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Luis Pedraza Leduc: La privatización de nuestras carreteras

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Es una deuda que se nos impone a la clase trabajadora por parte de una banca internacional alegando que la privatización de las autopistas es más eficiente en manos privadas que en el gobierno

Buenos días. Regresamos al más reciente golpe al bolsillo de la clase trabajadora en Puerto Rico. Nos referimos a los aumentos en el peaje por los próximos 40 años en los expresos de SJ a Ponce, de Carolina a Yabucoa y de Salinas a Guayama. Aumentos en los peajes que pagaremos por cuatro décadas y que deberán cubrir una inversión de $5,220 millones.

Es una deuda que se nos impone a la clase trabajadora por parte de una banca internacional alegando que la privatización de las autopistas es más eficiente en manos privadas que en el gobierno. Si fuéramos a hablar de eficiencia, de calidad de vida, de mejoras en nuestras vidas como pueblo, entonces deberíamos pensar en medios de transportación masiva efectivos, superar el uso del automóvil, las congestiones de tránsito diarias, la contaminación ambiental y el ahorro energético. Deberíamos hablar de planificación y de cómo queremos pensar el futuro del país.

Mientras el gobierno y la Junta de Control Fiscal alegan que pagaran la deuda de la Autoridad de Carreteras, la realidad es que volverán a emitir deuda la cual pagaremos la clase trabajadora junto a la deuda de la banca mundial durante las próximas cuatro décadas.

Reiteramos el impacto que los aumentos en los peajes tendrán en el costo de toda la mercancía que se mueve por las autopistas del país. A ello se suman los aumentos en el IVU, tarifas de agua, electricidad, comunicaciones, planes médicos y otras necesidades básicas. 

La razón de todo lo anterior es el sistema capitalista en su versión neoliberal. Estamos a tiempo de revertir este proceso sin daños mayores. Pensemos.

Luis Pedraza Leduc

En manos privadas la red de autopistas

El contrato de Alianza Público Privada le dejará al gobierno una aportación inicial de $2,850 millones, con lo que podrán cancelar toda la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación

  • El Nuevo Día
  • 18 Oct 2023
  • JOANISABEL GONZÁLEZ joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com
El precio de los peajes, que los conductores puertorriqueños pagarán a Metropistas en las plazas de peaje, sería revisado para ajustarlo según el nivel de inflación, indicó Edwin González, director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación.

Instalar barreras de seguridad, dar curso a un plan de reparación e instalación de luminarias y a otra iniciativa para lidiar con varias zonas propensas a deslizamientos serán los primeros cambios que a partir del año entrante podrán apreciar los conductores, ahora que Metropistas de Puerto Rico se ha convertido en el operador de todas las autopistas en la isla. Al cabo de 22 años de operaciones en Puerto Rico, la subsidiaria de la española Abertis -la empresa de infraestructura que llegó a la isla para construir el Puente Teodoro Moscoso a finales del siglo pasado- ganó a su competidor Sacyr por un escaso margen, para operar -por los siguientes 40 años- las autopistas PR-52 (San Juan a Ponce), PR-53 (Fajardo a Salinas) y la PR-66 (Carolina a Río Grande) tres autopistas y el expreso Martínez Nadal en Guaynabo.

Con la decisión, ahora Abertis opera las cuatro principales autopistas y los dos expresos más transitados en Puerto Rico.

El contrato para la nueva Alianza Público Privada (APP) pactada por el gobierno se consumó el pasado lunes y fue dado a conocer ayer por el gobernador Pedro Pierluisi, quien aseguró que Abertis resultó ganador luego de “un riguroso proceso de licitación que comenzó en el 2022 con el objetivo de hacer frente al deterioro histórico de las autopistas de peaje, así como a la desafiante situación fiscal de la ACT”.

SE REPLICA EL ÉXITO, SEGÚN PIERLUISI

“Bajo esta alianza, Abertis se compromete a hacer inversiones ascendentes a $5,220 millones de capital privado, incluyendo unos $2,850 millones en un pago adelantado a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) a cambio del ingreso que (a futuro) generen los peajes de las autopistas incluídas en esta nueva concesión”, explicó el mandatario. “Lo que estamos haciendo es replicando el éxito, el disfrute que hemos tenido de la PR-22 y la PR-5”, dijo Pierluisi haciendo referencia a la autopista que discurre desde San Juan a Hatillo y al expreso Río Hondo, que discurre entre Cataño y Bayamón.

Ambas vías son gestionadas por Abertis, a través de Metropistas, luego de que, en el 2011, el gobierno consumara su primera APP relacionada con infraestructura vial. En aquel momento, Abertis se afianzó en Puerto Rico como gestor de infraestructuras en un pacto en el que participó Goldman Sachs y que también tiene una vigencia de 40 años.

TRANSACCIÓN SIGNIFICATIVA

Ahora, Metropistas ganó la APP de la mano de Barclays’ –como asesor financiero- y sobre todo, de un sindicato de bancos internacionales, explicó Julián Fernández Rodes, responsable de Metropistas. De acuerdo con Fernández Rodes, Abertis pagará el importe inicial de la APP con una combinación de capital y dinero prestado.

“Se va a financiar de dos maneras. Aproximadamente, el 50% con capital privado, es decir, con capital de Abertis y sus socios y sus accionistas, y el otro 50% es el mercado bancario”, explicó el ejecutivo al agregar que la estructura será parecida a la transacción consumada en el 2011.

De acuerdo con Fernández Rodes, la APP tiene diversas trascendencias.

Para Abertis es la consolidación de una apuesta que permite a la empresa española gestionarse en una jurisdicción de ley y orden y que representa un valor añadido por tratarse de una empresa europea con operaciones en un mercado de dólares estadounidenses. Además, según el ejecutivo, Puerto Rico podrá contar con una infraestructura vial segura para sus ciudadanos y a su vez, con

un programa de gestión del activo, clave para acceder a nuevos fondos federales. Pero a su vez, la transacción supone el regreso de la banca internacional a Puerto Rico especializada en financiar activos de infraestructura.

BANCOS DE TODO EL MUNDO

En total, 12 bancos aportarán el resto del capital que Abertis pondrá en manos del gobierno y encabezan la lista Banco Popular de Puerto Rico, FirstBank, Oriental Bank y Banesco. En conjunto la banca local aportará unos $600 millones a la transacción que debe consumarse en diciembre próximo. “Ahora los bancos de Puerto Rico, que no estaban con nosotros al principio, han hecho una apuesta importante”, dijo Fernández Rodes al señalar que sin estos, la transacción no se habría completado.

El grupo de instituciones que completan el sindicato son los japoneses Mizuho, SMBC y MUFG, los franceses Societe Generale, Credit Agricole, el holándes ING y el italiano Intesa San Paolo.

De acuerdo con Luis Alfaro, director gerencial para Barclays’ en Puerto Rico, la

concesión representa una oportunidad para que la ACT acceda a nuevo capital para sus propios proyectos de infraestructura, pero también tiene otros beneficios para la economía local.

“Trabajamos con Abertis temprano en el proceso de licitación para evaluar las estructuras de financiamiento que estaban disponibles e identificar la alternativa más eficiente para el activo, para maximizar su valor, considerando las necesidades de la ACT”, dijo el banquero de inversiones. Según Alfaro, el hecho de que pudiera estructurarse un sindicato de bancos internacionales y locales, incluyendo entidades financieras especializadas en infraestructura y que se dedican a prestar en jurisdicciones de Estados Unidos y Europa tiene un significado particular, pues se trata del sindicato más grande que se haya articulado para una transacción en Puerto Rico. “La banca local fue clave para completar la transacción”, agregó Alfaro.

Pero según Alfaro, la nueva APP reviste de importancia porque se consuma luego de la reestructuración financiera del gobierno, proceso en el que Barclays’ ha tenido un papel clave desde el lado gubernamental.

“Es también una prueba fehaciente de que el gobierno se ha esforzado por recuperar su imagen en los mercados de capital y sobre todo, la transacción evidencia que el proceso de APP Puerto Rico goza de alta credibilidad y del interés de la administración en continuar utilizando ese modelo de gestión para beneficio de la economía”, dijo Alfaro.

LA DEUDA DE LA ACT

Tal vez, lo más importante de la transacción es la oportunidad para que la ACT cancele toda la deuda, concepto de bonos que mantenía luego de la reestructuración a través de la ley federal Promesa, así como un préstamo con el gobierno central al tiempo que pone en las arcas públicas cerca de $1,000 millones que se utilizarán para renovar carreteras secundarias y terciarias, destacó el director ejecutivo de la ACT, Edwin González.

De acuerdo con González, luego de que la ACT logró recortar en un 80% a través del proceso de Título III, lo que redujo tales obligaciones a unos $1,200 millones, se estableció un acuerdo para que al consumarse la APP el gobierno pueda saldar lo adeudado con los bonistas. “Eso se salda (los bonos y el préstamo con el gobierno) en su totalidad y el resto de los gastos financieros y los otros van para, principalmente invertir en el resto de la red de carreteras”, dijo González. En concreto, la ACT recibiría aproximadamente $1,000 millones para mejoras capitales, fondos que servirán para continuar con mejoras en otras carreteras y sentar las bases para proyectos que han permanecido en el tintero para completar el llamado eje de circunvalación de Puerto Rico mediante autopistas o expresos.

LA POSTURA DE LA JSF

Desde esa perspectiva, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) celebró la transacción. Según la JSF, la ACT podrá saldar alrededor de $1,600 millones en bonos reestructurados y pagar unos $360 millones que tomó prestados al Fondo General como parte de la reestructuración bajo el Título III de Promesa.

Además, para el organismo, la APP constituye “un elemento fundamental para mejorar las carreteras de Puerto Rico, pues brinda un incentivo claro para un mantenimiento más eficiente de las carreteras con peaje y un nuevo financiamiento significativo para inversiones en carreteras sin peaje”.

CARRETERAS Y PEAJES

Según González, si bien con la nueva APP, Puerto Rico transfiere a Metropistas todas sus autopistas, la corporación pública todavía será responsable de gestionar cientos de millas de carreteras en Puerto Rico, lo que requerirá nuevas inversiones en tecnología, incluyendo un nuevo centro de manejo del tráfico. Además, dijo el ingeniero, la ACT tendrá peso en múltiples decisiones como los contratos vinculados al cobro de peajes.

Aunque a través de Puerto Rico Toll Roads -la entidad de Abertis que pactó la APP- entrega ahora unos $2,850 millones al gobierno, lo cierto es que serán los conductores de Puerto Rico, quienes por los próximos 40 años, pagarán a la gestora de infraestructura cada vez que pasen por las plazas de peajes del sistema de autopistas.

Y esos pagos, según establece el plan fiscal de la ACT, aunque no serán tan altos como interesaba la JSF, todavía requerirán revisar el precio de los peajes, según inflación, por las siguientes cuatro décadas.

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