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Luis Pedraza Leduc: Sigue el tajureo con los medios de vida de los trabajadores

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Proyectan nuevas medidas que menoscaban los derechos de los trabajadores

Buenos días. Continúa el intento de la Cámara de Representantes por aprobar un proyecto de ley que enmiende la Ley 4 de 2017, mal llamada reforma laboral. El intento quedará para la última sesión legislativa, temprano en el 2024 por ser año electoral.

Mediando un contrato de $40,000 la Cámara reforzó sus argumentos con el peritaje de la economista Teresa Ghilarducci quien reconoce que la legislación propuesta no es abarcadora por lo cual no debe llamarse reforma. Le da su apoyo por el proyectado beneficio de atraer empleados nuevos a la economía formal y aumentar los ingresos al fisco.

A su vez denuncia que las posiciones de la Junta de Control Fiscal responden a un esquema de hace cuatro décadas y basado en las economías de India y de Perú, ajenas a la realidad de Puerto Rico.

Por otro lado, la nota que compartimos nos presenta el novel argumento del Centro de Detallistas que sugiere dejar las cosas como están para ahorrar dinero y no tener que cambiar manuales y reglamentos. Claro, cuando en el 2017 cambiaron los manuales para reducir a medio día la acumulacion de licencias mensualmente, hasta por 15 años, entonces no se quejaron por imprimir manuales nuevos…

El debate legislativo necesita mucho ruido en la calle. Necesita expresiones de dirigentes sindicales y la movilización de sus matrículas. No poner las esperanzas en resultados electorales futuros.

Visiones encontradas mantienen viva la discusión en torno a la reforma laboral

La economista Teresa Ghilarducci pasa juicio sobre los méritos del proyecto que fue rechazado por la Junta de Supervisión Fiscal

jueves, 23 de noviembre de 2023 – 8:00 a.m.

Por Maricarmen Rivera Sánchez

Teresa Ghilarducci, profesora de Economía en The New School for Social Research, quien evaluó el impacto del proyecto a solicitud de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL). (Suministrada)

La nueva versión del proyecto de reforma laboral que se cocina en la Asamblea Legislativa tendría impactos que, aunque pequeños, serían positivos para los recaudos del gobierno, opinó la economista Teresa Ghilarducci, profesora de Economía en The New School for Social Research, y quien evaluó el impacto del proyecto a solicitud de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL).

En entrevista con El Nuevo DíaGhilarducci expresó que el proyecto (PC 1651) no constituye una reforma, sino más bien cambios laborales mínimos que tendrían un impacto positivo en la economía. Su evaluación es que los cambios propuestos atraerían a más personas a la llamada economía formal, aumentando así los recaudos públicos, aunque se trata de una reforma exclusivamente para el sector privado. “Este proyecto es un buen paso adelante para la economía de Puerto Rico. Un aspecto positivo del proyecto es que propone más días por enfermedad. En la pandemia descubrimos, tristemente, que no tener días por enfermedad es malo para la economía y es malo para la gente. Es casi obvio, porque la mayoría de los empleados necesitan saber que no van a tener que dejar de pagar su renta o dejar de hacer la compra de la semana porque se enfermaron” expresó Ghilarducci, considerada una eminencia en temas laborales y de jubilación.

Por su parte, la presidenta del Centro Unido de Detallistas (CUD), Lourdes M. Aponte Rodríguez, quien reiteró la posición del sector empresarial para que se mantenga la Ley 4 como está, afirmó que los constantes cambios entre un marco de contratación de trabajadores y otro han resultado en gastos adicionales e incertidumbre para los negocios.

“Estos procesos legales a nivel del gobierno le cuestan, nos cuestan a todos nosotros porque somos contribuyentes. Entendemos que, de una vez y por todas, deben dejar lo que está”, afirmó. “Que dejen la reforma como está establecida actualmente (Ley 4) porque la realidad es que nosotros estamos empleando y estamos conscientes de dar a esos empleados beneficios marginales. Que dejen las cosas como están, que no sigan gastando dinero”.

Agregó que los cambios propuestos representan un gasto adicional a las empresas que entonces, deben adaptar los manuales del empleado y las prácticas de cada empresa. “Estos cambios afectan grandemente la estabilidad y el clima de hacer negocios”, puntualizó.

Por segunda vez en este cuatrienio, la Asamblea Legislativa, dominada por el Partido Popular Democrático (PPD), busca aprobar una reforma al estado de derechos laborales en Puerto Rico. En marzo pasado, la jueza Laura Taylor Swain declaró nula la reforma de 2022, en parte, porque el gobierno no proveyó el análisis en torno al impacto fiscal y económico de la medida.

En la Legislatura se radicó, luego, prácticamente el mismo proyecto que busca restablecer beneficios laborales como un periodo probatorio de tres meses –en vez de 9– y un aumento en la licencia de enfermedad. El proceso judicial sigue en apelaciones.

La OPAL, además de evaluar el impacto del proyecto 1651, contrató a Ghilarducci para analizar el proyecto en controversia, ejercicio que podría ser presentado como parte del proceso apelativo ante el tribunal y que no ha concluido. Luis Cruz Batista, director de la OPAL, dijo que el análisis de la doctora en economía supuso un contrato de $40,000.

El proyecto que ahora busca remediar, por vía legislativa, lo que no se ha logrado por vía judicial fue aprobado en Cámara y Senado, pero al final de la pasada sesión, no hubo acuerdo y se quedó en comité de conferencia, o proceso de negociación entre los dos cuerpos. La Asamblea Legislativa tendría que retomar la discusión cuando inicie la próxima sesión en enero de 2024, la última del cuatrienio. La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) volvió a solicitar a la Asamblea Legislativa que frene la aprobación de la medida.

La evaluación “anticuada” de la Junta Fiscal

Ghilarducci, reconocida por su propuesta en torno a la reforma de los planes de retiro privados en Estados Unidos justo en medio de la crisis financiera de 2008 y miembro honorario de la Comisión Bipartita sobre Seguridad Social y Ahorro Personal del Centro de Política Bipartita, insistió en que el proyecto no es una reforma pues, una reforma es más amplia y requeriría, por ejemplo, consideraciones de salario.

“Esto es un paso adelante. Yo no le llamo reforma. No hay evaluación que te lleve a la conclusión de que es una reforma. Son pequeños pasos en la dirección correcta”, afirmó.

En su informe, expresó que el proyecto podría llevar a más personas a la economía formal “especialmente entre los jóvenes, lo que aumentaría las finanzas del gobierno estabilizando los números de la fuerza laboral”.

Ghilarducci agregó que la evaluación que utilizó la JSF para oponerse a la reforma está basada en un estudio preparado por Robert Triest, que basa en modelos de cuatro décadas atrás y que corresponden a economías –como India y Perú- que no se asemejan a la economía puertorriqueña.

Su evaluación es que el proyecto sobre la mesa no representa un cambio tan drástico que pueda afectar tan adversamente las finanzas públicas.

“Es poco probable que esto cause una pérdida significativa de empleos”, afirmó en su informe. “De hecho, este proyecto podría ayudar en la creación de más empleos y, como mínimo, es poco probable que afecte la productividad o el tamaño del sector formal”, indicó Ghilarducci.

De acuerdo con la economista, la legislación en controversia aplicaría a entre 300,000 y 500,000 empleados en el sector privado. El estimado sale luego de restar a la fuerza trabajadora, los 200,000 trabajadores del sector público.

¿Qué propone la reforma?

La reforma laboral que impulsa el gobierno, propone regresar a los términos laborales que existían antes de que se aprobara la Ley 4 de 2017. La Ley 4 elevó a 9 meses, el tiempo de probatoria para los empleados. Además, aumentó la cantidad de días que un empleado debe trabajar para poder aspirar a días de vacaciones y por enfermedad. Por ejemplo, bajo el esquema legal de 2017, un empleado debe laborar 130 días antes de comenzar a acumular para licencias de vacaciones y enfermedad. La Ley 4 establece además que los empleados acumularán medio día al mes durante el primer año de servicio y comenzarán a acumular un día al mes a partir de los cinco años de haber trabajado para la misma empresa y hasta los 15 años de servicio.

La propuesta en la que insiste la Asamblea Legislativa y el gobernador regresa a las fórmulas anteriores, cuando el tiempo de probatoria era entre tres y seis meses, y requiere menos horas de trabajo para comenzar a acumular días de vacaciones y enfermedad.

Con la decisión de la jueza federal, al presente, impera el estado de derecho establecido en la Ley 4 de 2017 y todavía el gobierno y la Asamblea Legislativa mantienen viva la posibilidad de continuar apelando la determinación.

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