Hoy jueves 1ro de marzo es feriado para las actividades gubernamentales. Las fuerzas políticas que eliminaron días feriados de próceres de la talla de Eugenio María de Hostos decidieron destacar un día para conmemorar la insignia del coloniaje. Le llaman ciudadanía americana, la cual sustituyó en 1917 la ciudadanía puertorriqueña.
Buenos días. Hoy jueves 1ro de marzo es feriado para las actividades gubernamentales. Las fuerzas políticas que eliminaron días feriados de próceres de la talla de Eugenio María de Hostos decidieron destacar un día para conmemorar la insignia del coloniaje. Le llaman ciudadanía americana, la cual sustituyó en 1917 la ciudadanía puertorriqueña.
Mediante una ley en el 2017, los gobernantes decidieron crear un día feriado para celebrar su ciudadanía colonial. ¡Un feriado más!, dirán los empresarios y trabajadores de la empresa privada a quienes les vale un pepino angolo tal celebración. Para los empleados públicos, será una buena oportunidad para tomar otro día libre (viernes) y tener un fin de semana de cuatro días.
Y así, caminando de pachanga en bachata nos olvidamos que con ciudadanía o sin ella quienes mandan y gobiernan en el país son siete individuos por los cuales no votamos ni nosotros ni nadie. Son nombrados por el Congreso imperial para dirigir la colonia por el camino económico decidido por ellos.
El Licenciado Fermín Arraiza nos recuerda y narra en un sencillo escrito cómo funciona la colonia y sus contradicciones. Nos invita a actuar y sobre todo a no callar. Celebremos así, con clara ironía, la ciudadanía impuesta.
Luis Pedraza Leduc
El poder legislativo
por FermínArraiza
El Nuevo Día,
lunes, 27 de febrero de 2023
El Nuevo Día,
Lunes 27 de febrero de 2023
Puerto Rico cuenta con un “sistema de gobierno republicano” moldeado por los gobiernos estatales en Estados Unidos. Lo distingue, sin embargo, las limitaciones inherentes a los poderes plenarios del Congreso. No obstante, incorporamos una Carta de Derechos de avanzada, mutilada por el Congreso al eliminar la sección 20 como muestra de su poderío colonial. Por otro lado, como parte del sistema de pesos y contrapesos, nuestra Rama Judicial utiliza un híbrido de Derecho civil español y Derecho común anglosajón.
Con la Ley Promesa en el 2016, ese sistema republicano de gobierno se ha desvanecido. El gobierno de facto de Puerto Rico lo ejerce una Junta, o grupo de personas, que no fueron electas por el pueblo de Puerto Rico. Esta Junta impone su criterio y su ideología en cuanto a cómo se debe utilizar el presupuesto, beneficiando a acreedores y especuladores multimillonarios, mientras desmantela sin timidez lo que nos queda de país.
La Junta de Supervisión Fiscal en su primera reunión pública de 2023. De izquierda a derecha, David A. Skeel, Jr., Robert Mujica, y Omar J. Marrero, representante del gobierno de Puerto Rico. (Pablo Martinez Rodriguez/Staff G)
Cualquier objeción a su proceder debe litigarse en la Corte Federal, aun cuando se consideran funcionarios estatales, tronchándose de paso los poderes constitucionales de nuestra Rama Judicial. Promesa ha despejado cualquier duda en cuanto al dominio colonial que ejerce Estados Unidos sobre Puerto Rico, pero sin rendir cuentas ante la comunidad internacional.
Por otra parte, quien legisla de facto es la Junta. Sin embargo, uno de los poderes que ostenta la legislatura es el de iniciar investigaciones, con poder de citación y hasta de otorgar inmunidad a testigos importantes. Aun cuando en ocasiones hemos sido testigos de cómo este poder sirve para perseguir a grupos disidentes, en otras, la legislatura, a través de sus poderes investigativos, ha logrado esclarecer crímenes horrendos, como el del Cerro Maravilla. Ello provocó convicciones y uno de los pleitos más importantes de derechos civiles en nuestra historia, lográndose la desarticulación de la División de Inteligencia de la Policía, creada para carpetear y discriminar contra independentistas. (Noriega v. Hernández Colón).
El poder legislativo, representativo del electorado, es imperativo para combatir la corrupción y promover la transparencia. En este contexto, la discreción de otorgar inmunidad se hace más relevante. La misma propende a la protección de funcionarios públicos que deciden denunciar actos de corrupción, en el ejercicio de su libertad de expresión. Aun cuando un funcionario público no está completamente protegido por la garantía constitucional de libertad de expresión, la normativa jurisprudencial establece unas excepciones. (Garcetti v. Ceballos) Declarar en una investigación legislativa, puede ser una de ellas.
ACLU, Puerto Rico se mantiene vigilante en la defensa del derecho a la libertad de expresión en todas sus vertientes, desde las protestas en nuestras playas; investigaciones sobre el escrutinio electoral; hasta los casos extremos de figuras públicas u oficiales del orden público (o servidores públicos) que deciden denunciar actos de corrupción gubernamental, discrimen y/o persecución política, proscritos en nuestro estado de derecho.
La inmunidad legislativa puede promover la transparencia gubernamental y el esclarecimiento de casos, pero, sobre todo, protege al querellante de potenciales represalias del Estado. Ese debe ser nuestro norte. “Callar Jamás”.