Los sucesos de esta semana reflejan los retos que persisten para hacer valer las políticas a favor de los recursos naturales
Por Manuel Guillama Capella El Nuevo Día
A menos de dos semanas del inicio del nuevo año, la inquietante tendencia al incumplimiento con las políticas de protección medioambiental ha seguido su curso, si bien en ciertas instancias se ha enfrentado a la resistencia presentada por la denuncia ciudadana, que constantemente ha asumido el rol que, en principio, recae sobre el menguado personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
A juicio de la abogada ambiental Ruth Santiago, existe una “ausencia” de las autoridades encargadas de hacer valer las leyes y reglamentos vigentes, renglón del que no excusó a las agencias federales. En ese sentido, destacó que la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos, en Salinas, es comanejada –junto al DRNA– por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica(NOAA).
Desde principios del año pasado, Bahía de Jobos ha estado ante el ojo público debido a la construcción de áreas recreativas por entes privados en terrenos públicos, y que además ubican en una zona de mangle que fue rellenada sin mayor respuesta de las entidades gubernamentales. El incumplimiento con disposiciones ambientales, según constató la propia secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, en una inspección el martes, ha continuado.
“No se resuelve meramente con más personal, lo que hace falta es la voluntad de hacer cumplir las leyes. Sí, es posible que también haga falta personal en distintas agencias, pero esas agencias tienen que recibir desde arriba ese mensaje, esa directriz de verdaderamente hacer cumplir, no mirar para otro lado”, indicó Santiago, integrante del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca.
La abogada también puntualizó que la filosofía de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no solo impacta el presupuesto asignado para velar por la protección de los recursos naturales, sino que interviene en asuntos de política pública con posturas en detrimento del medioambiente. Mencionó, por ejemplo, el aval de la Junta a megaproyectos de energía renovable ubicados en zonas de alto valor agrícola en el sur del país.
“Nadie está cumpliendo las leyes, y entonces los tribunales no reconocen legitimación activa ni siquiera a colindantes directos”, manifestó Santiago.
Buscan respuesta al manejo de las cenizas
Ayer, manifestantes protestaron frente a la alcaldía de Salinas, ante la presunta solicitud que la ejecutiva municipal Karilyn Bonilla presentó al DRNA para que otorgue una dispensa que permita depositar residuos de carbón en los vertederos del país, lo que está prohibido desde 2020. Según los líderes comunitarios que convocaron la manifestación, la alcaldesa popular les ha hecho saber que esa sería una forma de manejar los residuos de carbón que se colocaron para rellenar las vías públicas en la comunidad de Ranchos Guayama, en Salinas, hace más de 15 años, pero cuyas partículas se han ido liberando ante el deterioro de las calles, sobre todo, luego del huracán María.
José Cora Collazo, residente en Ranchos Guayama, indicó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) asignó $8 millones para reparar las vías en esa comunidad, pero Bonilla les ha informado que el monto no cubre la totalidad de los $3 millones que se necesitarían para exportar las cenizas.
Ante ese escenario, la alcaldesa ha propuesto realizar un “asfaltado básico”, a un costo de $200,000, para “controlar el polvo fugitivo”, alternativa que no resulta aceptable para los residentes de Ranchos Guayama, dijo Cora Collazo.
“(Bonilla) dice que hizo una gestión (para auscultar la posibilidad de ampliar la asignación) con FEMA y el COR 3 (Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia), y nosotros, como comunidad, queremos estar presente en esa reunión donde se siente FEMA, COR 3, la EPA (Agencia federal de Protección Ambiental) y el DRNA”, dijo Cora Collazo, al precisar que Bonilla les ha indicado que, en su solicitud al DRNA, pidió que las cenizas se depositaran en los vertederos de Ponce, Peñuelas y Humacao.
Ni Bonilla ni Rodríguez Vega estuvieron disponibles ayer para entrevista. Antes de la reunión con los manifestantes, la ejecutiva municipal emitió un comunicado exhortando al grupo a permitir el flujo de personas hacia y desde la casa alcaldía, y recalcó las gestiones que ha hecho ante FEMA y el COR 3 para lograr una mayor asignación que permita exportar las cenizas.
Cora Collazo indicó que, en las calles de Ranchos Guayama, se estima que hay unas 7,500 toneladas de ceniza que se depositaron, en 2006, bajo la administración del exalcalde Carlos Rodríguez Mateo, actual jefe de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). Los residuos, dijo el líder comunitario, provienen de las operaciones de la planta generatriz AES, ubicada en Guayama, que desde la década de 1990 utiliza el carbón para producir energía.
En Ranchos Guayama, “hay gente con enfermedades respiratorias, gente con cáncer. La comunidad se ha visto afectada, igual que el acuífero, que tiene huellas de lo que son las cenizas y metales pesados. El problema no es solo el agua, sino el aire, porque (las cenizas) están expuestas”, planteó Cora Collazo.
Paralizan obra en Cueva del Indio
De otra parte, luego que la organización Defendamos la Cueva del Indio-681 (DCI-681) denunciara desde inicios de semana una construcción en el área protegida del sector Cueva del Indio, en Arecibo, ayer el DRNA paralizó la obra, luego que los contratistas encargados del proyecto no produjeran permiso alguno. En un comunicado de prensa, la agencia indicó que, ante su consideración, no figura ninguna consulta de construcción, pese a tratarse de una zona que, por encontrarse en “cercanía” a la zona marítimo terrestre, precisa de un deslinde.
Tras la intervención del Cuerpo de Vigilantes y representantes del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), el DRNA indicó que enviará al lugar personal técnico para concluir si la construcción se realiza dentro de la zona marítimo terrestre o la faja de salvamento adyacente. La agencia no mencionó, en el comunicado, a quién pertenece la propiedad. En imágenes compartidas por la organización DCI-681, se puede ver una residencia a medio construir, rodeada por elementos como una piscina.
“Están usurpando, destruyendo y construyendo sobre la piedra de uno de nuestros patrimonios nacionales más importantes en Puerto Rico. Todo esto sin los permisos necesarios según las plataformas oficiales del DRNA), la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe)”, denunció, en un comunicado, Lauce Colón Pérez, de DCI-681.
Inspección en Bahía de Jobos
La intervención en Cueva del Indio se registró un día después que la secretaria del DRNA visitara Bahía de Jobos, donde se removieron varios montículos de material que aparentemente sería usado como relleno para ampliar el llamado Camino del Indio, la vía de tierra que conecta las residencias que se ubican dentro y fuera de los límites de la reserva natural en Salinas.
En la inspección del martes, la secretaria identificó contadores que no se habían encontrado previamente en la zona, donde en abril, tanto la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) como LUMA Energy, habían suspendido los servicios de agua y luz a clientes que no pudieron evidenciar los permisos correspondientes.
Ayer, personal de la AAA acudió a la reserva y, de acuerdo con Arnaldo Jiménez, vicepresidente de Planificación Estratégica, no se encontró ningún contador nuevo. “Cuando miramos el área, los hallazgos que obtuvimos fue que las condiciones en cuanto a los contadores de agua es exactamente la misma que el año pasado cuando nos retiramos del área. (En abril de 2022) intervenimos con 13 contadores, de los cuales había cinco que previamente estaban suspendidos, siete que se suspendieron y uno solo que se dejó con servicio de agua debido a que contaba con una documentación que tenía que ser evaluada por la (Junta) de Planificación y la OGPe. A la fecha, la AAA no ha recibido información de parte de estas agencias”, dijo el funcionario de la corporación pública.
Así luce el terreno de la Bahía de Jobos utilizado por personas para estacionar vehículos de acampar
Jiménez aseguró que la AAA, desde que explotara la controversia sobre la ocupación aparentemente ilegal de la reserva, no ha expedido permiso alguno de conexión para el servicio de agua. “Nos consta que, en esa área, han estado instalando otros sistemas de redundancia como placas solares, y pudieran estar llenando esas cisternas con agua comprada de algún suplidor que, por mecanismo de acarreo, se la están llevando al lugar. Eso es una posibilidad”.
Por su parte, LUMA Energy no respondió si el DRNA le refirió información sobre alguna conexión irregular luego de la inspección del martes. En abril, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) detectó 47 instalaciones conectadas de forma “fraudulenta” en el barrio Las Mareas, donde se ubica la reserva, pero ayer la corporación pública indicó que cualquier trámite posterior correspondería atenderlo al consorcio, que se encarga de la distribución eléctrica.
“LUMA cumple con todas las leyes y regulaciones de Puerto Rico. Continuaremos colaborando con las autoridades en relación con lo sucedido en la Bahía de Jobos hasta donde la ley nos permita, y seguiremos cooperando con el gobierno para investigar y trabajar con la situación”, indicó la empresa en una escueta comunicación.
Al igual que la licenciada Santiago, el planificador Pedro Cardona Roig destacó el activismo ciudadano y su iniciativa al hacer denuncias ambientales, pero subrayó que, a pesar de las limitaciones, el DRNA mantiene su obligación de hacer valer la ley en todas estas instancias.
“Aquí tenemos dos cosas que coinciden. Una es que tenemos a una ciudadanía mucho más alerta, que sabe exactamente cuáles son los incumplimientos y los puede señalar y articular. Pero, por otro lado, también vemos cómo la expectativa de este (borrador del) Reglamento Conjunto que ha estado en discusión pública ha hecho que mucho desarrollador se lance. (El Reglamento Conjunto bajo consideración) va a legalizar muchas de esas cosas que hoy son ilegales”, opinó el planificador.
“El DRNA, en su solicitud de presupuesto, ha expresado que necesita mayores recursos, pero nunca ha dicho que no puede hacer el trabajo encomendado con los recursos que tiene asignado”, puntualizó.