Buenos días. Ayer compartimos las denuncias sobre crímenes ambientales. Como las agencias de gobierno locales y federales miran hacia otro lado para no investigar las construcciones de los ricos en el país.
Hoy compartimos noticias que nos informan cómo los ricos hacen dinero con fondos públicos y nadie hace nada. La investigación sobre el puente atirantado, que con solo pasar su vehículo por el puente le mostraba al conductor que algo estaba mal, nos muestra cómo más de una empresa privada se embolsó millones de dólares de fondos públicos a expensas de arriesgar vidas diariamente.
Las agencias a cargo de inspeccionar y fiscalizar se dedicaron a poner drones rojos y vallas de seguridad para cerrar carriles del puente. Hoy nos dicen que costará más de 25 millones corregir lo que se hizo mal desde el día uno.
Los políticos que, junto a los empresarios ladrones y criminales son responsables de esta barbarie, deben pagar por sus actos. El pueblo tiene que exigir justicia, ¡prohibido olvidar!
Luis Pedraza Leduc
Exigen se fije responsabilidad
Condenaron que la ACT supiera, al menos, desde 2009 que la obra tenía fallas estructurales y no actuara de inmediato
- El Nuevo Día
- 13 Jan 2023
- DAVID CORDERO MERCADO david.cordero@gfrmedia.com Twitter: @David_cmercado
Archivo / pablo.martinez@gfrmedia.comLa rehabilitación del puente incluye, entre otras cosas, la reparación de la losa y sus vigas, la aplicación de hormigón y su protección, retensado y arreglos al sistema de cables atirantados.
Los alcaldes de los pueblos de la montaña cuyos residentes dependen del buen funcionamiento del puente atirantado de Naranjito exigieron a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) que investigue y adjudique responsabilidad por las fallas estructurales y vicios de construcción detectados en la obra. “Es triste y frustrante, y a nosotros sí que nos duele, porque no saben la importancia de esa vía para nosotros”, planteó el vicealdalde de Naranjito, Rafael Rodríguez, quien se mostró indignado ante los hallazgos revelados por la Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día, información que aseguró jamás compartió la ACT con el municipio.
Una investigación de este medio –que conllevó una demanda contra la ACT para el acceso a información públicaencontró que, antes del primer aniversario del puente, en agosto de 2009, la ACT supo, mediante una inspección rutinaria, que la superficie de la estructura tenía ondulaciones de hasta 21 centímetros, una falla que provocaba vibraciones e impactos de peso excesivos en los cables del atirantado al transitar vehículos y camiones. A pesar de conocer sobre las fallas, la ACT no reclamó al contratista Las Piedras Construction ni a ninguno de los involucrados en la obra, no investigó la causa de esos problemas y continuó pagando las facturas, que superaron los $31.8 millones. Por años, otras inspecciones reiteraron y ampliaron los señalamientos sobre los vicios de construcción, incluido el uso de cartón para tapar huecos que debían contener concreto.
Rodríguez recordó que, cuando el puente estaba en construcción, “era el orgullo” de toda la región. Pero aseguró que, en términos de la experiencia de los conductores, las ondulaciones eran perceptibles desde que se inauguró. “Siempre se sintieron, eso nunca lo entregaron como debieron entregarlo. Empeoró después”, afirmó. En el expediente de construcción del puente, al que tuvo acceso El Nuevo Día, uno de los documentos que no apareció es una certificación o inspección de las condiciones en las que se encontraba la instalación al inaugurarse, el 24 de octubre de 2008. La primera evidencia surge de la inspección rutinaria de la ACT en 2009.
“Se debió adjudicar inmediatamente esas fallas, adjudicar las responsabilidades a los que tenían que ver con esto”, subrayó Rodríguez, quien también sostuvo que, desde que abrió el puente, había preocupación ante una aceleración en los trabajos de construcción, un hecho evidenciado mediante un acuerdo entre la ACT y el contratista de la obra, revelado en la investigación de este medio. Rodríguez, quien es vicealcalde desde 2009, aseguró que los funcionarios de la ACT siempre dijeron al municipio que el puente estaba “muy bien construido estructuralmente”, y que, con la corrección de la losa, sería suficiente. Aseguró que no fue hasta esta semana que supo sobre la inspección de la ACT que, en 2019, encontró huecos cubiertos parcialmente con cartón, en lugar del material correspondiente para evitar la entrada de agua a lugares críticos del puente. “Es triste de verdad, y preocupante”, planteó.
Las deficiencias estructurales alcanzaron tal nivel que rehabilitarlo costará, al menos, $25,969,680, y esa cifra pudiera aumentar durante el proceso a cargo de la compañía Ferrovial Construcción. Ayer, la ACT informó, mediante comunicado, que el puente cerrará al tránsito el 30 de enero para comenzar los trabajos de restauración. “Es lamentable que esté ocurriendo esto. Si uno va sumando otros proyectos, que, quizás, ha pasado lo mismo, hay pérdida de dinero en el país, y en los momentos fiscales que estamos pasando, eso no debería ocurrir”, manifestó, por su parte, el alcalde de Barranquitas, Elliot Colón. “Si en su momento se hubiese actuado, tuviéramos el puente en mejores condiciones porque la compañía tiene que dar la garantía como en todo tipo de proyecto”, dijo.
Colón fue enfático al señalar que las fallas estructurales no atendidas de inmediato en el puente provocarán ahora un retroceso para los residentes en la zona, que tendrán que regresar a la antigua ruta de acceso a la zona metropolitana a través de la carretera PR-167. Por ejemplo, desde Barranquitas a Bayamón, puede tomar alrededor de 45 minutos a través del puente atirantado, pero el cierre temporal añadirá entre 30 y 40 minutos.
Hasta ayer, Las Piedras Construction no había respondido a peticiones de entrevista de este medio. Tampoco habían respondido otras compañías involucradas en la construcción. “Esto es una situación que, en Puerto Rico, incomoda al país completo, el hecho de que haya situaciones como estas y que después no se adjudique responsabilidad”, señaló el alcalde de Comerío, José A. “Josian” Santiago, quien también mostró preocupación ante la falta de una garantía de seguridad para quienes han transitado por años una estructura con vicios de construcción.
Cero impunidad a negligencia con puente de Naranjito (Editorial)
Las circunstancias que propiciaron los múltiples vicios de construcción identificados a partir del 2009 en el puente atirantado de Naranjito, los cuales son causa de la grave inseguridad que obliga al cierre de la vía el próximo 30 de enero, deben ser esclarecidas por las agencias correspondientes como una alta prioridad de gestión pública.
Es injustificable que, a esta fecha, el gobierno de Puerto Rico desconozca las causas de las irregularidades. Y que permanezcan sin adjudicar las responsabilidades contra quienes fallaron a la confianza depositada en sus cargos públicos o privados. La impunidad no puede ser opción para el Estado. Ya sea por negligencia o corrupción, los responsables de las fallas tienen que enfrentar el peso de la ley.
Una pesquisa de la Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día reveló que las crasas deficiencias en la construcción de la estructura llegan al punto de que expertos en ingeniería advirtieron en 2013 que el puente no tenía “capacidad para soportar la demanda real de carga viva”. De ahí que fuera necesario cerrar al tráfico los dos carriles exteriores de la estructura que costó $31,819,351, alrededor de $4 millones más que el estimado original de 2002.
Será necesario cerrar la vía por la que transitan alrededor de 14,000 vehículos diariamente e incurrir en nuevos gastos para corregir las deficiencias, a partir de este mes, a un costo estimado en otros $25,969,680.
Resalta, y preocupa, el hecho de que incluso tras incidentes ocurridos durante el desarrollo de la obra, por los que la Administración de Carreteras y Transportación (ACT) pudo haber multado a la constructora, pero no lo hizo, la prioridad de la agencia apuntaba a acelerar el trabajo a tal ritmo que el puente se inauguró justo antes de las elecciones de 2008.
Desde entonces, administración tras administración, durante más de cuatro cuatrienios, se han hecho de la vista larga ante las deficiencias y el empeoramiento del puente. Esta dejadez ha hecho perder al pueblo fondos públicos y mantiene en riesgo la estabilidad de la estructura.
Contribuye a las suspicacias sobre el manejo de esta obra la opacidad de la ACT. Su negativa a entregar documentos públicos obligó a este medio a exigirlos a través de los tribunales. Más aún, la pesquisa arroja que faltan documentos en el expediente del proyecto, factor que deja inquietantes lagunas en la secuencia de los trabajos. La información que ha trascendido abona al clima de desconfianza pública. Con tres huracanes catastróficos en cinco años y una secuencia activa de temblores, los hallazgos en torno al puente atirantado generan interrogantes y preocupación en relación con la infraestructura vial. Es justo preguntar, ¿cuántos proyectos más de los que depende la ciudadanía adolecen de vicios estructurales, pero se resguardan en el silencio y la pasividad del Estado?
Las autoridades no pueden conformarse con limitar su radio de acción a corregir problemas sin que haya consecuencias para los responsables. Reforzar la estructura es igual de urgente que corregir las fallas gerenciales que han prolongado la dejadez y el deterioro. También es imperativo revisar los procesos gubernamentales de seguimiento, supervisión y fiscalización que aseguren que todas las partes a cargo de proyectos en curso o futuros cumplan con los más altos estándares de construcción, gerencia y ética que exigen las obras para servicio público.
Las estructuras de sana administración de obras y contratos en las agencias deben estar claramente definidas y supervisadas, sobre todo en este periodo en que el gobierno cuenta con miles de millones de fondos federales asignados para un abarcador proyecto de reconstrucción y generación de resiliencia para enfrentar futuros eventos naturales. Es vital que las entidades públicas sean capaces de detectar e intervenir a tiempo con cualquier irregularidad detectada.
Puerto Rico se encuentra ante una oportunidad única de construir la mejor infraestructura para fomentar el desarrollo económico, la seguridad y el bienestar de su gente. Será capaz de lograrlo mediante procesos eficientes en los que primen la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas.