Lo grave de este asunto es que mientras usted y yo pagamos una deuda ilegítima, nos esconden la información
Buenos días. Nuevamente nos informan de otra propuesta de la Junta de Control Fiscal para pagar la alegada deuda de la AEE con los bonistas utilizando la facturación mensual, es decir, pagar la deuda con el dinero de los consumidores residenciales y comerciales. Nos informan que durante 35 años se nos impondrá un cargo mensual de $1.00, en adición a otro cargo por consumo que se estima en $8.14 mensuales, para un total de $9.14.
A renglón seguido nos dicen que puede haber otro impuesto por razón de las pensiones que la AEE debe pagar. Lo grave de este asunto es que mientras usted y yo pagamos una deuda ilegítima, nos esconden la información. El proceso de negociación entre la Junta y los bonistas es secreto para los que pagaremos. !Y por 35 años!
¿Alguien puede garantizar que en esos 35 años no ocurran otros aumentos? La estructura de pago es a favor de los bonistas. Se alega que al final pueden recibir más de $5,000 millones en pagos más intereses cuando no tenían derecho a nada ya que los bonos no estaban asegurados. Para completar la estafa, se propone que de haber ahorros en el costo de combustible el mismo se compartirá con los bonistas, ósea, nos quitaran el ahorro para entregarlo a los bonistas.
Esta injusta e ilegal deuda impuesta tiene que ser rechazada e impugnada de manera permanente. Tenemos que iniciar un proceso de reclamar que se nos devuelva el dinero apropiado por la Junta de Control Fiscal y los bonistas. La deuda tiene una naturaleza política que está ligada a la condición colonial de Puerto Rico. Por ello en la lista de reparaciones que debemos reclamar al imperio estará incluida esta deuda ilegal que se nos ha impuesto.
Deuda que no solo se manifiesta en dinero pagado, sino en servicios públicos reducidos o eliminados en la salud, educación, vivienda y seguridad social. En fin una violación crasa de los derechos humanos a nuestra población trabajadora y pobre.
Luis Pedraza Leduc
Receta definitiva para sacar de la quiebra a la AEE
● Con el respaldo del 43% de los acreedores, la Junta de Supervisión Fiscal propuso ayer un recorte de 80% en lo adeudado por la corporación pública
• El Nuevo Día26 Aug 2023
• JOANISABEL GONZÁLEZ joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com
La nueva modificación de obligaciones en la mesa se pagará con “un cargo legado” que se incluirá en la factura de electricidad por espacio de tres décadas.
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) radicó anoche un nuevo Plan de Ajuste para la Autoridad de Energía Eléctrica (PDA-AEE) que cuenta con el respaldo del 43% de los acreedores y que de confirmarse, recortaría prácticamente en su totalidad, la deuda por concepto de bonos de la corporación pública. Luego de cuatro posposiciones, el organismo creado mediante la ley federal Promesa presentó al tribunal su nueva receta para sacar a la AEE de la quiebra. A diferencia del PDA-AEE que el organismo presentó en diciembre del año pasado, la nueva modificación de deudas en la mesa cuenta con el respaldo de seis firmas de inversión –encabezadas por el gigante Blackrock– que antes combatieron a la JSF.
“Bajo la sombrilla de la jueza mediadora (Shelley C.) Chapman, un grupo de bonistas se nos acercó con un trato creativo, realista y viable”, dijo el presidente de la JSF, David Skeel, al conversar con periodistas de cara a la presentación del nuevo PDA-AEE.
Ese grupo de bonistas se identifica como el Grupo Mayoritario Ad Hoc de la AEE (MAHG, en inglés) y está compuesto por cinco fondos de inversión -Nuveen Asset Management, Franklin Advisers, Taconic Capital Advisors y Whitebox Advisors- que desde principios de mes, se separaron del grupo organizado de bonistas Ad Hoc-AEE y se unieron a Blackrock para llegar al acuerdo que ahora actúa como zapata en el nuevo PDA-AEE.Con toda probabilidad, reconoció Skeel, la nueva propuesta para sacar a la AEE de la quiebra requerirá que los acreedores voten nuevamente a favor o en contra del plan y también requerirá de una Declaración Informativa revisada que se radicaría posteriormente.
Pero desde la perspectiva de Skeel, el plan de pagos en la mesa es “confirmable”. El abogado anticipó que la vista de confirmación podría darse en enero de 2024. Pero el experto en Derecho de Quiebras reconoció que acreedores como GoldenTree Asset Management y la aseguradora municipal Syncora Guarantee podrán cuestionar los fundamentos del PDA-AEE e intentar descarrilarlo, sea durante el proceso de confirmación, donde asuntos como la cuantía final de la reclamación de los bonistas estaría por verse, o a través del proceso apelativo mediante el cual ciertos bonistas buscan invalidar varias de las determinaciones de la jueza federal Laura Taylor Swain.
“Entendemos que los términos del plan, que reflejan las realidades actuales, pueden ser difíciles de aceptar para algunos, pero todavía tenemos la esperanza de que podamos conseguir que más bonistas se unan al acuerdo y esto pondría fin a la quiebra de la AEE de una vez y por todas”, dijo Skeel.
¿CÓMO SE PAGARÁ EL PLAN?
La nueva modificación de obligaciones en la mesa se pagará –tal como reseñó El Nuevo Día el mes pasado- con “un cargo legado” que se incluirá en la factura de electricidad por espacio de tres décadas. El “cargo legado” o heredado estará compuesto por dos cargos fijos y un cargo variable, pero este “se ha reducido significativamente” en relación a las propuestas anteriores, destacó el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica.
En promedio, el alza para los abonados residenciales rondará $8.71 al mes, lo que supondría un aumento aproximado de 5%.
De entrada, el cargo legado se utilizará para pagar a bonistas, a los prestamistas de las líneas de crédito para combustible (“fuel lenders) y a acreedores no asegurados, entiéndase contratistas o suplidores, de la AEE. En el caso de abonados residenciales, el cargo legado solo aplicará a aquellos hogares con un consumo mayor de 425 kilovatios hora (kvh).
Para los hogares, el cargo fijo mensual será $1 y este estará seguido de otros dos cargos: un cargo de .007 centavos por los primeros 425 kvh de consumo y otros 2.7 centavos por el consumo en exceso. Las pymes, comercios e industrias verían, por su parte, un cargo fijo de $1.25 al mes, mientras las grandes empresas tendrían un cargo fijo mensual de $112.50 al mes. A ese cargo fijo se sumarían los cargos por consumo de electricidad y que irían desde 1.3 centavos a 2.7 centavos por kvh. En las negociaciones con los bonistas se planteó como fuente de repago desde un cargo de sobre $20 en la factura de electricidad hasta “un cargo híbrido” que combinaba un cargo mensual de unos $13 más consumo de electricidad.
LAS PENSIONES
Pero al cargo legado habrá que sumar otra partida para el pago de las pensiones de la corporación pública y que está por definirse.
Según Mujica, el proceso de quiebra de la AEE debe asegurar el pago de esa obligación, cuya deficiencia supera $3,000 millones y a esos efectos, la JSF conversa con el gobierno. En esta versión del PDA-AEE, las pensiones recibirán el mismo tratamiento. Los trabajadores ya jubilados de la AEE no verán cambios en su retiro, pero el plan de beneficio definido cesaría y los trabajadores activos cotizarían a un plan de aportaciones, similar al que se adoptó para los trabajadores del gobierno central.
El PDA-AEE radicado ayer es la tercera propuesta que presenta la JSF luego de la cancelación de un acuerdo pactado en 2019 por parte del gobernador Pedro Pierluisi.
¿DE CUÁNTO SERÁ EL RECORTE?
En el agregado, el plan de la JSF recortaría las reclamaciones contra la AEE -estimadas en unos $10,000 millones- en 80%. Pero ese recorte no se aplica a todas las clases de acreedores por igual. En realidad, los dueños de unos $75 millones en bonos que antes pactaron con la JSF recuperarán la mitad de su acreencia y aquellos que suscriban el acuerdo que encabeza Blackrock recibirían unos 44.4 centavos de dólar en relación a la reclamación estimada que estableció el tribunal. Asimismo, la aseguradora municipal recibiría un 68.4% de su reclamación admitida y los llamados fuel lenders recibirían sobre el 70% de su acreencia.
Pero los bonistas que han objetado la propuesta en la mesa solo verían el 12.5% de la reclamación que ha reconocido el tribunal.
En dólares y centavos, de unos $10,000 millones en obligaciones, el plan propone repartir entre todos los acreedores unos $2,500 millones. En ese universo, alrededor de $1,400 millones irían a los bonistas, quienes cobrarían mediante una combinación de efectivo e Instrumentos de Valor Contingente o CVI, en inglés.