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Luis Pedraza Leduc: El primer problema es el político

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El primer problema es el político. No tenemos poder para establecer el país que queremos. El segundo problema, no menos importante, la propuesta reforma es para beneficio de los ricos, no de la clase trabajadora.

El gobernador Pedro Pierluisi y el secretario de Hacienda, Francisco Parés (Ramon “Tonito” Zayas)

Buenos días. Ante la consideración del gobernador se encuentra un proyecto de ley aprobado que lleva por nombre «Ley para Establecer un Sistema Contributivo Simple y Equitativo para todos los Puertorriqueños«, con el fin de simplificar el sistema contributivo y propiciar el desarrollo económico de Puerto Rico. Una de las propuestas aprobadas es «reajustar las tasas contributivas para disminuir la carga contributiva a contribuyentes con un ingreso entre $41,500 y $300,000. El ajuste en las tasas propuesto disminuiría la tasa de estos ingresos a un 22% y un 30%, respectivamente», indica el informe de la Comisión.

En esencia de lo que se trata es reducir las tasas contributivas para los ricos y las grandes fortunas sin tocar las obligaciones de las grandes corporaciones. La consecuencia inmediata de esta propuesta es la advertencia de la Junta de Control Fiscal sobre cómo se afecta el plan fiscal aprobado ya que la Junta alega que se reduce en 750 millones el recaudo de Hacienda.

Ya la pelea está casada. La Junta anuncia que anulara la ley porque se afectan los recaudos y no hay garantías de cómo proyectar otros ingresos. El gobierno por su parte proyecta recaudos basados en la mudanza de 15 mil puertorriqueños que regresaran a mudarse al país como efecto de la reducción en las tasas contributivas.

El primer problema es el político. No tenemos poder para establecer el país que queremos. El segundo problema, no menos importante, la propuesta reforma es para beneficio de los ricos, no de la clase trabajadora. Si el país quiere responsablemente asumir un proyecto serio de desarrollo tiene que exigir a quienes más ganan y poseen riqueza que paguen más. Y eso incluye a las empresas. Las clases trabajadoras deben aportar menos para poder enfrentar la inflación.

Por otro lado, hay que reconocer que el presupuesto del país depende de fondos federales que no son eternos y pueden desaparecer por la sencilla razón de un cambio de presidente en EEUU.

Lo grave de este asunto es que el tema no se discute en la calle , entre la clase trabajadora, sindicatos, comunidades. Fueron las organizaciones de empresarios, sus asesores y los legisladores quienes confeccionaron el bizcocho que la Junta les dice que no podrán repartir.

Acompañamos dos artículos que nos arrojan mucha información y una realista interpretación sobre el tema. Convertido en ley y anulado por la Junta, o pasando lo que sea, es urgente que el pueblo trabajador se exprese sobre tan importante tema.

Luis Pedraza Leduc

Nostalgia por el futuro

 Por Benjamín Torres Gotay

domingo, 26 de noviembre de 2023

La nostalgia, como la Navidad, llega temprano a estas tierras. Se cuela por los ventanales abiertos de par en par “con aullidos suaves, como hace el viento en los castillos abandonados”,citando las palabras del gran Gustave Flaubert. Por razones que no son un misterio, donde más nostalgia hay en estos días en que prende como un motor viejo y ruidoso la campaña electoral es en la isleta de San Juan, aquella punta de país desde la que se ejerce el simulacro de poder disponible en la colonia.

Hay por aquellos lares – Capitolio, Fortaleza, Departamento de Hacienda, que están a pasos los unos de los otros – sobredosis de nostalgia por aquel tiempo, no distante en su sentido cronológico, pero sí en el emocional, en que se podía prometer y dar en año de elecciones, como si no hubiera mañana y que la cuenta, como decían nuestros abuelos, “la pague el diablo”.

Hay aprobada una “reforma contributiva” que manda madre. Rebajas en las tasas para todos los que pagan, sobre todo los que más ganan. El gobernador Pedro Pierluisi no la ha firmado, pero la va firmar, para lo cual tiene hasta el 16 de diciembre. Quiere forrar el país de anuncios, antes de que entre en vigor la veda electoral en enero, hablando de “rebajas contributivas sin precedentes” y de “poner dinero en tu bolsillo”, acotado con el consabido y ya sin significado “haciendo que las cosas pasen”.

Visto así, santo y bueno. ¿A quién le amarga un dulce? ¿Quién se quejaría de pagar menos en contribuciones, considerando, sobre todo, cuán desastrosos, cuando no inexistentes, son los servicios que se supone que el gobierno nos devuelva a cambio de nuestras contribuciones? ¿Cuándo nos hemos destacado por ser un pueblo que, al recibir una dádiva, se pregunte quién paga?

Solo hay un problema con esta “reforma contributiva” y no es pequeño: las explicaciones que ha dado el gobierno sobre cómo va a compensar lo que deje de recibir no convencen a la Junta de Supervisión Fiscal, que es quien, al final del día, dice qué se puede y no se puede hacer en Puerto Rico.

Este periodista ha denunciado con toda fuerza la existencia de la Junta como lo que es: un ejercicio antidemocrático y tiránico con el que Estados Unidos nos restregó en la cara que somos su territorio y que nos considera inferiores a cualquier otro pueblo al que se le reconoce la capacidad de manejar sus propios asuntos.

Pero, los planteamientos que hace la Junta contra la reforma exacerban memorias muy desagradables, pues sacuden las polvaredas, como cuando se abre un baúl viejo, de las actuaciones que llevaron a Puerto Rico a la bancarrota, con todo el dolor que eso ha causado. “El proyecto de ley amenaza la estabilidad fiscal del Gobierno. Con estas pérdidas sustanciales de ingresos, el presupuesto del Gobierno volvería a caer en déficit”, dice el organismo.

Eso no es verdad porque lo diga la Junta, cuyo historial de asumir posturas contrarias al bienestar de Puerto Rico no es corto. Es verdad porque es verdad. Como dice el buen boricua, que sabe de estas cosas más de lo que a menudo se le reconoce: dos más dos son cuatro aunque lo diga un loco.

Es, a fin de cuentas, aritmética de la más básica: si miles de personas van a pagar menos en contribuciones, el gobierno, por supuesto, va a recibir menos dinero. ¿Cómo se va a compensar lo que se deje de recibir? Ha vuelto a ponerse de moda el estribillo de “el gobierno es el problema” o “el gobierno es muy caro”. Perfecto. Expliquen, los que creen así, qué debe dejar de hacer el gobierno, en el corto plazo, para que esta rebaja contributiva, que es inmediata, sea costeable.

La Junta dice que la reforma costará $750 millones este año fiscal y unos $3,000 millones en los próximos cinco años y que no le convencen las proyecciones que ha mostrado el gobierno sobre cómo compensará lo dejado de recibir. “El proyecto de ley contributivo que la Legislatura aprobó apresuradamente anoche no fue evaluado suficientemente para conocer su costo o impacto económico. La reducción de la carga contributiva debe basarse en datos, no en política, y en una discusión y una evaluación exhaustivas de su impacto en las finanzas públicas y en la economía en general”, dijo el organismo en una declaración pública el día después de la aprobación de la última versión del proyecto el pasado 14 de noviembre.

El secretario de Hacienda, Francisco Parés, dice que los estimados de la Junta no son correctos. Basado en un estudio de la firma Devtech y el economista Vicente Feliciano, asegura que el costo real de la iniciativa es de $550 millones. De estos, $283 millones serán compensados por el incremento en actividad económica en que incurrirían los que reciban rebajas contributivas. Además, cuenta las aportaciones que harían unos 15,000 que el estudio dice que se mudarían a Puerto Rico atraídos por las rebajas contributivas.

Los restantes $267 millones se conseguirían con una cifra de recaudos que el secretario espera que supere los estimados de la Junta para el próximo año fiscal.

Parés dice esto porque la Junta estimó un descenso de aproximadamente $1,000 millones en recaudos para el próximo año fiscal. “Llevo siete años en Hacienda. La única vez que los recaudos colapsaron en $1,000 millones fue durante la pandemia”, me dijo el funcionario en una conversación sobre este tema.

Suena todo espectacular. Los números cuadrarían de maravilla. 15,000 contribuyentes que ahora están en Estados Unidos vendrían corriendo a Puerto Rico (a vivir sabe el diablo dónde con lo cara que está toda vivienda aquí) atraídos por las rebajas. Todo lindo y perfecto.

Parés es quizás el funcionario mejor valorado de esta administración. Pero oyéndolo uno no puede evitar abstraerse de la amarga memoria de los muchos antes que él que, buscando congraciarse con un país de tantas maneras maltratado, nos dibujaban en el aire castillos de humo que el primer viento de realidad hacía nada.

Esas terribles prácticas nos llevaron por ruta pedregosa a la bancarrota, al desplome de la institucionalidad en la isla y a la humillación internacional del pueblo de Puerto Rico.

En el 2014, el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa de la Universidad Ana G. Méndez estimó que los ingresos de nueve de 14 presupuestos generales confeccionados entre 1999 y 2012 fueron sobreestimados por $4,700 millones, con el fin de cuadrarlos a la cañona.

¿Es irrazonable, entonces, temer que la clase gobernante, nostálgica por un futuro en que no tenga que rendir cuentas, esté otra vez pintando de color rosa el futuro para que les permita tirarle un cascajito a la agobiada gente en año electoral?

La respuesta no es difícil.

Puerto Rico y la reforma contributiva

Por

 candida-cotto

 –

noviembre 29, 2023

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Para el economista Heriberto Otero Martínez es muy probable que la Junta de Control Fiscal (JCF) acuda otra vez al tribunal, como hizo con la llamada Reforma Laboral, para impedir que se aplique la reciente Reforma Contributiva aprobada por la Legislatura que espera por la firma del gobernador.

El pasado 16 de noviembre, la JCF dirigió una carta  al gobernador, Pedro Pierluisi, y a los presidentes de ambos cuerpos legislativos en la que advierte que se reserva todos sus derechos, incluidos aquellos bajo las Secciones 104(k), 108(a)(2) y 204 de PROMESA, para tomar las acciones que considere necesarias, entre ellas, la búsqueda de remedios para prevenir y/o contrarrestar la promulgación, implementación del proyecto de Reforma Contributiva, PC 1839. La  JCF objeta que el proyecto de reforma causaría la pérdida este año de aproximadamente $750 millones y de casi $3 mil millones en los próximos cinco años. En la carta se invita a los presidentes de la Legislatura y al gobernador a reunirse con la JCF supuestamente para “trabajar juntos” un presupuesto que financie de manera adecuada los servicios y un plan integral de reforma contributiva.

En reacción a la carta de la JCF, el gobernador Pierluisi, en declaraciones a la prensa alegó que tiene 30 días para firmar la medida y que está dispuesto a enmendar el Plan Fiscal.

Para el economista y actual director ejecutivo de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico (LCPR), quien en un inicio trabajó en el proyecto de reforma contributiva, con el simple hecho de que la Junta diga que algo es contra el plan fiscal, imposibilita enmendar el plan.

Martínez Otero fue enfático en plantear que como único el país se puede enfrentar a la Junta en temas particulares “es cuando vamos en consenso, unidos como país. Ejemplo, una medida de $200 millones para apoyar a familias trabajadoras”.  Aun cuando dijo que la realidad es que la reforma contributiva aprobada es costosa y no presenta alternativas al recorte presupuestario ni hace  recortes en la Ley 60, desde el punto de vista de política pública, el proyecto excedió lo que realmente debió haber sido una reforma contributiva o unos ajustes contributivos.

Como economista, destacó que la reforma contributiva debió concentrarse en tres aspectos fundamentales. Primero, en los temas de  cumplimientos y simplificación en el proceso de radicación de planillas. “Esa parte está bien hecha y se tiene que aprobar para evitar burocracia y trámites duplicados. El segundo debió ser una reducción en las tasas contributivas a familias trabajadoras, que tiene el efecto de aumentar lo que se conoce como el ingreso personal disponible, permitiendo a las familias llegar a fin de mes, cosa que con la inflación que estamos viviendo no todas lo están logrando. Y tercero, una reducción en tasas contributivas para las pequeñas empresas.

Con estos tres aspectos, destacó, sí se hubiera tenido un proyecto de reforma contributiva con justicia social, donde todas la sociedad  tendría un beneficio en términos de lo que es la simplificación del modelo contributivo, y las familias trabajadoras y pequeños negocios estarían recibiendo reducciones sustanciales en las tasas contributivas. Este proyecto hubiese costado entre $200 a $250 millones.

¿Qué pasó?, cuestionó Martínez Otero. Que el proyecto que de entrada que envió el gobernador tenía la rebaja a las familias trabajadoras, pero también metía el tema de la reducción a las grandes empresas.  Tanto el Ejecutivo como el Legislativo querían también introducir  rebajas contributivas para las grandes empresas y las grandes fortunas y le añadieron entonces bajar las ganancias de capital. Esto  creó un proyecto gigantesco que puede costar entre $500 a $700 millones, lo que lo hace improbable. La reforma debió concentrarse en bajar la carga contributiva sobre las pequeñas empresas y familias trabajadoras, lo que salía mucho más barato, explicó.

Martínez Otero hizo la salvedad de que estaba convencido de que si la reforma solo hubiese sido para  reducir la carga contributiva a las familias trabajadoras, la JCF se habría opuesto también. “Pero tendríamos un consenso de país y un número mucho menor para entonces poder decirle a la Junta que como país, con toda la fuerza parlamentaria y el ejecutivo, vamos a defender a las clases trabajadoras. Hay unos intereses tan fuertes protegidos, que cuando se vino a ver, le pusieron fácil a la Junta un proyecto que no va a tener futuro”, aventuró a afirmar.

El economista cooperativista señaló que ha habido una resistencia de parte del Ejecutivo en reconocer que gran parte de los excesos de recaudos que tiene el Gobierno, es decir Hacienda, tienen que ver con el estímulo de los fondos federales, los cuales han creado una burbuja y le están inyectando liquidez. “El Gobierno quiere mantener el discurso de que eso se debe a la buena ejecución de Hacienda”.

Aun cuando Martínez Otero dio crédito a que en términos de tecnología y ejecución Hacienda ha mejorado mucho,  todavía queda mucho dinero para la construcción, que es el sector de la economía que más eslabones tiene con los otros sectores. Y todavía queda el tema de la transición energética y la reconstrucción, por lo que quedan un par de años en donde se va a ver actividad económica financiada por los fondos federales ya asignados. La propia JCF y la Junta de Planificación, ambos dicen que vamos a estar creciendo cerca del 1 % en los próximos años, lo que podría tener un impacto significativo en términos de ingresos.

En fin, el economista recalcó que la reforma contributiva que se necesita en Puerto Rico es un impuesto sobre la acumulación de propiedades, sobre las grandes fortunas y poco a poco bajar las contribuciones a las familias trabajadoras, que son las que llevan el peso contributivo. Denunció que la lógica de coger un proyecto con buenas ideas y meter las ideas incómodas para que se aprueben es lo que ha malogrado esta legislación y otras.

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