La Junta de Control Fiscal vuelve a hablar desde su torre de marfil imperial. El flamante director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, presenta el plan fiscal de 2023 dividido en tres volúmenes, el primero sobre transformación, el segundo es sobre tendencias económicas y el tercero trata sobre requisitos de implantación y planificación.
Buenos días. La Junta de Control Fiscal vuelve a hablar desde su torre de marfil imperial. El flamante director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, presenta el plan fiscal de 2023 dividido en tres volúmenes, el primero sobre transformación, el segundo es sobre tendencias económicas y el tercero trata sobre requisitos de implantación y planificación.
En el resumen realizado mediante conferencia de prensa, se cita a Mujica decir que el objetivo es traer a todos a la sala (sector público y privado) y decirles “este es el problema, y ver entre todos, cómo lo vamos a resolver”. El objetivo político es legitimar a la Junta de Control Fiscal y sus propuestas frente a la clase política y empresarial de la colonia. El objetivo económico es cómo se reparte el pastel.
Hay otra cita interesante del Sr. Mujica, “Puerto Rico no puede gastar más de lo que tiene. Esa realidad no ha cambiado y no cambiara”. Pero podemos pagar su salario y el costo de operar la Junta y sus asesores. Para ello hay millones anuales en cifras que acumulan ya miles de millones.
Claro, Puerto Rico no puede gastar más de lo que tiene dentro del rol de enclave que se le asigna a la colonia. Este documento, sobre todo ese primer volumen, parece ser interesante ya que se proyecta hasta el año 2027 y hace otras proyecciones hasta el 2035. Ya para el 2028 reconoce déficit entre ingresos y gastos. Si ello ocurre, ¿cuál es el remedio? ¿Más recortes, más impuestos?
La reducción en población que se proyecta, la llegada de más fondos federales y el comportamiento del producto nacional bruto serán factores a considerar para que en esa sala, “todos” (que son los menos) busquen la solución (de quienes somos los más).
Al volver a las dos notas que compartimos surgen propuestas para integrar en una estrategia común la recuperación de la infraestructura. Se sugieren definir objetivos de cada componente privado en el sector energético, privatizar las vías hoy a cargo de la Autoridad de Carreteras, reforma contributiva, cambios en la educación primaria y secundaria y “fortalecer” la fuerza laboral.
El plan sugiere abrir un debate entre la concepción que tiene la Junta de un gobierno eficiente y efectivo en operar en beneficio del interés privado vs el uso y control de las variantes económicas y financieras de la colonia. Este debate, claro está, es exclusivo para quienes tienen interés en menear la olla y probar lo que se cocina.
Mientras tanto, el pueblo sigue padeciendo las consecuencias de estar al margen del poder. Se van desmoronando las garantías y seguridades que ofrecía el pacto social del siglo pasado y nos invitan a vivir al máximo la incertidumbre. Reiteramos la necesidad de pensar el país que queremos, reconociendo la realidad de clases en conflicto.
Luis Pedraza Leduc
Plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión proyecta déficits en el gobierno desde 2028
El director ejecutivo del organismo insistió que “Puerto Rico no puede gastar más de lo que tiene”
miércoles, 5 de abril de 2023 – 5:28 p.m.
Mujica describió el plan fiscal como uno de “crecimiento” económico. (Shutterstock)
Al describir el plan fiscal revisado como uno dirigido a la “transformación” del sector público en Puerto Rico, el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica, puntualizó en conferencia de prensa que las deficiencias operacionales del gobierno central, sus corporaciones públicas y los municipios no se resuelven meramente con nuevas asignaciones.
“Este plan fiscal tiene nuevos elementos, algunos que no son proyecciones ni requisitos, sino que tienen la intención de iniciar un diálogo para encontrar una solución a los retos severos y persistentes en el manejo de las finanzas”, dijo Mujica, mencionando el sistema educativo público a nivel escolar y superior. Los desafíos “no se pueden resolver simplemente proveyendo mayor financiamiento (…) Asegurar soluciones sostenibles requiere acción, deliberación y compromiso”.
El plan fiscal que la JSF certificó el lunes proyecta que el gobierno mantenga superávits hasta el año fiscal 2027, que coincide con el término de las asignaciones de Medicaid aprobadas por el Congreso, que rondan los $4,000 millones anuales. A partir del año fiscal 2028, Puerto Rico regresaría a terreno negativo si las partidas de Medicaid revierten al promedio que el territorio recibió entre 2011 y 2021, explicó hoy Mujica en conferencia de prensa.
Paralelamente, la JSF anticipa que Puerto Rico continúe recibiendo fondos federales de reconstrucción hasta el 2035, una cifra que, para ese entonces, habría totalizado cerca de $120,000 millones al incluirse también asignaciones por concepto de la pandemia del COVID-19. Pese al influjo de dinero federal, la JSF proyecta una continua reducción en términos poblacionales, así como en el Producto Nacional Bruto real desde 2030.
Contrario a los planes fiscales que se han certificado desde 2017, esta versión se segrega en tres “volúmenes”: el primero contiene un “plan de transformación”; el segundo se enfoca en “tendencias económicas y proyecciones financieras”; y el tercero, en “requisitos de implementación y planificación”.
Aunque catalogó el plan fiscal como uno que persigue el “crecimiento” de la economía, Mujica advirtió que la JSF velará por la responsabilidad fiscal. “Puerto Rico no puede gastar más de lo que tiene. Esa realidad no ha cambiado y no cambiará”, dijo el director del organismo.
A discusión propuestas del gobierno
El documento que regirá las iniciativas fiscales que el gobierno podría implementar hasta el 2027 no acoge una de las principales propuestas que plasmó el gobierno de Pedro Pierluisi en el borrador que sometió en enero, para que se asignaran anualmente $150 millones al denominado Fondo de Servicios Esenciales Municipales. La propuesta buscaba reemplazar el Fondo de Equiparación, que se prevé quede sin dinero para el año fiscal 2025.
Mujica, sin embargo, precisó que el plan fiscal hace “disponibles” $300 millones anuales que se distribuirían tras discusiones con el gobierno electo.
El borrador que presentó la administración de Pierluisi “es muy similar (a la versión certificada). Atiende algunas cosas que ellos destacaron. También deja recursos sobre la mesa, de forma que podamos acordar cómo los gastamos, en lugar de que la JSF definiera por adelantado cómo se utilizarían”, dijo Mujica.
“Veo con buenos ojos que incluya importantes iniciativas para fortalecer la educación, reformar el sistema contributivo, invertir en la eficiencia gubernamental y continuar robusteciendo un ambiente de negocios que promueva a nuestra isla como un destino atractivo de inversión”, sostuvo por escrito Pierluisi, al referirse al plan fiscal como un “documento vivo”.
Por su parte, la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, advirtió que el documento no parece contemplar la totalidad de los aumentos salariales que ha solicitado para personal del poder judicial, incluyendo jueces, alguaciles, secretarias y trabajadores sociales, entre otros. “La JSF publicó el Plan Fiscal 2023, en el cual destina $42 millones para varias entidades públicas, incluido el poder judicial, sin establecer la cantidad exacta que nos correspondería. Dicha suma global es menor a la que solicitamos para establecer una remuneración competitiva para los funcionarios y funcionarias judiciales”, expresó Oronoz, asegurando que las discusiones con el organismo continuarán.
Mujica, por otra parte, aludió al Título V de la Ley Promesa, una parte del estatuto que promueve la aceleración de los trámites de permisos para proyectos designados como “críticos”, pero que ha permanecido prácticamente inactiva, toda vez que la JSF no contado con un coordinador de revitalización desde 2019. El director ejecutivo aseguró que en o antes del verano se designará a alguien para ese cargo.
“Promesa destaca específicamente infraestructura energética, pero no limita a ese sector los proyectos. Básicamente dice que cualquier proyecto que sea crítico para el bienestar de la isla, pero destaca la infraestructura energética, lo que me parece apropiado porque no puedes tener desarrollo económico a menos que tengas electricidad confiable”, dijo.
Con relación a la Universidad de Puerto Rico, el plan fiscal esencialmente mantiene asignaciones constantes de $500 millones anuales de parte del gobierno central hasta el año fiscal 2027, conforme a la ley que habilitó el Plan de Ajuste de Deuda. “Luego de este periodo, comenzando en el año fiscal 2028, la asignación de será de $479 millones y crecerá conforme a la inflación”, indica el documento.
Mujica puntualizó que la JSF promueve una reforma contributiva “holística”, elemento que por primera vez se incluye en el plan fiscal. La reforma, dijo, debe crear un modelo contributivo menos complejo y reducir los costos de cumplimiento, pero recalcó que no debe producir una baja en recaudos. El funcionario pareció aludir a los planteamientos del gobierno de Pierluisi en torno a recaudos que, en años recientes, han excedido las proyecciones, al sostener que esa ha sido una tendencia en las jurisdicciones estadounidenses debido a la inyección de dinero federal.
Pierluisi presentó, en febrero, una reforma que propone alivios de $545 millones entre contribuciones individuales y corporativas.
“Todavía estamos revisando la propuesta en conjunto con otras prioridades. Es una de muchas cosas”, dijo Mujica. “Los recortes contributivos, por naturaleza, tienden a ser permanentes porque no quieres decirle a la gente que vas a bajar las tasas hoy y mañana las incrementarás. El objetivo de una reforma debe ser implementar cambios permanentes”.
Junta establece prioridades en su plan fiscal certificado
Gobernador lo describe como “un documento vivo” y adelanta que solicitará cambios de ser necesario
La transformación del sistema educativo, la implementación de una reforma contributiva y el aceleramiento de los trabajos de infraestructura del País se encuentran al tope de las prioridades del Plan fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal (JCF).
Según el director ejecutivo del ente fiscal, Robert F. Mujica, el documento es “muy similar” al borrador presentado en enero por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), ya que “atiende algunas de las cosas que subrayaron como importantes”.
El plan fue certificado el pasado lunes, 3 de abril, y consta de tres volúmenes. El primero de estos, titulado Plan de transformación, se enfoca en el restablecimiento del crecimiento económico y la prosperidad, y abarca temas como las reformas del sistema energético, el sector de la transportación, la infraestructura, cambios en el sistema de educación y el desarrollo de la fuerza laboral.
Múltiples reformas
Este primer volumen también incluye cambios a los servicios provistos por medio del Programa federal de Medicaid y propone “trabajar juntos para encontrar soluciones” a temas como la Universidad de Puerto Rico (UPR), los servicios municipales, el sistema contributivo y los proyectos de revitalización de la infraestructura bajo el Título V de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa).
En cuanto a la reforma del sistema eléctrico, el plan fiscal certificado plantea la creación de una nueva estructura con roles definidos para los componentes, incluyendo LUMA Energy, el consorcio Genera PR, la generación privada -dentro de la cual aparece AES, Ecoeléctrica y las productoras por medio de fuentes renovables- y las estaciones hidroeléctricas existentes.
En el caso específico de Genera PR, el documento detalla que será responsable de la operación y mantenimiento de las fuentes de generación existentes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el cumplimiento de las leyes ambientales, la seguridad y el eventual retiro y decomiso de las instalaciones.
De manera similar, el plan certificado acentúa que el sector de la transportación es un elemento esencial del desarrollo económico y social de la Isla y que su pobre estado resulta en la pérdida de tiempo y productividad, acceso inadecuado a trabajos y oportunidades y comunidades fraccionadas.
Para atender estos problemas, se planteó una reforma que abarca la reorganización de los activos de manera que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) tenga el control de toda vía sin peajes -carreteras primarias, secundarias y terciarias-, al tiempo que se crearía una entidad aparte para el manejo de las vías con peajes.
Asimismo, el plan plantea la posibilidad de transferir los activos de los peajes a concesionarios privados en caso de que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (P3, en inglés) determine que la movida sea viable.
Los cambios al sector de la transformación además establecen la necesidad de traspasar a la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) todo activo relacionado a transporte público como autobuses, embarcaciones (ferries, en inglés) y el Tren Urbano.
El segundo volumen se enfoca en las tendencias económicas y proyecciones financieras relacionadas al Fondo General, partidas federales y gastos del gobierno de Puerto Rico, incluyendo planes de ajustes de estos últimos.
Mientras, el tercer volumen está enfocado en los requisitos de implementación del plan e incluye una agenda de manejo financiero con asuntos como la auditoría de estados financieros, la continuación de la reforma del Servicio Público, el manejo de fondos federales, y recalca las reformas al sistema contributivo, la infraestructura y el sistema de energía.
Servicios municipales
El plan certificado por la junta fiscal dejó a un lado propuestas como la creación de un Fondo de Servicios Esenciales Municipales y el establecimiento de una tasa contributiva preferencial para la clase médica.
“Dejamos recursos en la mesa para poder ver cómo los vamos a invertir, en vez de que sea la junta identificando por adelantado en lo que se tienen que gastar ciertas partidas. Estamos destacando que tenemos que lidiar con unas áreas, por lo que ahora vamos a pasar a la discusión del presupuesto y cómo vamos a usar esos recursos para solucionar los problemas”, manifestó Mujica a preguntas de EL VOCERO, durante una presentación del plan efectuada ayer en la sede de la JCF.
De acuerdo con el directivo, la partida de fondos no asignados en el plan asciende a $300,000 millones.
En cuanto a la propuesta para destinar dinero a los municipios y así mitigar la eliminación del Fondo de Equiparación, Mujica reconoció que, aunque no lo mencionan directamente, dentro del plan fiscal certificado se hacen constar los problemas que enfrentan los ayuntamientos.
“Los municipios son críticos a la hora de ofrecer servicios esenciales, eso es claro, y tienen recursos para invertir y necesitan ser parte de las soluciones para crecimiento económico y la reforma en los permisos. También, el impuesto al inventario es algo que ha limitado el crecimiento. Mi visión es que todo esto tiene que hablarse al mismo tiempo. Vamos a evaluar el proveerles recursos adicionales y traerlos a la mesa para ver cómo podemos resolver estos problemas”, reiteró Mujica.
En cuanto al borrador del presupuesto del Fondo General para el año fiscal 2023-2024 sometido por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), ascendente a $12,740 millones, el directivo destacó que presenta valores de ganancia más altos que los que la junta fiscal utilizó para calcular el suyo, que llega a $12,426 millones.
“Somos más conservadores en ese sentido, ya que entendemos que siempre es mejor tener un dinero extra que gastar demás”, señaló Mujica.
No descarta solicitar cambios
Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi catalogó el plan certificado por la junta como “un documento vivo que comprende muchas de las áreas de reformas y responsabilidad fiscal en las que estamos trabajando”. Sin embargo, advirtió que “cuando sea necesario, solicitaremos cambios al Plan Fiscal para asegurar que atienda las necesidades del pueblo y refleje las aspiraciones de nuestra gente”.
“Mi visión es que sigamos haciendo todo el trabajo necesario para que nuestro gobierno tenga una situación fiscal sólida a corto y largo plazo”, reiteró el mandatario a través de declaraciones escritas.
Traer todos los sectores a la discusión
Entretanto, Mujica reconoció que el documento, el cual catalogó como un paso hacia la transformación del País, se enfoca en señalar numerosos problemas fiscales y estructurales que enfrenta el gobierno, y no necesariamente presenta soluciones.
“El plan no debería ser uno en el que la junta proponga un remedio absoluto, ya que eso también tiene que venir de parte del gobierno y el resto de las partes interesadas”, aseveró el directivo, quien insistió en que “se trata de traer a todos a una misma sala tanto del sector público como privado, y decirles este es el problema y ver, entre todos, cómo lo vamos a resolver”.
Sobre la transformación, Mujica sostuvo que se debe sustentar en lo que describió como los tres pilares: una sólida administración financiera, una cultura de rendimiento en el sector público mediante la continuación de la Reforma del Servicio Público e inversión en el crecimiento económico.
En el caso del sistema educativo, entre los problemas destacados por la junta fiscal figuran la disminución en la matrícula y el bajo desempeño de los estudiantes en exámenes estandarizados en comparación con otros estados.
“Puerto Rico necesita soluciones informadas por todas las partes interesadas para reformar el desempeño dramáticamente bajo del sistema educativo y encontrar soluciones a largo plazo. En el caso de la Universidad de Puerto Rico, esto no puede ser resuelto solamente asignando más dinero”, declaró el director ejecutivo.