Mejorar la economía del país, es decir, sostener un desarrollo económico en la manufactura, el turismo, y la exportación de productos es condición primaria para definir las ventajas de un estatus político de nuestro archipiélago. Así lo establece el economista José Caraballo Cueto en un reciente estudio en el cual examina las opciones de estadidad e independencia, sus ventajas y desventajas como estatus político para la isla.
Buenos días. Mejorar la economía del país, es decir, sostener un desarrollo económico en la manufactura, el turismo, y la exportación de productos es condición primaria para definir las ventajas de un estatus político de nuestro archipiélago. Así lo establece el economista José Caraballo Cueto en un reciente estudio en el cual examina las opciones de estadidad e independencia, sus ventajas y desventajas como estatus político para la isla.
Nuestra interpretación de la reseña periodística es que la clase trabajadora, que es quien asume la mayor carga impositiva de impuestos, tiene que estar en una mejor condición económica para poder asumir las obligaciones políticas que surgen de una república o de la anexión. Es decir, que el desarrollo económico debe ser observado y asumido a favor de la gente, de la clase trabajadora y no a favor de un crecimiento económico de las empresas.
Ello conlleva una visión más amplia y con perspectiva de futuro de la clase política. La actual, obviamente está colonizada y no ve más allá de los fondos federales a reclamar y recibir. Ese cambio en la visión y compromiso de una clase política que busque el mejoramiento de la gente, nos parece que favorece a la independencia del país ya que se tendría mayor posibilidad de construir un país sobre la base de un desarrollo económico sostenible.
La estadidad nos amarra a decisiones que tomarían otros y aparentemente asegura fondos federales para la gente pero con una carga de impuestos mayor. Tampoco garantiza la permanencia de industrias.
La reseña anima a poder leer la totalidad del estudio y poder compartir con el autor sus hallazgos y conclusiones, sobre todo, el impacto en la clase trabajadora. Una agenda interesante y educativa que el sindicalismo puede asumir.
Luis Pedraza Leduc
Revelan análisis del impacto económico que tendría un cambio de status para la isla
A largo plazo, es probable que la estadidad e independencia sean mejores alternativas para el crecimiento de capital en Puerto Rico, concluye el profesor José Caraballo Cueto
El Nuevo Día 7 May 2023 JOSÉ A. DELGADO jdelgado@elnuevodia.com Twitter: @JoseADelgadoEND
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El profesor universitario y economista José Caraballo Cueto advirtió que su investigación no se trata de determinar cuál es la alternativa de status “más democrática, digna, factible o políticamente correcta”.
WASHINGTON.- Las opciones de estadidad e independencia pueden requerir “ajustes dolorosos”, pero, a largo plazo, es probable que sean mejores alternativas para el crecimiento económico de Puerto Rico, según un estudio del profesor universitario y economista puertorriqueño José Caraballo Cueto. El análisis advierte que, bajo la estadidad, el aumento en los fondos federales no será suficiente para compensar el impacto de los impuestos estadounidenses, y que la disminución de los costos en el comercio que representaría ser un país soberano e independiente no mitigará –por sí misma– la significativa disminución en las subvenciones federales.
“No existe un atajo obvio hacia la prosperidad después de un cambio en el status político”, indicó Caraballo Cueto, profesor de Economía en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, entrevistado en el pódcast Desde Washington de El Nuevo Día, en el que habló sobre su estudio “El impacto económico de cambiar el status político de Puerto Rico”. La investigación tiene 663 páginas, incluidas gráficas que presentan, entre otras cosas, las consecuencias de antiguas colonias haberse convertido en un estado o en un país soberano después de 1960. Incluye una sección importante con el economista Massimiliano LaMarca , en la que modelan potenciales escenarios económicos bajo la estadidad y la independencia. También, presentan gráficas sobre la evolución económica de antiguas colonias.
Caraballo Cueto advirtió que la investigación no se trata de determinar cuál es la alternativa de status “más democrática, digna, factible o políticamente correcta”. “Hay un consenso creciente de que, para que la economía crezca a largo plazo, se necesita cambiar el status político. Luego de la caída de la sección 936, se ha tratado de crear un modelo económico bajo el Estado Libre Asociado (ELA) y todos han sido infructuosos”, dijo. Según el análisis, para Puerto Rico alcanzar “cierta prosperidad bajo la estadidad, lo crítico va a ser qué se va a hacer con el sector manufacturero”, sostuvo Caraballo Cueto.
Bajo la independencia, Puerto Rico puede beneficiarse del control de la moneda y el acceso al comercio internacional sin los requisitos de las leyes estadounidenses de cabotaje, pero, para mitigar la pérdida de miles de millones de dólares en subvenciones federales, el éxito dependería de que el sector privado se inserte con fuerza en la economía global por medio de las exportaciones.
Ciertamente, la estadidad resolvería el reclamo que hacen las autoridades de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD) desde la relación territorial de ELA para obtener paridad en programas federales, como la asistencia nutricional, Medicaid y Medicare, e ingresar a la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, en inglés).
El PNP promueve esas iniciativas, pero, cuando no se consiguen, acentúa que esa es la diferencia de no ser un estado. El PPD las respalda, confiando en que cada vez más se cierra la brecha entre el status territorial o colonial, y la estadidad, en cuanto a la asistencia federal, sin tener que pagar contribuciones sobre ingresos.
Los estimados más recientes indican que, si Puerto Rico pasa del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés), puede recibir –en una transición que el gobierno de la isla quiere que tome cinco años, pero puede tardar una década– un alza de $1,700 millones anuales en los fondos alimentarios. En Medicaid, la asistencia actual es de cinco años y terminaría en unos $4,200 millones anuales, unos $1,000 millones menos que lo que las autoridades de la isla estiman se recibirían si Puerto Rico tuviera acceso a trato igual.
El SSI pudiera representar unos $2,300 millones anuales para la isla, según la Administración del Seguro Social. Caraballo Cueto considera que pueden ser unos $2,650 millones anuales y que “sería un cambio sustancial para las personas que están en el nivel de pobreza o cerca del nivel de pobreza”. Hace un año, en abril de 2022, el Tribunal Supremo de Estados Unidos reafirmó que cualquier intento por integrar a Puerto Rico al SSI le corresponde al Congreso, no a la corte. Caraballo Cueto calcula que, en 2016, si se hubiese tenido acceso al SNAP y el SSI, la tasa de pobreza en Puerto Rico pudo reducirse de 43.5% a 30.1%. La tasa de pobreza de los puertorriqueños en Estados Unidos ronda el 24%.
Después de tres plebiscitos en los que el PNP ha reclamado victoria, el más reciente con 52.5% en un referéndum estadidad sí o no, el Congreso –como antes sucedió con los reclamos para mejorar el status territorial de ELA– ha echado a un lado proyectos que promueven consultas sobre el futuro político de la isla, en medio de una más vocal oposición de sectores republicanos a la estadidad. Caraballo Cueto sostuvo que la estadidad puede suponer un aumento en el turismo desde Estados Unidos, en las inversiones y en el sector de servicio, así como una mejora en la agricultura. La representación en el gobierno federal deberá, a su vez, permitir promover políticas públicas favorables para la isla.
Pero hizo hincapié en que la clave será cómo retener la inversión en la manufactura. “Solamente con que se vaya el 20% (de las empresas manufactureras), habría un colapso económico en Puerto Rico, que no lo compensa un aumento en el turismo y en la inversión, en ese caso del sector de los servicios”, sostuvo. Además, destacó que será difícil para el gobierno de Puerto Rico reducir los impuestos locales, debido a los recientes acuerdos de reestructuración de la deuda pública que comprometen las contribuciones de la isla. “Es posible que aumente el éxodo de profesionales, pues en Estados Unidos ganarían más, pero pagarían menos impuestos estatales que en Puerto Rico. Por ende, el pago de la deuda pública acordado se volvería insostenible”, dijo el economista, quien en su análisis precisa que “el gobierno local o reduce sus incentivos fiscales al sector privado y reduce el tamaño del gobierno (disminuyendo los servicios esenciales), o deja a sus ciudadanos tener una carga contributiva más alta con los nuevos impuestos federales”.
En 2011, se estimó que la plena imposición de impuestos federales en Puerto Rico ya representaba unos $1,919 millones anuales en el caso de individuos y $758 millones en torno a las corporaciones. Si se reducen los impuestos locales –que son más altos que el promedio en Estados Unidos–, dijo Caraballo Cueto, puede ser necesaria “una ronda de austeridad, como la que hemos visto desde que llegó la Junta de Control Fiscal”. Si se decide mantener el mismo nivel de impuestos locales, “la carga va a ser sumamente amplia, sobre todo para la clase media”, agregó, al indicar que “la clase baja se vería beneficiada con la estadidad porque no tendría que pagar impuestos federales”.
“Sin embargo, la clase media, la clase alta y las corporaciones van a sentir un impacto en su presupuesto con los impuestos federales, que pueden alcanzar un 30%”, añadió.
Caraballo Cueto menciona, además, las consecuencias de la unilateralidad en la relación con Estados Unidos, como ha sido dar y luego quitar beneficios, como la antigua sección 936 del Código de Rentas Internas federal, que otorgó privilegios tributarios federales mayores para corporaciones estadounidenses; y la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que controla las finanzas públicas de Puerto Rico; y del impuesto Gilti de 2017 sobre la propiedad intelectual de las manufactureras que hacen negocios en la isla como empresas foráneas. Y advierte que nada sería peor que tener que pagar los impuestos federales sin los beneficios de la estadidad, en referencia al status de “territorio incorporado”.
Con respecto a la independencia, el reto principal es cómo sustituir los miles de millones de dólares en subvenciones federales que se reciben actualmente, dijo el economista y profesor universitario, quien señaló que su estudio no alude a la soberanía en libre asociación, pues, pese a tener “implicaciones legales diferentes, en términos económicos, es (un status) muy similar a la independencia”. Caraballo Cueto afirmó que, por el mero hecho de Puerto Rico alcanzar su independencia, las empresas manufactureras “no tendrían razones mayores para irse porque continuarían operando en una jurisdicción extranjera para propósitos de impuestos federales”. “Puerto Rico no solo puede sostener, sino mejorar su desarrollo industrial gracias a la independencia”, indicó en el estudio.
Con respecto a los individuos, tampoco habría un impacto contributivo. Hay una serie de derechos adquiridos que seguirían vigentes, como el cheque del Seguro Social para los que ya están jubilados. “Lo que sí se perdería bajo la soberanía en términos de fondos federales serían programas, como los subsidios de vivienda, mejor conocido como la sección 8, la asistencia nutricional, las becas Pell”, fondos para educación, carreteras, entre otros, sostuvo Caraballo Cueto.
Una ventaja sería el control de la política monetaria, pero las tasas de interés subirían debido a los bajos ahorros de los sectores económicos. “Las políticas fiscal, monetaria e industrial son clave para el desarrollo económico, especialmente en este nuevo siglo, pero Puerto Rico apenas tiene control sobre ellas. La política monetaria (por ejemplo, tipo de cambio y tasas de interés, entre otras) impuesta a Puerto Rico por la Reserva Federal (conocida como Fed), no está diseñada para el ciclo comercial particular de la isla y, en ocasiones, las decisiones tomadas por la Fed exacerban las condiciones económicas de este territorio”, indicó Caraballo Cueto en el estudio.
Bajo la soberanía, explicó, las remesas de la diáspora, cuya importancia es significativa en América Latina, pueden sustituir subvenciones federales y se abre la puerta a buscar bajo sus propios criterios mano de obra de países latinoamericanos para la agricultura.
TERRITORIO VERSUS ESTADIDAD E INDEPENDENCIA
Al comparar la situación de antiguos territorios que alcanzaron la estadidad, Caraballo Cueto sostuvo que, desde antes de ser estado, el ingreso per cápita de Alaska siempre ha sido mayor al promedio en Estados Unidos.
En Hawái, fue notable un crecimiento de la economía con la estadidad, pero el nivel de ingresos sigue por debajo del de Estados Unidos. En el caso de Nuevo México –donde la mayoría de la población no dominaba el inglés cuando se convirtió en estado–, la economía tuvo cierto avance después de la estadidad, “pero nunca ha alcanzado el nivel de ingreso del resto de Estados Unidos”, quedándose aproximadamente un 20% por debajo del promedio nacional estadounidense, sostuvo.
Caraballo Cueto presenta la experiencia de antiguas colonias, incluidas las caribeñas. “Encontramos que la independencia está correlacionada con una pequeña mejora en el ingreso per cápita en las antiguas colonias con respecto al resto de los países”, indicó el estudio. El economista afirmó que presenta ejemplos de países pequeños como Singapur, Irlanda e Islandia, y más cerca de la isla, Trinidad y Tobago, que han tenido crecimiento económico tras alcanzar la soberanía. Pero, también presentan casos que han retrocedido en términos económicos, como un número importante de países en África.
Una tabla del estudio ilustra el Producto Interno Bruto (PIB) de países que recientemente obtuvieron su independencia, como una porción del PIB de Estados Unidos. “Si Puerto Rico hubiera obtenido la independencia en 2020, habría tenido el undécimo PIB inicial más grande en comparación con otras antiguas colonias. Con excepción de Gabón, todas las antiguas colonias que tenían niveles PIB per cápita relativamente similares en el momento de su independencia a los de Puerto Rico hoy tienen niveles de PIB per cápita relativamente altos”, señaló el estudio.
Caraballo Cueto llamó la atención en su investigación a que no siempre las transferencias federales en Puerto Rico han ido en crecimiento. Indicó que la participación de los fondos federales en el Producto Nacional Bruto (PNB) de Puerto Rico disminuyó de 1982 a 2005, cuando alcanzó un mínimo histórico de 12.7%.
En ese sentido, el estudio concluye que “parece existir una correlación entre el crecimiento económico y la participación de los fondos federales en la economía: cuando la economía crece, la participación disminuye y viceversa”. En momentos en que un cambio de status no parece cercano, Caraballo Cueto comentó que Puerto Rico debe potenciar sus exportaciones y el turismo, al destacar que conviene tanto a un potencial estado federado como a un país independiente “estar mejor preparados”.
“La economía de Puerto Rico necesita desarrollar su naciente sector privado para a aprovechar al máximo las oportunidades que surgen, una vez que el entorno institucional cambie junto con el status político. Un cambio en el status político no es en sí mismo una a condición suficiente e instantánea para una la prosperidad sostenida”
JOSÉ CARABALLO CUETO PROFESOR UNIVERSITARIO Y ECONOMISTA