiendo en este sector nos sintamos atrapados, sin salida, en esta densa tela de araña. Está, por un lado, quien de verdad gobierna aquí, la Junta de Supervisión Fiscal, que ha demostrado cierta, digamos debilidad, por el sector de los seguros médicos. Por el otro, está el Congreso de Estados Unidos, que paga mucho de lo que se aquí se hace en el sector de salud. El que paga la orquesta, como se sabe, decide el ritmo al que se baila.

Mas sentarse a ver los castillos derrumbándose, orando para no enfermarnos, sin hacer nada, no puede ser opción. Hay por donde empezar a romper esta muralla. Solo falta la voluntad para empezar a darle con el pico a la piedra.

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