El análisis de ese escenario ocurre a la vez que las partes en la quiebra de la corporación pública se aprestan a iniciar una mediación forzada por la jueza.
Buenos días. Si usted cree que instalando placas solares y baterías se va a librar de los aumentos futuros en la factura de la energía eléctrica, debe saber que los encargados de establecer la fórmula de la factura de la energía eléctrica dicen que no. Tanto la Junta de Control Fiscal, que alega que los bonistas deben recibir unos $2,000 millones por los bonos reconocidos como deuda, así como los bonistas que quieren cobrar más de $8,000 millones en bonos no asegurados, sostienen sin ninguna diferencia que los abonados al final pagarán la deuda de la AEE que se estima en unos $9,000 millones.
Hace más de un año la Junta y los acreedores negocian por orden del tribunal llegar a un acuerdo para pagar la deuda. Hasta ahora han surgido propuestas para imponer un cargo por más de 25 años para pagar la deuda no asegurada de los bonistas y otro cargo para pagar la deuda al sistema de retiro. Los pensionados alegan que si le pagan la aportación patronal que se les adeuda al sistema de retiro, este se capitaliza y es rentable, por tanto no es necesario el cargo para pagar pensiones.
Los bonistas por su parte quieren cobrar la totalidad de la deuda lo antes posible. Así las cosas, usted y yo, consumidores de la energía eléctrica para poder vivir somos víctimas de este sistema de deuda y préstamos entre entidades anónimas para que el pueblo pague. Y creemos que pagamos la factura de la luz, pero ahora sabemos que se nos incluyen varios cargos además del consumo (que es cerca de un 20% de la factura) tales como para pagar el combustible, pagar la energía del privatizador, pagar un impuesto a los municipios y otros impuestos arbitrarios ajenos al consumo de energía.
Ahora nos están anunciando aumentos por los próximos 25 o 35 años sujetos a unas proyecciones de desarrollo económico. ¿Qué pasa si estas proyecciones fallan? ¿Qué pasa si sigue bajando la población o se reduce el consumo a causa de menos población? ¿Nos pueden imponer otros impuestos o aumentar el pago de los actuales? ¿Podremos pagar la luz en el futuro?
La noticia que compartimos hoy, subrayada por nosotros en ciertas partes, recoge las posiciones de la Junta y los bonistas frente a la juez que impulsa un acuerdo. La Junta también explica un escenario donde opere un síndico sin la presencia de la Junta. Parecería un caos si no fuera porque hoy vivimos el caos de la colonia.
Luis Pedraza Leduc
Junta muestra a bonistas, y a Swain, lo caótico que sería un síndico en la AEE
El análisis de ese escenario ocurre a la vez que las partes en la quiebra de la corporación pública se aprestan a iniciar una mediación forzada por la jueza.
Por: Oscar J. Serrano
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) entiende que si el tribunal desestima la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y los acreedores piden nombrar a un síndico que aumente la tarifa y les repague su deuda al máximo tendrán que pasar por una carrera de obstáculos en la que los poderes constitucionales de la isla recobrarían su poder pleno para evitar los aumentos y, a lo sumo, los bonistas recuperarían una cuarta parte de su deuda.
El análisis de este escenario, uno en el que la reclamación de la deuda de la AEE sale de la Ley PROMESA y queda sólo como una reclamación regular basada en la ley habilitadora y el fideicomiso de la corporación pública, lo presentó la Junta a la jueza de quiebras Laura Taylor Swain justo cuando las primeras sesiones de mediación en seis meses están pautadas para ocurrir la semana que viene, 22 y 23 de mayo.
Los acreedores, como es de esperar, dijeron a la jueza lo contrario, que su recobro bajo un síndico serían los casi $8,500 millones que la AEE les debe, que el gobierno no podría impedir el nombramiento de un síndico o entorpecer sus poderes para aumentar la tarifa y que la corporación pública, aún como está y con los cambios que trae la adopción acelerada de energía renovable a nivel individual, tiene la capacidad de generar lo que se les debe.
Esos dos extremos, $2,000 millones por un lado y $8,477 por otro, evidencian la distancia considerable que hay entre las partes, y el reto que tiene el equipo de mediadores compuesto por la exjueza Shelley C. Chapman y Brendan L. Shannon. Los cabos sueltos del proceso tendrán su día en corte el 17 de julio, cuando comienzan las vistas de confirmación del Plan de Ajuste de Deuda que la JSF sometió.
En una conferencia de status de emergencia la semana pasada, Swain fue lo más directa que ha sido hasta ahora en expresar su deseo de que la solución a esta quiebra sea consensuada, en su disposición a desestimar el caso como alternativa al impase y también en sus advertencias, a ambas partes, de que ninguna “tiene todas las cartas y ninguna de las visiones, por mejor ponderadas que estén, son infalibles”. Si desestima el caso, las partes se enfrentan a “una guerra de desgaste” en los tribunales de Puerto Rico, apuntó.
Lo que está sobre la mesa hasta ahora, que los bonistas no han aceptado, es una oferta de la JSF para pagarles $5,680 millones en un periodo estimado de 35 años mediante la imposición de varios cargos nuevos a los abonados, incluso a los que han invertido en sistemas de generación individual (placas y baterías). Estos cargos se tendrían que pagar no importa la fluctuación del precio del combustible e, incluso, serían aparte de otro cargo que se propone solo para cubrir la deuda del sistema de pensiones de la corporación pública.
En la vista, las partes evitaron dar detalles por respeto a la confidencialidad de la mediación, aunque en este caso realmente no ha ocurrido mediación en seis meses. Sin embargo, quedó claro que la Junta entiende que lo que puso sobre la mesa es lo más que puede ofrecer sin desatender su obligación de que la AEE siga funcionando como proveedor principal de energía. Las demás partes, pero también la jueza, los criticaron por esto.
Para Swain, la Junta está tratando de ser muy precisa en un proceso que, por su naturaleza, no se basa en precisión al detalle sino en aproximaciones. “[L]a Junta tiene poderes, responsabilidades y autoridad sin precedentes concedidas por el Congreso bajo PROMESA, pero, la última vez que leí la ley, ser infalible en cuanto a datos particulares o en cuanto a resultados específicos de análisis no era una de esas (concesiones)”, comentó la jueza.
El exjuez de quiebras, y miembro de la Junta, Arthur Gonzáles, le recordó a Swain que no hay unanimidad dentro del ente fiscal sobre el repago a los bonistas. Los miembros Justin Peterson, un cabildero de acreedores nombrado por el expresidente Donald Trump, y el exfuncionario Antonio Luis Medina Comas, quien ocupa la silla reservada para un residente de Puerto Rico, han hecho causa común frecuentemente en las reuniones del ente fiscal.
Gonzáles afirmó que “donde estamos atascados, podemos estar atascados y podríamos estar atascados” es en que ya determinaron cuál es el tope del repago y se requeriría análisis mayor para pensar que se han equivocado y que puede haber más. Swain dijo que lo comprendió “alto y claro” y aceptó que la Junta podría entender que, “en conciencia apropiada y seria”, no se puede mover más en un punto, pero matizó ripostando que un error de la Junta puede llevar a que el proceso “no resulte en un acuerdo, (lo que) puede tener también resultados desastrosos para Puerto Rico”.
El abogado de la aseguradora de bonos Syncora Guarantee, Inc., Susheel Kirpalani, resumió diciendo que lo que se requiere de las partes en este proceso no son cálculos, sino juicios, ilustrando así cómo la viabilidad de la economía de la isla representada en la permanencia de una utilidad eléctrica se aleja de lo preciso para quedar más en corazonadas y opiniones.
“No hay una verdad conocible sobre cuántos ingresos la AEE puede generar en los próximos 35 a 50 años. A su señoría se le va a pedir que cante las bolas y los ‘strikes’ sobre eso”, dijo al mencionar que hay proyecciones sobre las que podrían negociar, como el rol de la inflación, la determinación de la media de ingreso de los abonados, la media de consumo y otros conceptos económicos que llevaron a que Peter Friedman, abogado del gobierno, recordara que los “ajustes menores” en el análisis pueden tener grandes consecuencias que pagarán los abonados de Puerto Rico.
Para poner más presión, la jueza rechazó certificar su decisión reciente sobre el alcance que tienen los bonistas en su capacidad de recobrar, evitando así que ninguna de las partes pueda seguir atrasando el caso mediante pedir la intervención del tribunal apelativo. En vez, dirigió a las partes a someter testimonio pericial sobre a cuánto asciende la reclamación estimada que tienen los acreedores sobre los ingresos netos de la AEE. Esta reclamación es no asegurada.
Ahí es que la Junta somete su escenario del síndico.
Como el síndico operaría fuera de PROMESA y sin los parámetros de un proceso de quiebra, la Junta entiende que solo podría ejercer por máximo 20 años, porque ese es el límite que la ley de Nueva York le daría a los bonistas para imponerse en la AEE.
También, la designación del síndico pasaría por los tribunales locales, donde se enfrentaría con un precedente del Tribunal Supremo de 1995 (Librotex v. AAA) que puede evitar imposiciones que interrumpan los servicios vitales que una corporación pública provee al pueblo. “[E]s posible que un tribunal puertorriqueño simplemente se niegue a otorgar dicho remedio (la designación de un síndico), o que limite el número de años que puede estar activo”, comentó el ente fiscal.
Después de nombrado, el síndico tardaría en “tomar control operacional” de la autoridad y de desarrollar la capacidad de armar un caso de aumento de tarifa para llevarlo ante el Negociado de Energía (NE), en un proceso que podría tardar 18 meses, o más, porque la ley no le pone al negociado un límite de tiempo para decidir una petición de aumento tarifario.
El aumento en sí podría ser impugnado por no ser “justo y razonable”, como lo requiere la ley. Una de las cosas que lo haría “irrazonable” es si se pretende que los abonados respondan por el riesgo que asumieron los bonistas o por los que ya fueron compensados mediante elementos como la tasa de interés. Los abonados residenciales pagan hoy un promedio de 24 centavos el kilovatio hora (en Estados Unidos el promedio es 15.5 centavos) y los bonistas estiman que, durante el primer año bajo un síndico, la tarifa subiría a 27 centavos. Aparte de la evaluación sobre si el aumento es apropiado, la Junta dijo a Swain que los bonistas se enfrentarían con la ley 3 de 2017 que limita a $3 millones anuales lo que una entidad pública puede pagar a sus acreedores en un proceso judicial y a la ley 26 de 2017 que creó un comité con el poder para revisar tarifas que podría anular el aumento. La intervención gubernamental se podría manifestar también a través de nuevas acciones por parte de la Asamblea Legislativa que dificulten el trabajo del síndico.
Estando la AEE fuera de la quiebra, la JSF subrayó también que no existirían los poderes que tienen para alterar los planes de pensiones, por los que los pensionados de la corporación pública recobrarían su capacidad para reclamar el pago completo de su retiro y el síndico tendría que responder a cualquier orden judicial al respecto. De la misma manera, tendría que responder a las reclamaciones de otros acreedores, como suplidores y los distribuidores de combustible, y a los estragos de otro huracán.
“Más aún, la designación de un síndico es fundamentalmente incompatible con la privatización de los sistemas de transmisión, distribución y generación. El trabajo del síndico sería maximizar el repago a los acreedores, mientras que PROMESA está enfocada en un productor de energía sostenible, verde, eficiente y confiable”, afirmó la JSF.
En su moción, los acreedores disputaron que el ejercicio que pidió la jueza no fue enumerar las posibilidades de recobro sino proveer un estimado de la deuda e insistieron en que el estimado de la deuda que podrían recobrar mediante los mecanismos que provee su acuerdo con la AEE es toda.
“No hay barreras legales, ni en el Fideicomiso ni bajo ley puertorriqueña, para el derecho de los bonistas a poner en vigor sus remedios hasta que se les repague completamente”, declararon al estimar que el repago completo podría ocurrir en 25 años.
Aceptan que los estimados, por los hechos en el caso de quiebra, solo puede abarcar hasta 2017, que fue el año en que se radicó la quiebra. Por tanto, no incluye efectos de huracanes, pero tampoco de los fondos federales asignados a la AEE, la mejoría económica de la isla, los cambios en consumo de electricidad ni las leyes de eficiencia energética y adopción de energía renovable que ocurrieron después.
Ninguno de los escenarios implica que los abonados van a evadir un aumento a los ya altos costos de la energía que provee la AEE, pero, en el análisis de la JSF, si el caso se desestima y se inicia la petición para un síndico, los distintos poderes gubernamentales podrían activarse en varios niveles para hacerle el recobro difícil a los bonistas. Los bonistas están mejor dentro de una quiebra controlada por la Junta, que fuera, parece ser el mensaje del ente fiscal.