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Luis Pedraza Leduc: ¿Lawfare?

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¿Acaso fue lawfare la viciada acusación que llevó el FEI contra Mariana Nogales?

Buenos días. ¿Será la decisión del juez Anthony Cuevas sobre la desertificación de candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad un ejemplo de lo que se ha llamado de un tiempo para aca «lawfare»?
El profesor argentino Gulillermo Raul Moreno nos dice sobre el concepto «lawfare» lo siguiente: «A fines de la década de los 90’ surge el término en inglés Lawfare, que lo podríamos traducir como “guerra legal” o “guerra jurídica”. Es decir, una táctica que consiste en utilizar la ley como arma de guerra. El término apareció por primera vez en un trabajo del General de División retirado Charles Dunlap Jr., de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en el año 2001 y desde ese momento se lo identifica con el uso abusivo de las leyes y sistemas judiciales para el logro de objetivos militares y políticos.»

El efecto inmediato será entretener los recursos y fuerzas del MVC y la Alianza con el PIP en el tribunal. Los medios de información nos marearan con el tema. Los perjudicados irán al Apelativo y quienes pierdan irán al Supremo. Y el objetivo electoral de ganar unas elecciones se frustra. ¿Eso es lawfare?

¿Acaso fue lawfare la viciada acusación que llevó el FEI contra Mariana Nogales?

¿Es lawfare la Ley PROMESA?

El uso del poder judicial para dirigir procesos de naturaleza política va en aumento. En España, Brasil, Argentina, Ecuador, Honduras, Bolivia, Paraguay y otros países ya se ha sufrido esta táctica. La alternativa y solución es política y se hará en la calle, no en un tribunal de «justicia».

Luis Pedraza Leduc

Juez falla contra aspirantes de MVC y Proyecto Dignidad

• El Nuevo Día​22 Mar 2024

• AMANDA PÉREZ PINTADO amanda.perez@gfrmedia.com

Cuevas Ramos subrayó que, además de la ley, el Reglamento de Radicación de Candidaturas establece que, para no tener que cumplir con el requisito de endosos, el método alterno se debió haber llevado a cabo antes del 30 de diciembre. En la foto -segunda a la izquierda-, Ana Irma Rivera Lassén, aspirante a comisionada residente por Victoria Ciudadana.

El Tribunal de San Juan descalificó ayer por la tarde a varios candidatos del Movimiento de Victoria Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad por incumplir con el recogido de endosos, aunque enfrentaban contiendas internas, de cara a las elecciones generales de noviembre. El juez superior Anthony Cuevas Ramos determinó que, bajo el Código Electoral vigente, así como los reglamentos de radicación de candidaturas y de primarias y métodos alternos, ambas colectividades debieron haber presentado las peticiones de endosos para los puestos a los que aspiraban.

“Resolver de otra forma sería contrario a las disposiciones del Código Electoral”, dicta la sentencia. “Aunque este Tribunal entiende que las contiendas políticas se deben resolver en las urnas, el Código Electoral no permite otra cosa que no sea lo que hemos ya expresado en nuestro análisis. Distinto hubiera sido el resultado si estuviéramos ante el Código Electoral del 2011 o el Código Electoral del 1977”, continúa.

En concreto, la determinación del juez descalifica, por el momento, a los siguientes candidatos del MVC: Ana Irma Rivera Lassén y Edgardo Cruz Vélez, aspirantes a comisionado residente; Alejandro Santiago Calderón, Edwin Marrero Martínez, Ramón Cruz Díaz y Rafael Bernabe Riefkohl, aspirantes al Senado por acumulación; y Mariana Nogales Molinelli, OlvinValentín Rivera y Gladys Myrna Conty Hernández, aspirantes a la Cámara de Representantes por acumulación.

Descalifica, además, a Anthony Sánchez Aponte, Stephen Gil Álamo y Wilfredo Pérez Torres, aspirantes al distrito representativo 38 por Proyecto Dignidad.

“No podemos abstraernos e ignorar las consecuencias electorales que esta decisión le ocasiona, no solo a los querellados, sino a sus constituyentes, sin embargo, como jueces, solo podemos resolver las controversias interpretando la ley, la cual, cuando es clara, no hay margen posible para ignorarla con paralogismos erráticos”, reza la sentencia. El juez enfatizó que el Código Electoral es “específico” en cuanto a que “cualquier elector que desee concursar en unas primarias, como aspirante o como candidato independiente, además de cumplir con los requisitos de esta ley y los reglamentos de su partido y la Comisión (Estatal de Elecciones, CEE), deberá presentar ante la Comisión la cantidad de peticiones de endoso requerida por esta ley para el cargo público electivo al que interese aspirar”.

“De una lectura de la ley, entendemos que todos los electores que deseen ser aspirantes están obligados a recoger peticiones de endoso y presentarlos ante la CEE”, lee la sentencia. Cuevas Ramos subrayó que, además de la ley, el Reglamento de Radicación de Candidaturas establece que, para no tener que cumplir con el requisito de endosos, el método alterno de selección se debió haber llevado a cabo antes del pasado 30 de diciembre.En el caso del MVC, la colectividad llevó a cabo la votación el pasado sábado, mediante asamblea, para escoger sus candidatos para el puesto de comisionado residente, además de los escaños legislativos por acumulación.

En febrero, un grupo de legisladores y postulantes del Partido Popular Democrático (PPD) presentó una demanda para descalificar aspirantes de ambas colectividades por no someter endosos ante la CEE en la fecha establecida por ley. Otros legisladores y precandidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP) se unieron al recurso judicial como parte interventora.

El representante Jorge Alfredo Rivera Segarra y el senador Héctor Santiago Torres, así como los aspirantes del PPD a la Legislatura Yulixa Paredes Albarrán y Jorge Quiles Gordillo, fueron los demandantes. Mientras, el representante por acumulación José Torres Zamora, la senadora por acumulación Keren Riquelme Cabrera, la aspirante a senadora por acumulación Luz Cruz Berríos y la representante del Distrito 38, Wanda del Valle Correa, presentaron una demanda de intervención.

Los equipos legales del MVC y Proyecto Dignidad argumentaron que los demandantes del PPD no presentaron “daños reales”, por lo que carecen de legitimidad activa para sostener el pleito. Cuevas Ramos planteó, en la sentencia, que los querellantes carecen de legitimidad activa para presentar la demanda, pues “no sufren un daño claro y palpable y tampoco se les pone en desventaja en la elección general”. No obstante, determinó que las partes interventoras sí tienen legitimación activa para presentar la querella porque enfrentarían a los demandados como contrincantes en las elecciones.

“Aunque estamos de acuerdo con que los métodos alternos de selección de candidatos son internos y los partidos son los que determinan cómo se van a llevar a cabo estos procedimientos, tales procesos no surgen en un vacío y deben cumplir con lo requerido por la ley y los Reglamentos”, reza la sentencia. El coordinador del MVC, Manuel Natal Albelo, adelantó que el equipo legal de la colectividad evalúa las vías para determinar los próximos pasos para apelar la determinación.

Por su parte, Santiago Torres afirmó, en declaraciones escritas, que la determinación de Cuevas Ramos “refuerza la importancia de respetar la intención legislativa y los reglamentos establecidos por nuestras instituciones democráticas”. “La obligación nuestra y de los que aspiren a liderar el país debe ser cumplir con todos los reglamentos y procesos vigentes. Pretender por costumbre o por conveniencia incumplir con los requisitos de ley es muy peligroso para la estabilidad de la democracia”, subrayó el senador.

“Tengan la certeza que, al igual que en el pasado, Victoria Ciudadana defenderá en todos los foros posibles el derecho del electorado a votar por una alternativa de cambio. El tiempo del bipartidismo corrupto ha llegado y no hay artimaña jurídica que lo detenga”

MANUEL NATAL ALBELO PRESIDENTE DEL MVC Y CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE SAN JUAN

“Esto es una barbaridad y un atentado contra la democracia que no es un asunto ligero y que va a tener consecuencias graves…Para la tranquilidad y la paz social, estas son cosas que deberían resolverse en las urnas y no en las calles, pero yo estoy lista para cualquiera de las dos: para la urna y para la calle”

MARIANA NOGALES MOLINELLI ASPIRANTE DE MVC A LA CÁMARA POR ACUMULACIÓN

“La decisión del juez Anthony Cuevas solo afecta una candidatura de Proyecto Dignidad. Los otros 421 candidatos siguen en carrera para ganar. El partido evaluará la determinación judicial y, junto a nuestro candidato afectado (…) decidiremos el curso de acción. Seguimos unidos y enfocados en la meta de noviembre 2024”

JAVIER JIMÉNEZ PRESIDENTE DE PROYECTO DIGNIDAD

El Poder Judicial como arma política. Sobre la intervención judicial del partido justicialista en la República Argentina 

Guillermo Raúl Moreno1 

“No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia” 

(Barón de Montesquieu

“… afianzar la justicia” 

(Objetivo de los constituyentes reunidos en Santa Fe, plasmado en el preámbulo de la Constitución Nacional) 

I. Introducción

Si bien en los últimos tiempos hemos contemplado una notoria injerencia de la justicia en cuestiones que históricamente consideramos de carácter político, por sus especiales particularidades –sobre las cuales haremos luego un detallado análisis– nos detendremos en la decisión judicial de intervenir uno de los partidos políticos de mayor tradición e importancia en América Latina, como lo es el Partido Justicialista. Así, en un fallo insólito y carente de sustento jurídico suficiente, una magistrada judicial afectó gravemente la vida institucional del principal partido político de oposición en nuestro país. La intromisión y la persecución se hicieron presentes una vez más en el partido creado por el General Juan Domingo Perón a mediados del siglo XX. 

II. Los jueces y su rol en un Estado democrático 

En la organización institucional de nuestro país, el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado. Está compuesto por una serie de órganos que integran una estructura vertical, en cuyo peldaño superior se encuentra el tribunal máximo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.2 Como se advierte, la Constitución Nacional –siguiendo el modelo norteamericano– erigió un poder específico en su estructura estatal para cumplir la función judicial. Se sostiene que de los tres poderes ideados por el constituyente, el judicial se nos presenta como el más débil, al no contar con las armas ni el tesoro.3 De allí que, como nos enseña el Prof. Sagües, el peso político del Poder Judicial reside en el respeto que le tengan los demás poderes del Estado y en el prestigio que encuentre en una comunidad. Ese prestigio es producto de la justicia, prudencia y, sobre todo, de la imparcialidad de sus decisiones.4 En un Estado democrático, la independencia del Poder Judicial es condición vital para su jerarquización e imparcialidad. Como bien se ha sostenido, los jueces deben estar libres de influencias, ya sean de los otros poderes, de la opinión pública, de factores o grupos de poder o presión.5 La función de los magistrados adquiere tal relevancia como instrumento eficaz para asegurar el goce efectivo de la libertad, que la justicia estuvo presente en todos los tiempos y en todos los pueblos. Hacemos propia la afirmación de Joaquín V. González cuando señalaba que “ningún pueblo de la tierra ha gozado de libertad mientras no ha tenido asegurada su justicia”.6 

III. El uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política. La guerra jurídica “Lawfare” 

En los últimos años estamos presenciando en nuestra región un extraño fenómeno que consiste en la utilización de sectores del poder judicial con fines claramente de persecución política. Para que ello sea posible se requiere no solo de jueces cómplices, sino también de medios masivos de comunicación que actúen coordinadamente con esos objetivos. Dan prueba de lo que estamos comentado la persecución judicial de la expresidenta argentina, Cristina Fernandez de Kirchner, la destitución de Dilma Rouseff en Brasil, Manuel Zelaya en Honduras o Fernando Lugo en Paraguay. A los ejemplos mencionados debemos sumar el arresto del expresidenteIgnacio Lula da Silva dispuesto por la justicia brasilera en un proceso plagado de irregularidades. La falta absoluta de imparcialidad de los magistrados intervinientes nos revela el sentido no jurídico, sino político de todas las actuaciones judiciales llevadas adelante en ese proceso. A ello debemos sumarle la fuerte campaña mediática desplegada en contra de Lula y, en palabras del maestro Luigi Ferrajoli, la celeridad aplicada por la justicia “para llegar a la sentencia final lo antes posible y así, de acuerdo con la ley “Ficha limpia”, evitar que Lula, quien sigue siendo la figura más popular de Brasil, pudiera presentarse a las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre. Esta es otra pesada interferencia judicial en la esfera política, que mina de raíz la credibilidad de la jurisdicción”.7 Ahora bien, ¿cómo y dónde surge esta idea de un uso indebido de mecanismos y herramientas jurídicas con fines de persecución política, destrucción de imagen pública de dirigentes e incluso, como lo señalamos en el caso de Lula, inhabilitación de adversarios políticos? 

A fines de la década de los 90’ surge el término en ingles Lawfare, que lo podríamos traducir como “guerra legal” o “guerra jurídica”. Es decir, una táctica que consiste en utilizar la ley como arma de guerra. El término apareció por primera vez en un trabajo del General de División retirado Charles DunlapJr., de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en el año 2001 y desde ese momento se lo identifica con el uso abusivo de las leyes y sistemas judiciales para el logro de objetivos militares y políticos. Para el prof. Gregory P. Noonee, Director del Programa de Seguridad Nacional e Inteligencia en Fairmont State Universit, la guerra jurídica es “un arma diseñada para destruir al enemigo mediante el uso, mal uso y abuso del sistema legal y los medios de comunicación para provocar protestas públicas contra ese enemigo”. Es de lamentar que, maniobras como éstas bajo apariencias de legalidad y de justicia lesionen seriamente la calidad democrática en nuestros países.

1 Profesor Adjunto de Historia Constitucional, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Contacto: guillermoraulmoreno@yahoo.com.ar Redea. Derechos en acción | Año 3 N° 7 | Otoño 2018 388 | SECCIÓN ESPECIAL 

2 De acuerdo al art. 108 de la Constitución Nacional, “El Poder Judicial de la Nación, será ejercido por una Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación”. 

3 Así, Hamilton en “El Federalista” señala que el poder judicial no posee fuerza ni voluntad, sino únicamente discernimiento, y ha de apoyarse en definitiva en la ayuda del brazo del ejecutivo hasta para que tengan eficacia sus fallos”. 

Sagües, Néstor Pedro, Manual de Derecho Constitucional, 2da edición actualizada y ampliada, 1° reimpresión, AstreaBs.As. Bogotá, 2014, pag. 337. 

5 Ver Ziulu, Adolfo Gabino, Derecho Constitucional, Abeledo-Perrot, Bs. As. 2014, pag. 755. 

Gonzalez, Joaquín V., Manual de la Constitución Argentina, Estrada Editores, pag. 591. El Poder Judicial como arma política… | Guillermo Raúl Moreno 

Ferrajoli, Luigi, Una agresión judicial a la democracia brasilera, https://www.elcohetealaluna.com/una-agresion-judicial-a-la-democracia-brasilena/ SECCIÓN ESPECIAL | 389 Redea. Derechos en acción | Año 3 N° 7 | Otoño 2018

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