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Luis Pedraza Leduc: El presupuesto impuesto por los procónsules imperiales

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Y dentro de ese presupuesto impuesto por la Junta de Control Fiscal, no caben leyes que defiendan intereses de la clase trabajadora como es el modelo cooperativista y las pensiones de los empleados públicos

Junta de Control Fiscal

Buenos días. El mes de junio terminó con la certificación de un presupuesto gubernamental de $13,062 millones. Dicho presupuesto está diseñado e impuesto por la Junta de Control Fiscal y está basado en el Plan Fiscal que la Junta estableció desde 2017, el cual enmienda y ajusta a su antojo y criterios de los intereses económicos que representa. En palabras sencillas nos decían que desde 2017, la Junta establece el cuarto y el gobierno escoge y acomoda los muebles.

Esta es la teoría que nos han tratado de vender desde la aprobación de la ley PROMESA para esconder que en Puerto Rico gobierna y manda la Junta de Control Fiscal y sus intereses económicos. Que la gobernación, la legislatura y el «poder» judicial no gobiernan, no aprueban leyes y no interpretan leyes que no se ajusten dentro del plan fiscal e intereses económicos de la Junta. Esa es la realidad de la colonia.

Y dentro de ese presupuesto impuesto por la Junta de Control Fiscal, no caben leyes que defiendan intereses de la clase trabajadora como es el modelo cooperativista y las pensiones de los empleados públicos. El 27 de junio de 2024 el flamante director ejecutivo de la JCF, sr. Robert Mujica, dirigió una carta a los líderes legislativos para oponerse a varias leyes entre las que se destacan el PS 644 que protege al cooperativismo de menoscabos causados por factores externos, los proyectos PC 2938, PC 1747 y PS 1453 que proponen un ajuste anual por costo de vida en las pensiones, otorgan crédito contributivo a veteranos y otorga créditos contributivos a jubilados con pensiones menores a $15,000 anuales y de $4,800 respectivamente.

También se oponen a que los bomberos reciban una pensión mínima del 50% de su salario. Todas estas leyes tienen un hilo conductor, son leyes que protegen intereses de la clase trabajadora.

El historial está ahí y se acumula. Todas las acciones de la Junta de Control Fiscal es a favor de los ricos que nos gobiernan en la colonia y los intereses económicos que los respaldan. Recordemos que el objetivo final de la Junta es restaurar el crédito de la colonia para que acudamos al mercado de bonos para seguir tomando prestado. Es ahí donde está el negocio, deber y pagar intereses de manera perpetua.

Luis Pedraza Leduc

Épico regaño de la Junta a la Legislatura por aprobar medidas con impacto fiscal

“El alcance de estas medidas incluye beneficios de pensiones, créditos y beneficios de impuestos y otros que fueron aprobados ignorando claramente su costo estimado. Muchas medidas hasta fueron aprobadas sin una evaluación sobre su potencial impacto”, dijo Mujica.

Por: Javier Colón Dávila 

Publicado: Jun 28, 2024 11:28 AM

   

Luego de dos cuatrienios interactuando con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), los dirigentes de la Legislatura parecerían no entender o aceptar el concepto de la responsabilidad fiscal y así lo adjudica la Junta y se demuestra en una carta del ente fiscal.

En la misiva con fecha de ayer y firmada por el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica le señala a los líderes legislativo cómo ocho medidas aprobadas violan el concepto de neutralidad fiscal y fracasan en determinar fuente de repago. En los últimos días de sesión, ambos cuerpos legislativos aprobaron múltiples medidas para otorgar créditos y exenciones a pocos meses de las elecciones generales.

“(La Legislatura) pasó un número considerable de otras medidas que podrían tener un impacto significativo en los gastos del gobierno, en la finalidad de balancear el presupuesto y, finalmente, garantizar la ruta de Puerto Rico hacia la recuperación financiera”, indicó Mujica. “El alcance de estas medidas incluye beneficios de pensiones, créditos y beneficios de impuestos y otros fueron aprobados ignorando claramente su costo estimado. Muchas medidas hasta fueron aprobadas sin una evaluación sobre su potencial impacto”.

“Este patrón de gastos fuera del proceso de presupuesto devuelve a Puerto Rico a los patrones de gastos que desembocaron en la bancarrota y la aprobación de PROMESA. La Junta de Supervisión está preocupada de que el proceso formal actual para desarrollar el presupuesto del gobierno y otros está roto y le falta un procedimiento disciplinario que permita la responsabilidad fiscal”, insistió.

Por lo tanto, Mujica indicó que la Junta se reserva el derecho tomar las decisiones que entiendan para combatir los proyectos a continuación.

La JSF calcula que el impacto fiscal de las medidas que considera problemáticas podría alcanzar $852 millones en el año fiscal que comienza el 1 de julio y al menos $6,000 millones durante los próximos 20 años.

Al tope de las medidas objetadas por la JSF figura el reto de la Legislatura al veto que impartiera el gobernador Pedro Pierluisi al Proyecto del Senado 644 que supuestamente limita el poder de fiscalización de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC) y tendría un impacto fiscal de $300 millones.

Según la JSF, el proyecto es inconsistente con el plan fiscal de COSSEC y el del gobierno central y viola la Ley PROMESA.

“La JSF tiene preocupaciones serias sobre el PS644 y su inconsistencia con los planes fiscales…”, indicó Mujica. “El gobierno tendrá que identificar una fuente de fondos para este gasto…”.

Mujica le da un plazo hasta las 5:00 p.m. de hoy al gobernador, al secretario de Hacienda y a COSSEC a que pongan por escrito que estén claros de que no se puede transferir dinero a las cooperativas sin la aprobación de la JSF.

La Junta también objeta el Proyecto de la Cámara 2038, que aumenta las pensiones de los empleados públicos por hasta 10% comenzando el 1 de julio. La medida también crearía el ajuste anual de costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés).

“La Legislatura no ha explicado cómo el gobierno va a pagar estos aumentos en pensiones”, indicó Mujica al recitar todas las violaciones del proyecto.

La Junta calcula que el impacto fiscal de la medida en el próximo año fiscal sería de $217.5 millones y de $1,600 millones en los próximos cinco años.

El Proyecto de la Cámara 1747 también está en la mira de la Junta. La medida le otorga una exención contributiva sobre la pensión de los veteranos que vivan a Puerto Rico. El proyecto reemplazaría una exención de hasta $15,000 para veteranos con más de 60 años y de $11,000 para veteranos bajo esa edad.

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa calcula el impacto anual en $10.1 millones y la Junta indicó que el gobierno no ha explicado cómo pagaría por las exenciones.

El Proyecto del Senado 1308 también tiene problemas, según la Junta. La pieza legislativa enmienda la Ley de Retiro para incluir a los alguaciles dentro del grupo de trabajadores de alto riesgo.

El proyecto tiene un impacto de $4.5 millones y la Junta señala que no se ha identificado su fuente de repago.

Está en problemas, igualmente, el Proyecto del Senado 1453, que propone aumentar de $400 a $500 el crédito para pensiones bajo $15,000 que reciban retirados 65 años o más. Si la pensión es menor de $4,800 anuales, el crédito aumentaría de $300 a $400.

“Apoyar a los puertorriqueños de mayor edad que tienen bajas pensiones tiene mérito, pero la Legislatura no ha incluido los aumentos en estos créditos en el presupuesto y ha fallado en explicar cómo el gobierno lo va a pagar”, dijo Mujica.

El impacto fiscal de la medida se calcula en hasta $24 millones para el próximo año fiscal y $118 millones en los próximos cinco años.

El Proyecto de la Cámara 1915 también enfrentaría la pared de la JSF. Esta pieza legislativa eximiría a ciertos negocios de presentar un certificado de cumplimiento para obtener beneficios al amparo del Código de Incentivos.

La medida tendría un impacto de $61 millones en el próximo año fiscal y de $324 millones en cinco años.

El ente fiscal también objeta el Proyecto de la Cámara 2071 que, entre otras cosas, le garantizaría a los bomberos una pensión de al menos el 50% de su salario.

Legislatura

Costaría $20 millones anuales aumento en crédito senior

Así lo revela la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal no se ha expresado al respecto.

Por: Javier Colón Dávila 

Publicado: Jun 24, 2024 09:42 AM

   

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa ha calculado en $20.7 millones el impacto fiscal de un proyecto de ley que propone aumentar de $200 a $500 el crédito contributivo personal al que tienen acceso pensionados de más de 65 años.

El Proyecto del Senado 1453, de Javier Aponte Dalmau y Ramón Ruiz Nieves, además dispone que se aumentaría otro crédito contributivo, conocido como el Crédito Compensatorio para Pensionados de Bajos Recursos, de $300 a $400 si el único ingreso de la persona es una pensión de no más de $4,800 anuales.

La medida, con evidente impacto fiscal, fue descargada en el Senado, por lo que no surge del trámite legislativo opinión alguna de jugadores clave como la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal o el Departamento de Hacienda. Actualmente se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara.

Según el informe, el Departamento de hacienda desembolsó en el 2023 un total de $93 millones entre 191,499 planillas que cualificaban para el llamado crédito senior

Seguimos colaborando de cerca con el Departamento de Transportación y Obras Públicas y otras agencias para garantizar el traslado seguro del transformador y el cumplimiento de todas las leyes locales y federales.

Esta medida se discute en momentos en que se espera que vaya a lo que se conoce como un comité de conferencia el Proyecto de la Cámara 2038, que implicaría un aumento a las pensiones de los empleados públicos.

La medida fue aprobada con enmiendas en el Senado la semana pasada

La Asamblea Legislativa tiene hasta el próximo martes para aprobar las medidas en ambos cuerpos legislativas y el cierre de sesión será el 30 de junio.

Con la aprobación de este proyecto de ley, los ingresos del IVU (Impuesto sobre Ventas y Uso) que no estén asignados al Fondo de Administración Municipal serán utilizados para cubrir un propuesto aumento, en un promedio de $300 mensuales, de las pensiones de 160,000 jubilados en Puerto Rico.

Este aumento, que costaría $194 millones al fisco en el 2025 y otros $55.4 millones en el 2026 con el primero aumento fijo al COLA, no aplica a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ni a la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) se opone a la medida.

“En particular, el párrafo 62 de la Orden de Confirmación dictada por el Tribunal de Título III específicamente prohíbe al Gobierno por un periodo de diez años desde la Fecha de Efectividad (o hasta par lo menos el 15 de marzo de 2032); (1) implementar legislación existente y aprobar nueva legislación que cree o aumente los pagos y obligaciones de beneficios definidos a retirados independientemente de la fuente de repago; y (2) deshacer (total o parcialmente) las eliminaciones de acumulación de pensiones o los ajustes par costo de vida para empleados de Gobierno”, lee parte de la ponencia de la (AAFAF, entidad encargada, entre otras cosas, de añadirle contexto de responsabilidad fiscal a proyectos como este.

“La Autoridad de Asesora Financiera y Agenda Fiscal de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda no avalan la medida según radicada. Aunque entienden la intensión loable del proyecto, AAFAF y Hacienda consideran que aún contiene interrogantes fiscales, presupuestarias y programáticas relacionadas a la implementación del proyecto por su inconsistencia con el Plan Fiscal. Puntualizan que el Proyecto “contraviene expresamente el párrafo 62 de la Orden de Confirmación, por lo que existe un impedimento legal para su implementación”, lee el informe positivo.

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