Tras tres días de huelga el dinero apareció y la UPR acordó cumplir, no sin antes pretender que se desistiera de la huelga por alegados daños al nuevo semestre y la UPR
Buenos días. La semana pasada los trabajadores representados por el Sindicato de Trabajadores de la UPR dieron otra lección de lucha y sacrificio. Se lanzaron a la huelga en reclamo de que se cumpliera con los acuerdos logrados en febrero de 2023. Estos son ajustar el salario a $8.50 la hora retroactivo a julio de 2022, pagar el salario mínimo ($9.50 la hora) efectivo a julio de 2023 y negociar el plan médico entre la UPR y el Sindicato. Estos acuerdos no fueron cumplidos por la gerencia de la UPR lo cual provocó la huelga. Tras tres días de huelga el dinero apareció y la UPR acordó cumplir, no sin antes pretender que se desistiera de la huelga por alegados daños al nuevo semestre y la UPR.
Es decir, los trabajadores y sus familias deben absorber los daños que el incumplimiento de la UPR les causa mientras la UPR no cumple sus compromisos. Por otro lado, para cumplir, la UPR pide permiso a la Junta de Control Fiscal que conoce de los acuerdos de febrero de 2023 pero si no es por la huelga tampoco se acuerda de los compromisos.
Y mientras se regresa a trabajar a la UPR, los fiscales del Departamento de Justicia se reúnen y votan por una alternativa que les haga justicia salarial ya que las escalas salariales aprobadas por la Junta de Control Fiscal tampoco llenan las expectativas de este grupo de profesionales que llevan 20 años sin ajuste salarial.
Y continúa la Junta ocupando el campo de la negociación colectiva en el servicio público y el privado. Ahora se discute la posibilidad de permitir poner en vigencia una ley del 2020 que la Junta anuló alegando que el gobierno no presentó datos sobre el impacto fiscal de unos 2,000 empleados que se cualificaron para un retiro adelantado y que sus puestos no son esenciales. Está por verse el desenlace de esta historia.
Mientras el gobernador juega sus fichas para consolidar su candidatura electoral. Le recuerda a empleados públicos el bono de la “discordia” que garantiza a la matrícula del sindicato patronal SPU-AFSCME un bono mayor que a otros trabajadores públicos. Este bono surge cuando el sindicato patronal apoyó a la Junta de Control Fiscal en su plan de pago de la deuda en la cual se propuso reducir las pensiones y otras medidas para limitar condiciones de empleo.
Por otro lado, el miembro de la Junta que representa el interés de los bonistas, (más que los demás miembros) renuncia porque no va firmar un acuerdo de pago de deuda en la AEE que no reduzca las pensiones. Y Tatito Hernández busca aprobar nuevamente la ley que enmienda la reforma laboral patronal y que fue derogada por la Junta. Aspira a llegar en apelación al circuito de Boston para enfrentar a la Junta de Control Fiscal ya que en la legislatura y en el ejecutivo no hay poder sobre la Junta.
Un fin de semana para recordarnos que sin lucha no hay triunfo y que en la colonia manda la Junta. Lecciones para el liderato sindical.
Luis Pedraza Leduc
Fiscales votarán para enmendar ley que establece alza salarial
El presidente de la Asociación de Fiscales afirmó que el estatuto ya aprobado “no les hizo justicia a los fiscales auxiliares”, ya que para la mayoría el aumento alcanza solo unos $104 quincenales
- El Nuevo Día
- 18 Aug 2023
- AMANDA PÉREZ PINTADO amanda.perez@gfrmedia.com
El beneficio resultó ser menor porque se alteraron los porcentajes de los salarios de los fiscales auxiliares y se redujo el sueldo base de los fiscales de distrito a $107,000.
Los fiscales, procuradores y registradores del país votarán hoy para escoger una alternativa que será presentada ante la Asamblea Legislativa para enmendar la Ley 105 de 2022, que ordena aumentos salariales para los funcionarios del Departamento de Justicia.
La decisión de llevar a cabo la votación surgió tras una reunión, el pasado martes, entre los fiscales de distrito, representantes de la Procuraduría de Familia, los registradores de la propiedad y de la Asociación de Fiscales y Procuradores, según una carta de la Oficina de la Jefa de los Fiscales enviada ayer, miércoles, a los funcionarios y que El Nuevo Día tiene en su poder.
En diciembre pasado, el gobernador Pedro Pierluisi firmó la medida legislativa que establece el incremento de salario de los fiscales, procuradores y registradores del Departamento de Justicia. En tanto, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) autorizó, en junio de este año, la entrada en vigor del estatuto, que ordena el primer aumento salarial para los fiscales en 20 años.
Miembros del Ministerio Público, sin embargo, han expresado insatisfacción con la medida porque representa un aumento “ínfimo”, sostuvo el presidente de la Asociación de Fiscales de Puerto Rico, Javier Rivera Rivera. Para la mayoría de los fiscales, el alza otorgada ronda los $104 quincenales.
La compensación de los fiscales auxiliares se basa en porcentajes sobre el sueldo de los fiscales de distrito. Por ejemplo, la ley actual establece que el salario base de un fiscal auxiliar IV es el 87% de la escala máxima aplicable para los fiscales de distrito.
Rivera Rivera indicó que el beneficio resultó ser menor a lo que originalmente fue promovido porque se alteraron los porcentajes de los salarios de los fiscales auxiliares y se redujo el sueldo base de los fiscales de distrito a $107,000.
“Es importante destacar que son solamente 13 puestos los de fiscales de distrito. Los demás fiscales del Departamento de Justicia, que somos más de 200, somos los fiscales auxiliares y procuradores. Somos los que estamos en sala, somos los que estamos en la escena y somos los que vemos los casos”, señaló Rivera Rivera, quien es fiscal auxiliar.
La votación será presencial y un representante de la Oficina de la Jefa de los Fiscales irá a cada fiscalía en el horario designado para obtener los votos.
Se avecina una segunda bonificación
- El Nuevo Día
- 18 Aug 2023
- GLORIA RUIZ KUILAN gloria.ruiz@gfrmedia.com
Vanessa serraEl gobernador Pedro Pierluisi también informó que se podría alcanzar un acuerdo para el retiro de unos 2,000 empleados públicos no esenciales.
El gobernador Pedro Pierluisi anticipó ayer que los servidores públicos cobijados bajo el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) podrían recibir este año una segunda bonificación.
La primera bonificación la concedió el gobierno, el pasado 1 de diciembre, a miles de empleados del gobierno central. “Yo he insistido, desde el primer día, en que todos los servidores públicos deben recibir bonificaciones porque todos sufrieron las consecuencias de la austeridad, las consecuencias de la congelación de plazas, la congelación de salarios”, dijo el primer ejecutivo.
Pierluisi se mostró esperanzado en que este año, “nuevamente, todos los servidores públicos reciban una bonificación, como resultado de la reestructuración de la deuda pública”. “La cantidad yo no la tengo. Eso se tienen que hacer los cálculos, los cómputos. No tengo la cantidad porque eso va a depender de cuál fue el sobrante, qué está disponible”.
El año pasado, 98,270 empleados públicos recibieron un bono de $2,954, mientras que 9,452 funcionarios que forman parte de SPU/AFSCME recibieron $11,360, debido a que apoyaron el PAD. Estos últimos son representados por la Federación Americana de Empleados Estatales, Municipales y de Condado (AFSCME), cuya filial local en Puerto Rico es SPU, gremio que fue el primero en firmar el acuerdo.
Cuando se otorgó la bonificación, hubo molestia de otros empleados públicos que no están en el gobierno central e, incluso, se cuestionó públicamente por qué no se tomó en consideración a los contribuyentes. A preguntas de El Nuevo Día, el primer ejecutivo sostuvo ayer que los beneficiados no van a cambiar porque se estipuló en el PAD.
En otro ámbito, el gobernador aseguró que los abogados de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los del gobierno están a punto de alcanzar un acuerdo que viabilizaría el retiro de poco más de 2,000 empleados públicos no esenciales, que buscan jubilarse a través de la Ley 80-2020. El estatuto fue anulado por la JSF, en mayo de 2022, porque el organismo entendió que el gobierno no proveyó los datos para calcular el impacto fiscal del retiro.
Finaliza la huelga
El gremio informó que su matrícula regresará a labores el lunes, tras alcanzar un acuerdo con la Administración Central
- El Nuevo Día
- 19 Aug 2023
- GÉNESIS IBARRA VÁZQUEZ genesis.ibarra@gfrmedia.com
La huelga del Sindicato de Trabajadores de la UPR comenzó el miércoles con el cierre de portones en el Recinto de Río Piedras.
El Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico ( UPR) puso fin ayer a la huelga que decretó el miércoles tras llegar a un acuerdo para que una tercera parte de su matrícula de mil obreros reciba el aumento salarial que la Administración Central prometió desde febrero pasado.
Como parte del acuerdo, el presidente del gremio, David Muñoz, informó que lograron “el cumplimiento de todos los reclamos” que quedaron en el aire por los pasados seis meses.
Efectivo el 30 de agosto, una tercera parte de la matrícula del gremio recibirá el retroactivo salarial de $8.50 por hora que corresponde al período de 2021 al 2022, informó Muñoz por escrito. El pago se realizará vía una “nómina especial”.
Además, las partes acordaron que el ajuste salarial a $9.50 la hora –según la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico (Ley 47-2021)– será efectivo el 1 de septiembre e incluirá el pago retroactivo al 1 de julio de este año, cuando entró en vigor el aumento.
Tras alcanzar el acuerdo, el Sindicato de Trabajadores informó que su matrícula regresará a labores el lunes.
El presidente de la UPR, Luis A. Ferrao, precisó que el acuerdo se dio luego de que identificó los fondos para cumplir con el pago salarial retroactivo de $8.50 por hora –que asciende a $1.5 millones–, tal como exigía el gremio. De paso, aseguró que “siempre he estado en la disposición del diálogo con el Sindicato de Trabajadores y los gremios que representan a los empleados del primer centro docente de la isla”.
“Nuestra institución volverá de nuevo a la normalidad y a las clases presenciales en el Recinto de Río Piedras. Esperamos que el diálogo continúe siempre presente para mantener una sana convivencia laboral y que nuestros estudiantes en ningún momento resulten afectados para que puedan disfrutar del ambiente universitario de excelencia que le ofrece la Universidad de Puerto Rico”, comentó Ferrao por escrito.
La huelga comenzó oficialmente el miércoles con el cierre de portones en el Recinto de Río Piedras. Ese día, el juez superior del Tribunal de San Juan, Anthony Cuevas Ramos, aprobó un entredicho provisional radicado por Ferrao y la rectora del recinto riopedrense, Angélica Varela, que ordenó mantener los portones abiertos.
La orden instruyó al Sindicato “que cesen y desistan de prohibir, impedir o interferir, ya sea a través del uso de vallas, vehículos de motor o cualquier obstrucción, que no permita el libre acceso vehicular o de personas, o interfieran con las funciones diarias de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, so pena de desacato”. El gremio acogió la decisión del Tribunal.
El Sindicato anunció el jueves, cuatro reclamos para levantar la huelga: evidencia de las gestiones con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para el desembolso correspondiente al pago retroactivo de los $8.50 para todos los empleados; que se certificara la fecha del pago del aumento a $9.50; que no se tomen sanciones disciplinarias contra miembros del Sindicato y que se paguen los días de huelga.
También el jueves, Ferrao envió una petición formal a la JSF para el pago retroactivo que corresponde al aumento de $8.50 de los empleados por debajo del salario mínimo.
El Sindicato declaró, en febrero de este año, una huelga para exigir justicia salarial para su matrícula de obreros de limpieza, mantenimiento y ornato, que lleva una década cobrando $7.25 la hora. En ese momento, el gremio y el presidente de la UPR llegaron a los acuerdos que no se habían cumplido al día de hoy.
En cuanto al reclamo para que se les permita negociar su plan médico, como hicieron por más de 15 años, el Sindicato mencionó que continuará el proceso legal ante la consideración del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
“Esperamos que el diálogo continúe siempre presente para mantener una sana convivencia laboral y que nuestros estudiantes en ningún momento resulten afectados”
LUIS A. FERRAO PRESIDENTE DE LA UPR