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Negociado de Energía completará estudio sobre medición neta en medio de objeciones de la Junta Fiscal

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Los resultados deben estar listos para el 30 de junio, pero sus repercusiones dependerán de las negociaciones del gobierno con el organismo

El presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés Deliz, señaló que los programas de medición neta pueden alcanzar un punto de inflexión en que se tornan “onerosos”. (David Villafañe/

Manuel Guillama Capella

Por Manuel Guillama Capella

Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com

El presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), Edison Avilés Deliz, señaló este martes que, pese a las interrogantes surgidas a raíz de las objeciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al estatuto que pospone hasta 2030 cualquier revisión a las tarifas de medición neta, el organismo regulador seguirá adelante con el análisis del programa comisionado a una firma externa, un estudio que debe completarse para el 30 de junio.

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“No entiendo que la ley diga que nosotros no podemos hacer el estudio. Lo que pasa es que la finalidad del estudio es distinta. La finalidad del estudio en la ley original –que era al 2024– era para utilizarse con consecuencias. Quizás ahora el estudio se utiliza para monitorear para que, eventualmente, en el 2030, tenga consecuencias. Las consecuencias pueden ser dejar el ‘net metering’ como está, aumentar la aportación que se les da a los consumidores o quitarles parte de la aportación que se le da a los consumidores nuevos”, resumió Avilés Deliz.

En 2019, la Ley 17 de Política Pública Energética dispuso que, en un período de cinco años –que venció el 11 de abril–, el NEPR debía completar un estudio que recomendara posibles cambios a la tarifa aplicable a los prosumidores, como se conoce a los consumidores que producen y exportan energía desde sus propios sistemas. Desde 2007, los prosumidores reciben un crédito por cada kilovatio hora (kWh) exportado, que es equivalente al costo de cada kWh que se consume de la red central, un modelo que se extiende por 20 años a partir del momento en que el cliente se integra al programa.

Sin embargo, la Ley 10 de 2024 pospuso la posible revisión de la tarifa, al estipular que “dicho estudio deberá comenzar no antes de enero de 2030″, un lenguaje que la JSF objetó por considerar que atenta contra las facultades reguladoras del NEPR y que podría redundar en una carga “desproporcionada” para clientes sin acceso al programa de medición neta.

El NEPR, conforme al mandato que imponía la Ley 17, reclutó, en septiembre de 2023, a la firma Keylogic Systems, con un contrato de $390,004 que se extiende hasta el 30 de junio, con miras a que complete el análisis económico de la medición neta, un programa que, hasta diciembre pasado, contaba con más de 110,000 sistemas interconectados.

“Todavía no tenemos recomendación alguna del consultor. Cuando la tengamos, la evaluaremos y, dependiendo de si se va a implementar los resultados en el 2024, se abre a vistas públicas. Si queda para implementar en 2030, posiblemente lo utilicemos de un monitoreo de cómo se ha estado comportando el mercado para ver, en términos generales, qué impacto está teniendo y cómo se pueden controlar ciertas cosas en el camino”,manifestó Avilés Deliz, quien reconoció que tanto el lenguaje original de la Ley 17, como las enmiendas introducidas en la Ley 10, ordenan un trámite de evaluación abierto al público.

Ante los señalamientos que la JSF plasmó en una carta el 10 de abril, el gobernador Pedro Pierluisi ha reiterado que corresponde al NEPR, como ente con pericia, atender el asunto. El lunes, el gobierno pidió a la JSF un término adicional para responder si se mantendría implantando la Ley 10, en una comunicación a la que el organismo no ha respondido.

No tenemos recomendación alguna del consultor. Cuando la tengamos, la evaluaremos y, dependiendo de si se va a implementar los resultados en el 2024, se abre a vistas públicas ”

EDISON AVILÉS DELIZ

Pierluisi y el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia FiscalOmar Marrero, reconocieron, no obstante, que la JSF tiene injerencia, toda vez que, en el plan fiscal certificado de la Autoridad de Energía Eléctrica, se adoptaba el lenguaje original de la Ley 17, ordenando al NEPR completar el estudio y aplicar los correspondientes cambios a la medición neta.

Avilés Deliz dijo no haber tenido acceso al informe develado este mismo martes por laAsociación de Energía Solar y Almacenamiento, que sostiene que, por cada 24 centavos que cuesta el crédito otorgado por la exportación de un kWh, los beneficios “directos” sobre la red y “sociales” –en referencia al impacto sobre el ambiente y la actividad económica– exceden $1.

“Esa es la función de nuestro estudio, como ente regulador, de analizar todos los componentes y tomar una determinación, no solamente de (el impacto sobre) un sector o un participante. Básicamente, cuando el legislador en Puerto Rico promueve eso (la medición neta), es porque tiene unos beneficios. Lo que pasa es que puede llegar un momento en que ese beneficio se torne oneroso para un grupo. Ese es el estudio, cuándo llega ese momento”, insistió el presidente del NEPR.

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ACERCA DEL AUTOR

MANUEL GUILLAMA CAPELLAmanuel.guillama@gfrmedia.com

Periodista puertorriqueño, egresado en 2016 de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Durante su carrera, se ha enfocado en la cobertura de temas de Educación, política, gobierno,…Leer más

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