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Luis Pedraza Leduc: Discrimen y pobreza

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La realidad de discrimen contra el pueblo haitiano no solo se sufre en Haití, sino que en el territorio compartido, más allá de su frontera política, en República Dominicana se reproduce la explotación y el discrimen entre los seres humanos con un pasado histórico común

Buenos días. Hace una semana el periódico El Nuevo Día publicó una crónica en la cual destaca la solidaridad de la organización Casa Pueblo al instalar un sistema de placas solares en una comunidad de trabajadores haitianos en República Dominicana. La historia que rodea a la comunidad nos presenta la realidad de un sistema esclavista en pleno siglo XXI en un país caribeño, rico en recursos naturales y un gran potencial económico.

El entrelíneas de la lectura en conjunto con declaraciones crudas y claras de los entrevistados nos presentan como el interés económico se une a una legislación racista y retrógrada para sostener un régimen de explotación en el trabajo y de exclusión social a miles de seres humanos por su condición racial.

La realidad de discrimen contra el pueblo haitiano no solo se sufre en Haití, sino que en el territorio compartido, más allá de su frontera política, en República Dominicana se reproduce la explotación y el discrimen entre los seres humanos con un pasado histórico común.

Y mientras nos consternamos con la realidad de los bateyes en la República Dominicana nos llega la noticia de una posible intervención militar, una vez más, en suelo haitiano. Compartimos la carta abierta a los gobernantes de los países africanos y al resto del mundo que suscriben decenas de organizaciones a favor de una salida política, no militar, a la realidad y necesidades de Haití. Es una denuncia en contra de las fuerzas coloniales e imperialistas que no perdonan al pueblo haitiano haberse constituido en una República de negros libres y solidarios con otros movimientos libertadores en América Latina y otras partes del mundo.

Es un llamado a las naciones africanas a la solidaridad y la Paz. A que no se dejen usar por los organismos internacionales de la llamada seguridad y paz mundial. Es un reclamo para exigir reparaciones por el daño ocasionado  a miles de seres humanos por las intervenciones anteriores, los robos al tesoro económico del país, la explotación de sus recursos naturales y la apropiación ilegal de tierras e islas pertenecientes al territorio de Haití.

Estamos viendo la tragedia del pueblo haitiano en dos escenarios que nos conciernen ya que el protagonista y causante del sufrimiento haitiano es el imperialismo norteamericano tanto en la República Dominicana como en Haití. Es el mismo imperialismo que nos niega nuestra independencia y libertad política como nación puertorriqueña.

Ejemplos de solidaridad como el de Casa Pueblo hacen falta. Otros grupos en Puerto Rico, desde hace muchos años, realizan esfuerzos dentro del territorio haitiano para contribuir en proyectos de educación, salud, vivienda y apoyo a la niñez.

Hoy es crucial denunciar los intentos de otra intervención militar en Haití. En Puerto Rico debemos levantar nuestra voz de solidaridad con el pueblo haitiano y oponernos a las movidas militares que esconden las verdaderas intenciones de los países imperialistas. Estos actos no están aislados de las amenazas de guerra que se asoman entre ciertos gobiernos de países africanos respaldados por las potencias imperiales y poderes económicos frente a los gobernantes que aspiran a poner fin al colonialismo y la violación de la soberanía de sus naciones.

Luis Pedraza Leduc

Rayo de luz para combatir la pobreza

La organización puertorriqueña Casa Pueblo logra instalar sistemas solares en centros comunales de escasos recursos en República Dominicana que nunca habían gozado de energía eléctrica

El Nuevo Día    6 Aug 2023  BENJAMÍN TORRES GOTAY benjamin.torres@gfrmedia.com Twitter: @TorresGotay

EL SEIBO, República Dominicana – Desde hace casi 50 años, todos los días de Santo Jean, un inmigrante haitiano que trabaja en la industria azucarera dominicana, son idénticos. Se levanta cuando el recio sol caribeño entra por las ventanas de madera de la diminuta casucha en la que vive sin electricidad, agua potable ni alcantarillado, en una de las comunidades agrícolas denominadas “bateyes”, de las que abundan en este país.

Se lava la boca, la cara y las axilas con agua que un día antes trajo del pozo comunitario, se prepara un café prieto, sin azúcar, en el fogón de leña y piedras que hay a la entrada de su casita, se cala su sombrero de paja, se calza sus botas de hule, se enfunda su machete y emprende la ruta de todos los días, de todos los años y de todas las décadas, ardiente cañaveral adentro, para intentar ganarse la vida.

“El que no trabaja, no come”, dice el hombre de 60 años, traído desde Haití por sus padres cuando tenía un año de edad y quien labora para Central Romana, la principal productora de azúcar de caña de República Dominicana.

Dependiendo de la época del año, Santo pica caña, abre surcos, carretea, desyerba u otras tareas propias de los ciclos de siempre del cultivo de caña. Lo que no cambia en ninguna época del año es la jornada de sol a sol sumergido en los filosos cañaverales, el hercúleo esfuerzo físico que requiere dar machete día tras día, seis días a la semana, sin vacaciones nunca, como ha sido su vida desde que empezó a laborar a la tierna edad de 12 años.

Santo trabaja “por ajuste”. Es decir, cobra lo que trabaje. Si no trabaja, no cobra. “El cañero, el pica-caña, ese no tiene vacaciones. El descanso lo coge uno mismo el día que no va a trabajar. Es un trabajo exigente. Si no pica, no gana”, dice Santo.

Central Romana paga 225 pesos dominicanos por tonelada de caña producida por cada trabajador. Esto equivale a unos $3.99. “Hay veces que no se gana ni 2,000 pesos a la semana”, cuenta Santo. 2,000 pesos dominicanos serían unos $35. Si se toma en cuenta que trabaja un mínimo de 10 horas diarias, seis días a la semana, cobra cerca de $5.83 diarios, o unos 58 centavos la hora.

“Para un trabajador hacer cinco toneladas a la semana, tiene que trabajar 14 horas diarias”, dice Epifania St. Chals, una hija de haitianos trabajadores de la caña y activista de la organización Reconoci.do, que lucha por los derechos de los trabajadores de los bateyes y de los dominicanos descendientes de haitianos.

En noviembre del año pasado, la agencia estadounidense de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) prohibió la entrada a Estados Unidos de la azúcar producida por Central Romana, que se mercadea bajo la marca Domino, por considerar que sus trabajadores laboran y viven en condiciones de virtual esclavitud. “Durante su investigación, el CBP identificó cinco de los 11 indicadores de trabajos forzados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): abuso de la vulnerabilidad, aislamiento, retención de salarios, condiciones de trabajo y vivienda abusivas, y exceso de trabajo”, dijo la agencia al anunciar la sanción. Central Romana, que pertenece a la familia Fanjul, que es de las más acaudaladas de República Dominicana, y es la mayor propietaria de tierras y empleadora de este país, produce el 59% del azúcar que se procesa en Quisqueya.

Antes de la sanción, vendía anualmente unas 200 millones de libras de azúcar al año en Estados Unidos. Trabajadores de los bateyes y activistas de derechos humanos dicen que, desde la penalidad, no han notado ninguna diferencia en el trato a los obreros, en sus condiciones de vida o siquiera en el volumen de producción de la monumental empresa.

Central Romana declinó responder las preguntas que se le hicieron llegar a través de su portavoz, Jorge Sturla, con el argumento de que están inmersos en un proceso legal contra el CBP.

LA VIDA EN “EL BATEY”

Al concluir la extenuante jornada, Santo y miles de otros trabajadores de Central Romana regresan a sus viviendas en los bateyes, lo cual es como decir que regresan a un pasado que, para ellos, nunca ha dejado de ser presente. Estas son comunidades a las que, en la inmensa mayoría, el Siglo XX, mucho menos el XXI, no han llegado.

Son asentamientos cuyo origen se remonta a la primera mitad del Siglo XX, cuando, aún bajo el régimen del dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo, cuyo mandato duró hasta su ajusticiamiento en 1960, se traían trabajadores haitianos para laborar, en condiciones infrahumanas, en los cañaverales. Una vez traídos, y ubicados en viviendas comunitarias en los bateyes, el tiempo se detuvo. Innumerables de estas comunidades persisten en las mismas condiciones de entonces. No se les ve a simple vista. Están ocultas tras el follaje de los cañaverales. Para llegar, hay que desviarse de las carreteras asfaltadas y atravesar callejones pedregosos y polvorientos.

En viviendas decrépitas, muchas de ladrillo, la mayoría de madera, otras de tipo barraca, muy pocas de concreto, malviven miles de descendientes de los primeros haitianos que fueron traídos para trabajar en los cañaverales, quienes, a su vez, como el caso de Santo, quedan sin muchas más opciones que dejar la vida en estas ardientes tierras y el trabajo en tan opresivas condiciones.

En casi ninguna hay electricidad, agua potable ni alcantarillado. Hay escuelas, pero tampoco tienen luz y solo hasta los grados primarios. Para estudiar escuela intermedia y superior, los niños de los bateyes tienen que caminar grandes distancias, pues debido a la pobreza extrema en que se vive en estas comunidades, nadie tiene carro y muy pocos logran, incluso, hacerse de motoras, superpopulares en este país y mucho más económicas que un auto.

En 2015, el Fondo para la Niñez de la Organización de Naciones Unidas (UNICEF) estimó que, en República Dominicana, hay 425 bateyes, en los que vivían entonces unas 200,000 personas. En la actualidad, se cree que hay menos, pero no se sabe de nadie que los haya contado. En todo caso, son miles de personas, ocultas a simple vista, a las que no ha llegado ni el aroma del notable crecimiento económico que República Dominicana lleva más de 15 años experimentando y cuya dura realidad de generaciones ocurre no lejos de los fastuosos centros turísticos de La Romana, Punta Cana y Juan Dolio, donde incontables turistas del mundo entero, incluido Puerto Rico, degustan el sol, la comida, el ron y otras delicias de este país rico en atracciones, ajenos a lo que ocurre a poca distancia.

CASA PUEBLO DA LA MANO

La semana pasada, Casa Pueblo, la organización puertorriqueña ambiental y comunitaria con sede en Adjuntas, hizo un poco menos ardua la vida en dos de estos bateyes, al colocar sistemas de luz solar en centros comunales de Batey 50, donde vive Santo, y Batey Brador, en los que residen cerca de 600 personas y que están a unos 25 minutos el uno del otro. Ninguno de los dos bateyes son propiedad de Central Romana, pero albergan solo a trabajadores de la corporación.

Arturo Massol, director ejecutivo de Casa Pueblo, dijo que la misión se logró gracias a una aportación de $27,000 de la Fundación Honnold, una organización no gubernamental que promueve el uso de energía solar a nivel global. El donativo de la entidad, junto a la pericia técnica de los voluntarios de Casa Pueblo, lograron el primer atisbo de electricidad, más allá de la ocasional planta de gasolina, que han tenido las dos comunidades en su larga historia.

“Un poco sacude en lo personal pensar que, en el Siglo XXI, a apenas unas millas de Puerto Rico, tengamos unas personas de nuestra misma identidad geográfica viviendo en una esclavitud posmoderna. Entendimos que, en el tema energético, podemos incidir y aportar a que comunidades como esta tengan una mejor calidad de vida”, dijo Massol.

De noche, la oscuridad más total se tragaba las formas y los contornos en Batey 50 y Batey Brador, que por generaciones fueron inundadas por tinieblas de manera que, salvo algunos quinqués y, más recientemente, lámparas solares, no permitían que nada pudiera verse con precisión. De noche, la única señal de vida eran las mechas de algunos cigarros, las velas y los murmullos de conversaciones fluyendo “El cañero, el pica-caña, ese no tiene vacaciones. El descanso lo coge uno mismo el día que no va a trabajar. Es un trabajo exigente. Si no pica, no gana”

Tras las instalaciones de los postes, se vio, por ejemplo, a niños descamisados corriendo con las cajas de los artefactos recién colocados y a hombres jugando dominó bajo la luz incandescente de los nuevos faroles. Antes, dijo uno de los jugadores, se alumbraban con las luces de los teléfonos. En cada una de las comunidades, se instalaron seis paneles

–de 265 vatios cada uno–, un refrigerador comunitario, un televisor, receptáculos, lámparas y postes solares. “Es el equivalente a las casas que llamamos cucubanos, de las que hemos hecho cientos en Adjuntas”, dijo Massol. En lugares donde viven cientos de personas, ninguna con electricidad, puede pensarse que apenas dos centros comunitarios con luz no son mucho. Pero sí lo son, si se mira desde ciertos puntos de vista que no carecen de importancia. Los residentes en los bateyes, por ejemplo, apenas comen carne porque no tienen dónde conservarla de un día para otro.

“La carne hay que comprarla en El Seibo y traerla para acá. Tener electricidad aquí cambia mi vida porque, a veces, vienen ofertas de los pollos baratos. Y, porque no tenemos donde ponerlo, no lo podemos comprar. Ahora, lo puedo poner en la nevera y puede pasar hasta una semana ahí”, dijo Ileana María Michel, una residente de Batey 50, de 31 años, quien vive con su esposo, sus tres hijos, su madre y varias sobrinas. Los residentes tenían problemas, incluso, para cargar sus teléfonos. En Batey Brador, un capataz con electricidad en su casa, que queda a pasos del batey sin luz, les cobraba por cargarles sus aparatos y también les vendía hielo.

CARENCIAS MÚLTIPLES

La explotación laboral, la pobreza extrema, la falta de electricidad y de otros atributos de la vida moderna son los problemas más visibles, y quizás más graves, de la vida en los bateyes. Pero no son ni de lejos las únicas carencias vitales de los residentes en estas desafortunadas comunidades.

Como descendientes de haitianos, casi la totalidad de los habitantes de los bateyes fueron impactados directamente por la tristemente notoria sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de República Dominicana, que, en 2013, despojó de su nacionalidad a cuatro generaciones de dominicanos descendientes de haitianos indocumentados que, a pesar de haber nacido y vivido por generaciones en este país, tuvieron que emprender arduos, onerosos, costosos y laberínticos procesos para probar su dominicanidad. Siendo, para efectos legales, inmigrantes irregulares, a pesar de haber nacido en República Dominicana, muchos no están en libertad de regresar a Haití, de donde tampoco son ciudadanos ni tienen familiares o redes de apoyo. Tampoco pueden salir de los bateyes o las centrales a tratar de mejorar sus condiciones de vida en otras áreas de República Dominicana, pues se corren el riesgo de ser detenidos y deportados a un país que no es el suyo y que ni siquiera conocen, como ha ocurrido durante la última década con decenas de miles de dominicanos descendientes de haitianos.

Ese es justo el caso de Ileana María. Ella logró regularizar su situación migratoria y, caminando hasta tres horas los domingos, terminó su escuela superior después de dar a luz a sus tres hijos. Pero no puede intentar buscar una vida más allá del batey porque su esposo, empleado de Central Romana, sigue siendo considerado un inmigrante irregular y temen que pueda ser deportado si es sorprendido fuera de la comunidad o de las instalaciones de la empresa. Atrapada igual se siente Nilda María Paraison, de 22 años. Es una joven simpática, inteligente y conversadora. En 2020, completó su escuela superior con indecibles sacrificios y quiere estudiar contabilidad. Pero no puede ingresar a ninguna universidad porque no ha logrado regularizar su situación migratoria, a pesar de que tiene el certificado que prueba que nació en un hospital de República Dominicana.

Las autoridades le pidieron una prueba de ADN, que en este país cuesta cerca de 18,000 pesos ($318), que pruebe que la persona que figura como su madre en el certificado de nacimiento oficial realmente la dio a luz. Bold Hope, una organización no gubernamental que asiste a los residentes en Batey Brador, le costeó la prueba de ADN. Pero, para completar la totalidad de los trámites, un abogado le pidió 70,000 pesos dominicanos, el equivalente a $1,243, más o menos el sueldo anual de un trabajador de la caña. Eso, por supuesto, está fuera de todas sus posibilidades.

Nilda, que tiene dos hermanas que se casaron a los 14 y 16 años, no se resigna a que no logrará estudiar contabilidad y actualmente toma un curso en inglés. Caminando por el suelo pedregoso de Batey Brador, reflexiona sobre su situación. “Lo que yo he podido observar es que una no puede ser algo aquí. Tienes que salir de aquí para prosperar. Si te quedas aquí, no prosperas”, dice, mirando con ojos tristes el vacío. Luego, mira a la carretera que queda a unos 300 metros del batey. Es una vía plenamente asfaltada, que transcurre de El Seibo a La Romana, flanqueada por cables eléctricos de alta tensión. Por generaciones, nadie ha podido explicar por qué no se pudo tirar un solo cable, a un poste, que diera luz a las familias de Batey Brador.

Esa imagen, la electricidad a simple vista, la oscuridad total a unos metros, que ha durado por generaciones, ilustra de manera bastante cruda las contradicciones, lo impensable e incomprensible de la situación de cientos de comunidades echadas al más absoluto olvido mientras República Dominicana presume en la región de sus incuestionables avances económicos.

Nadie lo entiende. Nilda no lo entiende. “Debe ser que el dueño no quiere”, dice, por no encontrar qué más decir.

La tardía ‘reconquista’ de la Unión Europea en América Latina: qué esperar de la Cumbre UE-Celac

Publicado:22 jun 2023 23:29 GMT

El bloque europeo adelanta una avanzada diplomática para recomponer sus relaciones con la región latinoamericana y caribeña, en la que pierde terreno frente a China.

Imagen ilustrativa.Yamil Lage / AFP

Tras más de una década de distanciamiento, la Unión Europea (UE) se ha planteado como objetivo estratégico recomponer sus lazos con América Latina y el Caribe (ALC), región que en el último siglo ha estado dentro de la órbita estadounidense, pero que en data reciente ha empezado a estrechar relaciones del más alto nivel con actores como China.

En este marco, durante el último año, Bruselas ha desplegado una ofensiva diplomática orientada a consolidar la integración birregional, que aún habiendo sido acordada formalmente desde finales de la década de 1990, no ha terminado de cuajar.

El conflicto en Ucrania y los efectos indeseados de las sanciones impuestas a Rusia parecen haber pisado el acelerador de las prioridades de la UE en la región latinoamericana y caribeña, al dejar al descubierto que Bruselas no disponía de una fuente alterna de materias primas –particularmente energéticas– para reemplazar fácilmente las que obtenía a través de Moscú. Esta situación también dejó establecido que la alta dependencia del comercio con China representaba otro ‘talón de Aquiles’ para el bloque, en un contexto de reconfiguraciones que apuntan hacia el fin del unilateralismo estadounidense y el advenimiento de un mundo multipolar.

Cambio de ruta

Así las cosas, las altas autoridades europeas decidieron corregir el rumbo y virar el timón hacia ALC, con una hoja de ruta centrada en el financiamiento de proyectos de infraestructura, cambio climático, derechos humanos, transición energética y combate contra el crimen trasnacional. El objetivo, como se desprende de la Nueva Agenda para reforzar la asociación de la UE con América Latina y el Caribe publicada a inicios de junio de 2023, es recomponer unos vínculos que resultan vitales para Europa, que corre el riesgo de quedar relegada a posiciones secundarias frente al grupo BRICS (compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y, muy especialmente, frente a Pekín.

Prioridades divergentes

Sin embargo, los desafíos no son nuevos. En la declaración final de la Cumbre de Río de Janeiro, celebrada en 1999, se indicó que el encuentro tenía como objetivo “fortalecer los vínculos de un entendimiento político, económico y cultural entre las dos regiones a fin de desarrollar una asociación estratégica entre ambas”, asentado en tres pilares: diálogo político, libre comercio y cooperación, en áreas tan dispares como salud, educación, desigualdad, pobreza, drogas, terrorismo, migración energía o conectividad.

Pese a estas intenciones declaradas, durante la década siguiente la falta de coincidencia entre las prioridades regionales y el clima geopolítico, dominado por el unilateralismo de EE.UU., restringió las relaciones al ámbito bilateral y solo en ciertas áreas, en función de las ventajas comparativas para cada actor.

Enrique Iglesias durante coloquio UE-Celac en Madrid, 22 de junio del 2023.Diego Radames / Europa Press / Gettyimages.ru

En este marco, países como México consiguieron suscribir con el bloque europeo un Acuerdo de Asociación Estratégica y un Plan Ejecutivo Conjunto, pero aún sigue pendiente la firma del Tratado de Libre Comercio entre la UE y el Mercosur, al tiempo que el acuerdo comercial entre Bruselas y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se firmó por partes y, finalmente, solo incluyó a Colombia, Perú y Ecuador.

Integración UE-Celac

En la precitada Nueva Agenda de la UE para reforzar sus nexos con ALC, se le da especial importancia a la relación del más alto nivel con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Constituida en 2011, supuso un punto de inflexión para la integración regional, pues por vez primera ALC disponía de un organismo para articular trayectorias comunes sin la participación de EE.UU. y Canadá.

Cumbre Celac-UE en República Dominicana, 26 de octubre del 2026.Stringer / Anadolu Agency / Gettyimages.ru

Con este espíritu, Santiago de Chile acogió en 2013 la primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno Celac-UE, bajo el lema: ‘Alianza para el Desarrollo Sustentable: Promoción de Inversiones de Calidad Social y Ambiental’.

En la declaración final se ratificaron los principios fundamentales del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo el repudio a “todas las medidas coercitivas de carácter unilateral con efecto extraterritorial que son contrarias al derecho internacional y las normas comúnmente aceptadas de libre comercio”.

También se invocaron los acuerdos multilaterales relativos a la lucha contra el cambio climático y el crecimiento económico sostenido y ambientalmente sustentable, pero no se definieron planes y proyectos concretos en ninguna de las áreas estratégicas.

El siguiente encuentro se produjo dos años más tarde en la capital europea, animado por la premisa: ‘Modelar nuestro futuro común: trabajar por unas sociedades prósperas, cohesionadas y sostenibles para nuestros ciudadanos’.

Como en el caso anterior, se reiteraron compromisos ya adquiridos en las reuniones de Jefes de Estado y de Gobierno precedentes, se recalcó la “importancia” de la asociación birregional, con énfasis en el ámbito económico, mas ello no se tradujo en ninguna acción concreta con impacto en la región latinoamericana y caribeña.

Cumbre UE-Celac en Bruselas, 17 de julio del 2018.Thierry Monasse / Gettyimages.ru

Tras esta II Cumbre Celac-UE, el formato entró en receso por ocho años, con algunas reuniones de cancilleres y ministros en el interín, en las que apenas se alcanzaron resultados destacables. Empero, la cita convocada para el venidero 17 y 18 de julio en Bruselas, persigue dejar atrás los equívocos y desatenciones del pasado, como se desprende de la reciente gira que emprendiera la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por Brasil, Argentina, Chile y México, las cuatro economías más grandes de la región.

Este movimiento estuvo antecedido de una intensa agenda de intercambios en diversas áreas, que involucran no solo a los Gobiernos sino también a organizaciones sociales y grupos de empresarios, según se lee en la Hoja de Ruta Birregional 2022-2023, aprobada durante el ejercicio argentino de la presidencia ‘pro témpore’ de la Celec.

Balance agridulce

El tablero latinoamericano y caribeño se ha modificado sustancialmente durante el tiempo en el que la UE miró hacia otros territorios y el olvido ha pasado facturas que resultan difíciles de honrar en el corto plazo.

De ello es consciente el alto comisionado de la UE para Relaciones Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, que pocas jornadas antes del viaje de von der Leyen a Latinoamérica reconoció ante los medios que la relación birregional se ha dado “por sentada e incluso se ha descuidado”, cuando los países al otro lado del Atlántico debían ser “socios preferentes”.

Como preparación a la venidera Cumbre UE-Celac, la funcionaria visitó Brasil, donde suscribió acuerdos de inversión para la producción de hidrógeno verde por el orden de los 10.000 millones de dólares y anunció que el bloque otorgaría 105 millones de dólares al Fondo de la Amazonía.

Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Mercosur, que era el plato fuerte del encuentro entre von der Leyen y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tropezó con nuevos obstáculos, pues el mandatario denunció que contenía demandas irrazonables y amenazas de sanciones, inaceptables en una relación que debía sustentarse en la confianza. “Le expliqué a la presidenta von der Leyen las preocupaciones de Brasil con el instrumento adicional al acuerdo, presentado por la Unión Europea en marzo de este año, que amplía las obligaciones de Brasil y las somete a sanciones en caso de incumplimiento”, declaró Lula da Silva. 

Una situación similar se replicó en Argentina, donde la reunión entre el presidente Alberto Fernández y la alta funcionaria de la UE se tradujo en pactos para intensificar la cooperación en la producción de materias primas y en un memorándum de entendimiento para la explotación del litio, aunque el mandatario avanzó duras críticas sobre las condiciones impuestas por Bruselas para cerrar el acuerdo con el Mercosur.

Gabriel Boric y Ursula Von Der Leyen en La Moneda, Santiago, 14 de junio del 2023.Martín Bernetti / AFP

Empero, en Santiago de Chile las cosas marcharon mejor para Europa. Tras su reunión con el presidente Gabriel Boric, Von der Leyen anunció nuevos acuerdos para aumentar la cooperación en materia de litio e hidrógeno verde, en el contexto de las metas de descarbonización establecidas por el bloque europeo.

El recorrido de la presidenta de la Comisión Europea concluyó con un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. El mandatario comentó en sus redes sociales que las partes convinieron “en apresurar la firma” de un Tratado de Libre Comercio entre el bloque y la nación azteca y Von der Leyen expresó en las suyas que México era “un socio estratégico y un miembro clave del G20”, con el que Europa comparte “valores fundamentales”. No obstante, no se precisaron fechas ni se divulgaron detalles sobre el estatus de las negociaciones.

Ruta de la Seda versus Global Gateway

Además de los Tratados de Libre Comercio con socios estratégicos como Mercosur o México y de la firma de acuerdos para hacer parte del negocio del litio, la UE intenta desplegar en ALC la estrategia Global Gateway, destinada a financiar proyectos de infraestructura que garanticen “valor añadido local”, así como la promoción del “crecimiento, el empleo y la cohesión social”.

Saltan a la vista las similitudes con la Iniciativa de La Franja y La Ruta, con la que China ha escalado posiciones en el sur global –incluyendo en los países de ALC– desde la década pasada, a partir del financiamiento de ambiciosos proyectos de infraestructura que redunden en el desarrollo local en condiciones financieras ventajosas y sin condicionamientos políticos.

El tufo de unilateralismo de la UE en América Latina causa ojeriza en la región y pone en jaque la ‘reconquista’

En 2022, Alicia Bárcena, entonces presidenta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), consideró que la cooperación de la región con China podría representar una oportunidad invaluable para reducir la desigualdad global y avanzar en la senda del desarrollo sostenible, de conformidad con lo estipulado en la Agenda 2030.

A su parecer, los países de la Celac pueden “actuar en conjunto en temas estratégicos (…) y coordinar sus esfuerzos en torno a las reglas de comercio, propiciar en conjunto una inversión extranjera directa de calidad desde China y lograr mejores condiciones de financiamiento internacional, particularmente hacia los países de ingresos medios”.

A la fecha, 19 países de ALC se han sumado a la propuesta de Pekín. No solo se trata de aliados esperables como Cuba, Bolivia, Nicaragua o Venezuela, sino que la lista incluye a Chile, Argentina y Uruguay; a lo que se suma que China se ha constituido en el principal socio comercial de la mayor parte de los países suramericanos.

Si bien en 2021 retrocedió la inversión directa de China en el subcontinente por causa de la guerra comercial iniciada por EE.UU., la enorme deuda en infraestructura presente en la región ha favorecido las apuestas de largo plazo y la búsqueda de alternativas para contrarrestar las restricciones impuestas por Washington a las tecnológicas chinas.

Un reporte del South China Morning Post que recogió testimonios de expertos y consultores de riesgo e inversión refiere que pese a los obstáculos, en 2021, el comercio entre China y ALC superó los 445.000 millones de dólares, mientras que la inversión estadounidense para el mismo período se cifró en 295.000 millones de dólares. En esta ecuación, Europa figura a la zaga de Washington y Pekín.

La enorme deuda en infraestructura presente en la región ha favorecido las apuestas de largo plazo y la búsqueda de alternativas para contrarrestar las restricciones impuestas por Washington a las tecnológicas chinas.

The Economist precisa que “entre 2005 y 2021, los bancos estatales chinos prestaron 139.000 millones de dólares a los gobiernos latinoamericanos” y Pekín “ha invertido miles de millones de dólares en la región, principalmente en energía y minería”, al tiempo que países como Argentina y Brasil han incrementado su comercio y reservas en yuanes, en desmedro del euro.

Oleksii Liskonih / Gettyimages.ru

A lo antes dicho se agrega el creciente interés de ALC en sumarse al formato BRICS+ –destacan Argentina y Venezuela, que ya solicitaron formalmente su adhesión–, así como al Nuevo Banco de Desarrollo adscrito al organismo, cuyo propósito también apunta al financiamiento sin imposiciones ni injerencias en la política interna de los solicitantes.

Cumbre en medio de tensiones políticas

De otra parte, la tensa relación de la UE con los Gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua también ponen en tela de juicio la posibilidad de lograr avances significativos de alcance regional en la III Cumbre UE-Celac que tendrá lugar a mediados de julio en Bruselas.

Un punto de roce son las sanciones y bloqueos de EE.UU. –secundados por la UE por acción u omisión–, así como la sostenida injerencia de la Casa Blanca en la política interior de los países latinoamericanos y caribeños, pues ambos asuntos han sido condenados categóricamente por la Celac en razón de los daños sociales, políticos y económicos que tales prácticas generan. Además, aún no está claro si la UE cursará invitaciones a los presidentes Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega para la cita birregional. Si se sigue el camino de las exclusiones, ello puede derivar en protestas e inasistencias de otros líderes latinoamericanos, como ya ocurrió en la IX Cumbre de las Américas que organizó EE.UU.

Las instituciones de la UE tampoco han aclarado si levantarán la restricción de circulación por el Espacio Schengen que pesa sobre Maduro desde 2019, bajo el alegato de que su administración ha socavado los derechos humanos y la democracia.

Zhandra Flores

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