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Luis Pedraza Leduc: No podemos permitir que la Junta de Control Fiscal continúe practicando sus políticas discriminatorias y abusivas en contra de la clase trabajadora

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Hace falta escuchar la voz de la clase trabajadora por medio de los sindicatos y otros sectores comunitarios

Buenos días. Cuando el río suena, agua trae. Así reza el dicho popular que unido al que dice “en río revuelto, ganancias de pescadores” nos debe alertar sobre la propuesta de la Junta de Control Fiscal para eliminar la exención contributiva a la residencia en que el ciudadano vive. Esta propuesta surge como alternativa a la petición de las empresas e inversionistas de eliminar un impuesto al inventario. A su vez los alcaldes reclaman seguir recibiendo fondos para continuar sus operaciones.

La propuesta de eliminar la exención sobre la residencia principal impactaría  a sobre 800,000 residencias, principalmente de la clase asalariada del país. Una medida como esta llevaría a la pobreza total a sectores de la clase trabajadora que no podrían absorber un aumento a su renta mensual hipotecaria. Estos impuestos, unidos a los aumentos en la energía eléctrica, agua, IVU, peajes y la inflación en general golpean a la clase trabajadora, a los pensionados y los estudiantes.

Los empresarios, patronos e inversionistas alegan oponerse a la medida de la Junta. Sin embargo la Junta la envió al CRIM y a la legislatura como ficha de cambio en la discusión para obtener fondos ante la petición de eliminar el impuesto al inventario.

Hace falta escuchar la voz de la clase trabajadora por medio de los sindicatos y otros sectores comunitarios. No podemos permitir que la Junta de Control Fiscal continúe practicando sus políticas discriminatorias y abusivas en contra de la clase trabajadora. Despidos, eliminación de derechos y beneficios económicos, reducción y eliminación de pensiones, ataques a la UPR, anulación de leyes que benefician a trabajadores del sector privado, reducción del bono de Navidad y endeudamiento a cada familia puertorriqueña mediante los planes de pago de deuda, entre otros, son las medidas que hasta hoy ha impuesto la nefasta Junta.

No podemos quedarnos cruzados de brazos a la expectativa para ver que pasara. Urge alzar la voz y dejarse sentir ante la opinión pública  oponiendonos a mayores impuestos o reducciones de nuestros menguados ingresos.

Luis Pedraza Leduc

Eliminación de exoneración del impuesto a la vivienda principal afectaría a 800,000 propietarios

La Junta de Control Fiscal impulsa la medida

David Skeel, presidente de la Junta de Control Fiscal.

>Archivo / EL VOCERO

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Cerca de 800 mil ciudadanos podrían comenzar a pagar contribuciones sobre su vivienda principal si se acepta una propuesta de la Junta de Control Fiscal (JCF) para compensar la eliminación del impuesto al inventario, según indicó el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

“El impacto sería directo en el 60 por ciento de las residencias registradas en el CRIM, en su mayoría pertenecientes a la clase más vulnerable”, explicó el director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua Látimer en declaraciones escritas.

El propósito de la Junta con esta medida sería sustituir los fondos que se perderían al eliminar el impuesto al inventario y la contribución mueble en su totalidad. El CRIM advierte que esta acción trasladaría la carga fiscal de los grandes comerciantes a los propietarios de viviendas.

“Los alcaldes han sido claros en que se necesita identificar otra fuente de ingreso para reemplazar este impuesto, que aporta $490 millones a los municipios”, aseguró Paniagua Látimer.

De acuerdo con datos del CRIM, el impuesto sobre inventario lo pagan principalmente grandes comercios que operan en Puerto Rico, muchos de los cuales disfrutan de exenciones proporcionadas por el Gobierno.

“Es esencial encontrar una solución razonable que no afecte el bolsillo de aquellos que carecen de recursos para cubrir sus necesidades básicas”, enfatizó Paniagua Látimer, agregando que han estado buscando alternativas durante más de cuatro años.

Sector privado desmiente expresiones del director ejecutivo del CRIM

El funcionario se sostiene en sus argumentos sobre las exenciones

casa

La exención que gozan algunos propietarios , consiste en la liberación, parcial o total, del cargo o pago contributivo a una propiedad acorde lo establecido por ley en la agencia del CRIM.

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Las principales organizaciones del sector privado levantaron su voz, mediante una carta, en oposición a las declaraciones emitidas por el director ejecutivo del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Reinaldo J. Paniagua Látimer, en torno al impacto que la propuesta presentada por la Junta de Control Fiscal, para la eliminación del impuesto al inventario, pudiese tener entre la población más vulnerable del País.

Acorde con Paniagua, la propuesta eliminaría las exenciones del pago del CRIM a unas 800,000 familias.

De acuerdo con la misiva del sector privado dirigida a Paniagua, muchos de los argumentos expuestos por él, han provocado una ola de desinformación y temor a la ciudadanía, que no está sustentada en los datos correctos.

Uno de los argumentos aclarados por el sector privado es que ellos nunca han recomendado eliminar la exención de la propiedad residencial principal que hoy tienen derecho los puertorriqueños, aclarando que la carta de la Junta Fiscal dirigida al presidente de la Cámara, Rafael “Tatito”Hernández, tampoco lo establece. Enfatizaron que el sector privado ha discutido y presentado otras medidas como eficiencias, cobro del impuesto en las ventas por Internet y la autotasación de propiedades comerciales.

De igual manera, desmintieron que solo el 1% de los comercios paga el impuesto al inventario. Según los representantes de los gremios, de acuerdo con un estudio sobre el impuesto a la propiedad, realizado por unos consultores del gobierno federal, hace 4 años, en Puerto Rico había 72,000 empresas. De estas empresas 58,500 (81%) pagaban este impuesto.

De igual manera, aclararon en la carta remitida a Paniagua, que la eliminación total de la exoneración de la residencia principal traería recaudos adicionales de $611 millones al CRIM, que es casi tres veces lo que se necesita para lograr la eliminación del impuesto al inventario, que genera hoy $232 millones.

“Resaltamos que sí estamos de acuerdo con la Junta, que nuestro sistema de impuestos a la propiedad, y todo el sistema contributivo de la Isla, necesita una reforma estructural integral, holística y abarcadora, que devuelva la competitividad, certeza y ambiente para inversiones nuevas y desarrollo económico”, reza la misiva.

“Nuestra recomendación ha sido que la eliminación del impuesto al inventario puede ser gradual y escalonada en un periodo de tres a cinco años; tiempo razonable para ir sustituyendo recaudos, con ingresos que no representen nuevas cargas al ciudadano ni al comercio o industrias. Estos ingresos pueden venir de mejorar la eficiencia operacional del CRIM”, continúa la misiva.

“De acuerdo con el Plan Fiscal del CRIM, estos tenían el año pasado más de $200 millones en cuentas por cobrar que no habían sido cobradas. El registrar y tasar propiedades que actualmente no están pagando contribuciones, podría representar hasta $90 millones anuales, pues se estima que casi 240,000 propiedades no han sido registradas. También, se han identificado unas 517,000 propiedades con mejoras que no han sido tasadas y que podría representar cerca de $48 millones anuales”, abunda.

El sector privado reiteró que si el CRIM tomara la decisión de ser eficiente y adoptara todas las medidas propuestas en su propio plan fiscal, habría un recaudo anual adicional de $292 millones. Igualmente, se deben buscar mejoras y eficiencias operacionales en los municipios, pues de acuerdo a un estudio realizado por el Colegio de CPA, los ahorros anuales de las recomendaciones presentadas rondaban entre $142 y $475 millones anuales, cifra a la que habría que sumarle los más de $500 millones en nuevos impuestos a la propiedad, patente municipal y arbitrios de construcción, producto de los $7,000 millones adicionales asignados a los municipios para actividades de reconstrucción.

La misiva está firmada por los representantes de las organizaciones: Hecho en Puerto Rico, Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico, MIDA, Cámara de Comercio, Asociación de Industriales y Asore.

Por su parte, Paniagua, quien dijo que la misiva no le tomó por sorpresa, se reiteró en que los datos ofrecidos son oficiales obtenidos de las planillas del CRIM.

“Me sostengo en todo lo que ha estado diciendo. Queremos que se resuelva el problema del impuesto al inventario, pero de manera responsable, no de golpe. Cualquier determinación afecta a los municipios, y por ende al servicio que ellos ofrecen al pueblo. Aquí no se trata de quién gana o pierde dinero. Todos ellos (sector privado) se sentaron conmigo y, aunque en principio no favorecían el congelar el impuesto en un año base, luego aceptaron la propuesta”, subrayó el funcionario.

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