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Luis Pedraza Leduc: Principio de Mérito en el empleo público

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Una norma degradada con el paso de los años

Buenos días. Cuando se aprobó la Ley de Personal para el Servicio Público el 14 de octubre de 1975, Ley 5, se estableció que el Principio de Mérito sería la norma que guiará el empleo público. Se definió el principio de mérito como una medida donde el más apto fuera reclutado, clasificado su puesto, ascendido o trasladado y retenido. Mediante exámenes y evaluaciones periódicas se medirá el más apto en el empleo. Existían pasos por méritos, becas, premios y bonificaciones para los más aptos.

En el papel la ley se leía muy bien. Sin embargo, desde su aprobación la Ley 5 empezó a ser enmendada por decisiones ejecutivas o por legislación donde imperó el criterio político partidista del gobernante. Uno de los elementos de mayor controversia fue el empleo transitorio. Aunque la ley dispone de dos tipos de empleos, de carrera o confianza, la realidad es que había transitorios, irregulares, de confianza expandida, de planes federales, contratos, intermitentes, o el término acuñado de la época.

Sobre los empleados transitorios se aprobó legislación para dar permanencia a más de 30,000 empleados a mediados de la década de 1980. Desde entonces se ha continuado enmendando la ley para dar permanencia a estos empleados llamados transitorios. En la legislación de los años 1980, había transitorios de más de 30 años de servicio. Muchos casos se ganaron mediante pleitos en foros apelativos o tribunales. Miles fueron despedidos después de cada proceso electoral. El empleo transitorio siempre ha sido la clave para el empleo partidista.

Llegó la Ley 45, llamada sindicalización, y excluyó a los empleados transitorios de la unidad apropiada. Se aprobaron otras leyes para dar permanencia a los transitorios y como quieran siguen nombrando transitorios. La ley 7 del 2009 los despidió a todos y hoy siguen siendo nombrados. En el 2017, bajo el mandato de la Ley PROMESA, se aprobó la ley sustituta de la Ley de Personal, ahora llamada Ley Especial de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, Ley 8 – 2017. Esta ley acaba de ser enmendada por la Ley 96 del 2023, Ley de Empleo Transitorio o Temporal para otorgar la permanencia a todos los empleados transitorios con cuatro años o más de servicio.

La Ley reconoce que existen hoy 2,728 empleados transitorios o temporales en el gobierno central. No se incluyen los de la rama legislativa, rama judicial, municipios, corporaciones públicas y otros organismos de gobierno. Se benefician de la permanencia otorgada por la ley 1,038 empleados. Es decir que quedan 690 empleados acumulando tiempo de aquí a enero de 2025, cuando algunos serán despedidos, otros verán sus contratos extendidos junto a otros miles que serán nombrados.

Mientras tanto el principio rector del mérito, sigue descansando en paz en el cementerio del recuerdo de lo que una vez pensaron en la perfección de un empleo público donde todos los empleados eran de carrera y permanentes con solo un máximo de hasta 25 empleados de confianza por agencia.

Luis Pedraza Leduc

Cuestionan que le dieran permanencia a 1,032 transitorios

  • El Nuevo Día  21 May 2024
  • GLORIA RUIZ KUILAN gloria.ruiz@gfrmedia.com

Marrero aseguró que el gobierno entregó toda la información requerida a la JSF, pero no precisó a cuánto asciende el impacto fiscal de darle permanencia a 1,038 empleados transitorios.

Aunque por “el momento” no evitará su implementación, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) cuestionó al gobierno el otorgamiento de permanencia a 1,032 empleados transitorios al amparo de la Ley 96 de 2023 y advirtió que se pueden estar “descartando otros candidatos” con mérito, violentado así la reforma del servicio público.

De paso, la JSF recalcó que el gobierno no ha proporcionado estimados formales del impacto fiscal de esta medida. “Al otorgar estatus regular a ciertos empleados transitorios elegibles, el gobierno asume que el empleado transitorio actual es el más adecuado para un puesto permanente, sin considerar otros candidatos. Esta suposición es contraria a un componente central de la reforma del servicio público requerido por el Plan Fiscal para Puerto Rico”, indicó el director del ente a cargo de las finanzas de la isla, Robert Mujica, en una carta dirigida al gobernador Pedro Pierluisi, los presidentes legislativos Rafael “Tatito” Hernández y José Luis Dalmau, así como al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero.

Acto seguido, Mujica reconoció al gobierno ser “colaborador” con la implementación de la reforma del servicio público, desde el año pasado y, por eso, informa que no se opondrán a la Ley 96. “Sin embargo, la Junta de Supervisión se reserva su derecho a hacerlo más adelante basándose en los costos reales incurridos o por otras razones legítimas”, lee la misiva.

El estatuto, llamado “Ley de Empleo Transitorio o Temporal en el Servicio Publico”, concede estatus regular a los empleados públicos transitorios “que ocupan, por más de cuatro años puestos vacantes con funciones permanentes del servicio de carrera o de duración fija si cumplen con las disposiciones estatuidas, en las agencias cubiertas por el Sistema de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico”.

La carta establece que, ahora mismo, hay 2,728 empleados transitorios en el gobierno. De esa cantidad, 1,038 cualifican para el estatus regular bajo la Ley 96, agrega.

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