Skip to content

Luis Pedraza Leduc: Llamamiento a rechazar los Casos Insulares

Spread the love

…un grupo de congresistas norteamericanos se expresan en contra de la doctrina de los «casos insulares» que establece que los residentes en los territorios son gente inferior y salvaje que no merecen el reconocimiento de iguales derechos aunque vivan en tierras que pertenecen al imperio

La delegada de las Islas Virgenes, Stacey Plaskett, habla en la conferencia de prensa en que se reclamó al Departamento de Justicia de EE. UU. rechazar la doctrina de los Casos Insulares

Buenos días. Mientras asistimos a la más reciente y vulgar manifestación del colonialismo en contra de una expresión artística (la censura en la Poligráfica auspiciada por el Instituto de Cultura Puertorriquena) un grupo de congresistas norteamericanos se expresan en contra de la doctrina de los «casos insulares» que establece que los residentes en los territorios son gente inferior y salvaje que no merecen el reconocimiento de iguales derechos aunque vivan en tierras que pertenecen al imperio.

La doctrina de naturaleza racista y colonialista ha prevalecido en las mentes conservadoras de quienes tienen el poder político y controlan las decisiones judiciales del Tribunal Supremo de EEUU. Lo interesante de la carta que suscriben los legisladores y otros funcionarios es que se insta a acabar con el coloniaje en los territorios, incluyendo a Puerto Rico.

¿Qué impacto tiene esta posición en la nación puertorriqueña? ¿Entienden los puertorriqueños lo que se expresa y significa esta doctrina del Tribunal Federal?  ¿Estarán los puertorriqueños dispuestos a reclamar el fin del colonialismo más allá de una carta? ¿Se unirian legisladores, alcaldes, empresarios, líderes comunitarios, religiosos, sindicalistas, intelectuales, artistas y gente común y corriente para reclamar un trato digno en sus vidas? ¿Qué dicen los defensores de la Junta de Control Fiscal y de la Ley Promesa sobre el tema?

Pensemos.

Luis Pedraza Leduc

Llamamiento a rechazar los Casos Insulares

En la expresión más abarcadora de miembros del Congreso sobre este asunto, 43 senadores y congresistas exigen rechazar la doctrina

  • El Nuevo Día           18 Apr 2024
  • JOSÉ A. DELGADO jose.delgado@gfrmedia.com

https://t.prcdn.co/img?regionKey=CITDH9I2ViVBDVAXc2Az0g%3d%3dJosé A. Delgad

WASHINGTON D. C. – Más de 40 miembros del Congreso han hecho un llamamiento al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que “rechace inequívocamente” la doctrina racista de la jurisprudencia de los Casos Insulares e incentive acabar con la situación colonial de los territorios estadounidenses, como Puerto Rico. “El sistema colonial establecido por los Casos Insulares se basó en el juicio del Tribunal (Supremo de Estados Unidos) de que las personas que residían en los territorios eran racial y culturalmente inferiores a estadounidenses blancos anglosajones y, por lo tanto, no aptos para las protecciones de la Constitución, el autogobierno o la autodeterminación”, indica una carta enviada el lunes al secretario de Justicia, Merrick Garland, suscrita por 15 miembros del Senado y 28 miembros de la Cámara de Representantes.

La carta -adelantada a El Nuevo Día-, fue hecha pública en una conferencia de prensa ayer en el lado este del Capitolio, con la participación de la delegada de las Islas Vírgenes estadounidenses, la demócrata Stacey Plaskett, y representantes de la oficina del líder de la minoría demócrata en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, Raúl Grijalva (Arizona), y de organizaciones civiles, encabezadas por Right to Democracy y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Grijalva, quien ha estado ausente del Capitolio mientras se recupera de la enfermedad del cáncer, y Plaskett lideraron la carta, apoyada por los gobernadores de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, e Islas Vírgenes, Albert Bryan.

A través de la jurisprudencia de los Casos Insulares –decididos entre 1901 y 1922-, el máximo tribunal estadounidense creó el concepto de territorios no incorporados, en los que solo aplican los derechos fundamentales de la Constitución de Estados Unidos. Los Casos Insulares determinaron que los territorios no incorporados, como Puerto Rico, pertenecen a, pero no son parte, de Estados Unidos, y no están encaminados a la estadidad. Los legisladores federales que suscriben la carta -que incluyen nueve miembros de los comités de lo Jurídico de ambas cámaras-, recordaron que los jueces asociados del Tribunal Supremo estadounidense Sonia Sotomayor y Neil Gorsuch han pedido acabar con esa jurisprudencia. “Estuvieron basados en creencias tanto de odio como equivocadas”, ha indicado la puertorriqueña Sotomayor.

Además, afirmaron que el presidente Joe Biden ha dicho que no debe haber ciudadanos de segunda clase y que los residentes de Puerto Rico y los demás territorios deben poder ejercer su derecho a la libre determinación. Tan reciente como el mes pasado, el Departamento de Justicia estadounidense, en un argumento sobre la constitucionalidad de la ley Promesa, afirmó que si bien “Estados Unidos está de acuerdo en que aspectos del razonamiento y la retórica de los Casos Insulares, que invocan estereotipos racistas, son indefendibles y repugnantes … este caso no presenta ninguna ocasión para abordar los Casos Insulares”.

Grijalva, cuya comisión tiene jurisdicción primaria sobre los asuntos de Puerto Rico y quien ha promovido antes una resolución en busca de que el Congreso rechace la controvertida jurisprudencia, afirmó que el “Departamento de Justicia ha avanzado en la dirección correcta al criticar ‘aspectos’ de los Casos Insulares racistas como ‘indefendibles y repugnantes’… pero es hora de que vaya más allá y rechace inequívocamente estas decisiones racistas, como lo ha hecho con otras opiniones de la Corte Suprema que se basaron en estereotipos racistas que no respetan el mandato constitucional de igualdad y respeto por el estado de derecho”.

“Ni el Departamento de Justicia ni nadie más debería defender ningún ‘aspecto’ de los Casos Insulares racistas”, dijo, por su parte, la delegada Plaskett.

La carta al Departamento de Justicia estadounidense incluye a los cuatro congresistas demócratas boricuas –Nydia Velázquez, Darren Soto, Alexandria Ocasio Cortez y Ritchie Torres-, y la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González. González y el delegado de Guam, James Moylan, son los únicos republicanos que firmaron la carta. Los 15 senadores que suscriben la misiva son miembros del caucus demócrata, incluidos el número dos de la mayoría y presidente del Comité de lo Jurídico, Richard Durbin, el independiente Bernie Sanders (Vermont); Elizabeth Warren (Massachusetts), Martin Heinrich (Nuevo México), Kirsten Gillibrand (Nueva York) y Peter Welch (Vermont). “Los Casos Insulares son una mancha en la historia de nuestro país y de su máximo tribunal… estas decisiones todavía impactan a quienes viven en territorios estadounidenses”, señaló el senador Durbin.

En la Cámara de Representantes, la carta tiene el respaldo del líder de la minoría demócrata en el comité de lo Jurídico, Jerrold Nadler (Nueva York). “El Departamento de Justicia se encuentra en un momento crucial para corregir una injusticia histórica y poner fin al trato de segunda clase de los más de 3 millones de ciudadanos que viven en territorios estadounidenses. Nuestro gobierno hace tiempo que debería haber rechazado esta doctrina racista y discriminatoria”, dijo Nadler. En una carta enviada en agosto pasado, una docena de organizaciones civiles solicitó al presidente Joe Biden que condene públicamente la jurisprudencia de los Casos Insulares. “Es momento de pasar la página”, dijo ayer el cofundador de la organización Right to Democracy, Neil Weare, quien se preguntó a qué se refirió recientemente el Departamento de Justicia cuando expresó que hay “aspectos indefendibles y repugnantes” en los Casos Insulares, lo que implica que otros no lo son.

La cofundadora de Right to Democracy, la puertorriqueña Adi Martínez Román, sostuvo que urge tachar una jurisprudencia que describió como ‘salvajes e incivilizados’ a los residentes de los territorios, con el propósito de defender que “se les podía negar derechos constitucionales básicos y la autodeterminación”.

Tanto Weare como Martínez Román destacaron que aunque al otro día que el Tribunal Supremo estadounidense anule la jurisprudencia, el poder del Congreso sobre los territorios quedará intacto, sí habrá un mensaje importante para funcionarios, políticos y ciudadanos en general. “No queremos otra generación en los territorios que no pueda ejercer sus derechos políticos y la libre determinación sobre cuál debe ser su relación con Estados Unidos”, sostuvo Martínez Román, profesora de Derecho y activista comunitaria.

“Los Casos Insulares son una mancha en la historia de nuestro país y de su máximo tribunal”

RICHARD DURBIN NÚMERO DOS DE LA MAYORÍA DEMÓCRATA

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *