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Luis Pedraza Leduc: justicia e independencia energética

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De los artículos que compartimos está claro que la Junta y los bonistas andan por otro camino muy lejano a los justicieros y a los independientes. Un sector de la población ha comprado (endeudándose) sistemas de placas solares o baterías para «desconectarse» del sistema energético del país. Ahí precisamente existe la gran falacia de la independencia o la justicia energética. Nadie puede vivir en sociedad y reclamar tener un sistema de energía desconectado del sistema general del país. 

Una vez Puerto Rico cruce el umbral del 90% de energía limpia a través de placas solares, aerogeneradores y baterías, el biodiésel sería una alternativa para convertirse en un sustituto de las fuentes fósiles.

Buenos días. La semana pasada se celebró un concierto musical auspiciado por Casa Pueblo y varias empresas interesadas en el tema de la energía. El llamado y causa del concierto fue aspirar a lograr la independencia energética. A finales de enero de 2024 se divulgó un informe del gobierno federal llamado PR100 que aspira a lograr la justicia energética en Puerto Rico.

¿Qué diferencias hay entre independencia y justicia en el tema energético? Para que usted tenga curiosidad en el tema compartimos tres artículos sobre el tema de la justicia energética desde la perspectiva del gobierno federal y de organizaciones sin fines de lucro que han llegado a Puerto Rico a opinar, aconsejar y promover alternativas energéticas. Lo que todos sabemos y nadie niega es que para este tema existen más de $20 mil millones de dólares disponibles y necesarios.

Entre la independencia o justicia energética existe el mismo objetivo, lograr un sistema totalmente dependiente de fuentes de energía renovables. Las diferencias o matices existen en cómo y con quien buscar ese objetivo. ¿Vamos solos o con socios capitalistas ?¿Vamos acompañados por la comunidad y la academia o con el gobierno?  ¿Dónde están los intereses de la Junta de Control Fiscal que al final del camino tiene la última palabra? ?El plan de deuda de la JCF y los bonistas aspiran a independencia o justicia energética o desean perpetuar fuentes fósiles como el gas?

De los artículos que compartimos está claro que la Junta y los bonistas andan por otro camino muy lejano a los justicieros y a los independientes. Un sector de la población ha comprado (endeudándose) sistemas de placas solares o baterías para «desconectarse» del sistema energético del país. Ahí precisamente existe la gran falacia de la independencia o la justicia energética. Nadie puede vivir en sociedad y reclamar tener un sistema de energía desconectado del sistema general del país. 

Las fuerzas y tendencias económicas, las necesidades de nuestra gente que vive en sociedad, las regulaciones legales y el derecho natural a la energía nos llaman a superar la «justicia’ y la «independencia» mediante la SOLIDARIDAD. Este debe ser el camino para enfrentar a los poderosos carteles del petróleo y el gas que conviven en la Junta y sus representados, los bonistas.

Luis Pedraza Leduc

La inversión deberá ser monumental

La transformación de la red eléctrica implicará, igualmente, recurrir a fuentes hasta ahora no utilizadas, como el biodiésel

  • El Nuevo Día           8 Apr 2024
  • MANUEL GUILLAMA CAPELLA manuel.guillama@gfrmedia.com

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Más allá de la conclusión principal en torno a la viabilidad de conseguir que Puerto Rico produzca toda su energía de fuentes renovables en las próximas décadas, el estudio PR-100, publicado en pasados días por el Departamento de Energía estadounidense (DOE, en inglés), sirvió para reiterar el monumental nivel de adaptación e inversión que requerirá la red para cumplir los objetivos de la política energética en el país.

“Pienso que, citando a la secretaria, necesitamos todo, en todas partes, al mismo tiempo”, acentuó Marisol Bonnet, asesora de la jefa del DOE, Jennifer Granholm, para asuntos de Puerto Rico, al preguntársele sobre los sectores del sistema eléctrico que requerirán la mayor inversión a futuro. Si bien se considera que las inversiones en el sistema eléctrico superarán sustancialmente los cerca de $20,000 millones ya asignados a Puerto Rico por el gobierno federal para rehacer la red, Bonnet reconoció que es difícil estimar el monto total, a lo largo de un período en que la Autoridad de Energía Eléctrica estará atada a los términos del Plan de Ajuste, que se anticipa sea confirmado en las próximas semanas.

“Hay una necesidad de incrementar la capacidad (de generación) tan solo para poder cubrir la demanda, pero también necesitamos inversiones en eficiencia energética para reducir la demanda. Elementos como el almacenamiento en baterías también ayudarán a mitigar apagones y manejar las fluctuaciones en voltaje. Y ya todos sabemos la fragilidad de la infraestructura de transmisión y distribución”, enumeró Bonnet, natural de San Juan y egresada del programa de ingeniería ambiental en el Colegio de la Ciudad de Nueva York.

¿POR QUÉ EL BIODIÉSEL?

Uno de los elementos que llamó la atención cuando el DOE publicó, en febrero, un resumen del informe final del PR-100 fue la recomendación de que, según avance la transición a energías limpias, Puerto Rico recurra al biodiésel como un combustible que brindaría estabilidad ante las fluctuaciones de disponibilidad de otras fuentes, como la solar y eólica, que dependen de las condiciones del clima. El biodiésel es considerado una fuente renovable de energía y, según el ingeniero Agustín Irizarry, catedrático en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, puede producirse a través del cultivo de microalgas, un mecanismo que se ha puesto en práctica en el país, aunque no para propósitos de generación eléctrica.

Bonnet explicó que, una vez Puerto Rico cruce el umbral del 90% de energía limpia a través de placas solares, aerogeneradores y baterías, el biodiésel sería una alternativa para convertirse en un sustituto de las fuentes fósiles que, a ese punto, permanezcan en la flota, toda vez que se trata de un combustible “firme”, con capacidad de encender las unidades de generación según la necesidad. El PR-100, específicamente, menciona que Puerto Rico deberá contar con capacidad para producir, al menos, 1,300 megavatios ( MW) a partir de biodiésel “u otra generación ‘firme’ equivalente”. Ese nivel de capacidad equivale a aproximadamente la mitad del consumo actual en la isla durante períodos ordinarios y, a futuro, reduciría la necesidad de almacenamiento a gran escala.

Según el DOE, para 2050, Puerto Rico necesitará contar con entre 3,000 y 4,000 MW almacenados en baterías con capacidad para despachar energía por hasta entre tres y 10 horas. Bonnet reconoció que la recomendación del DOE responde, en parte, a que, por tratarse de un mercado energético relativamente pequeño, el biodiésel permitiría suplir gran parte de la generación “firme” necesaria para complementar las demás fuentes renovables. El volumen de biodiésel, a su vez, podría ser importado desde Estados Unidos, lo que reduciría la exposición a fluctuaciones en los mercados internacionales. Entre los pilares que guiaron el análisis del PR-100, figuró el concepto de “justicia energética” en el marco de la transformación del sector eléctrico, un principio que se vería amenazado ante el proyectado incremento tarifario de 66% a 83% que sufrirían los consumidores que aún dependan de la red central en los primeros años de la integración masiva de energía renovable, un escenario que la propia Granholm, en entrevista previa con El Nuevo Día, dijo que “no es aceptable”.

Bonnet recalcó, en tanto, que el gobierno puertorriqueño y los operadores de la red cuentan con herramientas para combatir ese aumento, tales como el uso de “plantas virtuales”, a través de los sistemas de baterías instalados por clientes en sus hogares, lo que reduciría la necesidad de impulsar proyectos de generación a escala industrial. “Se trata de encontrar áreas donde podamos minimizar los costos, maximizar el financiamiento de FEMA para estrategias como el almacenamiento y alinear los costos que se recuperan a través de la tarifa con los gastos de mantener la red”, matizó Bonnet.

“Estamos hablando de una pequeña cantidad de biodiésel. Lo incluimos en el modelo a partir del momento en que se alcanza el 90% de renovables”

MARISOL BONNET ASESORA DE LA JEFA DEL DOE, JENNIFER GRANHOLM

OPINIÓN

Justicia energética y política colonial

Al postular que Puerto Rico podría ser autosuficiente en su producción de energía eléctrica, el PR100 presupone un cambio de mentalidad profundo, escribe Chris N. Lesser, Gerente de Investigación en Sembrando Sentido

6 de febrero de 2023

Puerto Rico puede lograr la independencia energética utilizando únicamente fuentes renovables. Este fue uno de los resultados preliminares de la investigación PR100 llevada a cabo por laboratorios nacionales sobre la Ley de política pública energética de Puerto Rico (Ley 17-2019) para modelar la producción solar y de aerogeneración del archipiélago.

Los resultados preliminares, divulgados ante un foro público el pasado lunes 23 de enero (más de 650 personas participando vía Zoom), son notables por su incongruencia con las decisiones de la Junta y de la actual administración. Mientras el PR100 sugiere un potencial de producción renovable que excede la demanda proyectada hasta 2050, el gobierno entrega la función energética a productores de gas natural licuado (LNG) por los próximos 15 años.

Al postular que Puerto Rico podría ser autosuficiente en su producción de energía eléctrica, el PR100 presupone un cambio de mentalidad profundo. Desde los primeros estudios ejecutados por agencias federales la ciencia colonial siempre ha presumido la dependencia del archipiélago. En este aspecto, la investigación demuestra la influencia de estudios críticos de la ciencia y del activismo de científicas feministas y anti-racistas que han encarado las condiciones sociales de la producción científica. Asimismo, la metodología del estudio demuestra un compromiso con los principios de la justicia social, con un esfuerzo por entender no sólo la potencial producción de energía sino las posibilidades para su distribución equitativa. Su análisis inicial indica que actualmente los recursos energéticos de Puerto Rico se distribuyen de forma desigual. En las palabras del informe:

“Puerto Rico faces inequitable access to critical services across geographic areas during normal grid operations.”

Sin embargo, ni el informe publicado ni el foro en que se discutió realmente atendieron las estructuras políticas que determinan quién tiene voz y voto a la hora de articular las prioridades sociales y sus impactos socio-ecológicos. De acuerdo con el título II de Promesa es la Junta de Control Fiscal (JSF) que tiene la responsabilidad de determinar la política fiscal del gobierno de Puerto Rico. Además de aprobar cualquier decisión presupuestaria, la Junta tiene el poder de ratificar toda legislación de acuerdo con sus consecuencias para esa política. Dada su composición, y a los fallos en la legislación que la rige, la Junta no parece responder a los intereses actuales o futuros de Puerto Rico, sino a los de sus miembros y sus clientes.

Por otro lado, en el foro del lunes el gobernador Pedro Pierluisi declaró que su administración apoya la transición energética, aunque sin responder a ninguna de las preguntas del público sobre los contratos otorgados a suministradores de LNG–incluyendo Puma y NFEnergia (subsidiaria de la New Fortress)–y la reestructuración de PREPA. En efecto, y pese a las recomendaciones del PR100, estas contrataciones autorizadas por la Junta y el monopolio garantizado al consorcio de LUMA han aislado la economía energética de verdadera participación democrática.

Si aceptamos esta incongruencia, el resultado se verá en los años venideros en la brecha que separa el potencial para la soberanía energética de una política dependiente de intereses privados cuyas inversiones los comprometen a retrasar esa transición y frustrar las demandas por la justicia social y ambiental en Puerto Rico.

El PR100 encamina a Puerto Rico hacia una transición energética basada en datos

El estudio provee una guía para la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico con justicia energética y resiliencia al cambio climático

February 7, 2024

Luego de dos años de trabajo hoy se dieron a conocer los resultados del Estudio de Resiliencia de la Red Eléctrica de Puerto Rico y Transiciones a Energía 100% renovable (PR100). El estudio fue presentado por el Departamento de Energía Federal, dirigido por la Oficina de Desarrollo del Sistema Eléctrico y financiado por FEMA. Este estudio es una herramienta que pretende examinar la política pública energética de Puerto Rico (Ley 17 de 2019), establecer una guía para el fortalecimiento y la restauración de la red eléctrica en Puerto Rico, y determinar la posibilidad de generar el 100 por ciento de la demanda de energía eléctrica en Puerto Rico a partir recursos renovables para el 2050.

“Este estudio es un paso significativo para encaminar a Puerto Rico a un futuro con una infraestructura eléctrica moderna y resiliente al cambio climático de manera informada e inclusiva,” dijo Braulio A. Quintero, Director de Transición Energética Environmental Defense Fund. “Environmental Defense Fund favorece que los resultados del estudio sean evaluados con detenimiento y utilizados correctamente para el beneficio de las comunidades, de forma tal que los proyectos que conduzcan a la transición energética de Puerto Rico no repercutan adversamente en la calidad de vida de los puertorriqueños y en el costo de vida de las familias,” agregó Quintero.  

El PR100 fue guiado por un grupo asesor de más de 100 profesionales del sector energético de Puerto Rico lo que proporcionó una retroalimentación crítica en la producción del informe final. Se trató de un esfuerzo no partidista para estudiar elementos críticos del sistema eléctrico de Puerto Rico lo que refleja transparencia y credibilidad.   El estudio PR100 sienta las bases para la transición energética de Puerto Rico fundamentado con datos y modelaje estadístico, verificables que permite tomar decisiones bien informadas a las partes interesadas en el sector público y privado.

“El estudio PR100 provee una ruta sin precedente para que Puerto Rico pueda lograr una transición a energía limpia y equitativa antes de lo previsto,” dijo Dan Whittle,  Vicepresidente Asociado, Resiliencia del Caribe, Environmental Defense Fund. “Pero esta guía no se implementará sola – depende de todos nosotros, los legisladores, los reguladores, los líderes comunitarios, las empresas privadas y el público en general, invertir el tiempo y el esfuerzo para hacer el trabajo», sostuvo Whittle.

Environmental Defense Fund (EDF) busca identificar soluciones energéticas efectivas y equitativas que puedan traer electricidad limpia y centrada a las comunidades de Puerto Rico, y que puedan satisfacer las necesidades diarias de sus familias haciendo que la isla sea más resiliente al cambio climático. Abordamos este trabajo de manera holística, aprovechando nuestra experiencia técnica, herramientas de financiamiento sostenible y experiencia en reforma energética para ayudar a desarrollar soluciones a largo plazo para la crisis energética del territorio. El proyecto residencial solar de EDF en la isla municipio de Culebra provee un modelo que puedes replicarse por otras comunidades en Puerto Rico y el Caribe. Este proyecto es ejemplo de cómo podemos movernos hacia fuentes de energía limpia y dejar atrás la dependencia en los combustibles fósiles.

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